Revocación de desahucio por impago de alquiler ante cargos excesivos

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha revocado el desahucio por impago de rentas de una inquilina que devolvió el recibo de la mensualidad a la arrendadora por incluir un gasto de agua desproporcionado. El Alto Tribunal basa su pronunciamiento en la intención de pagar de la inquilina manifestada en su forma de proceder a través de la solicitud, en reiteradas ocasiones, a la arrendadora de un número de cuenta para hacer el ingreso, así como, finalmente, en la consignación judicial de las cantidades debidas.

Los hechos se remontan a mayo de 2021 cuando la inquilina, cuyo desahucio se pretendía, devuelve la mensualidad correspondiente por incluirse en ella un recibo de agua desproporcionadamente alto. Esta devolución motiva que la empresa arrendadora le dirija a la inquilina un burofax comunicándole el impago y la posibilidad de domiciliar esa mensualidad, así como la correspondiente a junio de 2021, reservándose en caso contrario las acciones legales pertinentes.

Ante dicha comunicación, la inquilina, utilizando el mismo medio, reitera su petición a la arrendadora para que le facilite un número de cuenta para el ingreso pendiente y para que le desglose la factura del agua a los efectos de entender el motivo de tan desproporcionado importe. Al no atender la arrendadora sus peticiones, envía la inquilina un segundo burofax dejando constancia de ello y comunicando su intención de abonar las mensualidades. Asimismo, reiteraba la solicitud del número de cuenta para consignar la deuda y señalaba un plazo de 5 días para, en caso de que no se le recibieran los pagos, consignar judicialmente las cantidades debidas, como finalmente sucedió.

A pesar de los esfuerzos por pagar, la arrendadora optó por interponer una demanda de resolución del contrato de arrendamiento por impago, la cual fue desestimada por el juzgado de primera instancia, argumentando que la arrendadora había utilizado una factura de agua excesiva como pretexto para llevar a cabo un desahucio, lo que contravenía los principios de la buena fe contractual y suponía manifiesto abuso de derecho.

Por su parte, la Audiencia Provincial de Madrid sí acogió parcialmente el recurso de la empresa arrendadora, argumentando que la disconformidad de la demandada con la factura no la eximía de su obligación de pago. Esta decisión fue posteriormente recurrida ante el Tribunal Supremo, el cual da la razón a la arrendataria.

Sostiene el Alto Tribunal que, en el contexto del caso, no se puede considerar que hubiera un incumplimiento significativo que justificara la resolución del contrato. En este sentido, la sentencia remarca la intención de pago siempre manifiesta de la inquilina, quien incluso había consignado judicialmente los montos, así como su continuo esfuerzo por dialogar y buscar soluciones a la controversia.

Entiende que la arrendadora debía haber investigado el motivo del recibo desproporcionado y brindar a la inquilina la información necesaria. En este sentido, el tribunal destaca que, dado el importe anómalo del recibo de agua, la arrendadora tenía la obligación ética y contractual de esclarecer la situación y no limitarse a exigir el pago.

Además, se hace hincapié en que la empresa arrendadora no respondió a los múltiples intentos de la inquilina por abonar su alquiler, ignorando incluso la consignación judicial de los importes.

En definitiva, la falta de colaboración por parte de la empresa arrendadora para que el asunto se resuelva satisfactoriamente, así como las constantes manifestaciones de la intención de la inquilina de atender los pagos llevan a que el Tribunal Supremo decida revocar el desahucio acordado.

Fuente: Poder Judicial