Se aprueba el Plan Anual Normativo para 2023

Conforme con lo previsto en elart. 25 de la Ley 50/1997 de 27 de noviembre, del Gobierno, se ha aprobado parael año 2023 el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado, enel que se recogen las iniciativas legislativas o reglamentarias que losdistintos departamentos ministeriales prevén elevar al Consejo de Ministrospara su aprobación.

Las normas previstas por elMinisterio de Justicia son las siguientes:

• Ley Orgánica contra la trata y la explotaciónde seres humanos: cuyo objetivo es la de establecer una regulación en lalínea de las más recientes tendencias a nivel internacional y lasrecomendaciones de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa(OSCE) y del Grupo de Expertos contra el Tráfico de Seres Humanos del Consejode Europa (GRETA) y de la Estrategia de la Unión Europea sobre la lucha contrala trata de seres humanos 2021-2025.
• Ley Orgánica complementaria de la ley queregula por el que se regula el procedimiento de evaluación de la edad, por laque se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de laresponsabilidad penal de los menores: con esta ley se pretende complementarla ley ordinaria que regula el nuevo procedimiento de evaluación de la edad quese tramita de forma paralela.
• Ley Orgánica del derecho de defensa:pretende conseguir que las personas conozcan el alcance que tiene el derecho ala defensa y también que exista una guía de actuación para los operadoresjurídicos.
• Ley de acciones de representación para laprotección de los intereses colectivos de los consumidores: su objetivo esla transposición de la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y delConsejo de 25 de noviembre de 2020 relativa a las acciones de representaciónpara la protección de los intereses colectivos de los consumidores, y por laque se deroga la Directiva 2009/22/CE.
• Ley por la que se regula el procedimiento deevaluación de la edad: pretende regular de forma completa un nuevoprocedimiento de evaluación de la edad que permita dar una respuesta ágil,eficaz y equitativa, con la finalidad de proteger a las personas menores deedad que llegan a nuestro territorio cumpliendo con las obligaciones internacionalesy nacionales.
• Ley de modificaciones estructurales por laque se traspone la Directiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo y delConsejo de 27 de noviembre de 2019 por la que se modifica la Directiva (UE)2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisionestransfronterizas: el objetivo es establecer procedimientos específicos parafomentar la movilidad transfronteriza en el ámbito de la Unión Europea.
• Ley reguladora de los equipos conjuntos deinvestigación penal: se pretende actualizar la regulación contenida en laLey 11/2003, de 21 de mayo, reguladora de los equipos conjuntos deinvestigación penal en el ámbito de la Unión Europea y regular la constitucióny funcionamiento de los equipos conjuntos de investigación con tercerosestados, siempre que exista una base legal habilitante para ello.
• Ley por la que se modifica la Ley Orgánica1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación: con el objetode incluir como causa de disolución de las asociaciones la realización públicade apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura oenaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad delas víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitacióndirecta o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición detales.
• Real Decreto por el que se desarrolla elestatuto de la administración concursal: este real decreto desarrolla elestatuto de la administración concursal, y se centra en la regulación de losrequisitos de acceso a la misma, su designación en función del tamaño de losconcursos y el nuevo régimen de retribución.
• Real Decreto por el que se aprueba el nuevoreglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a lasprofesiones de abogacía y la procura: regula un nuevo Reglamento de accesoa las profesiones de la abogacía y de la procura, atendiendo a la modificaciónoperada en la Ley 34/2006, de 30 de octubre por Ley 15/2021, de 23 de octubre.
• Real Decreto por el que se modifica elregistro público concursal: ajustar la regulación vigente del Registropúblico concursal (regulado por el Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre,por el que se regula el Registro Público Concursal) en cuanto a su estructura,contenido y sistema de publicidad, así como los procedimientos de inserción yde acceso a este registro y la interconexión con la plataforma europea.
• Real Decreto por el que se aprueba el arancelde derechos de los procuradores de los tribunales: se pretende laaprobación del arancel de los derechos de los procuradores de los tribunales,que venga a sustituir al vigente que es derogado, con la finalidad de darcumplimiento al mandato legal previsto en el apartado 2 de la disposición finalprimera de la Ley 15/2021, de 23 de octubre, por la que se modifica la Ley34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado yProcurador de los Tribunales, así como la Ley 2/2007, de 15 de marzo, desociedades profesionales, el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el quese amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal,y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
• Real Decreto por el que se crea el registrocentral de titularidades reales y se aprueba su reglamento: el real decretotiene por objeto crear el Registro de Titularidades Reales; aprobar su reglamento,estableciendo un sistema de acceso público a la información sobre latitularidad real por autoridades, sujetos obligados y particulares (en esteúltimo caso siempre que puedan demostrar un interés legítimo); y completar latransposición de la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y delConsejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE)2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero parael blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que semodifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE.

Fuente: La Moncloa