El fiscal general del Estado ha solicitado una regulación ?más detallada? del estatuto jurídico del imputado "con el fin de precisar las garantías" sobre esta figura procesal

En relación a la reforma procesal, "sin necesidad de esperar a que estos cambios procesales se produzcan, la realidad exige cada vez más una potenciación de la actividad investigadora del Fiscal que le permita desplegar su estrategia procesal con eficacia y gestionar adecuadamente el procedimiento judicial", ha expresado en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

Además, entiende Torres-Dulce que la organización de las Fiscalías encuentra trabas para la respuesta de supuestos "en los que la naturaleza del hecho delictivo y su complejidad exigen una mayor implicación del Fiscal en la investigación". En este sentido, los casos mencionados deben correr a cargo exclusivo de uno o varios fiscales para su investigación, "lo que provoca verdaderas disfunciones en el plano organizativo y no está proporcionando resultados satisfactorios"

Por ello, señala que se pretende, en conjunción con Interior, la dotación de Unidades de Policía Judicial para el apoyo a la investigación, indicando además que "esperamos poder hacer otro tanto en el Ministerio de Hacienda a fin de integrar en esas unidades de Investigación agentes tributarios y de la Intervención General del Estado"

Por otro lado, entiende como necesaria la regulación en los recursos de apelación frente a sentencias absolutorias, ya que "la situación actual es sumamente insatisfactoria, pues en estos casos la apelación prácticamente ha quedado reducida a la revisión de la calificación jurídica de los hechos declarados probados en la instancia, sin que haya una posibilidad viable de obtener una revisión del material probatorio en la segunda instancia por las propias limitaciones que la vigente ley procesal impone".

En relación a los juicios de faltas, Torres-Dulce propone, para su eficacia, la supresión del límite de cinco años de prisión asociada al objeto de estos delitos, así como la minoración de las competencias del tribunal del jurado y la extensión de los juicios de conformidad a penas superiores a los 3 años de cárcel.

Asimismo, expresa que se ha producido una "masiva incoación de diligencias judiciales" debido a la remisión de forma automática de la totalidad de atestados desde la Policía a los Juzgados de Instrucción, y que resulta perjudicial. En esta línea, "la solución podría ser sencilla, pues consistiría en una discreta reforma de la legislación procesal que dispusiera que en el caso de delitos que no afecten a bienes jurídicos personales o a intereses públicos relevantes, la Policía sólo remita los atestados en los que haya podido concretar la autoría del delito"

Por último ha hecho referencia a la necesidad de revisión de las funciones de los fiscales para reforzar su autonomía"como presupuesto de la imparcialidad de su actuación". La petición, enmarcada en el Libro Blanco de la Fiscalía, debe ser complementada con reforzamiento de la posición del fiscal general del Estado como órgano de dirección dotándole de mayores niveles de autonomía en su gestión"