Caso práctico: imputación en el impuesto de patrimonio de acciones en empresas no cotizadas. STS 12/02/2013

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  • Orden: Fiscal
  • Fecha última revisión: 10/02/2021
  • Origen: Iberley

En este caso práctico analizamos la sentencia del Tribunal Supremo, de 12 de febrero de 2013 y con número de Recurso 10/2011, concerniente a la doble tributación de dividendos en el ámbito del Impuesto sobre el Patrimonio por la errónea aplicación del concepto de "último balance aprobado" por parte de la Administración.

PLANTEAMIENTO

Se trata de una contribuyente que tenía acciones en una empresa inmobiliaria que repartió dividendos en 2004. Al presentar la declaración del Patrimonio de ese ejercicio 2004, la Agencia Tributaria obligó a calcular la cuota en función del último balance cerrado que correspondía a 2003 y que, por tanto, no reflejaba el reparto de beneficios...

Esto supuso una doble tributación: una en el momento de reparto de los dividendos y otra en la tributación del impuesto sobre el patrimonio que no recogía el hecho de que la empresa había reducido su valor tras el reparto de beneficios.

¿Es correcta la interpretación de la Agencia Tributaria acerca de la consideración de “último balance aprobado”?

RESPUESTA

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 12 de febrero de 2013 (nº de Recurso 10/2011) entiende que la interpretación seguida por Hacienda resulta incorrecta y exige que el impuesto sobre el patrimonio recoja el valor de las acciones en función del último balance cerrado del ejercicio en curso, incluso si ello se produce "con posterioridad a la fecha de devengo". Considera que el último balance aprobado será el aprobado dentro del plazo legal para presentar la autoliquidación.

El balance a tener en cuenta de cara a la valoración de dichas participaciones ha de ser el último aprobado con anterioridad a la fecha de la presentación del impuesto, de lo que resulta que como dicha fecha es el 30 de junio de 2005, el balance determinante del valor sería el relativo a 31 de diciembre de 2004, aprobado el mismo día 30 de junio de 2005.

En concreto la sentencia, afirma en el fundamento de derecho cuarto, lo siguiente:

“A nuestro entender, tanto el artículo 21  de la LGT, al referirse a 'las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria', como el artículo 29 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, al ordenar que el impuesto afecte al patrimonio del que sea titular el sujeto pasivo en la fecha del devengo, están haciendo un llamamiento a la realidad económica a la sazón existente, que es la que a su vez describe la capacidad económica que el legislador considera que debe de ser gravada, por lo que cualquier interpretación posible que nos aproxime a este ideal ha de ser objeto de especial consideración, lo que nos lleva al punto crucial de qué debemos de entender por 'el último balance aprobado', que se invoca en el artículo 16 de la Ley 19/1991, de 6 de junio.

La tan razonable como defendible tesis de la sentencia impugnada es la de que la fecha a tener en cuenta para determinar cual sea el 'último balance aprobado' ha de ser la del devengo, lo que inexorablemente le lleva al del año anterior a aquel que pretende ser gravado, aún cuando, como reconoce la propia sentencia, ello implique atender a una situación patrimonial que no es la propia de la data del devengo:

"Es por eso que, en tesis divergente de la acordada en la instancia y en aplicación de un criterio favorable al mejor acercamiento a la realidad económica de la base imponible del tributo, consideramos que la expresión 'el último balance aprobado' ha de tomar como punto de referencia al aprobado dentro del plazo legal para presentar la oportuna autoliquidación, de modo que si en esta fecha está aprobado el ejercicio que se liquida, aún cuando esto haya acontecido con posterioridad a la fecha del devengo, habrá de ser, sin embargo, el tenido en cuenta por reflejarse en él con evidente mejor precisión, el patrimonio del que es titular el sujeto pasivo en la fecha del devengo, que es el que constituye el objeto específico sobre el que la Ley establecido el gravamen.

A TENER EN CUENTA. Cabe recordar, que este caso solo afecta a acciones en empresas no cotizadas, ya que en participaciones en sociedades cotizadas se imputa en el impuesto sobre el patrimonio el valor de negociación media del cuarto trimestre de cada año y, por lo tanto, no se genera ese desfase temporal en el caso de que se repartan dividendos.

 

Impuesto sobre el Patrimonio
Reparto de beneficios
Reparto de dividendos
Fecha de devengo
Obligaciones tributarias
Capacidad económica
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