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Resolución No Vinculante de Dirección General de Tributos, 1474-04 de 21 de Julio de 2004
Resolución
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Órgano: SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas
Fecha: 21/07/2004
Num. Resolución: 1474-04
Normativa
Cuestión
Existencia de uno o más pagadores, a los efectos de determinar la obligación de declarar por los rendimientos del trabajo satisfechos en 2003 por el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma.Descripción
Con fecha 1 de enero de 2003, la consultante -integrante del personal al servicio de la Administración de Justicia- fue transferida a la Comunidad de Madrid al haberse traspasado a esta última (RD 1429/2002) las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de provisión de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia.Contestación
En relación con el período impositivo al que se refiere la consulta (2003), la regulación de la obligación de declarar se recoge en el artículoPor tanto, en el presente caso el asunto planteado se concreta en determinar la existencia de uno o más pagadores en relación con los rendimientos percibidos por la consultante por su trabajo en el Ministerio de Justicia y en la Comunidad Autónoma. Para ello se hace preciso acudir a la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas reguladora de las retenciones.
Tanto la
Tal obligación se establece en relación con las propias personas jurídicas o entidades y no con respecto a los empleados, unidades administrativas... que pudieran gestionar los pagos que aquéllas realizan.
Para determinar -en el ámbito de las Administraciones Públicas- cuándo interviene un solo pagador o varios pagadores, se hace necesario acudir a la personalidad jurídica del órgano o entidad pagadora. Ello comporta distinguir entre:
La Administración General del Estado.
Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
Las Entidades que integran la Administración Local.
Las entidades, entes u organismos con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de las anteriores.
Conforme a lo expuesto, en el supuesto analizado nos encontraríamos en principio con dos pagadores: la Administración General del Estado (concretamente el Ministerio de Justicia) y la Comunidad Autónoma de Madrid, pues aunque el
"1. Los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado, de su Administración Institucional y de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, en su caso, adscritos a funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma, pasarán a depender de ésta con las siguientes particularidades:
A) (…).
D) De acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria tercera del Estatuto de Autonomía, a dichos funcionarios les serán respetados los derechos de cualquier naturaleza que les correspondan en el momento del traspaso, incluso el de participar en los concursos de traslados que convoque el Estado, en igualdad de condiciones que los restantes miembros de su Cuerpo o Escala, pudiendo ejercer de esta manera su derecho permanente de opción.
E) Las dotaciones presupuestarias de los funcionarios a que se refieren los párrafos anteriores serán transferidas a la Comunidad Autónoma y se darán de baja en los Presupuestos Generales del Estado.
2. A los funcionarios interinos, personal contratado en régimen de Derecho administrativo y personal laboral transferidos les serán respetados los derechos que les correspondan en el momento de la adscripción, y entre éstos, el de concurrir a turnos restringidos de acceso a la función pública. Las dotaciones presupuestarias correspondientes se darán de baja en los Presupuestos Generales del Estado. En tanto no se modifique la naturaleza jurídica de la prestación de servicios, se mantendrá el régimen de Seguridad Social que les fuera aplicable en el momento de la adscripción, con cargo a la Comunidad Autónoma".
Visto lo anterior, el hecho de que el traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma conlleve el del personal adscrito y su correspondiente dotación presupuestaria nos lleva a concluir que, a efectos del IRPF, la Comunidad Autónoma receptora mantiene la condición de mismo pagador respecto al personal transferido.
En conclusión: a efectos de la determinación de la obligación de declarar por el período impositivo 2003, no procede considerar, como consecuencia de la transferencia analizada de funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Madrid, la existencia de más de un pagador de rendimientos del trabajo.
Lo que comunico a Vd. con los efectos previstos en el apartado 2 del artículo 107 de la