El Tribunal Supremo establece que los permisos ordinarios de los presos deberán resolverse en un plazo máximo de tres meses

El Tribunal Supremo establece en su sentencia que las solicitudes de permisos ordinarios de los presos deberán resolverse en un plazo máximo de tres meses. Esta sentencia surge como respuesta a un recurso interpuesto por un preso del Centro Penitenciario de La Moraleja (Dueñas, Palencia), el cual presentó una queja contra el sistema semestral de estudio de permisos establecido en dicha cárcel.

El Alto Tribunal resuelve que el plazo máximo de estudio debe ser de tres y no de seis meses. Así mismo, según el Tribunal Supremo, tanto la Ley Orgánica, como el Reglamento Penitenciario, se limitan a regular la extensión temporal de cada permiso ordinario, a limitar en el tiempo los permisos de salida de los clasificados en segundo grado (36 días anuales) y de tercer grado (48 días anuales), distribuidos en ambos casos en semestres.

Por otro lado, el TS señala que la cuestión debe ser resuelta jurídicamente, «pues afecta indudablemente a un derecho de los internos a solicitar permisos, y este derecho dimana directamente de la legislación penitenciaria». Con esto, el tribunal reconoce el derecho de los presos a solicitar permisos, denunciando la demora que implica un plazo de seis meses para estudiar una nueva petición de permiso tras la denegación de otro.

La sentencia explica que esta demora «no resultaría acorde con el tratamiento penitenciario ni con los fines de reeducación y reinserción social», elementos que recoge el artículo 25.2 de la Constitución. Por ello, el Tribunal Supremo considera que los aspectos procesales y procedimentales de tal derecho deben tener una configuración de origen legal y ser determinados judicialmente, sin que «pueda descansarse la decisión, como pudiera parecer a primera vista, en un tema meramente organizativo».

La Sala de lo Penal recalca que las directrices emanadas de la Instrucción 1/2012, sobre Permisos y Salidas Programadas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y la anterior Instrucción 2/2008 derogada por aquella, recogen un plazo de tres meses para estudiar un nuevo permiso presentado tras la denegación de otro.

Concluye la sala que «la propia Administración ha instituido un lapso de tres meses que, al duplicarse aisladamente por un Centro, frente al resto, perjudica al interno en sus expectativas de correcto e individualizado tratamiento».

Así, el Tribunal Supremo fija que las solicitudes de los permisos ordinarios de los presos deberán resolverse en un plazo máximo de tres meses, salvo las que tengan carácter extraordinario, que deberán justificar el plazo de resolución de forma individualizada.

Fuente: Poder Judicial