El Tribunal Supremo aclara que los retrasos en la remisión del expediente al juez no generan intereses de demora

Dispone el artículo 48.3 de la LJCA que el plazo que posee la Administración para remitir el expediente al juez será de veinte días sin que éste pueda prorrogarse por razón alguna. De esta manera, cuando la Administración, una vez requerida o habiendo iniciado ella de oficio el procedimiento penal, incumpla dicho plazo, no podrá incluir en la liquidación que practique al contribuyente los intereses de demora generados desde el día siguiente a la finalización del citado plazo de veinte días hasta el momento en que efectivamente se lleve a cabo la puesta a disposición del juez del expediente.

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo en su reciente sentencia 657/2021, de 11 de mayo, ECLI:ES:TS:2021:2009, al establecer como criterio lo siguiente:

«1.- Si deben excluirse del cálculo de intereses de demora a favor de la Administración el tiempo que exceda de los 20 días de que, conforme al artículo 48.3 LJCA , dispone como máximo tal Administración para remitir el expediente administrativo completo al correspondiente órgano juzgador.

2.- Si la pretensión anterior puede solicitarse en un incidente de ejecución de sentencia o, por el contrario, debe haberse solicitado en el momento procesal oportuno antes del incidente de ejecución de sentencia.

La respuesta a la primera pregunta ha de ser positiva, pues es evidente que la tardanza en la remisión del expediente es un retraso imputable exclusivamente a la Administración y aunque el Abogado del Estado alega que las peticiones para completar el expediente que finalmente se realizan, eran innecesarias pues el recurrente conocía el contenido de los documentos y partes del expediente solicitados, lo cierto es que el expediente ha de ser enviado completo, y dentro del plazo marcado por la ley, y la propia actitud de la Administración, completándolo finalmente, no justifica el abono de estos intereses de demora por el recurrente en el presente caso. Por todo ello del abono de los intereses de demora, como consecuencia del retraso en el cumplimiento del envió completo del expediente ha de descontarse de los intereses que debe abonar el recurrente.

La segunda pregunta ha de responderse en el sentido de que no es necesario que se solicite el descuento de esos intereses de demora en la demanda contencioso-administrativa, pues en ese momento no se conoce si habrá finalmente obligación de dicho abono.

Se trata de cuantificar los intereses de demora que debe abonar el recurrente tras una sentencia parcial o totalmente desestimatoria, y de descontar de los mismos aquella parte que sea imputable a la Administración. En consecuencia, procede estimar parcialmente el recurso de casación, descontando de los intereses de demora el retraso en el envío del expediente administrativo».

En particular, la sentencia se apoya en lo establecido en el artículo 104.3 de la LGT LGT que dispone:

«3. El cómputo del plazo del procedimiento inspector se suspenderá desde el momento en que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) La remisión del expediente al Ministerio Fiscal o a la jurisdicción competente sin practicar la liquidación de acuerdo con lo señalado en el artículo 251 de esta Ley».

Y, en tanto el recurso versa sobre el plazo a computar por la retroacción de actuaciones en lo establecido en el artículo 150.7 de la LGT LGT:

«Cuando una resolución judicial o económico-administrativa aprecie defectos formales y ordene la retroacción de las actuaciones inspectoras, éstas deberán finalizar en el período que reste desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo previsto en el apartado 1 o en seis meses, si este último fuera superior. El citado plazo se computará desde la recepción del expediente por el órgano competente para ejecutar la resolución.

Se exigirán intereses de demora por la nueva liquidación que ponga fin al procedimiento. La fecha de inicio del cómputo del interés de demora será la misma que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 26, hubiera correspondido a la liquidación anulada y el interés se devengará hasta el momento en que se haya dictado la nueva liquidación».

Por tanto, queda fijado como criterio interpretativo lo expresado al inicio de la noticia: una vez que la Administración tributaria incumpla el plazo establecido en la normativa para remitir el tanto de culpa al juez u órgano competente del Ministerio Fiscal, determinará que no puedan devengarse desde la finalización de dicho plazo y hasta la devolución del expediente por parte del juez a la Administración.