Sancionan a un abogado por el uso negligente de la IA

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias a través de un auto de 10 de febrero de 2026 en relación con un recurso de apelación en el que se detectaron múltiples irregularidades en las citas jurisprudenciales incluidas en el escrito procesal.

 La resolución aborda el uso negligente de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito jurídico y establece una sanción económica para el abogado implicado.

El recurso de apelación contenía un total de 52 citas jurisprudenciales, de las cuales solo 4 resultaron ser correctas y veraces. El resto de las citas, así como un supuesto informe atribuido al Consejo General del Poder Judicial, fueron generadas mediante una herramienta de inteligencia artificial de suscripción, sin que el letrado verificara su autenticidad. Estas citas falsas afectaron a la fundamentación del recurso, lo que llevó al Tribunal a incoar una pieza separada para depurar responsabilidades.

La Sala solicitó un informe detallado a la documentalista del Tribunal, quien confirmó la inexistencia de la mayoría de las citas y del informe mencionado. Posteriormente, el letrado presentó alegaciones en las que reconoció los hechos, asumió su responsabilidad y pidió disculpas, atribuyendo el error a la confianza depositada en la herramienta de inteligencia artificial utilizada.

El Tribunal calificó la conducta del letrado como una desatención grave de deberes profesionales básicos, constitutiva de una infracción del deber de buena fe procesal y de falta de respeto al Tribunal. En su resolución, la Sala destacó la importancia de la supervisión humana en el uso de herramientas de inteligencia artificial en el ejercicio profesional, subrayando que los abogados son responsables de verificar la información generada por estas tecnologías.

Como consecuencia, el Tribunal impuso al letrado una multa de 420 euros, teniendo en cuenta su reconocimiento de los hechos y su propósito de enmienda. Además, se acordó dar traslado de la resolución al Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife para que se depuren las responsabilidades disciplinarias que correspondan.

La resolución también aborda el impacto reputacional que el caso ha tenido sobre el letrado, señalando que la difusión de la sentencia por parte de la Oficina de Comunicación del Tribunal se realizó conforme a las normas de anonimización establecidas por el Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal lamentó las consecuencias personales y profesionales sufridas por el abogado, pero reafirmó que la transparencia en la publicación de resoluciones judiciales es inherente al ejercicio de la abogacía.

Este caso pone de manifiesto los riesgos asociados al uso de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito jurídico y refuerza la necesidad de un uso responsable y supervisado de estas tecnologías por parte de los profesionales del derecho.