El Tribunal Supremo fija doctrina en procedimiento sancionador de extranjería

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A través de una sentencia de 9 de octubre de 2019, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo fija doctrina acerca del plazo de caducidad en los procedimientos sancionadores en extranjería.

  • Materias: Administrativo
  • Fecha: 10/12/2019

pasaporte extranjero

 

En sentencia de 9 de octubre de 2019, el Tribunal Supremo a través de su Sala de lo Contencioso, Nº 1334/2019, Rec. 5076/2018, fija el criterio interpretativo a seguir respecto al plazo de caducidad de los procedimientos sancionadores en extranjería.

En el caso resuelto por el Supremo, el supuesto de hecho sobre el que se plantea el recurso de casación, es la resolución administrativa dictada en procedimiento sancionador, que impone una sanción de expulsión en aplicación del art. 57.2 LOEX en relación con el art. 15.c y 15.5 del RLOEX.

La Sala de lo Contencioso establece, con base en el artículo 225 del RLOEX, el siguiente criterio interpretativo:

"el plazo máximo para resolver los procedimientos sancionadores es de 6 meses, computados desde la fecha en que se notificó el acuerdo de incoación, trascurrido los cuales, se produce la caducidad del procedimiento, salvo los casos en que se haya paralizado por causa imputable al afectado o se hubiera acordado -y notificado- su suspensión, plazo que queda reducido a dos meses en los supuestos de procedimiento simplificado (art. 238 del mismo Reglamento)".

El hecho del que trae causa este fallo del Supremo, fue la situación de un extranjero, titular de una tarjeta comunitaria de residencia permanente por estar casado con una española, con más de 10 años de residencia en nuestro país, se encontraba cumpliendo una pena de prisión por la comisión de varios delitos. 

Por estos delitos, se incoa el correspondiente expediente sancionador notificado en fecha 11/08/2016, al considerar que los mismos constituyen infracción grave administrativa tipificada en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades dedos extranjeros en España y su integración social, por por haber quedado probado y acreditado que la conducta del interesado es antisocial por la reiteración delictiva que constituye amenaza real que atenta contra la seguridad pública en la sociedad de acogida, justificado por la existencia de numerosas condenas judiciales por delitos castigados con pena de prisión.

El objeto del recurso interpuesto ante el Supremo era la determinación del plazo máximo de tramitación del procedimiento para la imposición de la medida de explusión, desde su inicio hasta la notificación de la resolución final.

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