El TEDH ha declarado que la doctrina Parot, con la que se ha alargado la permanencia en prisión de decenas de etarras y otros condenados, no se puede aplicar por hechos cometidos antes de 1995.

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo ha confirmado este lunes la condena a España por aplicar la “Doctrina Parot” a la etarra Inés del Río, que había sido condenada en España a 3.828 años de prisión por un total de 24 asesinatos y atentados como el de la plaza de República Dominicana de Madrid, en el que fallecieron 12 guardias civiles.

La Gran Sala del TEDH ha confirmado por medio de una sentencia firme hecha pública en lectura pública por su presidente, el luxemburgués Dean Spielmann, que en este caso España ha violado los artículos 7 y 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que establecen que “no hay pena sin ley” que la avale, así como “el derecho a la libertad y a la seguridad” y ha instado a liberarla “a la mayor brevedad”. Igualmente condena a nuestro país a indemnizarla con 30.000 euros por daños morales así como a abonarla 1.500 euros en concepto de costas judiciales.

La sentencia ha establecido que la doctrina Parot, con la que se ha alargado la permanencia en prisión de decenas de etarras y otros condenados, no se puede aplicar por hechos cometidos antes de 1995. El tribunal europeo considera que lo contrario supone una aplicación retroactiva de la Ley y, por lo tanto, vulnera los derechos fundamentales de los presos.

De este modo, Inés del Río y otros 60 etarras con múltiples delitos de sangre saldrán a la calle en breve tras haber cumplido apenas un año de cárcel por cada asesinato cometido, si el gobierno de Mariano Rajoy acaba la sentencia del TEDH.

Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, todos ellos con varias resoluciones pendientes de dictar que podrán verse afectadas por la sentencia del tribunal europeo, han expresado cautela en espera de conocer la letra pequeña de la resolución, que en todo caso deberá ser estudiada en cada caso y no tendrá una aplicación automática.

En el Tribunal Supremo, que creó la citada doctrina donde existen seis recursos vivos relacionados con la aplicación de la “Parot”, no hay prevista la celebración de ningún Pleno o reunión informal para tratar este asunto.

En lo que respecta al Constitucional, por el momento tiene pendientes de resolver 23 recursos de amparo contra la "doctrina Parot". De ellos, 17 están pendientes de sentencia, mientras que los seis restantes aún tienen que ser o no admitidos a trámite. La gran mayoría de los recursos de este órgano son de presos de ETA, un total de 22, mientras que el restante ha sido presentado por un preso común en Valencia. La cifra puede ser actualizada en las próximas horas, ya que en las últimas semanas han entrado nuevos recursos de amparo que el tribunal aún debía cuantificar, y podrían llegar otros nuevos.

El tribunal de garantías ha expresado igualmente su cautela respecto cuál será la mecánica de trabajo una vez conozcan en su totalidad la sentencia del TEDH, y tampoco se ha hablado aún de Pleno, que debería ser convocado por su presidente, Francisco Pérez de los Cobos.

En principio, la sentencia hecha pública por la Gran Sala del TEDH afecta únicamente a la miembro de ETA Inés del Río, si bien la doctrina que se adopte tendrá consecuencias, si sus representaciones legales así lo solicitan, respecto del resto de integrantes de la banda en la misma situación y de otros presos a los que se les ha aplicado, que son violadores reincidentes, asesinos en serie o narcotraficantes.

Por su parte, la Audiencia Nacional ha convocado para hoy un Pleno extraordinario para analizar, concretamente, la situación procesal de la miembro de ETA Inés del Río, tal y como han señalado fuentes jurídicas apenas una hora y media después de conocerse la resolución de Estrasburgo, que confirma la condena de julio de 2012 que condenó a España a indemnizarla con 30.000 euros por los cinco años de más que ha permanecido en prisión en aplicación de la "Parot", ya que su excarcelación inicial estaba prevista para 2008.

Las mismas fuentes han señalado que la Sala ha dado traslado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que informe de lo que considere oportuno sobre este asunto antes de la sesión de mañana.

Previsiblemente, y en cumplimiento de la sentencia de Estrasburgo, se acordará la libertad de la miembro de ETA.

Del Río acudió en amparo al Tribunal Constitucional contra la aplicación en su caso de estas doctrina, que supuso en la práctica una extensión de su condena hasta 2017 al obligar a que la reducción de penas por beneficios penitenciarios (trabajo, estudios...) se aplique respecto de cada una de ellas individualmente y no sobre el máximo legal permitido de permanencia en prisión.