Dictamen del Consejo Consultivo Castilla-La Mancha núm 177/2023 del 29 de junio del 2023

Contestacion

DICTAMEN N.º 177/2023, de 29 de junio

Expediente relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Curso de especialización de Grado Superior

de Formación Profesional en Robótica Colaborativa en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

ANTECEDENTES

Primero. Memoria justificativa del proyecto de decreto.- Con fecha 16 de noviembre de 2022, la Directora General de Formación Profesional formuló memoria justificativa del proyecto

de decreto por el que se establece el currículo del Curso de especialización de Formación Profesional en Robótica Colaborativa

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Contemplaba en la misma el marco normativo en el que se ampara la iniciativa reglamentaria planteada, constituido por el artículo

39 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación -modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre-; el artículo

10.3 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y la Formación Profesional, y la Ley Orgánica 3/2022,

de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.

La memoria indicaba que en ejercicio de la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión,

niveles y grados, modalidades y especialidades que ostenta la Junta de Comunidades en materia de educación, prevista en el

artículo 37.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, así como lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 7/2010, de

20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, según el cual en la planificación de la oferta de Formación Profesional se

han de tener en cuenta las necesidades del tejido productivo de Castilla-La Mancha y los intereses y expectativas de la ciudadanía,

y ?Una vez aprobado y publicado el Real Decreto 904/2022, de 25 de octubre, por el que se establece el Curso de especialización en Robótica Colaborativa y se fijan los aspectos básicos

del currículo, procede establecer el currículo del curso de especialización en Robótica Colaborativa en el ámbito territorial

de esta Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta los aspectos definidos en la normativa citada anteriormente?.

Segundo. Propuesta de elaboración del decreto.- Con base en la citada memoria, en fecha 16 de noviembre de 2022 la mencionada autoridad formuló propuesta de elaboración

del proyecto de decreto por el que se establece el currículo del Curso de especialización en Robótica Colaborativa en el ámbito

territorial de esta Comunidad Autónoma.

Tercero. Autorización de la iniciativa reglamentaria.- La aludida propuesta fue elevada a la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, quien autorizó, con fecha 23 de noviembre

de 2022, la iniciación de los trámites para la elaboración del citado decreto.

Cuarto. Informe jurídico.- El 24 de febrero de 2023, por el personal de los servicios jurídicos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes se emitió informe en el que,

tras señalar la naturaleza preceptiva del mismo, se refería el título competencial y el ámbito normativo en el que se amparaba

la norma, así como a su naturaleza, estructura y contenido, realizando observaciones a su título y a su preámbulo, así como

a varios de sus artículos. Analizaba, con posterioridad, el procedimiento a seguir en la tramitación, recogiendo entre sus

requisitos: la acreditación de la consulta pública previa; la elaboración de una memoria justificativa completa y comprensiva

de los objetivos, medios necesarios, conveniencia e incidencia de la norma, así como el análisis de impactos; la autorización

de la iniciativa por la persona titular de la Consejería; el sometimiento del proyecto al Consejo Escolar de Castilla-La Mancha,

el Consejo de Formación Profesional de Castilla-La Mancha y la Mesa Sectorial de Educación; la publicidad de los documentos

que integrasen el texto normativo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha; el informe favorable de la Dirección General

competente en materia de presupuestos si implica gastos para ejercicios futuros, incidiendo en la necesidad de elaborar con

detalle una memoria económica; los informes de impacto de género, demográfico, infancia, adolescencia y discapacidad; el informe

de la Secretaría General de la Consejería; el informe del Gabinete Jurídico y el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La

Mancha.

Quinto. Dictamen del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha.- El proyecto redactado fue sometido al Consejo Escolar de Castilla-La Mancha, cuya Comisión Permanente emitió sobre el mismo

el dictamen 8/2023, de 13 de marzo.

Después de reseñar los referentes normativos en que se enmarca el proyecto y describir su contenido, realizaba varias observaciones

de tipo general sobre el empleo de las mayúsculas, la homogeneidad en el uso del lenguaje no sexista y la observancia de las

directrices de técnica normativa en la redacción del texto.

Sexto. Consulta pública previa.- Según consta en informe firmado el 11 de abril de 2023 por la Directora General de Formación Profesional, se realizó un trámite de consulta pública previa del proyecto normativo

cuyo periodo de realización comenzó el 22 de marzo de 2023 y finalizó el 4 de abril de 2023.

Séptimo.- Informe-memoria económica.- Ulteriormente, se incorporó al expediente un informe-memoria económica sobre el proyecto normativo, elaborado por la Directora

General de Formación Profesional el 4 de abril de 2023, donde se expresa sobre el mismo: ?[?] la entrada en vigor de la norma no implicaría ningún impacto económico, dado que el mismo depende después de la modificación

de la oferta formativa de enseñanzas de Formación Profesional que anualmente se publica [?]. [ ] Por lo tanto, los costes indicados en esta memoria económica son una estimación de una posible implantación de una unidad

con 20 alumnos, en un centro educativo. Teniendo en cuenta que el coste de implantar este curso de especialización en un centro

educativo, se verá reducido debido al requisito para el centro educativo, de impartir enseñanzas que proporcionan acceso a

este curso de especialización, puesto que no será necesario adquirir gran parte del equipamiento indicado en el anexo III

[?]. [ ] [?]?. Finalmente, dicho documento inserta el siguiente resumen estimativo de costes por curso académico: ?- Coste de funcionamiento: 16.388,05 ?/curso académico.. [ ] - Personal por curso académico: 10.364,34 ?/curso académico. [ ] - Material y equipamiento: el coste del material establecido en el anexo III del proyecto de decreto?.

Octavo. Intervención del Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha.- El 4 de mayo de 2023, el Secretario del Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha certificó que el proyecto de decreto había sido sometido

al análisis y la consideración de la Comisión Especializada de Formación Profesional del citado Consejo en su reunión de 3

de abril de 2023.

Noveno. Participación del Consejo de Formación Profesional de Castilla-La Mancha.- La iniciativa reglamentaria fue sometida a la consideración del Consejo de Formación Profesional de Castilla-La Mancha, constando

en certificado emitido por su Secretario que el citado órgano analizó el proyecto de decreto en su reunión de 3 de abril de

2023.

Décimo. Certificado de la Mesa Sectorial de Educación.- El 5 de mayo de 2023, el Secretario de la Mesa Sectorial de Educación certificó que el proyecto de decreto había sido sometido al análisis y la

consideración del citado órgano en su sesión extraordinaria de 13 de abril de 2023.

Undécimo. Otros informes.- En el expediente figuran, asimismo, los siguientes informes sobre el borrador redactado:

- Informe suscrito el 8 de mayo de 2023 por la Directora General de Formación Profesional de la Consejería, sobre el impacto en la familia, infancia y adolescencia,

en el que se concluye que ?[?] la valoración del impacto en la familia, infancia y adolescencia en estas enseñanzas no es aplicable, debido a que el alumnado

es mayor de edad?.

- Informe suscrito el 8 de mayo de 2023 por la Directora General de Formación Profesional de la Consejería, sobre impacto demográfico de la norma, en el que se concluye

que el impacto será positivo.

- Informe suscrito el 8 de mayo de 2023 por la Directora General de Formación Profesional de la Consejería, sobre el impacto por razón de discapacidad de la norma,

en el que se concluye, asimismo, el carácter positivo del citado impacto.

- Informe final del proceso participativo al que fue sometida la norma a través del Portal de Participación de Castilla-La

Mancha, suscrito el 8 de mayo de 2023 por la Directora General de Formación Profesional de la Consejería, donde se refleja que el periodo de participación fue

desde el 21 de abril hasta el 5 de mayo de 2023, durante el cual se recibieron cuatro comentarios realizados por una misma persona física, relativos a la necesidad de asegurar

la formación de los profesores que imparten los módulos correspondientes.

- Informe de 10 de mayo de 2023, suscrito por la Secretaria General de la Consejería, en el que se justifica la ausencia de impacto por razón de género,

por el contenido neutral que tiene al respecto el proyecto normativo.

Duodécimo. Informe de la Secretaría General.- En fecha 10 de mayo de 2023, la Secretaría General emitió informe sobre la corrección del procedimiento administrativo desarrollado hasta el momento

y el contenido del proyecto, el cual estimaba ajustado a la normativa que le era de aplicación, por lo que concluía pronunciándose

favorablemente sobre el mismo.

Decimotercero. Informe de la Dirección General de Presupuestos.- A petición de la Secretaria General de la Consejería consultante, el 16 de mayo posterior el Director General de Presupuestos

emitió informe, de carácter favorable, conforme a lo exigido en el artículo 22 de la Ley 9/2022, de 22 de diciembre, de Presupuestos

Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2023. En tal sentido, tras remitirse a los datos económicos reflejados en la memoria aludida en el antecedente séptimo, se manifiesta

que ?El cupo correspondiente de dicho Decreto, se recogerá en el cupo general aprobado para cada curso escolar?.

Decimocuarto. Informe del Gabinete Jurídico.- A instancia de la referida Secretaria General, con fecha 19 de mayo de 2023 la Directora de Servicios del Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha emitió informe, en el que

se pronunció favorablemente sobre el contenido y la tramitación del citado proyecto de decreto, no sin antes advertir que

se debería recabar el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

Decimoquinto. Proyecto de decreto.- El expediente se completa con una única versión del proyecto de decreto sometido a dictamen, titulado ?por el que se establece el currículo del Curso de especialización de Grado Superior de Formación Profesional en Robótica

Colaborativa en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha?, que consta de un preámbulo, diez artículos, una disposición adicional, tres disposiciones finales y tres anexos.

El preámbulo contiene las referencias normativas habilitantes para dictar la norma que se propone.

En cuanto a su parte dispositiva, el artículo 1 configura el objeto del nuevo currículo, como un curso de especialización

de formación profesional de grado superior, cuyos elementos identificativos especifica el artículo 2; los requisitos para

el acceso al curso se enumeran en el artículo 3, exigiéndose en todo caso diversas titulaciones de Técnico Superior; el artículo

4 contiene los referentes del curso de especialización, remitiéndolos al Real Decreto 904/2022, de 25 de octubre; el artículo 5 especifica los módulos profesionales, así como su duración y distribución horaria; el artículo

6 autoriza a la consejería con competencias en materia de educación a flexibilizar la oferta, manteniendo siempre la duración

total de cada módulo; el artículo 7 se dedica a establecer los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, duración,

contenidos y orientaciones pedagógicas de los módulos profesionales, por remisión al anexo II del proyecto normativo y el

anexo I del Real Decreto 904/2022, de 25 de octubre; el artículo 8 se dedica al profesorado, cuyas especialidades serán las establecidas en el anexo III A) del Real

Decreto 904/2022, de 25 de octubre, en el caso del profesorado, y del anexo III C) de la misma norma, en el caso de profesorado de centros de titularidad

privada o de administraciones no educativas; el artículo 9, para definir los espacios y equipamientos, remite al anexo II

[sic] del proyecto; por último, el artículo 10, sobre los requisitos de los centros que impartan los cursos de especialización, se hace una remisión al artículo 3 del proyecto.

En la disposición adicional única se configura el principio de autonomía pedagógica de los centros, a fin de concretar y desarrollar

las medidas organizativas y curriculares más adecuadas a las características del alumnado, en el marco general del proyecto

educativo.

En cuanto a las disposiciones finales, la primera establece como fecha de implantación del currículo el curso escolar 2023-2024; la segunda autoriza el desarrollo de la norma a la persona titular de la consejería y, por último, la tercera, dispone

la entrada en vigor del decreto a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

El anexo I fija la duración de los módulos profesionales y la asignación horaria semanal; el anexo II desarrolla los resultados

del aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de los módulos; y por último, el anexo III enumera los espacios

y equipamientos mínimos requeridos para impartir el curso de especialización.

En tal estado de tramitación V. E. dispuso la remisión del expediente a este Consejo Consultivo, en el que tuvo entrada con

fecha 24 de mayo de 2023.

A la vista de dichos antecedentes, procede formular las siguientes

CONSIDERACIONES

I

Carácter del dictamen.- Se somete al dictamen del Consejo Consultivo el proyecto de decreto por el que se establece el currículo del Curso de especialización

de Formación Profesional en Robótica Colaborativa en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, fundándose tal solicitud

en lo previsto en el artículo 54.4 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, según el cual dicho órgano deberá ser consultado

sobre los ?Proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes?.

En línea con lo expresado en anteriores ocasiones al examinar proyectos normativos reguladores de currículos educativos -entre

ellos, los números 189/2014, de 6 de junio; 222/2015, de 9 de julio; 153/2016, de 4 de abril; 280/2020, de 30 de julio o, en fin, el 230/2022, de 28 de julio-, el citado proyecto de decreto viene a desarrollar las previsiones de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

Educación; de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional -salvo en los

aspectos de la materia que aún puedan verse condicionados por la pervivencia parcial de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,

de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, merced a la disposición transitoria segunda de dicha Ley Orgánica 3/2022,

de 31 de marzo-; así como de la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha.

En consecuencia, el referido proyecto normativo debe ser calificado jurídicamente como un reglamento ejecutivo, procediendo

emitir el presente dictamen con el carácter preceptivo que propugna el artículo 54.4 de la citada Ley 11/2003, de 25 de septiembre.

II

Procedimiento de elaboración de la norma.- El procedimiento de elaboración de normas reglamentarias se regula en el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, denominado ?De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones?, que atiende en los artículos 128 y siguientes a la potestad reglamentaria, a los principios de buena regulación, a la evaluación

normativa, a la publicidad de las normas, a la planificación normativa y a la participación de los ciudadanos en el procedimiento

de elaboración de normas; si bien su contenido ha quedado atemperado tras la sentencia del Tribunal Constitucional n.º 55/2018,

de 24 de mayo, dictada a raíz de un recurso de inconstitucionalidad planteado contra la totalidad del Título VI del referido

cuerpo legal.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma el ejercicio de la potestad reglamentaria es contemplado en el artículo 36 de la Ley

11/2003, de 25 de septiembre, en el que, tras atribuir la competencia reglamentaria al Consejo de Gobierno sin perjuicio de la facultad

de sus miembros de dictar normas reglamentarias en el ámbito propio de sus competencias, establece en su apartado 2 que el

ejercicio de dicha potestad ?requerirá que la iniciativa de la elaboración de la norma reglamentaria sea autorizada por el Presidente o Consejero competente

en razón de la materia, para lo que se elevará memoria comprensiva de los objetivos, medios necesarios, conveniencia e incidencia

de la norma que se pretende aprobar?, añadiéndose en el apartado 3 que ?en la elaboración de la norma se recabarán los informes y dictámenes que resulten preceptivos, así como cuantos estudios

se estimen convenientes. [ ] Cuando la disposición afecte a derechos o intereses legítimos de los ciudadanos se someterá a información pública de forma

directa o a través de las asociaciones u organizaciones que los representen, excepto que se justifique de forma suficiente

la improcedencia o inconveniencia de dicho trámite. [ ] Se entenderá cumplido el trámite de información pública cuando las asociaciones y organizaciones representativas hayan participado

en la elaboración de la norma a través de los órganos consultivos de la Administración Regional?.

De la descripción de actuaciones ya detalladas en los antecedentes de este dictamen cabe extraer que se ha dado cumplimiento,

en su práctica totalidad, a las exigencias formales establecidas en el referido artículo 36, aunque se hace preciso poner

de manifiesto la confusión con la que se han llevado a cabo alguno de estos trámites, reflejada asimismo en el desorden con

el que se nos han remitido los documentos que integran el expediente y, en algún caso, en la omisión de algún documento que

debía acompañarlo, como el justificativo de la realización de la ?consulta pública previa?, de cuya existencia nos hemos tenido que informar por consulta al Portal de Participación.

Respecto de la citada ?consulta pública previa?, contradice además el espíritu y finalidad del trámite que este se haya desarrollado entre los meses de marzo y abril de

2023, cuando el inicio del procedimiento de elaboración de la disposición se había autorizado ya el 23 de noviembre del año precedente.

El artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, es meridianamente claro en que este trámite debe sustanciarse ?Con carácter previo a la elaboración del proyecto??, sin partir, en consecuencia, de una decisión de apertura ya tomada, porque su objeto es, precisamente, favorecer la participación

ciudadana al objeto de fundamentar la conveniencia de poner en marcha el procedimiento normativo mismo, sin partir de ningún

texto predeterminado. La consejería gestora, por tanto, antes que realizar un trámite meramente formal como el presente -que

reproduciría otros ya previstos, como la audiencia e información pública- hubiera actuado de forma más coherente omitiéndolo

por su nula repercusión práctica, previa justificación de las razones que aconsejaban dicha supresión.

Por otra parte, el expediente de elaboración de la norma se inicia con la formulación de una escueta memoria donde se hace

referencia a la competencia que ostenta la Comunidad Autónoma para dictar el proyecto de decreto, así como a las disposiciones

estatales de las que este trae causa. Pero en ella no se han concretado los medios necesarios para su aprobación, ni se han

plasmado las razones de conveniencia e incidencia en el sector concreto objeto de regulación que aconsejaban su aprobación,

más allá de una genérica y dogmática alusión a ?[?] las necesidades del tejido productivo de Castilla-La Mancha y los intereses y expectativas de la ciudadanía [?]?, fórmula esta que, por otra parte, constituye una simple reiteración de lo ya dispuesto en el apartado 3 del artículo 69

de la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. Entendemos, sin embargo, que tales cuestiones deberían

haberse desarrollado en la memoria por exigencia expresa del artículo 36.2 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, porque vendrían a justificar la finalidad del proyecto normativo.

Igualmente, ha de destacarse que dentro del trámite de información pública consta incorporado el dictamen del Consejo Escolar,

habiéndose acreditado también en el expediente que el Consejo de Formación Profesional ha informado la iniciativa reglamentaria

junto con otros proyectos de currículo.

Del mismo modo, se ha acreditado mediante certificación del Jefe del Servicio de Relaciones Laborales de la Consejería de

Educación, Cultura y Deportes que el borrador de decreto objeto de este dictamen fue visto y negociado por los integrantes

de la Mesa Sectorial de Educación y asimismo consta la certificación del Secretario del Consejo de Diálogo Social de Castilla-La

Mancha sobre el análisis y comentario del proyecto.

Entre la documentación remitida figura un único borrador de la norma redactado durante la sustanciación del procedimiento,

sin fechar. No obstante, el contenido del informe jurídico aludido en el antecedente cuarto de este dictamen permite colegir

que ha existido -al menos- un primitivo borrador del decreto que no ha sido integrado en el expediente, donde solo figura

la versión definitiva sometida al dictamen de este Consejo. Por tal razón, hay que retornar a las determinaciones del artículo

53.1 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, insistiendo en la necesidad de adjuntar a la petición de consulta toda la documentación concerniente a la

cuestión planteada, que en el caso de los anteproyectos o proyectos de normas ha de comprender todas las sucesivas versiones

del texto legal o reglamentario proyectado.

En lo que respecta a los informes que han de ser recabados en la tramitación, contemplados en el artículo 36.3, párrafo primero,

de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, constan los emitidos por el Gabinete Jurídico y por los Servicios Jurídicos de la Consejería; los informes

sobre el impacto en la familia, en la infancia y la adolescencia, impacto demográfico, sobre discapacidad e impacto por razón

de género; así como los informes de la Dirección General de Presupuestos y de la Secretaría General de Educación. Existe constancia,

asimismo, de la puesta en marcha de un procedimiento de participación ciudadana a través del Portal de Participación de la

Vicepresidencia de la Junta de Comunidades, cuyos resultados se han reflejado en el correspondiente informe final.

El expediente así conformado y el proyecto de decreto resultante han sido remitidos finalmente a este Consejo Consultivo a

los efectos de emisión del preceptivo dictamen, previsto en el artículo 54.4 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre.

En virtud de lo expuesto y sin perjuicio de las anteriores salvedades, cabe concluir afirmando que en la tramitación del

proyecto de decreto se ha dado cumplimiento a los requisitos esenciales exigidos en la normativa de aplicación, procediendo

acometer el examen de su contenido, si bien, previamente, se hace preciso plasmar algunas consideraciones atinentes al marco

normativo y competencial en el que se insertará la norma propuesta.

III

Marco normativo y competencial en el que se inserta la iniciativa reglamentaria.- La regulación de la formación profesional del sistema educativo constituye un ámbito que, en lo que concierne a la distribución

de competencias, se rige por lo dispuesto en el artículo 149.1.1ª y 30ª de la Constitución, que como ha expresado el Tribunal

Constitucional en diversas sentencias -entre ellas, la n.º 6/1982, de 22 de febrero-, se trata de una materia compartida entre

el Estado y las Comunidades Autónomas. Según expresó el Alto Órgano Constitucional en su sentencia n.º 111/2012, de 24 de

mayo, y reiteró en la posterior n.º 25/2013, de 31 de enero: ?[?] el art. 149.1.30ª CE atribuye al Estado dos competencias diferenciadas que, de acuerdo con nuestra doctrina, presentan un

distinto alcance. En primer lugar, le reconoce competencia exclusiva para la "regulación de las condiciones de obtención,

expedición y homologación de títulos académicos y profesionales", mientras que, en su segundo inciso, le asigna competencia

sobre las "normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las

obligaciones de los poderes públicos en esta materia". (F.5). [ ] Respecto del primero de dichos ámbitos, "la extensión de esta competencia estatal exclusiva, que supone la reserva al Estado

de toda la función normativa en relación con dicho sector (STC 77/1985, de 27 de junio, F.15), determina que las Comunidades

Autónomas sólo puedan asumir competencias ejecutivas en relación con esta materia,"[?] Pero también hemos advertido que "debe

ser objeto de interpretación estricta, ciñendo su campo de aplicación sólo a lo que tenga una relación directa con la obtención,

expedición y homologación de títulos", sin que el hecho de que la formación profesional reglada conduzca a la obtención de

un título autorice, sin más, a incardinar toda la materia en el primer inciso del art. 149.1.30ª CE. La educación "presenta

diversos aspectos en cuya regulación deben participar necesariamente los niveles de gobierno estatal y autonómico", y por

esa razón el Estado no se puede reservar toda la función normativa en relación con la formación profesional reglada, acaparando

"todo el desarrollo de una materia al socaire de un título competencial específico, cercenando las posibilidades de intervención

normativa de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus legítimas competencias" (F.12)?.

Teniendo en cuenta la doctrina constitucional expuesta, el análisis del marco normativo y competencial en el que se inserta

la norma proyectada viene primordialmente determinado por las disposiciones acogidas en las leyes orgánicas 3/2022, de 31

de marzo, de Ordenación e Integración de la Formación Profesional (LOOIFP), y 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), dictadas

ambas con amparo en la competencia estatal de carácter exclusivo establecida en el artículo 149.1.30ª de la Constitución,

relativa a la determinación de las normas básicas tendentes al desarrollo del artículo 27 de la Constitución -regulador del

derecho a la educación-, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en la materia, entre

las que se encuentra la homologación del sistema educativo.

En cuanto a la LOOIFP, debe precisarse que su grado de implantación material está viéndose mediatizado por las previsiones

de índole temporal acogidas en su disposición transitoria segunda, relativa a la ordenación de las enseñanzas y acciones formativas

existentes antes de la entrada en vigor de la propia ley, donde se dispuso: ?La ordenación académica de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo y la ordenación de los Certificados

de Profesionalidad en el ámbito de la Formación Profesional para el empleo, continuarán vigentes hasta que se proceda al desarrollo

reglamentario en el marco del nuevo Sistema de Formación Profesional en los términos previstos en el Título II y en la Disposición

final octava de esta ley.?. Ulteriormente, su disposición final quinta indicaba sobre su modo gradual de implantación: ?El Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, aprobará en un plazo máximo de seis meses desde su entrada en vigor

el calendario de implantación de esta ley, que tendrá un ámbito temporal de cuatro años, a partir de la entrada en vigor de

la misma. En dicho calendario se establecerá la implantación de los programas formativos de las ofertas a las que hace referencia

el Título II de esta norma?. En consonancia con esas últimas previsiones, conviene hacer una referencia al reciente Real Decreto 278/2023, de 11 de abril, por el que se ha establecido el mentado calendario de implantación del nuevo sistema de formación profesional

configurado en el LOOIFP, cuyo articulado confiere importancia capital a la fecha de comienzo de los cursos escolares del

próximo año académico 2023-2024 y al día de su inicio -el 1 de septiembre de 2023-, como hito determinante del principio de la transición real al nuevo panorama conformado por la tipología de ofertas de

formación profesional definida en el Título II de dicha ley orgánica -artículos 22 al 55-.

Es así que en dicho Real Decreto 278/2023, de 11 de abril, se recogen las siguientes previsiones perfiladoras del escenario coyuntural incidente sobre la clase de

enseñanzas profesionales contempladas en el proyecto de decreto:

?- Artículo 12. Oferta de Grados E [cursos de especialización] [ ] 1. En el año académico 2023-2024 se implantarán, con carácter gradual, las ofertas de Grado E, en los términos establecidos en los artículos 51 y 52

de la Ley Orgánica, que cada administración educativa considere, atendiendo a sus criterios de planificación. [ ] 2. En el año académico 2024-2025 se implantarán, con carácter general, las ofertas de Grado E, en los términos establecidos

en los artículos 51 y 52 de la Ley Orgánica. [ ] 3. La oferta de los Grados E tendrá en cuenta las previsiones de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, y de la Ley Orgánica

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y de sus respectivas disposiciones reglamentarias de desarrollo?.

?- Disposición transitoria tercera. Vigencia de la ordenación de los títulos de Formación Profesional y de los cursos de especialización.

[ ] 1. La ordenación de los títulos de Formación Profesional y de los cursos de especialización actualmente vigentes mantendrá

dicha vigencia hasta tanto no se deroguen o modifiquen los reales decretos por los que se establecen y ordenan. [ ] 2. Las ofertas formativas que mantengan su vigencia al amparo de lo previsto en esta disposición podrán ser ofertadas a través

de las modalidades general o intensiva previstas en los artículos 66 y 67 , respectivamente, de la Ley Orgánica?.

De otro lado, en cuanto a la citada LOE, merece especial atención lo establecido en sus artículos 6 y 6 bis, en redacción

dada a los mismos por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. Así, según el apartado 1 del artículo 6, ?A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias, contenidos,

métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la presente Ley. [ ] En el caso de las enseñanzas de formación profesional se considerarán parte del currículo los resultados de aprendizaje?. Por su parte el artículo 6 bis, en su apartado 1.c), atribuye al Gobierno ?La fijación de las enseñanzas mínimas a que se refiere el artículo anterior?. Asimismo, el apartado 3 del citado artículo determina que ?Corresponde a las comunidades autónomas el ejercicio de sus competencias estatutarias en materia de educación y el desarrollo

de las disposiciones de la presente Ley Orgánica?.

Previamente, el artículo 3 de la LOE dispone que el sistema educativo comprende la educación infantil, la educación primaria,

la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional, las enseñanzas de idiomas, las artísticas,

las deportivas, la educación de personas adultas y la enseñanza universitaria -apartado 2º del precepto-. La formación profesional

de grado medio forma parte de la educación secundaria postobligatoria y la formación profesional de grado superior, de la

educación superior -apartados 4º y 5 del mismo artículo-.

Asimismo, los rasgos y características básicas de la formación profesional se regulan en los artículos 39 a 44 de la LOE,

también modificados por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, determinándose los principios generales de aplicación,

los objetivos pretendidos, las condiciones de acceso y admisión a estas enseñanzas, así como diversas reglas sobre el contenido

y organización de la oferta, la formación profesional dual, la evaluación, los títulos y convalidaciones. En concreto, el

artículo 39.3 dispone que ?La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos formativos de grado básico, de grado medio y de grado

superior, así como los cursos de especialización. Todos ellos tendrán una organización modular, de duración variable, que

integre los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos profesionales?.

Por otro lado, dentro de la regulación estatal básica configuradora de esos elementos comunes que constituyen el contenido

necesario e indisponible de los diferentes niveles, etapas, ciclos grados y modalidades del sistema educativo, todavía ha

de citarse al Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional

del sistema educativo, aunque su modelo ordinativo está llamado a ser desplazado por el plasmado en las determinaciones de

la citada LOOIFP. Mientras tanto, el artículo 8 de dicha norma reglamentaria establece que corresponde a las Administraciones

educativas establecer el currículo de los ciclos formativos, respetando lo dispuesto en el citado Real Decreto y en las normas

que regulen las diferentes enseñanzas de formación profesional.

Igualmente, puede citarse el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, regulador del ?Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales? (CNCP), que define la estructura y el contenido del catálogo y fija las directrices rectoras del ?Catálogo modular de formación profesional?, en cuyo anexo I se incorpora un catálogo de actualización de las familias profesionales existentes, entre las que se encuentra

la de ?Electricidad y Electrónica?. Ahora bien, conviene puntualizar que dicho CNCP también va a verse afectado por el citado Real Decreto 278/2023, de 11 de abril, en la medida en que su artículo 3 dispone sobre el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales:

?Antes del 1 de septiembre de 2023 quedarán desarrollados reglamentariamente los contenidos y organización del Catálogo Nacional de Estándares de Competencia,

a que hace referencia el artículo 9.1 de la Ley Orgánica, sustituyendo al actual Catálogo Nacional de las Cualificaciones

Profesionales?.

La disposición reglamentaria estatal instauradora del correspondiente curso de especialización de formación profesional al

que se refiere la norma curricular proyectada es, en el presente caso, el Real Decreto 904/2022, de 25 de octubre, por el que se establece el Curso de especialización de grado superior en Robótica colaborativa y se fijan los

aspectos básicos del currículo, incluyendo como elementos de ordenación del mismo numerosas determinaciones atinentes a la

identificación del curso, su perfil profesional, la competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales

del curso, el entorno profesional y la prospectiva del curso en el sector o sectores, los objetivos generales, sus módulos

profesionales, requisitos mínimos de espacios y equipamientos, así como sobre el profesorado y las correspondientes previsiones

de acceso, la vinculación a otros estudios y la titulación dimanante del mismo. Dichos aspectos básicos deberán formar parte

del currículo del curso de especialización que corresponde aprobar a las Administraciones educativas, según prevé el artículo

9.2 del mencionado Real Decreto, que goza del carácter de norma básica, según establece su disposición final primera, al amparo

de las competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1.30ª de la Constitución.

En cuanto al fundamento de la actividad normativa autonómica en la materia, debe citarse el contenido del artículo 37 del

Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, que atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda

su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución

y las Leyes Orgánicas que lo desarrollen y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado

1 del citado artículo 149.

A esta previsión estatutaria procede agregar una referencia al contenido de la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de

Castilla-La Mancha, que contiene varios artículos, encuadrados en el Capítulo V del Título II, dedicados a la regulación de

la formación profesional inicial del sistema educativo, donde se aborda sucesivamente su finalidad -artículo 68-, su estructura

y la conformación de su oferta -artículo 69-, el currículo de estas enseñanzas -artículo 70-, las pruebas de acceso -artículo

71-, las medidas de respuesta a la diversidad -artículo 72-, la orientación educativa y profesional -artículo 73-, la evaluación,

titulación, el acceso a estudios universitarios y el régimen de convalidaciones -artículo 74-, la adaptación de los títulos

de formación profesional -artículo 75-, los centros integrados y los centros de referencia nacional -artículo 76- y la colaboración

con empresas y universidades -artículo 77-.

Por último, cabe indicar que también en el Real Decreto 1844/1999, de 3 de diciembre, regulador del traspaso de funciones

y servicios del Estado en materia de enseñanza no universitaria, quedó incluida, entre la amplia relación de funciones transferidas

a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ?la aprobación en el ámbito de sus competencias, del currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades

del sistema educativo, del que formarán parte, en todo caso, las enseñanzas mínimas fijadas por el Estado? -apartado B), h) del Anexo-.

IV

Observaciones al contenido del proyecto.- El examen del proyecto de decreto analizado denota su general adecuación al marco jurídico que le es de aplicación, pudiendo

recordarse que las cuestiones curriculares aquí abordadas han dado ya lugar a numerosos dictámenes, cuyas consideraciones

han sido incorporadas, con carácter general, al proyecto normativo que ahora se dictamina, lo que merece una favorable opinión

por parte del órgano consultivo. No obstante, como mejora, se efectúan las siguientes observaciones:

Parte expositiva.- En el párrafo segundo sugerimos que la expresión ?ampliación de las competencias?, se sustituya por ?complemento de las competencias?, ya que este último es el término que literalmente emplean tanto el artículo 51.1 de la LOOIFP, como el párrafo segundo de

la parte expositiva del Real Decreto 904/2022, de 25 de octubre, expresión que no equivale exactamente a la utilizada en la norma.

En el párrafo tercero, sugerimos que al término ?innovaciones? se añada el de ?desarrollos?, pues no siempre los avances sociales consistirán en el descubrimiento de métodos o productos inexistentes con anterioridad,

sino que también pueden tener por objeto mejorar o perfeccionar conocimientos, técnicas o productos preexistentes. Ambas son,

por tanto, manifestaciones del principio de ?flexibilidad? previsto en el apartado 2 del artículo 1 de la LOOIFP.

En el párrafo quinto, sugerimos que se complete la cita del artículo 69 de la Ley 7/2010, de 20 de julio, concretando que

se refiere a su apartado 3.

En esos primeros párrafos, dedicados a exponer el marco normativo y competencial de la iniciativa, se hacen varias menciones

relativas a disposiciones legales y reglamentarias incidentes en la materia. Se ha observado, sin embargo, que no se cita

uno de sus precedentes estatales más inmediatos, constituido por el Real Decreto 278/2023, de 11 de abril, por el que se establece el calendario de implantación del Sistema de Formación Profesional establecido por

la LOOIFP, dictado precisamente para procurar una gradual adecuación del sistema de formación profesional a lo previsto en

la misma. Dicho real decreto ya ha entrado en vigor, por lo que, aun cuando su disposición transitoria tercera prevea la vigencia

de los títulos de formación profesional y de los cursos de especialización actualmente vigentes hasta tanto no se deroguen

o modifiquen los reales decretos por los que se establecen y ordenan, convendría completar la parte expositiva del decreto

proyectado con alguna mención al señalado Real Decreto 278/2023, de 11 de abril.

Asimismo, en el párrafo siguiente, donde se hace una alusión a varios órganos de participación o consulta intervinientes en

el proceso de elaboración de la norma -Mesa Sectorial de Educación, Consejo Escolar de Castilla-La Mancha y Consejo de Formación

Profesional de Castilla-La Mancha-, se echa en falta una mención de igual índole al Consejo de Diálogo Social de Castilla-La

Mancha, también partícipe en dicho procedimiento normativo.

Por último, al término del preámbulo se ha omitido la expresión ?DISPONGO?, que debería ser el colofón natural de la fórmula promulgatoria que da paso al articulado.

Artículo 4. Referentes del curso de especialización.- En primer lugar, este artículo debería redactarse de una forma más prescriptiva, con la fórmula: ?El perfil profesional, la competencia general, las competencias profesionales [?] correspondientes a este curso de especialización son las definidas en el Real Decreto 904/2022, de 25 de octubre?.

De otro lado, en la parte final de dicha sucesión de elementos definitorios se hace alusión a ?[?] las correspondencias de los módulos profesionales, las convalidaciones y exenciones, correspondientes al curso?. No obstante, tales remisiones a lo establecido en la normativa básica estatal de referencia no guardan correspondencia con

el contenido de las normas que fijan los aspectos básicos de los currículos de cursos de especialización de formación profesional

de grado superior, dado que en el articulado del citado Real Decreto 904/2022, de 25 de octubre, no hay mención expresa a ninguna de ellas, por lo que debería valorarse la supresión del indicado inciso final.

Artículo 5. Módulos profesionales: Duración y distribución horaria.- Siguiendo el criterio empleado en los artículos precedentes para la identificación de la normativa básica que se trascribe,

se sugiere incluir en el apartado 1 la siguiente referencia u otra análoga: ?De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 904/2022, de 25 de octubre, los módulos del curso de especialización son: [?]?.

Artículo 6. Flexibilización de la oferta.- La redacción de este precepto señala que ?La Consejería con competencias en materia de educación podrá diseñar otras distribuciones horarias semanales de los módulos

del curso de especialización distintas a las establecidas, encaminadas a la realización de una oferta más flexible y adecuada

a la realidad social y económica del entorno. En todo caso, se mantendrá la duración total establecida para cada módulo profesional?.

Sin perjuicio de las consideraciones que haremos más adelante respecto de la posibilidad de formación a distancia de este

curso de especialización, conviene precisar ahora que, si el único criterio de flexibilidad previsto en este precepto es la

distribución horaria semanal de los distintos módulos, como así parece, la sustantividad del mismo es más que discutible,

porque su contenido bien podría formar parte del artículo 5 del proyecto, que precisamente regula la duración y distribución

horaria semanal de los citados módulos.

Artículo 9. Espacios y equipamientos.- La referencia contenida en su apartado 1, que alude al ?anexo II de este decreto?, resulta errónea, ya que, en realidad, debería hacerse remisión a su anexo III.

Artículo 10. Requisitos de los centros que impartan los cursos de especialización.- Puesto que el requisito exigido por este artículo viene impuesto por la norma básica, se sugiere iniciar el precepto con

una referencia al artículo 12 del Real Decreto 904/2022, de 25 de octubre.

Disposición adicional única. Autonomía pedagógica de los centros.- La mención al ?ciclo formativo? plasmada en su inciso final resulta equivocada, dado que lo regulado por la norma es un curso de especialización.

Formación a distancia.- El artículo 69.2 de la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, señala que ?La formación profesional inicial se organizará de forma flexible y abierta, con el fin de adaptarse a las condiciones, capacidades,

necesidades e intereses de los castellano-manchegos y a las características del sistema productivo de Castilla-La Mancha?, añadiendo en el segundo inciso de este precepto que ?Por ello, incluirá enseñanzas presenciales y a distancia?. En cuanto a los cursos de especialización se refiere, el artículo 27.6 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, establece

con carácter básico que las Administraciones educativas determinarán los requisitos que deben cumplir los centros docentes

que puedan ofertar estos cursos de especialización en régimen presencial o a distancia.

Por su parte, la disposición adicional segunda del Real Decreto 904/2022, de 25 de octubre, también prevé que los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este curso de especialización puedan

ofertarse a distancia, siempre que se garantice que el alumnado pueda conseguir los resultados de aprendizaje de estos y que,

para ello, ?las administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias y dictarán

las instrucciones precisas?.

A la vista de tales preceptos, el proyecto normativo debería dejar claro si existe la posibilidad de impartición a distancia

de las enseñanzas integradas en el curso de especialización y, en caso afirmativo, establecer los requisitos y medios necesarios

para así efectuarlo. De lo contrario, habría que justificar en el expediente las causas que excluyen dicha modalidad.

Cita de disposiciones.- Aun valorando positivamente la técnica seguida por el redactor del proyecto en relación a la cita de normas, es preciso destacar

que, conforme a lo previsto en el apartado I.k).80 de las Directrices de Técnica Normativa del Estado aprobadas por acuerdo

del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005 -de general aplicación en la Administración de esta Comunidad Autónoma-, ?La primera cita, tanto en la parte expositiva como en la parte dispositiva, deberá realizarse completa y podrá abreviarse

en las demás ocasiones señalando únicamente tipo, número y año, en su caso, y fecha?.

Desde esta perspectiva se sugiere revisar la referencia al Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, contenida en el artículo 8, apartados 2 y 4 del proyecto. La primera mención debe ser íntegra, siendo su título completo: ?por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a

que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se

refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley?. En la segunda referencia a esa norma, contenida en el apartado 4, bastaría con indicar, únicamente, el número, año y su fecha.

Economía de cita.- El apartado I.k.69 de las mencionadas Directrices de Técnica Normativa dispone que ?Cuando se cite un precepto de la misma disposición, no deberán utilizarse expresiones tales como «de la presente ley», «de

este Real Decreto», excepto cuando se citen conjuntamente preceptos de la misma disposición y de otra diferente?.

En aplicación de la misma deberá eliminarse la referencia ?de este decreto? que figura al final del artículo 10.

Uso de mayúsculas.- Debería escribirse con minúsculas el término ?consejería? que aparece al principio del artículo 6.

Asimismo, en el artículo 10, la referencia a ?este Decreto? que figura en primer lugar tendría que consignarse con minúscula, dado que conforme al apartado V, ?Apéndices?, epígrafe a) 2º de las Directrices de Técnica Normativa anteriormente citadas, ?No se escribirá con inicial mayúscula cuando en el texto de la disposición se haga referencia a la propia norma o a una clase

genérica de disposición?.

Uso de siglas.- En el anexo II, módulo profesional 5089, titulado ?Robots móviles autónomos?, se ha empleado en dos ocasiones la sigla ?PLC?, sin ser acompañada de una transcripción íntegra de su significado en su primera aparición en el texto, ignorándose así las

recomendaciones del apartado V -Apéndices-, punto b), de las tan mencionadas Directrices de Técnica Normativa.

Dicha sigla ?PLC? -al parecer, Controlador Lógico Programable- es empleada por primera vez en el criterio de evaluación g) del resultado de

aprendizaje 3 del mencionado módulo profesional, sin agregarse la explicación que fuere pertinente.

Extremos gramaticales y de redacción.- Finalmente, y sin ánimo exhaustivo, se sugiere efectuar una revisión del texto reglamentario proyectado, a fin de evitar incorrecciones

en su redacción, como sucede en los supuestos que se relacionan a continuación:

a) En el primer párrafo del preámbulo, segunda línea, falta una coma después de la fecha de aprobación de la Ley Orgánica

3/2020, de 29 de diciembre.

b) En el párrafo segundo de la parte expositiva, tras el último punto y seguido, el inciso encabezado con la expresión ?Por tanto, [?]?, no es en realidad una consecuencia de lo anteriormente dicho, sino más propiamente un requisito de acceso al curso de especialización,

en los términos del artículo 13 del Real Decreto 904/2022, de 25 de octubre, por lo que debería eludirse el empleo de la anterior locución adverbial.

c) También se aprecia la falta de una coma en la segunda línea del párrafo noveno del preámbulo, tras el sustantivo ?bases?.

d) En artículo 5.2, para evitar la reiteración de ?semanal [?] semanales? y ?establecidas [?] establecido? en tan corto espacio, sugerimos redactar: ?La duración y distribución horaria ordinaria de los módulos profesionales del curso de especialización se establecen en el

anexo I, donde se contempla un número de horas semanales en función de una duración alternativa de dos o de tres trimestres?.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha es de dictamen:

Que tenidas en cuenta las observaciones formuladas en el presente dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Gobierno, para

su aprobación, el proyecto de decreto por el que se establece el currículo del Curso de especialización de Grado Superior

de Formación Profesional en Robótica Colaborativa en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sin que ninguna de las consideraciones

efectuadas revista carácter esencial.

* Ponente: josé miguel mendiola garcía