El TS avala registros con drones y condenas por cohecho policial

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en la sentencia n.º 264/2026, de 6 de abril, ECLI:ES:TS:2026:1661, ha desestimado los recursos de casación interpuestos contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que confirmó, con una relevante corrección técnica sobre el concurso de normas, las condenas impuestas en una causa por tráfico de drogas, cohecho, revelación de secretos y tenencia ilícita de armas.

La resolución tiene especial interés práctico porque valida la investigación policial y judicial en un procedimiento de gran complejidad y, además, fija varios criterios útiles sobre intervenciones telefónicas, entradas y registros, captación de imágenes con drones, tenencia compartida de armas y cohecho ligado al acceso ilícito a bases de datos policiales.

Qué resuelve el Supremo

El Alto Tribunal confirma la sentencia dictada en apelación por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que había desestimado los recursos contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara. La sentencia de apelación introdujo, no obstante, una rectificación relevante: apreció que entre el delito contra la salud pública agravado por organización y el delito de pertenencia a organización criminal operaba un concurso de normas, por lo que no procedía una doble punición autónoma por este último ilícito.

Pese a esa corrección, el Supremo avala que se mantuvieran las penas fijadas para el delito contra la salud pública del art. 369 bis del Código Penal, al entender que la exclusión de la condena separada por organización criminal no implicaba rebajar automáticamente la pena ya impuesta por el delito de narcotráfico agravado.

Una trama estructurada para cultivar marihuana y procesar cocaína

Según los hechos probados asumidos por el Tribunal Supremo, la causa gira en torno a una organización estable y estructurada asentada en España al menos desde junio de 2020 hasta mayo de 2022. La trama utilizaba distintas fincas, viviendas y naves para el cultivo indoor de marihuana, el procesamiento de cocaína, su almacenamiento y distribución.

En los registros practicados se intervinieron importantes cantidades de droga y abundante material asociado a la actividad delictiva. Entre los hallazgos destacan 729 kilogramos de cannabis en una nave industrial, 39,237 kilogramos de cocaína en una vivienda de Madrid, otras cantidades menores de cocaína en distintos registros y diverso instrumental de procesado, envasado y ocultación de sustancias.

La sentencia también recoge la existencia de un importante despliegue de seguridad en torno a la finca que actuaba como centro de operaciones, con controles de acceso, personal armado y armas prohibidas o de guerra a disposición del grupo.

El papel del subinspector condenado por cohecho y revelación de secretos

Uno de los aspectos más relevantes del fallo es la confirmación de la condena impuesta al subinspector de Policía Nacional que, según los hechos probados, actuó en beneficio de la organización. El Supremo considera acreditado que realizó consultas en bases de datos policiales sobre personas y vehículos vinculados con la trama y que facilitó esa información aprovechando su condición funcionarial.

Relevancia del criterio. La Sala rechaza que solo pueda hablarse de cohecho cuando exista una entrega de dinero directamente probada. A partir de los hechos acreditados, considera bastante la existencia de contraprestaciones en dinero y en especie, así como la obtención de beneficios asociados a esa colaboración, para sostener la condena por cohecho.

Además, el Tribunal subraya que la información obtenida mediante accesos a bases de datos policiales, aunque no se califique formalmente como secreto oficial, puede integrar el delito de revelación de secretos por funcionario público cuando se trata de datos reservados o no accesibles al público y útiles para las actividades delictivas de terceros.

Intervenciones telefónicas, registros y drones: no hubo nulidad

Buena parte de los recursos se centró en impugnar la licitud de la investigación. El Supremo descarta todas esas objeciones. En primer lugar, avala las intervenciones telefónicas al entender que existían indicios suficientes desde el inicio y que no se trató de una investigación prospectiva. También considera válidas las prórrogas acordadas durante la instrucción.

En segundo lugar, la Sala rechaza la nulidad de los registros domiciliarios aunque la entrada material de los GEO se produjera antes de la hora fijada en el auto judicial. El Tribunal entiende que esa anticipación, en el caso concreto, respondió a tareas de aseguramiento y no supuso una vulneración constitucional con entidad anulatoria.

Igualmente, niega la nulidad del registro de una nave industrial, al no considerarla un espacio amparado por la protección reforzada del domicilio del apartado 2 del art. 18 de la Constitución, y valida la captación de imágenes aéreas con drones sobre la finca investigada porque las fotografías se centraban en los invernaderos y no consta que afectaran al ámbito de intimidad domiciliaria protegido constitucionalmente.

THC bajo en parte del cannabis: por qué no cambia la condena

Otro de los ejes de la casación fue la alegación de que parte del cannabis intervenido presentaba una riqueza en THC del 0,2 %, lo que, a juicio de las defensas, lo situaría fuera del tipo penal o en un supuesto atenuado vinculado al cáñamo industrial.

El Supremo rechaza ese planteamiento por dos razones. De un lado, porque la sentencia de instancia había considerado acreditado, a partir del conjunto de la prueba, que el cultivo no respondía a una finalidad industrial lícita, sino al tráfico clandestino. De otro, porque en la causa también se ocupó una cantidad muy relevante de cocaína, sustancia que causa grave daño a la salud, suficiente por sí sola para sostener la condena por delito contra la salud pública agravado.

Tenencia de armas y disponibilidad compartida

La Sala también confirma las condenas por tenencia ilícita de armas prohibidas. El interés práctico de este punto radica en que el Supremo recuerda que la tenencia no exige una posesión material permanente del arma, sino una disponibilidad real o potencial.

Con apoyo en esa doctrina, considera ajustado a derecho atribuir responsabilidad a quienes integraban la organización y tenían las armas a su disposición en los inmuebles utilizados por la trama, especialmente en un contexto de custodia armada de las fincas y de protección de la actividad de narcotráfico.

Sin dilaciones indebidas ni vulneración del juez predeterminado

La sentencia también descarta la atenuante de dilaciones indebidas. El Tribunal entiende que la duración del procedimiento fue compatible con la complejidad de una causa con numerosos acusados, registros, periciales y múltiples recursos. Del mismo modo, rechaza que hubiera vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley por la existencia de otras investigaciones paralelas o por el supuesto fraccionamiento de actuaciones.