El Tribunal Supremo determina que se puede rectificar una autoliquidación si consideramos el impuesto inconstitucional

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El Alto Tribunal ha venido a señalar en su reciente sentencia 1040/2021, de 16 de julio, que el hecho de promover la solicitud de rectificación de una autoliquidación por «considerar que vulnera el derecho constitucional español o el derecho europeo» es un motivo suficientemente válido para instar a la Administración a que inicie dicho procedimiento de rectificación, sin perjuicio de que esta pretensión pueda resultar desestimada.

  • Materias: Fiscal
  • Fecha: 28/07/2021

mazo juez casa

 

En su reciente sentencia, número de recurso 3699/2020, de 16 de julio de 2021, ECLI:ES:TS:2021:2979, el Tribunal Supremo ha venido a admitir el recurso de casación interpuesto por una empresa que, dedicada a la construcción de edificios residenciales, se vio afectada por el «Impuesto sobre las viviendas vacías» aprobada por la Ley 14/2015, de 21 de julio. Este impuesto grava el incumplimiento de la función social de la propiedad de las viviendas por el hecho de permanecer desocupados de forma permanente. Es aplicable en el ámbito territorial de Cataluña. Únicamente afecta a las personas jurídicas propietarias de viviendas vacías sin causa justificada durante más de dos años.

De esta manera, la empresa decidió llevar a cabo la presentación de la autoliquidación del Impuesto por entender que cumplía los requisitos establecidos en el hecho imponible de la norma y, por tanto, tenía obligación de presentarla. 

Sin embargo, con posterioridad a esta presentación considera que la norma de creación del tributo puede ser contraria al orden constitucional y al derecho europeo y decide presentar solicitud de inicio de procedimiento de rectificación de la autoliquidación. Resultando desestimada. Llevado el recurso a la vía contenciosa, la sala de instancia determina la inadmisibilidad del recurso porque no considera como motivo único de impugnación «la inconstitucionalidad o la incompatibilidad con el Derecho europeo de la norma que crea el impuesto».

Pues bien, el Tribunal Supremo ha venido a determinar que el precepto que regula la rectificación de las autoliquidaciones, artículo 120.3 de la LGT, no determina de ningún modo la constricción de los motivos por los que esta puede ser rectificada y únicamente hace mención al detrimento de los intereses legítimos del contribuyente. En particular dispone el mencionado artículo lo siguiente:

«3. Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que se regule reglamentariamente.

Cuando la rectificación de una autoliquidación origine una devolución derivada de la normativa del tributo y hubieran transcurrido seis meses sin que se hubiera ordenado el pago por causa imputable a la Administración tributaria, ésta abonará el interés de demora del artículo 26 de esta ley sobre el importe de la devolución que proceda, sin necesidad de que el obligado lo solicite. A estos efectos, el plazo de seis meses comenzará a contarse a partir de la finalización del plazo para la presentación de la autoliquidación o, si éste hubiese concluido, a partir de la presentación de la solicitud de rectificación.

Cuando la rectificación de una autoliquidación origine la devolución de un ingreso indebido, la Administración tributaria abonará el interés de demora en los términos señalados en el apartado 2 del artículo 32 de esta ley».

En este sentido continua argumentando el Alto Tribunal al establecer, sin entrara valorar de modo alguno la inconstitucionalidad de la norma o si esta es contraria al derecho europeo, que el hecho de que el contribuyente considere que una norma es inconstitucional y, por tanto, vulnera sus intereses legítimos es un motivo suficientemente válido para iniciar el procedimiento de solicitud de rectificación de autoliquidaciones, sin perjuicio de que este pueda resultar desestimatorio. En palabras de la sentencia:

«El esquema que mantienen los arts. 120 y ss de la LGT actual y su desarrollo reglamentario, unificando los procedimientos, es similar al que se contemplaba en el Real Decreto 1163/1990, que regulaba el procedimiento para la devolución de ingresos indebidos de naturaleza tributaria, distinguiéndose los supuestos en los que la autoliquidación hubiera dado lugar o no a un ingreso indebido. Con el procedimiento que comentamos, solicitada la rectificación, el contribuyente puede pretender, entre otras, la devolución de aquellas cantidades que no le corresponden ingresar, art.º 15.1.c) del Real Decreto 520/2005, entre las que cabe apuntar sin dificultad ni tensión los ingresos realizados en aplicación de una norma que entiende vulnera la Constitución o el Derecho europeo, puesto que resulta evidente que no existe limitación alguna causal y es factible que la cuestión gire en torno a la interpretación y/o aplicación de una norma. En el caso de que se haya cursado la rectificación, la Administración tiene obligación de resolver la solicitud de rectificación de una autoliquidación, sin perjuicio de que pueda producirse el acto presunto desestimatorio, que abre la puerta de la impugnación, por cualquier causa fáctica o jurídica, sin que el que se alegue como único motivo de impugnación la inconstitucionalidad o la incompatibilidad con el Derecho europeo de la norma que crea el impuesto, suponga alteración alguna del procedimiento y vía para, en definitiva, procurar el control jurisdiccional, que de otro modo no sería factible, ello sin perjuicio de las consideraciones que al respecto se hizo por este Tribunal en la sentencia de 21 de mayo de 2018, rec. cas. 113/2017».

Interés legitimo
Rectificación de la autoliquidación tributaria
Intereses de demora
Persona jurídica
Autoliquidaciones tributarias
Ingresos indebidos
Obligado tributario
Devolución de ingresos indebidos
Reintegro de prestación indebida
Actos presuntos
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