Publicado el RD 180/2026 sobre asistencia sanitaria pública de personas extranjeras sin residencia legal

El BOE publica el Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que, encontrándose en España, no tengan su residencia legal en el territorio español. La norma desarrolla reglamentariamente el artículo 3 ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, con el objetivo de homogeneizar el acceso a la asistencia sanitaria y reducir barreras administrativas detectadas tras la reforma introducida por el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio.

El real decreto también amplía la cobertura sanitaria pública a personas españolas de origen residentes en el exterior durante sus desplazamientos temporales a España, así como a determinados familiares que las acompañen o se establezcan con ellas en caso de retorno, cuando no tengan prevista esa cobertura por otra vía. Junto a ello, incorpora ajustes en materia de prestación ortoprotésica y deroga varios preceptos del Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto.

Entrada en vigor

La disposición final quinta establece que el real decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, es decir, el 13/03/2026.

Qué regula el nuevo procedimiento

La norma fija el procedimiento de reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos para personas extranjeras sin residencia legal en España, así como la forma de acreditar los requisitos previstos en el artículo 3 ter.2 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo.

Para obtener ese reconocimiento, la persona solicitante deberá presentar una declaración responsable conforme al modelo incluido en el anexo. En ella declara, entre otros extremos, que no está obligada a suscribir un seguro médico, que no cuenta con cobertura sanitaria pública por otra vía, que no puede exportar el derecho desde otro país, que no existe un tercero obligado al pago y que no dispone de visado de estancia en vigor ni de documentación de residencia en vigor.

Si la persona procede de un país con el que España aplica una norma internacional de Seguridad Social que incluya cobertura sanitaria, deberá aportar además un certificado de la institución competente que acredite que no procede la exportación de esa cobertura.

Acreditación de identidad y residencia habitual

El texto detalla la documentación válida para acreditar la identidad de la persona solicitante, como pasaporte, documento oficial de identidad o, en su defecto, otro documento emitido por la Administración del país de origen con fotografía. En el caso de menores, se admiten también certificado de nacimiento, libro de familia o documentación oficial sobre tutela o guarda.

Para acreditar la residencia habitual en España, se prevé en primer lugar el certificado o volante de empadronamiento actualizado. No obstante, el real decreto admite vías alternativas cuando no sea posible aportarlo, entre ellas certificados de matriculación o escolarización, carta de viaje expedida por el consulado, certificados de servicios sociales o de trabajadores sociales colegiados de ONG declaradas de utilidad pública, facturas de suministros, cédula de inscripción emitida por la Policía Nacional, documento de inscripción consular o certificado de un centro de la red pública de centros de migraciones.

Uno de los elementos más relevantes de la reforma es que el procedimiento se regula sin exigir un periodo mínimo de antigüedad para el reconocimiento general del derecho, según subraya la propia exposición de motivos.

Documento provisional, silencio administrativo y efectos

Desde la presentación de la solicitud, la Administración debe entregar un documento provisional acreditativo de que esta ha sido presentada. Ese documento permite, con carácter provisional y hasta la resolución del expediente, el acceso a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos.

Además, los servicios sanitarios y sociales deberán informar y asistir en la tramitación y garantizar, desde la primera atención, la posibilidad efectiva de iniciar el procedimiento en el propio centro. Incluso se prevé el inicio de oficio cuando la situación sanitaria impida a la persona hacerlo por sí misma.

La resolución deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. Si el procedimiento se inició a solicitud de la persona interesada y transcurre ese plazo sin resolución, la solicitud se entenderá estimada por silencio administrativo. En los procedimientos iniciados de oficio, el silencio será desestimatorio. Cuando la resolución sea favorable, se emitirá la tarjeta sanitaria o el documento acreditativo correspondiente.

La norma añade una previsión práctica relevante: las resoluciones denegatorias no conllevarán la facturación de las prestaciones ya dispensadas, incluso anteriores a la solicitud, si la persona acredita después que en la fecha de prestación concurrían los requisitos materiales exigidos. El documento acreditativo reconocido, además, no tendrá caducidad, y mantendrá su vigencia hasta que el interesado acceda al derecho por otra vía.

Colectivos de especial protección y accesibilidad

El artículo 4 recuerda que determinados colectivos seguirán rigiéndose por su normativa específica. Entre ellos figuran menores de edad, mujeres embarazadas, solicitantes de protección internacional, solicitantes del estatuto de apatridia, personas con protección temporal, víctimas de violencia de género, víctimas de trata de seres humanos, víctimas de violencias sexuales, supuestos de enfermedades de declaración obligatoria y mujeres extranjeras no residentes legalmente que soliciten la interrupción voluntaria del embarazo, además de otros regímenes específicos previstos en normas sectoriales.

El real decreto incorpora también medidas expresas de accesibilidad. Para las personas con discapacidad que precisen apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, la Administración deberá facilitar la comprensión del procedimiento y admitir la intervención de quienes les presten apoyo. Asimismo, los formularios, plataformas telemáticas, canales de comunicación y oficinas de asistencia deberán ser plenamente accesibles, con formatos de lectura fácil, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, interpretación en lengua de signos, bucles magnéticos y asistencia personal cuando sea preciso.

A efectos de identificación y gestión de datos clínicos, se asignará a estas personas un código de identificación personal del SNS (CIP-SNS) único y común para todos los servicios de salud.

Españoles de origen residentes en el exterior y prestación ortoprotésica

La disposición final primera modifica el Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, para reconocer asistencia sanitaria a las personas españolas de origen residentes en el exterior en sus desplazamientos temporales a España, cuando no tengan esa cobertura por la legislación española o por normas o convenios internacionales de Seguridad Social. El derecho se extiende también a determinados familiares acompañantes y a familiares de personas españolas de origen retornadas que se establezcan con ellas.

En estos casos, el reconocimiento corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, con un plazo máximo de tres meses y silencio positivo. La validez del derecho coincidirá con el periodo previsto de estancia temporal, con una duración máxima inicial de tres meses y la posibilidad de una única renovación por otros tres, sin exceder de seis meses en un año.

Derogaciones y alcance práctico

La disposición derogatoria única elimina el apartado segundo de la disposición adicional segunda y varias disposiciones adicionales del Real Decreto 1192/2012, incorporando su contenido al nuevo marco reglamentario.

En términos prácticos, el Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, refuerza la uniformidad procedimental en el acceso a la asistencia sanitaria pública, reduce obstáculos documentales al admitir medios alternativos de acreditación de residencia, consolida el valor del documento provisional desde la solicitud y clarifica el régimen aplicable a colectivos especialmente vulnerables. Así pues, la norma fija un marco más detallado sobre acceso, prueba de requisitos, plazos, silencio administrativo y efectos económicos de las resoluciones.

La única excepción expresa al criterio general de no exigir antigüedad se sitúa en la disposición transitoria única relativa al acceso a la lista de espera de trasplantes, que exige acreditar un periodo mínimo de residencia en España de dos años, previsión que quedará sin efecto cuando entre en vigor la orden citada en la disposición final segunda del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio.