Publicadas medidas urgentes en materia agraria y de aguas para responder a la sequía y al agravamiento del sector primario

Se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas.

La norma incluye un paquete de medidas urgentes de apoyo al sector agrario para hacer frente a la prolongada situación de sequía y al empeoramiento de sus condiciones como consecuencia de la guerra en Ucrania. Entre ellas se incluyen ayudas directas para los sectores agrícola y ganadero, apoyos a la financiación, la subvención del coste de las pólizas de seguros por la sequía de los cultivos más comprometidos por la falta de lluvias y las elevadas temperaturas, así como medidas fiscales y la fexibilización de la PAC.

Ayudas directas

La norma destina 355 millones de euros en ayudas directas para los productores de carne y de leche de vacuno, ovino y caprino para compensarles por el incremento de los costes de producción, como los piensos y otros insumos. La escasez de precipitaciones ha mermado la existencia de pastos y ha obligado a buscar alternativas para la alimentación de los animales que resultan más caras a unas explotaciones que ya habían sufrido las consecuencias de la guerra en Ucrania.

Las ayudas se abonarán directamente a los titulares de las explotaciones que sean beneficiarios de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Las ayudas a los sectores ganaderos se completan con 5 millones de euros para el sector apícola.

Los sectores agrícolas dispondrán de un volumen de ayudas de 276,7 millones de euros. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación determinará los cultivos, zonas y cuantías a los que corresponderán estas ayudas en función de los que se compruebe son más perjudicados por la situación de sequía.

Apoyo a la financiación

El decreto contempla una nueva ampliación en 20 millones de euros de la dotación para la bonificación de créditos de la línea ICO-MAPA-SAECA que pueden llegar hasta el 15 % del principal del préstamo. Esta ayuda se habilitó en el decreto de sequía aprobado en marzo de 2022 con una dotación de 10 millones de euros y posteriormente se amplió hasta 20 millones en el segundo decreto de medidas urgentes para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania aprobado en junio de 2022.

Igualmente se amplía en 3 millones de euros la línea de financiación de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) que son necesarios para la obtención de estos créditos. En el anterior decreto de sequía esta línea se dotó con 2,7 millones de euros, ampliada después en otros 2 millones más.

Seguros agrarios

Se incrementa la partida destinada a subvencionar la contratación de seguros agrarios. Esta dotación permitirá subvencionar hasta el 70 % del coste de la pólizas ya contratadas (el máximo permitido por la normativa europea) que incluyan la cobertura por riesgo de sequía en los cultivos de secano de herbáceos extensivos, olivar, uva de vinificación, almendro, avellano, kiwi, endrino, alfalfa, remolacha azucarera y maíz forrajero.

Medidas fiscales

En materias fiscal, quedan eximidas del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) las propiedades de los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas que hayan sufrido, en el ejercicio 2023, una reducción del rendimiento neto de las actividades agrarias de, al menos, un 20 % en zonas con limitaciones naturales, según la normativa de la Unión Europea, o de un 30 % en las demás.

Se exime del pago de IRPF y del impuesto de sociedades las ayudas que se perciban por los ecorregímenes de la PAC.

Igualmente queda eximida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados la formalización de avales de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA) en los contratos de préstamo, lo que supone un abaratamiento de las operaciones que facilitan también el acceso a la financiación en mejores condiciones.

Flexibilización de la PAC

El Real Decreto-ley contempla que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establecerá los criterios para que, de una forma armonizada, las autoridades competentes de las comunidades autónomas puedan flexibilizar determinados requisitos de las ayudas directas de la PAC, al objeto de que las circunstancias devenidas como consecuencia de la sequía no representen impedimentos añadidos para la percepción de dichas ayudas. Además, se amplía hasta el 30 de junio el plazo para la presentación de las solicitudes.

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha elaborado una circular que recoge los requisitos de condicionalidad reforzada, ecorregímenes y ayudas asociadas para los que se puede aplicar la causa de fuerza de oficio con motivo de la sequía.

Se escalona en cuatro fases (en lugar de las dos que estaban establecidas) la entrada en vigor del Cuaderno Digital de Explotación. Según el tipo de explotación, se retrasa al 1 de enero de 2024 y al 1 de enero de 2025 la incorporación de la totalidad de la información obligatoria a dicho cuaderno.

Medidas socio-laborales

La norma también recoge una serie de medidas socio-laborales, que incluyen aplazamientos en las cotizaciones, así como una reducción del mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio agrario en las comunidades de Andalucía y Extremadura. Sobres etas medidas pueden ampliar información AQUÍ.

Aumento de la disponibilidad de recursos hídricos

El Real Decreto-ley prevé, asimismo, construir nuevas infraestructuras, como plantas desalinizadoras, duplicar la reutilización de aguas urbanas, y reducir los cánones y tarifas de las explotaciones agrarias afectadas. También contempla la ejecución de un nuevo trasvase para reducir la presión sobre los acuíferos que alimentan el Parque Nacional de Doñana.

En primer lugar, para ayudar a los regantes que este 2023 sufran una reducción de su dotación de agua, se aplicará una exención al canon de regulación y a la tarifa de utilización del agua. Esta exención será del 50% si el descenso de la dotación es del 40% al 60%, y del 100% si supera ese 60%. Los beneficiarios indirectos de las obras de regulación de la cuenca del Guadalquivir quedan directamente exentos del 50% de dichas cuotas.

En segundo lugar, en consonancia con la normativa comunitaria, la norma modifica la ley de aguas para impulsar la reutilización de las aguas urbanas, de modo que se crezca un 150%, desde los actuales 400 Hm3 anuales a cerca de 1.000 Hm3 anuales en 2027 y llegue a representar el 20% del volumen de recursos hídricos destinados al abastecimiento de poblaciones.

En tercer lugar, se acelera la construcción de importantes infraestructuras, algunas con carácter inmediato para las cuencas afectadas por la sequía, como bombeos de emergencia y adecuación de tomas para garantizar el abastecimiento durante los próximos meses. En este ámbito de nuevas infraestructuras, se declaran de interés general varias actuaciones en la costa mediterránea, de modo que se construirán desalinizadoras en Cataluña, en Málaga y Almería, así como la intensificación de la reutilización en Alicante.

Para reducir la presión sobre los acuíferos que nutren el Parque Nacional de Doñana se ha aprobado la sustitución de los bombeos de agua subterránea que abastecen a la conurbación de Matalascañas por aguas superficiales procedentes de la estación potabilizadora de Palos, así como la transferencia de 3 Hm3 anuales.

Fuente: La Moncloa