Resolución No Vinculante de Dirección General de Tributos, 1707-99 de 30 de Septiembre de 1999

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Órgano: SG de Tributos

Fecha: 30/09/1999

Num. Resolución: 1707-99

Normativa

Arts. 40, 41, 42 Ley 30/1994; Arts. 133, 134, 135 Ley 43/1995

Cuestión

Régimen fiscal aplicable a los beneficios obtenidos en el arrendamiento de sus instalaciones.

Descripción

Asociación patronal que arrienda sus instalaciones para actividades formativas.

Contestación

El régimen fiscal especial previsto en el Capítulo primero del Título II de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, viene referido, de acuerdo con los artículos 40 y 41 de dicha Ley, a las Fundaciones inscritas en el Registro correspondiente y a las Asociaciones declaradas de utilidad pública que cumplan los requisitos establecidos en el citado Título II de la Ley 30/1994.
La declaración de utilidad pública de las Asociaciones está sujeta al cumplimiento de los requisitos expresados en el artículo 4 de la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, reguladora de las Asociaciones, que ha sido objeto de nueva redacción por al disposición adicional decimotercera de la citada Ley 30/1994. El procedimiento para la declaración de utilidad pública se encuentra regulado en el Real Decreto 1786/1996, de 19 de julio, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública.
En consecuencia, el régimen fiscal especial previsto en el Título II de la Ley 30/1994, que en relación con el Impuesto sobre Sociedades se plasma en los artículos 48 a 57 de dicha Ley, sólo podrá ser aplicado a la Entidad consultante si esta es una Asociación declarada de utilidad pública y cumple todos los requisitos establecidos en el referido Título II y no sólo los recogidos en el artículo 42.1.a).
En otro caso, es decir si la Entidad consultante no es una Asociación declarada de utilidad pública, o bien siéndolo no cumple todos los requisitos establecidos en el Título II de la Ley 30/1994, puede ser de aplicación el régimen de las entidades parcialmente exentas regulado en el Capítulo XV de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (artículos 133 a 135).
El artículo 133, bajo el título "ámbito de aplicación" señala:
"El presente régimen se aplicará a las siguientes entidades:
"a) Las fundaciones, establecimientos, instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro que no reúnan los requisitos para disfrutar del régimen fiscal establecido en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General".
Dicha exención, que no requiere declaración expresa sino que su disfrute se produce cuando se reúnen los requisitos expresamente previstos, se extiende a las rentas enumeradas en el apartado 1 del artículo 134, esto es, a:
"a) Las que procedan de la realización de actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica.
b) Las derivadas de adquisiciones y de transmisiones a título lucrativo, siempre que unas y otras se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto social o finalidad específica.
c) Las que se pongan de manifiesto en la transmisión onerosa de bienes afectos a la realización del objeto social o finalidad específica cuando el total producto obtenido se destine a nuevas inversiones relacionadas con dicho objeto social o finalidad específica".
A tenor de lo dispuesto en el apartado 2 del mismo precepto:
"La exención... no alcanzará a los rendimientos derivados del ejercicio de explotaciones económicas, ni a los derivados del patrimonio, ni tampoco a los incrementos de patrimonio distintos de los señalados en el apartado anterior".
Finalmente el apartado 3 del citado artículo señala:
"Se considerarán rendimientos de una explotación económica todos aquellos que procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno sólo de estos factores, supongan por parte del sujeto pasivo la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.
Se considerará incrementos o disminuciones de patrimonio las variaciones en el valor del patrimonio del sujeto pasivo que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél".
Respecto a la obligación de presentar declaración, el apartado 3 del artículo 142 dispone:
"Los sujetos pasivos a que se refiere el capítulo XV del Título VIII de esta Ley estarán obligados a declarar respecto de las rentas no exentas, excepto que dichas rentas estuvieran sujetas a obligación de retener y fueran las únicas que obtengan".
En consecuencia, si la entidad consultante obtiene exclusivamente rentas exentas o rentas no exentas sujetas a retención, no estará obligada a presentar y suscribir declaración por este Impuesto, mientras que si obtiene rentas distintas de las anteriores deberá presentar declaración consignando en la misma dichas rentas.
De acuerdo con lo expuesto y atendiendo al supuesto de ingresos que se menciona en su escrito de consulta, puede señalarse que los ingresos derivados del arrendamiento de sus instalaciones si son susceptibles de considerarse rendimientos derivados de una explotación económica, de acuerdo con el concepto expuesto de ésta, o en otro caso pueden considerarse rentas derivadas del patrimonio de la Entidad. En definitiva, en este supuesto la determinación de la base imponible se llevará a cabo según lo previsto en el artículo 135 de la Ley del Impuesto que dispone lo siguiente:
"Artículo 135. Determinación de la base imponible.
1.- En el régimen de estimación directa la base imponible se determinará mediante la suma algebraica de los rendimientos netos, positivos o negativos, obtenidos en el ejercicio de una explotación económica, de los rendimientos procedentes de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la entidad y de los incrementos y disminuciones de patrimonio.
El importe de los rendimientos netos se determinará aplicando las normas previstas en el Título IV de esta Ley.
El importe de los incrementos y disminuciones de patrimonio se determinará de la siguiente manera:
a) En el supuesto de transmisión onerosa o lucrativa, la diferencia entre los valores de adquisición y transmisión de los elementos patrimoniales.
b) En los demás supuestos, el valor de adquisición de los elementos patrimoniales.
En los supuestos de transmisión o adquisición a título lucrativo se tomará el valor normal de mercado.
Lo previsto en el artículo 15.11 de esta Ley será de aplicación a los efectos de integrar los incrementos de patrimonio en la base imponible.
2. No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles:
a) Los gastos imputables, directa o indirectamente, a la obtención de rentas que procedan de la realización de actividades que constituyan el objeto social o finalidad específica.
b) Las cantidades que constituyan aplicación de las rentas y, en particular, lo excedentes que, procedentes de operaciones económicas se destinen al sostenimiento de actividades exentas.
c) El exceso de valor atribuido a las prestaciones de trabajo personal recibidas sobre el importe declarado a efectos de retenciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas".