Caso práctico: El delito de prevaricación de un alcalde por no restituir a un trabajador en su puesto

PLANTEAMIENTO

Tras un tiempo de baja laboral, «A» se reincorporó a su trabajo en el ayuntamiento «X», siendo ubicado por el alcalde de la corporación en un puesto de trabajo de menor categoría que el que ocupaba antes de la baja. Ante la reclamación de «A» por dicho cambio, el secretario del ayuntamiento elabora un informe en el que advierte que procede la restituir a «A» en su puesto de trabajo, a pesar del cual, el alcalde mantiene su decisión.

¿Puede haber incurrido en alcalde en un delito de prevaricación?

RESPUESTA

Sí. El delito de prevaricación se encuentra tipificado en el art. 404 del Código Penal: 

«A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años».

Para valorar el alcance del conocimiento, por parte del alcalde, de que su resolución era injusta, resulta ilustrativa la STS n.º 1686/2003, de 12 de diciembre, ECLI:ES:TS:2003:8046 :

«En resumen, como acertadamente dice el Fiscal, el acusado, como DIRECCION000 del Ayuntamiento, dictó una resolución que suponía una declaración de voluntad de contenido decisorio, que afectaba a los derechos de los administrados, eximiendo a un vecino del municipio de presentar ante la compañía eléctrica la licencia de primera ocupación de su vivienda, para contratar la energía eléctrica de la misma, cuando no podía hacerlo porque la obra se había construido sin la correspondiente licencia municipal de obras y no habían transcurrido más de cuatro años desde la terminación de la obra.

La resolución era, por lo tanto, manifiestamente injusta y se había dictado " a sabiendas" no obstante la advertencia de su ilegalidad hecha por el Secretario de la Corporación municipal, por tanto con conciencia y voluntad del acto realizado».

Con respecto a la concurrencia de arbitrariedad, la SAP de Cuenca, n.º 24/2015, de 6 de octubre, ECLI:ES:APCU:2015:421, dijo, recogiendo la jurisprudencia del TS al efecto:

«(...) pues ese plus de la ilegalidad base de la prevaricación lo constituye el ejercicio arbitrario del poder, proscrito en el art. 9.3 de la Constitución Española , manifestando al efecto el T. S. en sentencias, entre otras, de 23 May. 1998 y 4 Dic. 1998 que el ejercicio del poder es arbitrario «cuando el funcionario dicta una resolución que no es efecto de la Constitución y del resto del ordenamiento Jurídico, a los que están sujetos tanto los poderes públicos como los ciudadanos según el art. 9.1 de la C.E ., sino pura y simplemente, de un capricho, de su voluntad convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad y cuando se actúa así y el resultado es la injusticia, es decir una lesión del mejor derecho si la resolución ha de reconocerlo a uno u otro ciudadano, o del interés colectivo, si es este el que está en juego, se 'pone' el elemento objetivo de la prevaricación».