Resolución No Vinculante de Dirección General de Tributos, 0010-11 de 14 de Abril de 2011

TIEMPO DE LECTURA:

  • Órgano: SG de Tributos Locales
  • Fecha: 14 de Abril de 2011
  • Núm. Resolución: 0010-11

Normativa

TRLRHL RD Leg. 2/2004. Artículo 63.

Cuestión

Si la entidad está sujeta o no al IBI y, en todo caso, quién es el sujeto pasivo del mismo.

Descripción

La entidad consultante era propietaria de cuatro fincas, que en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de junio de 1987, modificado en octubre de 1997, fueron calificadas como "suelo urbano zona verde pública", quedando, según ella, expropiadas "ope legis" desde ese momento y pasando a formar parte del dominio público.

A instancia de la entidad se inició un expediente de expropiación, cuyo justiprecio fue fijado en noviembre de 2010. A fecha de hoy la entidad no ha recibido el justiprecio acordado por el Jurado Provincial de Expropiación, ni tampoco ha otorgado escritura de transmisión de la propiedad al Ayuntamiento.

Por imperativo del Ayuntamiento, se ha visto obligada a continuar con el pago anual de las cuotas devengadas por el IBI.

Entiende que la expropiación se produce en el momento de la aprobación del PGOU en octubre de 1997, por lo que desde ese momento, al tratarse de bienes de dominio público afectos al uso público, no quedarían sujetos al IBI.

Contestación

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) se regula en los artículos 60 a 77 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El artículo 61 del TRLRHL dispone, en su apartado 1, que constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:

a)De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.

b)De un derecho real de superficie.

c)De un derecho real de usufructo.

d)Del derecho de propiedad.

El apartado 5 del mismo artículo 61 regula los supuestos de no sujeción al IBI, estableciendo:

"5. No están sujetos al impuesto:

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados:

Los de dominio público afectos a uso público.

Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el ayuntamiento excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.

Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante contraprestación."

El artículo 63 del TRLRHL establece que "son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto."

El artículo 75 del TRLRHL dispone que el impuesto se devenga el primer día del período impositivo, y que éste coincide con el año natural.

La Ley, de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, establece, en sus artículos 9 y 15, que para proceder a la expropiación forzosa será indispensable la previa declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado. Una vez declarada la utilidad pública o el interés social, la Administración resolverá sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes.

El artículo 21 de la Ley de Expropiación Forzosa, dispone que el acuerdo de necesidad de ocupación inicia el expediente expropiatorio, dicho acuerdo se publicará y se notificará individualmente a los interesados.

El artículo 25 establece que, una vez firme el acuerdo por el que se declara la necesidad de ocupación de bienes o adquisición de derechos, se procederá a determinar su justo precio.

Los artículos 26 a 50 de la Ley de Expropiación Forzosa regulan el procedimiento para la determinación y pago del justiprecio. En caso de que la Administración expropiante y el propietario del bien expropiado no alcancen un acuerdo en la valoración del bien, el justiprecio será determinado por el Jurado Provincial de Expropiación.

El artículo 51 de la misma ley establece que una vez hecho efectivo el justo precio, o consignado el mismo, podrá ocuparse la finca por vía administrativa.

A continuación, el artículo 53 dispone que el acta de ocupación, que se extenderá a continuación del pago, acompañada de los justificantes del mismo, será título bastante para que en el Registro de la Propiedad se inscriba o tome razón de la transmisión del dominio y se verifique, en su caso, la cancelación de las cargas, gravámenes y derechos reales de toda clase a que estuviere afectada la cosa expropiada.

El artículo 85 de la Ley de Expropiación Forzosa establece que:

"Las expropiaciones que se lleven a cabo por razón de urbanismo y las que en cualquier caso realicen las Entidades locales, se ajustarán a lo expresamente dispuesto en la Ley de Régimen Local y demás aplicables, y en lo no previsto en ellas, al contenido de la presente, con las modificaciones siguientes:

1ª Para la determinación del justo precio se seguirán las reglas y el procedimiento establecidos en el Capítulo III del Título II de esta Ley.

2ª En el Jurado Provincial de Expropiación, el funcionario técnico a que se refiere el apartado b) del artículo 32 será designado por la Corporación local interesada.

3ª Las facultades atribuidas en esta Ley a la Administración o autoridades gubernativas que en ella se mencionan, corresponderán íntegramente, en los asuntos de las Corporaciones locales, a éstas o a los Organismos especiales que en los mismos intervienen y sin limitación de la autonomía que se les concede en las disposiciones vigentes."

Por su parte, el actual artículo 29 del texto refundido de la Ley del Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, al igual que el artículo 132 del texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/992, de 26 de junio, que era la normativa vigente en materia de suelo cuando se aprobó el Plan de Ordenación Urbana del Ayuntamiento que es objeto de la consulta, establecen que la aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística que determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes.

De acuerdo con lo anterior, la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento por el que se calificaron las fincas de la consultante como "suelo urbano zona verde pública", conllevó la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes que iban a ser objeto de expropiación.

Con posterioridad a estas dos fases del procedimiento expropiatorio, se debe proceder a la determinación del justiprecio de los bienes objeto de la expropiación, al pago del mismo y, por último, a la extensión del acta de ocupación que es el documento que formaliza la transmisión de la propiedad de los bienes inmuebles expropiados y es título habilitante para la inscripción en el Registro de la Propiedad de dicha transmisión del dominio.

Hasta tanto no se dicte el acta de ocupación de los bienes inmuebles expropiados no se produce la transmisión de la propiedad desde la persona o entidad expropiada a la persona o entidad beneficiaria de la expropiación.

En el caso objeto de la consulta, y de los datos aportados, no parece que haya tenido lugar el acta de ocupación de los bienes inmuebles, por lo que la propiedad de los mismos la sigue ostentado la entidad consultante.

Por tanto, la entidad consultante, como titular del derecho de propiedad sobre los bienes inmuebles urbanos, tiene la condición de sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, sin que resulte de aplicación el supuesto de no sujeción regulado en el artículo 61.5 del TRLRHL, ya que los bienes inmuebles no son todavía de domino público, al no ser de titularidad de una Administración pública.

A estos efectos, el artículo 5 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, establece en su apartado 1 que:

"1. Son bienes y derechos de dominio público los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales."

Lo que comunico a Vd. con los efectos previstos en el apartado 2 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin que esta contestación tenga efectos vinculantes, por plantearse en el escrito de consulta cuestiones relacionadas con el objeto o tramitación de un procedimiento, recurso o reclamación iniciado con anterioridad.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Plan general de ordenación urbana
Justiprecio
Indemnización por expropiación forzosa
Bienes inmuebles
Uso público
Expediente expropiatorio
Transmisión de la propiedad
Zona verde
Suelo urbano
Interés social
Declaración de utilidad pública
Ope legis
Derecho de propiedad
Actas de ocupación
Bienes de dominio público
Impuestos locales
Hecho imponible del impuesto
Concesiones administrativas
Derecho de usufructo
Derecho de superficie
Dominio público marítimo terrestre
Bienes patrimoniales
Contraprestación
Corporaciones locales
Período impositivo
Utilidad pública
Transmisión del dominio
Dueño
Expropiante
Registro de la Propiedad
Derechos reales
Objeto de la expropiación forzosa
Suelo y ordenación urbana
Ordenación del territorio
Procedimiento expropiatorio
Inscripción en Registro de la Propiedad
Beneficiario de la expropiación
Patrimonio de las Administraciones Públicas

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

RDLeg. 2/2004 de 5 de Mar (TR. de la ley reguladora de las haciendas locales) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 59 Fecha de Publicación: 09/03/2004 Fecha de entrada en vigor: 10/03/2004 Órgano Emisor: Ministerio De Hacienda

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