RDL 12/2025, de 28 de octubre: nuevas medidas para reforzar la reconstrucción y el apoyo a los afectados por la DANA

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de 29 de octubre de 2025 ha publicado el Real Decreto-ley 12/2025, de 28 de octubre, que establece un paquete de medidas urgentes para la reactivación, refuerzo y prevención en el marco del «Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento» frente a los daños provocados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en varios municipios españoles, especialmente entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

Con el objetivo de acelerar y ampliar el apoyo a los damnificados por la DANA, se refuerza la reconstrucción de las áreas afectadas, agiliza los procedimientos de ayudas vigentes y amplía la protección y soporte económico tanto para particulares y empresas como para entidades locales. Asimismo, el nuevo Real Decreto-ley prorroga y mejora la protección para empresas y autónomos, incrementa las ayudas en ámbitos tan diversos como la vivienda, vehículos, inversión industrial, sector de la cultura y servicios sociales, entre otros.

Inyección económica: fondos nacionales, ayudas ICO y avales históricos

Desde los primeros días tras la catástrofe, el Gobierno ha transferido más de 8.000 millones de euros a administraciones, entidades, empresas y ciudadanos damnificados por la DANA, conforme al Plan de respuesta inmediato activado por el Ejecutivo. A este esfuerzo se suma la reciente autorización de la Comisión Europea para canalizar 1.240 millones de euros adicionales en fondos del Plan de Recuperación a través de la denominada “Adenda DANA”, incrementando así los recursos a disposición de la recuperación.

En materia financiera, una de las novedades más relevantes es la extensión del catálogo de ayudas del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Se activa una línea ICO de hasta 750 millones de euros, incluyendo 180 millones en ayudas directas a pymes. Además, se aprueba la creación de un nuevo programa de avales por importe de hasta 5.000 millones de euros, con vigencia hasta diciembre de 2040, destinado a asegurar liquidez a familias, empresas y autónomos afectados tanto por la DANA como por futuras emergencias de protección civil.

Protección social: prórroga de ayudas a autónomos y ventajas en cotizaciones

El Real Decreto-ley introduce un importante refuerzo sobre las medidas de apoyo en el ámbito de la Seguridad Social. Entre las principales disposiciones destacan:

• Prórroga del cese de actividad extraordinario para trabajadores autónomos que ya estuvieran recibiendo la prestación a fecha del 31 de enero de 2025.
• Posibilidad de solicitar un aplazamiento de pago de las cotizaciones a la Seguridad Social tanto para empresas como para autónomos, con un tipo de interés reducido del 0,5%—muy por debajo de los habituales—y condiciones favorables. Los aplazamientos se aplicarán sobre las cuotas que correspondan entre noviembre de 2025 y enero de 2026 para empresas y entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 para autónomos.
• Las prestaciones extraordinarias para autónomos podrán percibirse con efectos retroactivos desde el 1 de febrero de 2025 si la solicitud se presenta en los 21 días siguientes a la entrada en vigor del decreto. De lo contrario, el derecho se genera a partir del primer día del mes posterior a la solicitud.
• Las mutuas colaboradoras y el Instituto Social de la Marina reconocerán provisionalmente las prestaciones y revisarán todas las resoluciones desde marzo de 2026, con previsión de reclamaciones de cantidades indebidas si procede.

Todas estas medidas están dirigidas a proteger el tejido empresarial y social de las áreas afectadas, impulsando la reconstrucción económica y minimizando el impacto personal y profesional de la emergencia.

Ampliación de ayudas a la movilidad y la industria

El Ministerio de Industria y Turismo amplía el “Plan Reinicia Auto+”, dotado con 465 millones de euros, hasta el 31 de diciembre de 2025. El objetivo es facilitar la reposición de vehículos destruidos o dañados a ciudadanos directamente afectados, a través de una red de 1.300 concesionarios.

Por su parte, el “Plan FEPYME Dana”, con un presupuesto de 350 millones de euros, amplía su ámbito para incluir a pymes y startups de toda España que presenten proyectos enfocados en la reducción del impacto del cambio climático en los sectores industrial, turístico y de servicios.

Soluciones habitacionales y refuerzo de infraestructuras urbanas

En materia de vivienda, el nuevo Real Decreto-ley abre la posibilidad de que la Entidad Estatal de Vivienda destine recursos a la adecuación y promoción de viviendas nuevas en suelos definidos por los propios municipios afectados, una vez completadas las tareas de realojo de las familias damnificadas.

Adicionalmente, el Gobierno habilita fondos para facilitar el traslado de residentes en zonas inundables hacia áreas seguras y amplía las ayudas a entidades locales para acometer obras de mejora, ampliación y adaptación de infraestructuras públicas, orientadas a la prevención de riesgos futuros, sobre todo aquellos asociados al cambio climático y las inundaciones.

Así mismo, se flexibilizan las ayudas a administraciones locales, permitiéndoles llegar hasta el 100% de los costes de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras municipales, provinciales o insulares, en especial de redes viarias, instalaciones y equipamientos públicos afectados.

Apoyo al sector cultural y refuerzo de los servicios sociales

El Real Decreto-ley prevé continuar el apoyo al sector cultural en las zonas damnificadas, mediante nuevas ayudas por valor de un millón de euros, que engrosan los más de cuatro millones asignados previamente por el Ministerio de Cultura a diferentes actividades (cine, libro, patrimonio, artes escénicas, música y artes visuales) perjudicadas por la DANA.

Entre los beneficiarios de las nuevas partidas encuentran proyectos relacionados con la recuperación del patrimonio fotográfico, iniciativas de promoción audiovisual y entidades de la industria cultural valenciana.

En el ámbito social, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo de ejecución de los 40,5 millones de euros concedidos a los ayuntamientos para servicios sociales básicos. A esta partida se suman 5,7 millones canalizados a través de entidades del Tercer Sector y 1,7 millones en ayudas específicas otorgadas por el Real Patronato sobre Discapacidad para mejorar la accesibilidad de los municipios afectados.