El TC analiza la utilización de la grabación de conversaciones telefónicas con los clientes como acreditación del despido

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El Tribunal Constitucional, a pesar de existir un compromiso de la empresa de que las grabaciones no se utilizarían como mecanismo disciplinario, valida la grabación sonora realizada con motivos formativos como prueba para justificar el despido. Es la primera sentencia del TC sobre la utilización de las grabaciones sonoras en relación con la protección de datos.

  • Materias: Laboral
  • Fecha: 17/11/2021

Teleoperadora

 

El objeto del de amparo es determinar si las decisiones judiciales de confirmar la improcedencia, pero no la nulidad, del despido del recurrente con fundamento en los incumplimientos laborales puestos de manifiesto mediante las grabaciones sonoras del desarrollo de su labor como asesor comercial para una compañía de telefonía ha vulnerado su derecho a la protección de datos de carácter personal (art. 18.4 CE) por haberse incumplido el compromiso de la empresa con la representación de los trabajadores de que esas grabaciones, que eran conocidas y consentidas por los asesores comerciales, no tendrían «en ningún caso como objetivo su utilización como un mecanismo disciplinario».

La singularidad más relevante del caso radica en que las grabaciones fueron utilizadas en primera instancia con los fines de calidad de servicio y formativos a los que se comprometió la empleadora con la representación de los trabajadores, habida cuenta de que, con fundamento en la monitorización sonora de su desempeño laboral, el demandante de amparo fue advertido en varias ocasiones de la incorrección de su proceder —fines de calidad de servicio—, dándose las indicaciones para una actuación adecuada —fines formativos—. La persistencia en el mantenimiento de una actitud renuente del demandante de amparo al cumplimiento de las indicaciones aportadas por la empleadora en el ejercicio de su dirección empresarial para el más correcto cumplimiento de los deberes contractuales en favor también de los clientes, usuarios y consumidores de la prestación de asesoramiento fue la que posteriormente determinó el ejercicio de acciones disciplinarias y el despido del trabajador.

El TC, a pesar de la existencia de una cláusula pactada con los representantes de los trabajadores, atendiendo a «la constatada voluntad renuente del demandado a asumir las indicaciones empresariales» valida la grabación sonora del comportamiento susceptible de ser sancionado como falta grave de sus deberes laborales como prueba para justificar el despido.

Finalidad de la monitorización de las llamadas

«La sentencia, frente a la invocación del art. 18.4CE para justificar la nulidad del despido por haber incumplido la empresa el acuerdo de que la grabación de las conversaciones nunca tendría una finalidad disciplinaria, argumenta que (i) la monitorización de las llamadas resulta una medida proporcionada dentro de las facultades de control empresarial de la que tienen perfecto conocimiento los asesores comerciales y (ii) “que el texto de lo acordado no excluye en modo alguno que la empresa no pueda utilizar tales grabaciones como forma de comprobación del cumplimiento de la prestación de trabajo por parte de los asesores, ya que precisamente se pacta que la finalidad es la identificación de carencias formativas para elaborar planes individuales de formación. Esta es la finalidad de la monitorización, pero ello no excluye que la empresa pueda utilizar este soporte como medio de prueba en caso de constatar, no ya un defecto de formación en el trabajador sino un incumplimiento grave de sus deberes laborales. De seguir con la tesis de parte actora, si un asesor tuviera un comportamiento despectivo (insultos o amenazas a un cliente) y el cliente no llegara a tramitar una reclamación a la compañía demandada, la empresa quedaría inerme frente a este comportamiento del asesor, aunque fuera descubierta esta actuación. La empresa puede ejercer el poder disciplinario sobre trabajadores cuya única herramienta de trabajo es la comunicación telefónica. De no aceptar este control, con las limitaciones verificadas ya por el Tribunal Supremo en la sentencia reseñada, se impediría el ejercicio del derecho de control empresarial, pues en otro caso, los asesores quedarían inmunes a tal control sobre la forma concreta en que desarrollan su labor con los clientes, únicos interlocutores de los asesores. No hay, por lo tanto, vulneración de los actos propios, ni transgresión de la buena fe contractual en la empresa demandada».

STC n.º 160/2021, de 4 de octubre de 2021, ECLI:ES:TC:2021:160.

 

 

 
Grabación
Representación de los trabajadores
Grabación telefónica
Incumplimiento del trabajador
Protección de datos
Datos personales
Despido del trabajador
Despido nulo
Medios de prueba
Incumplimiento grave
Amenazas
Actos propios
Transgresión de la buena fe contractual

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