Resolución No Vinculante de Dirección General de Tributos, 0206-01 de 06 de Febrero de 2001

TIEMPO DE LECTURA:

  • Órgano: SG de Tributos
  • Fecha: 06 de Febrero de 2001
  • Núm. Resolución: 0206-01

Normativa

Ley 37/1992 arts 20-Uno-9º, 78, 92, 94 , Ley 40/1998 art 26, Ley 43/1995 art 10

Cuestión

1ª. A efectos de practicar las correspondientes liquidaciones del IRPF y del IVA ¿Puede suprimirse todo lo percibido de la Administración por las citadas subvenciones?
2ª. A efectos de cuantificación de ingresos/gastos en función de alumnos matriculados y/o aprobados, pueden excluirse de la relación a los provenientes del aludido Plan?

Descripción

Por Real Decreto 631/93, de 3 de mayo, se publicó el "Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional", que alcanzó en su aplicación al sector de la Enseñanza de la Conducción (Autoescuelas). En virtud del mismo, las escuelas de conductores de vehículos (autoescuelas), además de impartir las enseñanzas necesarias para la obtención de los permisos de conducción de los vehículos de motor, actúan como centros colaboradores del Instituto Nacional de Empleo, impartiendo cursos de formación profesional ocupacional. La Administración entrega unas subvenciones para gastos derivados de tal enseñanza.

Contestación


En primer lugar, en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, deben hacerse las siguientes precisiones:

1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, apartado uno, número 9º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, están exentas de dicho impuesto las prestaciones de servicios relativas a "la educación de la infancia y de la juventud, la guarda y custodia de niños, la enseñanza escolar, universitaria y de postgraduados, la enseñanza de idiomas y la formación y reciclaje profesional, realizadas por Entidades de derecho público o entidades privadas autorizadas para el ejercicio de dichas actividades".

En relación con lo previsto en el citado precepto legal, el artículo 7 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, establece que tendrán la consideración de entidades privadas autorizadas aquellos centros educativos cuya actividad esté reconocida o autorizada por el Estado, las Comunidades Autónomas u otros Entes competentes en la materia.

2.- El apartado 1 del artículo 30 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, establece lo siguiente:

"1. La formación profesional comprenderá el conjunto de las enseñanzas que, dentro del sistema educativo y reguladas en esta Ley, capaciten para el desempeño cualificado de las distintas profesiones. Incluirá también aquellas otras acciones que, dirigidas a la formación continua en las empresas y a la inserción y reinserción laboral de los trabajadores, se desarrollen en la formación profesional ocupacional que se regulará por su normativa específica. Las Administraciones públicas garantizarán la coordinación de ambas ofertas de formación profesional".

3.- El Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, regula el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, comprensivo, según el artículo 1º del Real Decreto, del conjunto de acciones de formación profesional ocupacional dirigidas a los trabajadores desempleados, para proporcionarles las cualificaciones requeridas por el sistema productivo e insertarles laboralmente, cuando los mismos carezcan de formación profesional específica o su cualificación resulte insuficiente o inadecuada.

El Artículo 8 del citado Real Decreto 631/93 establece lo siguiente:

"1. La gestión de las acciones del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional corresponderá al Instituto Nacional de Empleo o a las Comunidades Autónomas que hayan asumido el traspaso de la gestión del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional.

2. Podrán colaborar en la impartición de dichas acciones de formación profesional ocupacional:

Los centros colaboradores, para impartir aquellas especialidades formativas homologadas.

b) Las organizaciones empresariales o sindicales, los organismos paritarios de formación de
ámbito sectorial estatal, y las organizaciones representativas de la economía social, previa suscripción de un contrato-programa de carácter trienal, siempre que las acciones se desarrollen a través de sus propios centros colaboradores, autorizados conforme a lo establecido en el artículo 9.

c) Las entidades públicas o privadas de formación o las empresas con las que se haya suscrito convenio de colaboración, siempre que las acciones se desarrollen a través de sus propios centros colaboradores, autorizados conforme a lo establecido en el artículo 9."

En los artículos 9, 10, 11, 12 y 13 del mismo Real Decreto 631/93, se establecen los requisitos mínimos que deben reunir los centros colaboradores, se regula la autorización de su funcionamiento por la Administración y la revocación de tal autorización, y las cantidades a percibir por los centros por la impartición de cursos.

El artículo 18 del Real Decreto 631/93 dispone que "el Gobierno establecerá los itinerarios formativos y los conocimientos mínimos en cada especialidad que conduzcan al certificado de profesionalidad que, con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, será expedido por las Administraciones laborales competentes para gestionar las acciones del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, a los alumnos que hayan superado las evaluaciones correspondientes al respectivo nivel profesional".

El mismo artículo 18 establece que "el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social elaborará un Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad, en coordinación con el Catálogo de Títulos Profesionales del Ministerio de Educación y Ciencia, a efectos de establecer el sistema de correspondencias y convalidaciones entre las enseñanzas de formación profesional reglada y los conocimientos adquiridos en la formación profesional ocupacional y en la experiencia laboral.

4.- El Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, establece las directrices sobre los certificados de profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de la formación profesional ocupacional.

El artículo 1 del Real Decreto 797/95 dispone que el certificado de profesionalidad correspondiente a cada ocupación se regulará por Real Decreto, con validez en todo el territorio nacional y carácter oficial, definiendo las competencias profesionales características de cada ocupación y los contenidos mínimos de formación asociados a las mismas, siendo su finalidad acreditar las competencias profesionales adquiridas mediante acciones de formación profesional ocupacional, programas de escuelas taller y casas de oficios, acciones de formación continua, o experiencia laboral.

El artículo 3 del Real Decreto 797/95 dispone que "la Administración laboral o la que resulte competente en cada Comunidad Autónoma para gestionar la oferta formativa del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, adecuará la impartición de la misma a los contenidos mínimos establecidos en el Real Decreto que regule el certificado de profesionalidad de la correspondiente ocupación."

5.- De todo lo anteriormente expuesto se deduce que la formación profesional ocupacional forma parte del sistema educativo, y que los centros colaboradores a que se refiere el artículo 8 del Real Decreto 631/1993, que imparten cursos relativos a especialidades formativas homologadas en el marco del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, deben considerarse entidades privadas autorizadas a efectos de lo dispuesto en el artículo 20.uno.9º de la Ley 37/1992 y en el artículo 7 de su Reglamento.

6.- La letra c) del tercer párrafo del número 9º del apartado uno del artículo 20 de la Ley 37/1992, establece que la exención prevista para los servicios de educación y enseñanza en los dos primeros párrafos del mismo número 9º no será aplicable a las operaciones "efectuadas por escuelas de conductores de vehículos".

Una parte del contenido de los módulos formativos relativos a determinados certificados de profesionalidad (por ejemplo, y según la regulación vigente, el certificado de profesionalidad de la ocupación de conductor de camión pesado, aprobado por Real Decreto 2001/1996, de 6 de septiembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 2 de octubre, o el certificado de profesionalidad de la ocupación de conductor de autobús, aprobado por Real Decreto 1998/1996, también de 6 de septiembre y publicado en la misma fecha que el anterior), coincide objetivamente con las enseñanzas que imparten las escuelas de conductores a que se refieren el artículo 275 del Código de la Circulación, aprobado por Decreto de 25 de septiembre de 1934, los artículos 5 y 60 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y el Real Decreto 1753/1984, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de las Escuelas Particulares de Conductores de Vehículos a Motor, enseñanzas estas últimas que es necesario cursar para poder presentarse a las pruebas de aptitud para la obtención de los permisos o licencias administrativas para la conducción de vehículos a motor.

R> No obstante, como ya se ha señalado, dicha coincidencia es únicamente parcial, dado que el contenido de los cursos relativos a los citados certificados de profesionalidad está constituido por el conjunto integrado de conocimientos necesarios para el desempeño de una determinada profesión (por ejemplo, conductor de camión pesado o conductor de autobús), lo que confiere a dichos cursos, además de una mayor amplitud en sus contenidos, una naturaleza propia y distinta de la que tienen las enseñanzas que imparten las referidas escuelas de conductores.

Por consiguiente, no resulta aplicable lo dispuesto en la citada letra c) del tercer párrafo del número 9º del apartado uno del artículo 20 de la Ley 37/1992, a los cursos de formación profesional a que se refiere el escrito de consulta, que son impartidos en el marco del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional por empresas que actúan en la impartición de tales cursos en condición de centros colaboradores del Instituto Nacional de Empleo.

7.- El artículo 78, apartados uno y dos, de la Ley 37/1992, establece lo siguiente:

"Uno. La base imponible del Impuesto estará constituida por el importe total de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo procedente del destinatario o de terceras personas.

Dos. En particular, se incluyen en el concepto de contraprestación:

1º. Los gastos de comisiones, portes y transporte, seguros, primas por prestaciones anticipadas y cualquier otro crédito efectivo a favor de quien realice la entrega o preste el servicio, derivado de la prestación principal o de las accesorias a la misma.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no se incluirán en la contraprestación los intereses por el aplazamiento en el pago del precio en la parte en que dicho aplazamiento corresponda a un período posterior a la entrega de los bienes o la prestación de los servicios.

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior sólo tendrán la consideración de intereses las retribuciones de las operaciones financieras de aplazamiento o demora en el pago del precio, exentas del impuesto en virtud de lo dispuesto en el artículo 20, apartado uno, número 18º, letra c), de esta Ley que se haga constar separadamente en la factura emitida por el sujeto pasivo.

En ningún caso se considerará interés la parte de la contraprestación que exceda del usualmente aplicado en el mercado para similares operaciones.

2º.- ……

3º. Las subvenciones vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al Impuesto.

Se considerarán vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al Impuesto las subvenciones establecidas en función del número de unidades entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando se determinen con anterioridad a la realización de la operación.

4º. Los tributos y gravámenes de cualquier clase que recaigan sobre las mismas operaciones gravadas, excepto el propio Impuesto sobre el Valor Añadido.

Lo dispuesto en este número comprenderá los Impuestos Especiales que se exijan en relación con los bienes que sean objeto de las operaciones gravadas, con excepción del Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte.

5º. Las percepciones retenidas con arreglo a derecho por el obligado a efectuar la prestación en los casos de resolución de las operaciones sujetas al Impuesto.

6º. El importe de los envases y embalajes, incluso los susceptibles de devolución, cargado a los destinatarios de la operación, cualquiera que sea el concepto por el que dicho importe se perciba.

7º. El importe de las deudas asumidas por el destinatario de las operaciones sujetas como contraprestación total o parcial de las mismas".

8.- El derecho a deducir en el Impuesto sobre el Valor Añadido está esencialmente regulado en
el Capítulo I del Título VIII de la Ley 37/1992.

En relación con las cuestiones expresamente planteadas en el escrito de consulta, cabe resaltar lo siguiente de entre lo dispuesto en el citado Capítulo I del Título VIII de la Ley 37/1992:

a) Según lo previsto en los artículos 92 y 94 de la Ley 37/1992, los empresarios o profesionales sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido podrán deducir, de las cuotas de dicho Impuesto devengadas por las operaciones gravadas que realicen, las cuotas del referido Impuesto que hayan soportado con ocasión de la adquisición de bienes o servicios, en la medida en que tales bienes y servicios sean utilizados por los mismos en la realización de las siguientes operaciones que originan el derecho a deducir:

"1º. Las efectuadas en el ámbito espacial de aplicación del Impuesto que se indican a continuación:

a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido.

b) Las prestaciones de servicios cuyo valor esté incluido en la base imponible de las importaciones de bienes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 83 de esta Ley.

c) Las operaciones exentas en virtud de lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24 y 25 de esta Ley, así como las demás exportaciones definitivas de bienes fuera de la Comunidad que no se destinen a la realización de las operaciones a que se refiere el número 2º de este apartado.

d) Los servicios prestados por agencias de viajes que estén exentos del Impuesto en virtud de lo establecido en el artículo 143 de esta Ley.

2º. Las operaciones realizadas fuera del territorio de aplicación del Impuesto que originarían el derecho a la deducción si se hubieran efectuado en el interior del mismo.

3º. Las operaciones de seguro, reaseguro, capitalización y servicios relativos a las mismas, así como las bancarias o financieras, que estarían exentas si se hubiesen realizado en el territorio de aplicación del Impuesto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20, apartado uno, números 16º y 18º de esta Ley, siempre que el destinatario de tales prestaciones esté establecido fuera de la Comunidad o que las citadas operaciones estén directamente relacionadas con exportaciones fuera de la Comunidad y se efectúen a partir del momento en que los bienes se expidan con tal destino, cualquiera que sea el momento en que dichas operaciones se hubiesen concertado.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas o entidades que no tengan la condición de empresarios o profesionales se considerarán no establecidas en la Comunidad cuando no esté situado en dicho territorio ningún lugar de residencia habitual o secundaria, ni el centro de sus
intereses económicos, ni presten con habitualidad en el mencionado territorio servicios en régimen de dependencia derivados de relaciones laborales o administrativas".

b) Los artículos 101 y siguientes contienen las reglas a aplicar para determinar el importe de las cuotas a deducir por aquellos empresarios o profesionales que en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional realizan tanto operaciones que les originan el derecho a deducir de las enumeradas en el artículo 94 como operaciones que no les originan el referido derecho, operaciones estas últimas entre las que se encuentran, salvo las excepciones contenidas en dicho artículo 94, las operaciones exentas por aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 de la propia Ley.

Como consecuencia de todo lo anterior, esta Dirección General de Tributos considera ajustada a derecho la siguiente contestación a la consulta planteada:

1.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 20, apartado uno, número 9º, de la Ley 37/1992, están exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido, los cursos de formación profesional impartidos en el marco de los programas de formación profesional del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional por las empresas a que se refiere el escrito de consulta, que actúan en la impartición de tales cursos como centros colaboradores del Instituto Nacional de Empleo.

No resulta aplicable a dichos cursos el supuesto de exclusión de la referida exención contenido en la letra c) del tercer párrafo del número 9º del apartado uno del artículo 20 de la Ley 37/1992, dado que el contenido de los mismos está constituido por un conjunto integrado de conocimientos necesarios para el desempeño de una determinada profesión, lo que confiere a dichos cursos, además de una mayor amplitud en sus contenidos, una naturaleza propia y distinta de la que tienen las enseñanzas que imparten las mismas empresas en otros casos en los que actúan en su condición de escuelas de conductores de vehículos (autoescuelas).

2.- En virtud de lo dispuesto en la letra c) del tercer párrafo del número 9º del apartado uno del artículo 20 de la Ley 37/1992, no resulta aplicable la exención prevista en dicho número a los servicios prestados por las empresas a que se refiere el escrito de consulta cuando actúen en su condición de escuelas de conductores de vehículos (autoescuelas).

3.- Según se desprende del escrito, las empresas a que el mismo se refiere realizarían tanto operaciones que les originan el derecho a deducir en el Impuesto sobre el Valor Añadido (prestaciones de servicios sujetas y no exentas del Impuesto, efectuadas en el desarrollo de su actividad de escuelas de conductores de vehículos (autoescuelas), como operaciones que no les originan el referido derecho (impartición de cursos de formación profesional en el marco del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, en su condición de centros colaboradores del Instituto Nacional de Empleo), servicios que estarían exentos del Impuesto por aplicación de lo dispuesto en el artículo 20.uno.9º de la Ley 37/1992), por lo que las citadas empresas deberán aplicar lo dispuesto en los artículos 101 y siguientes de la Ley 37/1992 para determinar en qué medida resultan deducibles las cuotas soportadas por dichas empresas con ocasión de la adquisición de los bienes y servicios utilizados por las mismas en la realización de las citadas operaciones.

En particular, los importes percibidos por las referidas empresas por la impartición de los citados cursos de formación profesional, según lo dispuesto en el Real Decreto 631/93, deberán computarse únicamente en el denominador de la fracción a que se refiere el artículo 104 de la Ley 37/1992, a efectos de calcular el porcentaje de deducción a que dicho artículo se refiere, dado que tales importes forman parte de la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a los referidos servicios de impartición de cursos de formación profesional, exentos del Impuesto y que no originan el derecho a deducir en dicho Impuesto.

En segundo lugar, en cuanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, debe señalarse lo siguiente:

El artículo 26 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, establece que el rendimiento neto de las actividades económicas se determinará según las normas del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en este artículo, en el artículo 28 de esta Ley para la estimación directa, y en el artículo 29 de esta Ley para la estimación objetiva".

Por su parte, el apartado 3 del artículo 10 de la ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades establece que "en el régimen de estimación directa la base imponible se calculará corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en la presente Ley, el resultado contable establecido de acuerdo con las normas previstas en el Código de comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas".

Precisamente, una de estas normas de desarrollo se contiene en el Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, que contempla la clasificación tradicional de las subvenciones en dos categorías:

Por un lado, las subvenciones de capital, que son aquellas concedidas "para el establecimiento o estructura fija de la empresa, cuando no sean reintegrables".

Por otro, las subvenciones de explotación, que constituyen ingresos del ejercicio y que tienen por objeto "por lo general, asegurar una rentabilidad mínima o compensar déficites de explotación".

A la vista de lo anterior, debe señalarse que las subvenciones percibidas por las autoescuelas para subvenir a los gastos derivados de la enseñanza integrada en el citado "Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional" tendrán la consideración de subvenciones de explotación, constituyendo por tanto un ingreso más a imputar en la base imponible del ejercicio.

Lo que comunico a Vd. con el alcance y efectos previstos en el apartado 2 del artículo 107 de la Ley General Tributaria.

Formación profesional
Certificados de profesionalidad
Impuesto sobre el Valor Añadido
Autoescuelas
Contraprestación
Prestación de servicios
Formación continua
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Enseñanza de idiomas
Guarda y custodia
Convenio de colaboración
Trabajador en situación de desempleo
Traspaso
Nivel de cualificación profesional
Acreditación de competencias profesionales
Competencias profesionales
Comisiones
Licencias administrativas
Circulación de vehículos
Operaciones financieras
Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte
Impuestos especiales
Residencia habitual
Reaseguro
Importaciones de bienes
Entrega de bienes
Operaciones de seguro reaseguro capitalización
Actividades empresariales
Sujeto pasivo de IVA
Estimación directa
Impuesto sobre sociedades
Porcentaje de deducción
Estimación objetiva
Rendimientos netos de actividades económicas
Rentabilidad

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 1624/1992 de 29 de Dic (Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido -IVA-) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 314 Fecha de Publicación: 31/12/1992 Fecha de entrada en vigor: 01/01/1993 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

Ley 40/1998 de 9 de Dic (IRPF y otras Normas Tributarias) DEROGADO PARCIALMENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 295 Fecha de Publicación: 10/12/1998 Fecha de entrada en vigor: 01/01/1999 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

RDLeg. 339/1990 de 2 de Mar (Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 63 Fecha de Publicación: 14/03/1990 Fecha de entrada en vigor: 03/04/1990 Órgano Emisor: Ministerio Del Interior

Documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
  • Cualificación profesional de los certificados de profesionalidad

    Orden: Laboral Fecha última revisión: 12/02/2015

    La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional define la cualificación profesional como el conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo que pueden ser adquiridas mediante fo...

  • Particularidades

    Orden: Contable Fecha última revisión: 12/01/2017

    Particularidades en el registro del IVA: Regla de la prorrata, Autoconsumo, Operaciones con contraprestación no dineraria, Operaciones a precio único, Arrendamiento financiero  1- Regla de la Prorrata.Aplicaremos la regla de la prorrata cuando el...

  • Impuesto sobre el Valor Añadido GIPUZKOA (IVA)

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 11/07/2016

    El Impuesto sobre el Valor Añadido en Gipuzkoa (IVA Gipuzkoa) se encuentra regulado en el DECRETO FORAL 102/1992, de 29 de diciembre. Se trata de un impuesto de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y grava las entregas de bienes y prestac...

  • Los certificados profesionales

    Orden: Laboral Fecha última revisión: 02/11/2016

    Los certificados de profesionalidad son el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la administración laboral (Real Decreto 34/2008, de 18 de e...

  • Prácticas profesionales y becas

    Orden: Laboral Fecha última revisión: 17/11/2016

    Las prácticas se dividen en dos bloques diferenciados: Prácticas no laborales -sin contrato ni salario, a pesar de la posible existencia de becas o ayudas- y Prácticas laborales - existe contrato laboral siguiendo unas condiciones especiales en re...

Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados

Libros Relacionados