Las enmiendas más relevantes incidirán en los funcionarios, la recuperación de activos robados y la financiación de los partidos políticos.

Así, se tipifican 17 nuevos delitos en los que puede incurrir el funcionario público o autoridad, o su intención de corrupción, e incrementa la duración de las penas de inhabilitación, además de impedir que durante la condena se pueda optar a cargos de tipo electivo.

Además, en los supuestos más graves, se prevé que la inhabilitación cuente con una duración máxima de 10 años, e incrementa la prescripción a 15 años. De esta forma, establece que “a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de siete a diez años”.

Asimismo, incluirá similares penas para la figura del funcionario público que, en su competencia y con conocimiento de su ilegalidad, propusiera o nombrara para el ejercicio de un cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legales, al igual que para quien, en provecho propio o de un tercero, reciba o solicite, por sí o por persona interpuesta, dádivas, favores o retribuciones, al igual que aceptar ofrecimientos o promesas, que también establece penas de prisión de 1 a 4 años, multa de 12 a 24 meses o la inhabilitación especial para empleo.

También incurrirá en delito quien influya en otros funcionarios mediante las facultades de su cargo u otras situaciones de su relación personal para conseguir una resolución que pueda ocasionar beneficio económico para sí o para un tercero, de forma directa o indirecta. Además, la autoridad o funcionario público que se apropie de patrimonio público será castigado con una pena de prisión de 2 a 6 años y la inhabilitación especial para cargo o empleo público.

Por otro lado, se implementarán medidas como el desarrollo de la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado y la reforma de la .

La reforma del también se traducirá en una nueva regulación del comiso, que facilite la recuperación de activos mediante la introducción de presunciones y la modificación de la carga de la prueba. Para ello, se creará la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos derivados del delito.

El Gobierno estará obligado a enviar cada seis meses al Congreso un informe explicativo de concesiones y denegación de indultos, unido de una comparecencia semestral. Además, prevé novedades acerca de los daños patrimoniales y ambientales, delito informático, venta de medicamentos sin licencia, soborno deportivo, el dopaje o puesta en circulación de moneda falsa.