Caso práctico: Proceso especial de Tutela de derechos fundamentales. Vulneración de derecho a la igualdad e integridad psíquica

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  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 28/04/2016
  • Origen: Iberley

PLANTEAMIENTO

Proceso especial de Tutela de derechos fundamentales. Vulneración de derecho a la igualdad e integridad psíquica

Una trabajadora puede acreditar el hostigamiento por parte de la empresa vulnerando, en concreto los derechos, a la igualdad de trato y no discriminación en el trabajo por su derecho a reducción de jornada para el cuidado de un hijo menor, con perjuicio de la integridad personal y laboral.

Frente a la petición de una trabajadora de reducción de jornada y concreción horaria, en junio y octubre de 2014 la empresa inicialmente acepta la propuesta pero luego amenaza con relevación de su puesto de encargada, imposición de un horario incompatible con su situación familiar y otras medidas de presión para que no solicite la citada reducción.

Ante esta situación la trabajadora opta por solicitar una excedencia voluntaria tras la cual es relevada de su puesto de encargada, resulta víctima de una actitud de hostigamiento.

La situación laboral creada en la empresa deriva en enfermedad psíquica de la trabajadora que demanda a la empresa por entender vulnerando su derecho a la igualdad e integridad psíquica.

Por parte de la empresa se considera no probado, el acoso en que se funda la demanda; ya que, no consta hostigamiento a la actora, ni menoscabo a su dignidad, mantenido en el tiempo, grave o intencional. . Siendo lo acontecido, a su criterio, un mero conflicto laboral, por defender la empresa su interés comercial.  Dado que la categoría profesional de la empleada, encargada, obliga a que permanezca en la empresa al cierre, por la tarde, lo que no acepta la actora. Sin ningún hecho que evidencie la intención de dañar a la trabajadora; sino, la existencia de medida organizativa tendente a garantizar la presencia de la encargada durante los dos turnos de trabajo, de mañana y tarde. Considerando que los aprts. 5 y 6, del Art. 37 ,Estatuto de los Trabajadores, no reconocen el derecho de la trabajadora a una distribución de jornada, libremente, sino, únicamente, a la reducción de la jornada, concretando la empresa, el horario dentro de ella.

1.- ¿Procede un proceso especial de Tutela de derechos fundamentales?

2.- ¿Es suficiente con que la trabajadora alegue en la demanda la existencia de tratamiento discriminatorio o acoso laboral para el nacimiento del proceso? ¿En este caso quien ha de probar la existencia o no de discriminación?

3.- ¿Para la graduación de la indemnización por daños y perjuicios qué baremo debemos tener en cuanta?

4.- ¿Cómo se calcularía el importe indemnizatorio?

RESPUESTA

1.- El objeto del proceso especial de Tutela de derechos fundamentales incluye la realización del acoso del empresario o cualquier otro sujeto que resulte responsable.

2.- No basta con que el trabajador considere discriminatoria una actuación sino que ha de acreditar la existencia de indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción en favor de sus alegatos para el nacimiento del proceso. De suceder lo anterior, será el empresario el que haya de probar de la existencia de un motivo razonable para su actuación.

3.- Ha de aplicarse - analógicamente - el baremo para valoración de daños corporales, causados por vehículo de motor.

4.- Si la prueba de la violación del derecho no determina automáticamente la aplicación de la indemnización de daños y perjuicios será el propio Juez el que determine -en base al propio baremo- las cantidades a tener en cuenta.

ANÁLISIS

1.- ¿Procede un proceso especial de Tutela de derechos fundamentales?

El Art. 177 ,LJS, establece que el objeto del proceso especial de Tutela de derechos fundamentales, incluye la realización del acoso del empresario o cualquier otro sujeto que resulte responsable. Lo que puesto en relación al resto de normativa, reguladora de la materia (apdo. 4, Art. 177 ,LJS, y siguientes ), permite la protección de cualquier trabajador que, invocando un derecho o interés legítimo considere lesionados los derechos fundamentales, a través de este proceso en la jurisdicción social.

Las demandas de tutela de los demás derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso (texto debido a la reforma operada desde la L. 3/2007, de 22 de marzo), que se susciten en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social, se tramitarán conforme a las disposiciones establecidas en este capítulo.

Analizando la anterior normativa contenida en los art. 175 y ss. de la LPL, por la doctrina jurisprudencial -trasladables, en general, a lo establecido en su vigente redacción, en los  Art. 177 ,LJS y ss.-, ya incluía el derecho a no ser discriminado por sexo o acoso en el trabajo, en dicha modalidad.

Ahora, normativamente, se establece una protección del derecho del trabajador que sufre daños materiales o morales, que comportan -como en el litigio del supuesto-, una enfermedad psíquica, como consecuencia del comportamiento empresarial, que no tiene que soportar la empleada, y que por sí misma constituye una violación empresarial de su derecho fundamental (STS 20-9-2011, R. 4137/2010 ).

La modalidad procesal de tutela de los derechos de libertad sindical o de cualquier otro fundamental, que regulan los Art. 177-184 ,LJS, utilizable, cuando la pretensión interpuesta tenga por exclusivo objeto recabar tutela judicial efectiva para el derecho fundamental supuestamente vulnerado y derive de conductas de violación o incumplimiento de la norma constitucional que lo reconoce o de las normas legales que lo desarrollan. De lo que se desprende que la lesión del derecho fundamental aducida, ha de ser inmediata y directa.

2.- ¿Es suficiente con que la trabajadora alegue en la demanda la existencia de tratamiento discriminatorio o acoso laboral para el nacimiento del proceso? ¿En este caso quien ha de probar la existencia o no de discriminación?.

Este procedimiento especial, incluye, en su protección, la prohibición del tratamiento discriminatorio, prohibido por el art. 14 de la Constitución española o el de protección expresa del acoso laboral, que se susciten en el ámbito de las relaciones jurídicas, atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social. Declarando la doctrina del Tribunal Constitucional que, "cuando se alegue que determinada relación encubre en realidad una conducta lesiva de derechos fundamentales del afectado, incumbe al autor de la medida probar que obedece a motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatorio a un derecho fundamental. Pero, para que opere este desplazamiento al demandado del onus probandi no basta que el actor la tilde de discriminatoria sino que ha de acreditar la existencia de indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción en favor de semejante alegato y, presente esta prueba indiciaria, el demandado asume la carga de probar que los hechos motivadores de la decisión son legítimos o, aún sin justificar su licitud se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de los derechos fundamentales" ( STC 82/1997, de 22 de abril , BOE de 21 de mayo y las que en ella se citan).

De la doctrina emanada de la Sala IV del Tribunal Supremo y otras, relativa al acoso laboral (SS TSJ Cantabria de fecha 27-2-2007, recurso de suplicación núm. 119/2007, AS 20072160 ; de 2-6-2008, rec. 405/2008 ; y, 10-10-2007 ; del TSJ de Castilla la Mancha de fecha 23-6-2005; del TSJ de Asturias de fecha 30-11-2007, rec. 2981/2007; y Madrid de fecha 7- 3-2007, rec. 99/2007; entre otras muchas), se extrae que el acoso moral (mobbing) consiste, en una agresión del empresario o de alguno de sus empleados con el consentimiento y tolerancia de aquél, mediante hechos, órdenes, o palabras, repetida y duradera en el tiempo, con el fin de desacreditar, desconsiderar y aislar al trabajador, lo que puede llegar a deteriorar la salud de éste. La finalidad del acoso es conseguir un auto-abandono del trabajo o producir un daño progresivo y continuo a su dignidad.

En definitiva CUANDO SE INVOQUE ANTE UNA DECISIÓN EMPRESARIAL SU CARÁCTER DISCRIMINATORIO POR VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE MODO QUE DICHA INVOCACIÓN GENERE UNA RAZONABLE SOSPECHA O PRESUNCIÓN A FAVOR DEL ALEGATO DE DISCRIMINACIÓN, HA DE TRASLADARSE EL EMPRESARIO LA PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE UN MOTIVO RAZONABLE DE LA ACTUACIÓN EMPRESARIAL. CONSTITUYENDO ESTA EXIGENCIA UNA AUTÉNTICA CARGA PROBATORIA Y NO UN MERO INTENTO PROBATORIO DEBIENDO LLEVAR A LA CONVICCIÓN DEL JUEZ NO LA DUDA SINO LA CERTEZA DE QUE SU DECISIÓN FUE ABSOLUTAMENTE EXTRAÑA A TODO PROPÓSITO DISCRIMINATORIO.

En este sentido el Tribunal Constitucional en la sentencia de 29/2000, de 31 de enero señala que para imponer la carga probatoria no es suficiente la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que al demandante corresponde un principio de prueba dirigido a poner de manifiesto en su caso el motivo oculto de aquel acto para una vez alcanzado el anterior resultado probatorio por el demandante hacer recaer sobre la parte demandada la carga de probar la existencia de causas suficientes reales y serias para calificar
de razonable su decisión llegándose a establecer que en el ámbito de las relaciones laborales esta carga probatoria que recae sobre el empleador alcanza a los supuestos de decisiones discrecionales o no causales y que por tanto no precisan ser motivadas, ya que, ello, no excluye que desde la perspectiva constitucional sea igualmente ilícita una decisión discrecional contraría a los derechos fundamentales del trabajador (STC 90/97, de 6 de mayo).

3.- ¿Para la graduación de la indemnización por daños y perjuicios qué baremo debemos tener en cuanta?

Vulnerando el derecho de la trabajadora a la igualdad e integridad psíquica, y determinando el tribunal que la ansiedad fuese fruto de la situación laboral creada por la empresa, ha de aplicarse analógicamente, el baremo para valoración de daños corporales, causados por vehículo de motor.

El Tribunal concederá una indemnización equivalente a los días impeditivos para el ejercicio de ocupación habitual.

Siguiendo doctrina jurisprudencial contenida en la STS 20-9-2007 (R. 3326/2006), se devenga la indemnización adicional cuando se acredite la lesión de un derecho fundamental ( SSTS 17/05/06 (Rud 4372/2004); y 07/02/07 (Rud 4842/2005), en obiter dicta). Al efecto se argumenta que "... en el presente caso... se invoca... la vulneración de un derecho fundamental, en base a lo que se postula la extinción del contrato laboral, debiendo significarse que el trabajador demandante aduce, como consecuencia de tal violación, una situación personal de trastorno adaptativo ansioso-depresivo, provocado por estrés laboral, cuya indemnización postula, juntamente, con la correspondiente a la extinción contractual planteada". La clara dicción del artículo 182 de la LPL -vigente Art. 183 ,LJS - y su interpretación sistemática no permiten establecer que la única indemnización posible en los casos de extinción contractual con violación derecho fundamental, sea la establecida en el APDO. 2, Art. 50 ,ET , en los supuestos de extinción.

La modificación operada en el Art. 181 ,LJS por el aprt. Dos del Art. 40 ,Ley 62/2003, de 30 de diciembre, al incluir, expresamente, en el texto del mismo "la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso" no deja la menor duda de que la voluntad legislativa es la de proteger el derecho fundamental con independencia de la protección que merecen otros aspectos puramente de desarrollo o extinción del contrato de trabajo, cuando concurre causa para ello, sin otro requisito que el de la expresión en la demanda del derecho fundamental conculcado.

En el fondo de tal postura está la consideración de que en situaciones como la de supuesto, en que se invoca la vulneración de un derecho fundamental, el daño a resarcir incluye, el daño moral que produce - en términos generales- esa conculcación del derecho fundamental y que forzosamente ha de imputarse al infractor, a quien -además- le es exigible por tal consecuencia la indemnización prevista en el Art. 1101 ,Código Civil.

4.- ¿Cómo se calcularía el importe indemnizatorio?

La doctrina jurisprudencial ha matizado la determinación del importe indemnizatorio con las siguientes precisiones:

a).- Ante determinadas secuelas o daños, la falta de toda previsión legal específica en la materia y la factible aplicación analógica de otra normativa -ex art. 4.1 CC -, han determinado que la doctrina unificada admita la aplicación orientativa del Anexo introducido por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (cuantitativamente actualizados por Resoluciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones) pueden servir de ayuda para determinar la indemnización por daños y perjuicios derivados (en concreto, para la responsabilidad derivada de accidente de trabajo (así se han manifestado las SSTS 02/10/00 (Rud 2393/1999 ); y 07/02/03 (Rud 1663/2002).

b).- Siguiendo este criterio, propuesto por la propia trabajadora accionante, la cantidad resultante es la efectivamente calculada (cuyo importe no cuestiona la parte recurrente en aplicación del citado baremo), que es la que corresponde a los acreditados, siguiendo la indemnización diaria fijada para la situación de Incapacidad Temporal por la Tabla V del Anexo invocado por la recurrente, lo es "incluidos daños morales".

La doctrina jurisprudencial aplicable a la materia cuestionada, contenida, entre otras en SSTS 24-10-2008 (R. 2463/2007); y, 20-9-2007 (R. 3326/2006), declara, que una vez acreditada la vulneración de derechos fundamentales, desde la perspectiva constitucional (STC 247/2006, de 24/julio), si la prueba de la violación del derecho no determina automáticamente la aplicación de la indemnización de daños y perjuicios, y se precisa la alegación de elementos objetivos, aunque sean mínimos, en los que se basa el cálculo, y que los mismos resulten acreditados. No admitiendo, cantidad adicional alguna por un daño moral que únicamente pretenda justificarse en «vejación, humillación y sufrimiento», sin referencia a elemento objetivo, alguno. Dando las pertinentes razones que avalen y respalden dicha decisión; y en segundo lugar que queden acreditados, "cuando menos, indicios o puntos de apoyo suficientes en los que se pueda asentar una condena de tal clase" (así, la STS 24/04/07 (Rud 510/2006).

Pero, también, concluye, ante un supuesto de enfermedad motivada por la vulneración de derechos fundamentales al trabajador que, el daño no puede compensarse con esta única cantidad (la prestacional), porque es muy pequeña para resarcir al trabajador de los trastornos psíquicos que sigue teniendo.

Declarándose probado que antes del ataque empresarial, la salud mental de la trabajadora era sana, y tras el acoso, se producen la baja declarada probada. Ante determinadas secuelas o daños, la falta de toda previsión legal específica en la materia y la factible aplicación analógica de  otra normativa -«ex» art. 4.1 CC -, expuesta, en la doctrina unificada referida, sirve de ayuda para determinar la indemnización por daños y perjuicios derivados (en concreto, para la responsabilidad derivada de accidente de trabajo, así se ha manifestado la STS S4ª 17-7-2007 (R. 4367/2005).

BASE JURÍDICA

- TS, Sala de lo Social, de 20/09/2011, Rec. 4137/2010TS, Sala de lo Social, nº S/S, de 17/05/2006, Rec. 4372/2004TS, Sala de lo Social, de 07/02/2007, Rec. 4842/2005TS, Sala de lo Social, de 02/10/2000, Rec. 2393/1999, TS, Sala de lo Social, de 20/09/2007, Rec. 3326/2006  y TS, Sala de lo Social, de 17/07/2007, Rec. 4367/2005

- Art. 177 ,Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

 - Anexo, Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

Derechos fundamentales
Tutela
Acoso
Acoso laboral
Derecho de igualdad
Reducción de jornada laboral
Indemnización de daños y perjuicios
Carga de la prueba
Vulneración de derechos fundamentales
Daños y perjuicios
Daño corporal
Amenazas
Hijo menor
Cuidado de hijos
Excedencia voluntaria
Trabajo a turnos
Categoría profesional
Derechos de los trabajadores
Interés legitimo
Derecho a la tutela judicial efectiva
Tutela de la libertad sindical
Daños materiales
Extinción del contrato de trabajo
Expropiación especial
Extinción del contrato
Daños morales
Prueba de indicios
Responsabilidad civil
Accidente laboral
Secuelas
Días impeditivos
Circulación de vehículos
Fondos de pensiones
Vejaciones
Incapacidad temporal

RDLeg. 8/2004 de 29 de Oct (TR. Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 267 Fecha de Publicación: 05/11/2004 Fecha de entrada en vigor: 06/11/2004 Órgano Emisor: Ministerio De La Presidencia

RDLeg. 2/2015 de 23 de Oct (Estatuto de los Trabajadores) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 255 Fecha de Publicación: 24/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 13/11/2015 Órgano Emisor: Ministerio De Empleo Y Seguridad Social

Ley 36/2011 de 10 de Oct (Jurisdicción social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 245 Fecha de Publicación: 11/10/2011 Fecha de entrada en vigor: 11/12/2011 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 62/2003 de 30 de Dic (Medidas fiscales, administrativas y del orden social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 313 Fecha de Publicación: 31/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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