El TJUE extiende a los nacionales de terceros Estados la posibilidad de denegar la ejecución de una ODE atendiendo a su grado de integración en el Estado miembro de ejecución

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia n.º C-700/21, de 6 de junio de 2023, ECLI:EU:C:2023:444, resuelve sobre la aplicación a los nacionales de terceros Estados de la posibilidad de denegar la ejecución de una orden de detención europea (ODE) para que la pena se cumpla en el Estado miembro de residencia. A estos efectos, la autoridad judicial deberá atender a un examen global de la situación del nacional de un tercer Estado para determinar su grado de integración en el Estado miembro de ejecución.

Este pronunciamiento deriva de la emisión de una ODE contra un nacional moldavo a efectos de la ejecución de una pena privativa de libertad impuesta en Rumanía. 

Residiendo aquel en Italia se requiere su entrega al Tribunal de Apelación de Bolonia el cual, a pesar de acreditarse el arraigo del nacional en este país, no está facultado para denegar la entrega y ello por tratarse de una nacional de un tercer Estado, en tanto la ley italiana de transposición de la Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, limita la posibilidad de denegación a los nacionales italianos o de otros Estados miembros.    

Esta diferencia de trato lleva al Tribunal de Apelación de Bolonia a acudir al Tribunal Constitucional italiano, el cual, a su vez, plantea ante el TJUE dos cuestiones.

En primer lugar, surgen dudas sobre el hecho de que se pueda excluir la aplicación de la posibilidad de denegación de la ejecución de la ODE respecto de nacionales de terceros Estados. En este sentido, declara el TJUE que, atendiendo a dicha posibilidad en relación con el principio de igualdad ante la ley, no cabe que la normativa de un Estado miembro excluya «(...) con carácter absoluto y automático la aplicación del motivo de no ejecución facultativa de la orden de detención europea establecido en esta disposición a todo nacional de un tercer Estado que habite o resida en el territorio de ese Estado miembro, sin que la autoridad judicial de ejecución pueda apreciar los vínculos de este con dicho Estado miembro».

La existencia de una norma en el sentido apuntado sería contraria al principio de igualdad de trato, dadas las diferencias entre nacionales de Estados miembros y de terceros Estados, en tanto no se tiene en cuenta la posible integración de estos últimos en el Estado miembro de ejecución que justifique el cumplimiento de la pena en el mismo, sin necesidad de entrega al Estado miembro emisor como sí se admite en caso de nacionales de Estados miembros.

Cabe destacar que la denegación de ejecución de la ODE exige dos requisitos, de un lado, que la persona buscada sea nacional o residente del Estado miembro de ejecución o habite en él, y, de otro, que este Estado se comprometa a ejecutar la pena conforme a sus normas internas. Cumplidos estos requisitos ha de apreciar la autoridad judicial de ejecución si existe interés legítimo que justifique que la pena impuesta en el Estado miembro emisor sea ejecutada en el territorio del Estado miembro de ejecución. 

En relación con lo anterior, se plantea la segunda cuestión, a efectos de determinar los criterios y requisitos que deben tenerse presentes para determinar el vínculo que permita denegar la entrega, declarando al respecto el TJUE que:

«Para apreciar si procede denegar la ejecución de una orden de detención europea emitida contra un nacional de un tercer Estado que habita o reside en el territorio del Estado miembro de ejecución, la autoridad judicial de ejecución debe proceder a una apreciación global de todos los elementos concretos que caracterizan la situación de ese nacional de un tercer Estado y que puedan indicar si existen, entre este y el Estado miembro de ejecución, vínculos que demuestren que está suficientemente integrado en ese Estado y que, por tanto, la ejecución en dicho Estado miembro de la pena o de la medida de seguridad privativas de libertad que se le haya impuesto en el Estado miembro emisor contribuirá a incrementar sus posibilidades de reinserción social una vez ejecutada esa pena o medida de seguridad. Entre estos elementos figuran los vínculos familiares, lingüísticos, culturales, sociales o económicos que mantenga el nacional del tercer Estado con el Estado miembro de ejecución, así como la naturaleza, la duración y las condiciones de su permanencia en dicho Estado miembro».

En definitiva, persiguiendo la Decisión Marco relativa a la ODE el objetivo de incrementar las posibilidades de reinserción social de la persona buscada una vez cumplida la pena a la que haya sido condenada, el Tribunal de Justicia ha confirmado que los nacionales de terceros Estados no pueden ser excluidos de la posibilidad de denegar la ejecución de una ODE en los términos expuestos.