La demanda, presentada por la Asociación Profesional Élite Taxi en el Juzgado número 3 de lo Mercantil de Barcelona, entiende que la aplicación es en realidad ?economía sumergida?

En este sentido, solicitan a la misma la definición de sus funciones en su reclamación de forma que “si admite que ofrece transporte de pasajeros, tendrá que ajustarse a la normativa: tener licencia y pagar impuestos. Si no es así deberá detallar qué hace y el magistrado dirá si es legal, explican los letrados de la organización.

La demanda se interpone con el objetivo de “paralizar a Uber”, la aplicación por la cuál se permite la contratación de viajes en coches de particulares. Se añade, así, a otros recursos interpuestos por la Inspección de Trabajo, la Agencia Tributaria y la Agencia Catalana de Consumo en este sentido.

En la actualidad, la aplicación cuenta con 28 multas por importe de 4.000 euros cada una de ellas, además de constar medio centenar de expedientes sancionadores por parte de la Dirección General de Transportes.