Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/111/2006 de 19 de Abril de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 19 de Abril de 2007
  • Núm. Resolución: 00/111/2006

Resumen

La entidad instó el inicio de un procedimiento de rectificación de su autoliquidación para que se aplicara una deducción, por la que la Administración no debió en el curso de dicho procedimiento entrar a comprobar otros elementos del Impuesto sobre Sociedades y, en el caso de comprobarlos, debió dar trámite de audiencia. A efectos del plazo señalado para el abono de los intereses de demora en el artículo 145 de la LIS (Ley 43/1995), es procedente asimilar una autoliquidación presentada fuera de plazo a una solicitud de rectificación de una autoliquidación presentada igualmente fuera del plazo previsto para la presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades.

Descripción

           En la Villa de Madrid, a 19 de abril de 2007, en reclamaciones económico-administrativas, en segunda instancia, penden de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, promovidas por la entidad ... (N.I.F.: ...), y en su nombre y representación por D.ª ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 27 de junio de 2005 que desestima la reclamación nº ... interpuesta en relación al Impuesto sobre Sociedades del periodo 1999 y cuantía de 271.268,49 € y contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 27 de marzo de 2006 que estima la reclamación nº ... interpuesta en relación al Impuesto sobre Sociedades del periodo 1999 y cuantía de 628.061,72 €.

                                          ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 2 de enero de 2003 la entidad presentó ante la Unidad Regional de Gestión de Grandes Empresas de la Delegación Especial de ... de la AEAT un escrito solicitando devolución de ingresos indebidos en relación al Impuesto sobre Sociedades del periodo 1999 al considerar el interesado que procedía una deducción del artículo 29 bis de la Ley 43/1995 por importe de 628.071,62 € que no aplicó en la declaración del Impuesto sobre Sociedades del periodo 1999, originándose un ingreso indebido de 628.071,62 €. Además, solicita los intereses de demora desde el día 25 de enero de 2001 hasta la fecha en que se acuerde la devolución.

SEGUNDO.- En fecha 14 de abril de 2003 la entidad presentó ante la Unidad Regional de Gestión de Grandes Empresas de la Delegación Especial de ... de la AEAT recurso de reposición contra la desestimación presunta del citado escrito de fecha 2 de enero de 2003.

TERCERO.- En fecha 9 de junio de 2003 la entidad presentó reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... contra la desestimación presunta del citado recurso de reposición. En síntesis, el interesado fija la cuantía de la citada reclamación en 628.061,72 €, importe cuya devolución es solicitada por indebido.

CUARTO.- En fecha 16 de diciembre de 2003, el Inspector Regional Adjunto de la Delegación Especial de ... de la AEAT dictó acuerdo de estimación parcial de rectificación de autoliquidación señalando, en síntesis: "(...) Se desprende que el beneficio obtenido por la sociedad a través del establecimiento permanente lo fue de 298.573.365 ptas., por lo que procede aplicar en concepto de deducción por doble imposición de 104.500.678 ptas.

Sin embargo el sujeto pasivo no ha acreditado la procedencia de las deducciones practicadas en concepto de doble imposición internacional del art. 29 de la Ley 43/1995".

QUINTO
.- En fecha 19 de diciembre de 2003, el Director del Departamento de Recursos Humanos y Administración Económica dictó acto administrativo y ordenó el pago de 463.046,73 €, desglosado en un importe de 451.481,39 € que corresponde a la devolución propiamente dicha y un importe de 11.565,34 € que corresponde a los intereses de demora.

SEXTO.- En fecha 6 de febrero de 2004, la entidad presentó reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... contra dicho acuerdo de estimación parcial de rectificación de autoliquidación. En síntesis, el interesado solicita una devolución de 271.268,49 €, desglosado en un importe de 176.580,35 € que corresponde a la parte de devolución no estimada por el acto administrativo impugnado y un importe de 94.688,14 € que corresponde a los intereses de demora solicitados.

SEPTIMO.- En fecha 27 de junio de 2005, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... acordó desestimar la reclamación presentada en fecha 6 de febrero de 2004 contra el acuerdo de estimación parcial de rectificación de autoliquidación.

OCTAVO.- En fecha 27 de marzo de 2006, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... acordó estimar la reclamación presentada en fecha 9 de junio de 2003 contra la desestimación presunta del citado recurso de reposición, notificándose al interesado en fecha 23 de mayo de 2006.

NOVENO.- En fecha 26 de octubre de 2005, la entidad presentó recurso de alzada ante este Tribunal Central (RG 00111-2006) contra el acuerdo de desestimación del TEAR de ... de fecha 27 de junio de 2005, alegando, en síntesis: 1º) Se presentó una solicitud de devolución de ingresos indebidos. 2º) El TEAR de ... supone erróneamente que los 176.580,35 € consignados en la casilla 575 del modelo 200 se referían al Impuesto sobre Sociedades satisfecho en Portugal por el beneficio de la sucursal en dicho País. El TEAR desestima al considerar que se debe realizar una nueva solicitud de rectificación ante el órgano gestor. La entidad solicita la devolución de ingresos indebidos al amparo de la deducción del artículo 29 bis de la LIS, sin cuestionarse lo relativo a otras deducciones o retenciones y su acreditación, por lo que lógicamente no aporta documentación sobre las retenciones sobre las que existe discrepancia y no es hasta que el órgano gestor dicta Acuerdo cuando se conoce la discrepancia sobre este aspecto. El órgano gestor debería haber requerido la justificación documental del importe de 176.580,35 €. Sin embargo, se niega la procedencia de la deducción del artículo 29 de la LIS. 3º) El importe de 176.580,35 € se corresponde con retenciones soportadas en España en 1999 derivada de 2 cupones de 2 bonos. 4º) Se presentó una solicitud de devolución de ingresos indebidos porque era lo procedente. El TEAR equipara la solicitud con una segunda declaración. No puede aplicarse el artículo 145 de la Ley 43/1995 a dicha solicitud. Por tanto, el cálculo de intereses de demora debería haberse hecho desde el día 25 de enero de 2001 hasta el día 19 de diciembre de 2003. 5º) Se solicita la devolución 176.580,35 € que corresponde a retenciones efectivamente soportadas en el ejercicio 1999. 6º) Se solicita la devolución de dichos intereses de demora.

DECIMO.- En fecha 23 de junio de 2006, la entidad presentó recurso de alzada ante este Tribunal Central (RG 02412-2006) contra el acuerdo de estimación del TEAR de ... de fecha 27 de marzo de 2006, alegando, en síntesis: 1º) La estimación tiene difícil ejecución al tratarse de una reclamación contra una desestimación presunta. La resolución de estimación parcial está actualmente recurrida ante el TEAC. Por ello esta reclamación se interpone " ad cautelam" para no perjudicar al interesado. 2º) El cálculo de intereses de demora debería haberse hecho desde el día 25 de enero de 2001 hasta el día 19 de diciembre de 2003. 3º) Se solicita la devolución 176.580,35 €, que corresponde a retenciones efectivamente soportadas en el ejercicio 1999 más dichos intereses de demora. 4º) Se solicita la acumulación de los dos recursos de alzada presentados.

                                              FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO.- Concurre en el presente expediente el requisito de competencia de este Tribunal Económico-Administrativo Central, por razón de la materia y de la cuantía del acto impugnado, para conocer en segunda instancia de la presentes reclamaciones económico-administrativas, habiéndose interpuesto en forma y plazo hábil, por persona con capacidad y legitimación suficientes, siendo las cuestiones a resolver, en esencia, las siguientes: 1º) La naturaleza jurídica de la solicitud presentada por la entidad. 2º) Los efectos producidos por la estimación del TEAR de ... en fecha 27 de marzo de 2006. 3º) Si es procedente devolver a la entidad recurrente la cantidad de 176.580,35 € que corresponden a la devolución propiamente dicha. 4º) Si es procedente devolver a la entidad recurrente los intereses de demora devengados desde el día 25 de enero de 2001.

SEGUNDO.- Este Tribunal Central ha procedido a la acumulación de ambos recursos de alzada del recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 230 de la Ley 58/2003.

TERCERO.- El interesado alega que presentó una solicitud de devolución de ingresos indebidos.

La Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, por el cual se regula el procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria señala:
        
1. Cuando un obligado tributario considere que una declaración-liquidación o autoliquidación formulada por él ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, sin dar lugar a la realización de un ingreso indebido, podrá instar su rectificación del órgano competente de la Administración Tributaria.

        2. Esta solicitud podrá hacerse una vez presentada la correspondiente declaración-liquidación o autoliquidación, y antes de haber practicado la Administración la liquidación definitiva o, en su defecto, de haber prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. Cuando la Administración haya girado una liquidación provisional, el obligado tributario podrá aún instar la rectificación o confirmación de su declaración-liquidación o autoliquidación inicial, si la liquidación provisional ha sido practicada rectificando aquéllas por motivo distinto del que ahora origina la solicitud del obligado tributario.(...)

El artículo 110.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común señala: "El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter".

        La naturaleza jurídica del escrito presentado por la entidad es el de una "solicitud de rectificación de autoliquidación ", procedimiento regulado en el Real Decreto 1163/1990 por el que se regula el procedimiento para la devolución de ingresos indebidos, ya que la entidad solicitó que se tuviera en cuenta una deducción del artículo 29 bis de la Ley 43/1995 por importe de 628.071,62 € que no aplicó en la declaración del Impuesto sobre Sociedades del periodo 1999 y, como consecuencia de la comprobación de la Administración Tributaria, se acordó que la entidad tenía derecho a una mayor devolución en la declaración del Impuesto sobre Sociedades del periodo 1999 respecto de la que solicitó cuando presentó la citada declaración. Por tanto, la entidad no realizó ningún ingreso indebido cuando presentó la citada declaración sino que, como consecuencia de la rectificación administrativa acordada, resultó que la devolución derivada de la normativa del Impuesto sobre Sociedades era superior a la solicitada por la entidad y, precisamente la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 1163/1990 establece que la solicitud de rectificación de una autoliquidación está prevista cuando no exista un ingreso indebido al señalar que: Cuando un obligado tributario considere que una declaración-liquidación o autoliquidación formulada por él ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, sin dar lugar a la realización de un ingreso indebido, podrá instar su rectificación del órgano competente de la Administración Tributaria.

        En consecuencia, el escrito realizado por la entidad en fecha 2 de enero de 2003 tiene la naturaleza jurídica de una "solicitud de rectificación de autoliquidación".

CUARTO.- En el presente caso, en fecha 27 de junio de 2005 el TEAR de ... acordó desestimar la reclamación, presentada en fecha 6 de febrero de 2004 por la entidad, contra el acuerdo de estimación parcial de rectificación de autoliquidación dictado por el Inspector Regional Adjunto de la Delegación Especial de ... de la AEAT.

Por el contrario, en fecha 27 de marzo de 2006, el TEAR de ... acordó estimar la reclamación presentada en fecha 9 de junio de 2003 debido a la inexistencia del expediente de gestión en el expediente y, por tanto, se reconocía a la entidad el derecho a una devolución adicional de 29.380.498 pesetas (176.580,35 €), que es el importe consignado por la entidad en la declaración del Impuesto sobre Sociedades del periodo 1999 en concepto de "Deducción por doble imposición internacional: impuesto soportado por el sujeto pasivo del artículo 29 de la Ley 43/1995" y que no admitió la Administración Tributaria en el acuerdo de fecha 16 de diciembre de 2003 del Inspector Regional Adjunto de la Delegación Especial de ... de la AEAT.
        
QUINTO.- El interesado, en las alegaciones presentadas contra el acuerdo desestimatorio del TEAR de ... de 27 de junio de 2005, que confirmaba la estimación parcial de la solicitud de rectificación de autoliquidación, alega que procede la devolución al amparo de la deducción del artículo 29 bis de la LIS, sin cuestionarse lo relativo a otras deducciones o retenciones y su acreditación, por lo que lógicamente no aporta documentación sobre las retenciones sobre las que existe discrepancia y no es hasta que el órgano gestor dicta Acuerdo cuando se conoce la discrepancia sobre este aspecto.

Respecto a esta cuestión, es preciso previamente señalar que el Inspector Regional Adjunto de la Delegación Especial de ... de la AEAT sí reconoció plenamente la deducción solicitada por la entidad del artículo 29 bis de la Ley 43/1995 por importe de 104.500.678 pesetas (628.061,72 €), prevista para las entidades residentes que operan por medio de establecimiento permanente en el extranjero en las condiciones previstas en dicho precepto.

Por el contrario, dicho Inspector Regional no admitió la deducción practicada por la entidad en el Impuesto sobre Sociedades del periodo 1999 por importe de 29.380.498 pesetas (176.580,35 €), en concepto de "Deducción por doble imposición internacional: impuesto soportado por el sujeto pasivo del artículo 29 de la Ley 43/1995" debido a que, a juicio del Inspector Regional, el sujeto pasivo no acreditó dicha deducción.

El artículo 89 de la Ley 30/1992 señala: "1. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo.

        Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a 15 días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba.

        2. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.(...)".

En el presente caso, el interesado instó el inicio de un procedimiento de rectificación de su autoliquidación para que se aplicara la deducción prevista en el artículo 29 bis de la Ley 43/1995. La Administración Tributaria no debió en el curso de dicho procedimiento entrar a comprobar otros elementos del Impuesto sobre Sociedades no planteados por el interesado y, de entrar a comprobarlos, como ocurre en este caso, debió de dar trámite de alegaciones para que el interesado ejerciera su derecho de defensa. El Inspector Regional no concedió trámite de audiencia ni realizó ningún requerimiento a la entidad para que probara el importe consignado en concepto de "Deducción por doble imposición internacional: impuesto soportado por el sujeto pasivo del artículo 29 de la Ley 43/1995".

En consecuencia, a juicio de este Tribunal Central, no es conforme a derecho la desestimación parcial de la solicitud de rectificación de autoliquidación, siendo procedente la devolución adicional de 29.380.498 pesetas (176.580,35 €), que es el importe consignado por la entidad en la declaración del Impuesto sobre Sociedades del periodo 1999 y que no admitió la Administración Tributaria en el acuerdo de fecha 16 de diciembre de 2003 del Inspector Regional Adjunto de la Delegación Especial de ... de la AEAT.

Todo lo expuesto anteriormente sin perjuicio de que, el citado importe consignado por la entidad en la declaración del Impuesto sobre Sociedades del periodo 1999 pueda ser objeto de una posterior comprobación por parte de la Administración Tributaria.

A esta misma conclusión estimatoria llegó el TEAR de ... en la resolución correspondiente a la reclamación presentada frente a la desestimación presunta del recurso de reposición.

La entidad interpuso reclamación contra la estimación acordada por el TEAR de ... aduciendo el interesado que esta reclamación se interpone "ad cautelam" y porque la estimación tiene difícil ejecución. El interesado no pretende la modificación del contenido de la resolución objeto de reclamación ya que es estimatoria, simplemente presenta reclamación ante este Tribunal Central para asegurar la ejecución del acuerdo del TEAR de ... Dado que en esta reclamación no existe ninguna pretensión de modificación del acto objeto de recurso; sino únicamente una pretensión de aseguramiento de la ejecución de la resolución, no procede admitir la citada reclamación en virtud de lo dispuesto por los artículo 239.4 de la Ley 58/2003, General Tributaria.

SEXTO.- El interesado alega que el cálculo de intereses de demora debe hacerse desde el día 25 de enero de 2001 hasta el día 19 de diciembre de 2003.

El artículo 145 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre de 1995, del Impuesto sobre Sociedades señala: "1. Cuando la suma de las retenciones e ingresos a cuenta, de los pagos fraccionados y de las cuotas pagadas por las sociedades sometidas al régimen de transparencia fiscal sea superior al importe de la cuota resultante de la autoliquidación, la Administración tributaria procederá, en su caso, a practicar liquidación provisional dentro de los seis meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación de la declaración.

        Cuando la declaración hubiera sido presentada fuera de plazo, los seis meses a que se refiere el párrafo anterior se computarán desde la fecha de su presentación.

        2. Cuando la cuota resultante de la autoliquidación o, en su caso, de la liquidación provisional sea inferior a la suma de las cantidades efectivamente retenidas, ingresos a cuenta y pagos fraccionados, la Administración tributaria procederá a devolver de oficio el exceso sobre la citada cuota, sin perjuicio de la práctica de las ulteriores liquidaciones, provisionales o definitivas, que procedan.

        3. Si la liquidación provisional no se hubiera practicado en el plazo establecido en el apartado 1 anterior, la Administración tributaria procederá a devolver de oficio el exceso sobre la cuota resultante de la autoliquidación, sin perjuicio de la práctica de las liquidaciones provisionales o definitivas ulteriores que pudieran resultar procedentes.

        4. Transcurrido el plazo establecido en el apartado 1 de este artículo sin que se haya ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la Administración tributaria, se aplicará a la cantidad pendiente de devolución el interés de demora a que se refiere el artículo 58.2.c) de la Ley General Tributaria, desde el día siguiente al de la finalización de dicho plazo y hasta la fecha de ordenación de su pago, sin necesidad de que el sujeto pasivo así lo reclame.

        5. Reglamentariamente se determinará el procedimiento y la forma de pago para la realización de la devolución de oficio a que se refiere el presente artículo".

En el caso planteado aquí, la entidad presentó la declaración del Impuesto sobre Sociedades del periodo 1999 solicitando un importe a devolver de 1.079.661.673 pesetas (6.488.897,34 €), cuyo importe fue objeto de devolución.

En fecha 2 de enero de 2003, la entidad instó a la Administración Tributaria que se tuviera en cuenta una deducción del artículo 29 bis de la Ley 43/1995 por importe de 628.071,62 €, que no aplicó en la declaración del Impuesto sobre Sociedades del periodo 1999.

Como consecuencia de la comprobación administrativa, se acordó  una devolución adicional de 451.481,39 €. Además, se ordenó el pago por parte del Director del Departamento de Recursos Humanos y Administración Económica de un importe de 11.565,34 € que corresponde a los intereses de demora devengados desde el día siguiente a los 6 meses posteriores a la fecha de la presentación de la solicitud del interesado de fecha 2 de enero de 2003, es decir desde el 3 de julio de 2003 hasta el 19 de diciembre del 2003.

El periodo de cálculo de los citados intereses de demora es ajustado a Derecho en virtud de los argumentos que se exponen a continuación:

El día que la entidad presentó el citado escrito fue en fecha 2 de enero de 2003, en dicho día se inició un nuevo procedimiento tributario regulado en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 1163/1990. Como consecuencia de la comprobación de la Administración Tributaria, se acordó que la entidad tenía derecho a una mayor devolución en la declaración del Impuesto sobre Sociedades del periodo 1999 respecto de la que solicitó cuando presentó la citada declaración. Por tanto, la entidad no realizó ningún ingreso indebido cuando presentó la citada declaración sino que, como consecuencia de la rectificación administrativa acordada, resultó que la devolución derivada de la normativa del Impuesto sobre Sociedades era superior a la solicitada por la entidad. De hecho, la Administración Tributaria está obligada a resolver este nuevo procedimiento tributario iniciado en virtud de lo señalado en el apartado 3 de dicha Disposición Adicional Tercera: "Instruido el procedimiento, la Administración dictará la resolución que proceda. (...)".

En consecuencia, a efectos del plazo señalado para el abono de los intereses de demora en el artículo 145 de la Ley 43/1995, es procedente asimilar una autoliquidación presentada fuera de plazo a una solicitud de rectificación de una autoliquidación presentada igualmente fuera del plazo previsto para la presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades. Este criterio supone la interpretación lógica y finalista de la norma, ya que cuando la entidad presentó su declaración originaria, la Administración Tributaria desconocía que el interesado tuviera derecho a una devolución mayor a la solicitada. Además, la nueva Ley General Tributaria aprobada por medio de la Ley 58/2003, aunque no es de aplicación al presente caso, confirma dicho criterio al establecer su artículo 120.3 que: "Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que se regule reglamentariamente.

Cuando la rectificación de una autoliquidación origine una devolución derivada de la normativa del tributo y hubieran transcurrido seis meses sin que se hubiera ordenado el pago por causa imputable a la Administración tributaria, ésta abonará el interés de demora del artículo 26 de esta ley sobre el importe de la devolución que proceda, sin necesidad de que el obligado lo solicite. A estos efectos, el plazo de seis meses comenzará a contarse a partir de la finalización del plazo para la presentación de la autoliquidación o, si éste hubiese concluido, a partir de la presentación de la solicitud de rectificación.

        Cuando la rectificación de una autoliquidación origine la devolución de un ingreso indebido, la Administración tributaria abonará el interés de demora en los términos señalados en el apartado 2 del artículo 32 de esta ley".

Este criterio ha sido mantenido por este Tribunal Central en su resolución de fecha 26 de septiembre de 2003 (RG: 1328/2000), al señalar: "(...) Por lo tanto, en este caso, presentada la segunda declaración, o mejor, la solicitud de rectificación, que equivale a aquélla, la Administración disponía -entonces- de 12 meses para practicar liquidación provisional y si dentro de tal plazo no la hubiere girado, en los 30 días siguientes debería realizar de oficio la devolución correspondiente; ello quiere decir que, presentada el 11 de noviembre de 1993 la declaración rectificativa y solicitud de devolución, el día 11 de noviembre de 1994 vencieron los 12 meses y pasados 30 días más (hábiles, según el art. 48 de la Ley 30/1992, la Administración debió realizar la devolución, incurriendo en mora si no la realizó, como efectivamente no lo hizo, por lo que debe satisfacer intereses desde el 20 de diciembre de 1994 -y no desde el 12, como dice el acuerdo de la gestora- (los 30 días vencían el 19 de diciembre), hasta la fecha de la propuesta de pago (art. 2.º 2 b) del RD 1163/1990 y art. 145 de la Ley del IS); teniendo en cuenta que si resultase a devolver una cantidad superior a la inicialmente reconocida, sobre la diferencia en más habrían de satisfacerse intereses desde la fecha inicial expresada en cada caso hasta la de la nueva propuesta de pago. (...)".

La Audiencia Nacional en su Sentencia de fecha 16 de marzo de 2006 (Rec. nº 987/2003) confirmó dicho criterio para un supuesto similar al señalar: "(...) Este criterio aparece confirmado en las STS 29-9-2000 y 21-12-2001 de tal manera que transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo caso, el plazo de 6 meses, sin que se haya ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la Administración Tributaria, el contribuyente tendrá derecho al abono del interés de demora regulado en el artículo 58.2 c) de la Ley General Tributaria sin necesidad de efectuar requerimiento a tal efecto. A estos efectos, dicho interés se devengará desde la finalización del plazo de que dispone la Administración Tributaria para practicar liquidación provisional hasta la fecha en que se ordene el pago de la correspondiente devolución.

        La referida interpretación se encuentra ratificada por lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley 43/1995 del Impuesto sobre Sociedades, en la redacción dada por Ley 66/1997, de 30 de diciembre precepto que después de fijar en 6 meses el plazo para que la Administración practique liquidación provisional, a contar desde el término del plazo establecido para la presentación de la declaración, añade: Cuando la declaración hubiera sido presentada fuera de plazo, los seis meses a que se refiere el párrafo anterior se computarán desde la fecha de su presentación, y si bien es cierto que dicho precepto no resulta de aplicación al supuesto que se enjuicia por razones temporales, no es menos cierto que constituye un criterio interpretativo importante a tener en cuenta.

        En el supuesto que nos ocupa la aplicación de la doctrina expuesta comporta, de un lado, que no pueda accederse a lo pretendido por la parte respecto a que el dies a quo del cómputo de los intereses de demora se fije en el 30 de junio de 1993, pues no nos encontramos ante un ingreso indebido sino ante un exceso en las retenciones en que la normativa que resulta aplicable viene constituida por el artículo 31.3 de la Ley 61/1978nbsp; que concede a la Administración un plazo de doce meses para practicar liquidación provisional, de tal forma que si no se gira dentro del referido plazo, como aquí ocurrió, deberá realizar de oficio la devolución correspondiente en los 30 días siguientes, momento a partir del cual incurre en mora y, por tanto, está obligada a abonar los correspondientes intereses. De otro lado, también comporta que el referido plazo de doce meses se ha de contar desde que se presentó la segunda declaración, o lo que es igual, desde que se rectificó la declaración inicialmente presentada, y no desde que se presentó la declaración inicial, como pretende la recurrente, toda vez que sólo desde dicha fecha podrá la Administración conocer y valorar los datos sobre los que habrá de pronunciarse para efectuar la liquidación provisional prevista en el art. 31.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

        En consecuencia, aplicando este criterio legal, y habiéndose presentado por la entidad hoy recurrente su solicitud de rectificación en fecha 11 de noviembre de 1993, resulta que la Administración disponía, a partir de tal fecha, de un plazo de doce meses para practicar liquidación provisional, plazo que venció el 11 de noviembre de 1994, debiendo proceder a la devolución en el plazo adicional de 30 días, incurriendo en mora a partir de dicha fecha, lo que comporta que deba satisfacer intereses de demora desde el 20 de diciembre de 1994, tal y como determina la resolución del TEAC combatida, y todo ello sin perjuicio de la reformatio in peius a que se alude en la referida resolución. (...)".

POR LO EXPUESTO,

        EL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en los recursos de alzada interpuestos por la entidad ... (N.I.F.: ...), y en su nombre y representación por D.ª ..., contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 27 de junio de 2005 que desestima la reclamación nº ... interpuesta en relación al Impuesto sobre Sociedades del periodo 1999 y cuantía de 271.268,49 € y contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 27 de marzo de 2006 que estima la reclamación nº ... interpuesta en relación al Impuesto sobre Sociedades del periodo 1999 y cuantía de 628.061,72 €, ACUERDA: 1º) Estimar en parte la reclamación RG 00111/2006, en el sentido de reconocer el derecho de la entidad recurrente a una devolución 176.580,35 €, adicional a la devolución ya efectuada por la Administración Tributaria de 451.481,39 €. 2º) Confirmar la liquidación  correspondiente a los intereses de demora. 3º) Declarar la inadmisión de la reclamación RG 02412/2006.

Intereses de demora
Impuesto sobre sociedades
Declaración Impuesto de Sociedades
Devolución de ingresos indebidos
Rectificación de la autoliquidación tributaria
Reintegro de prestación indebida
Ingresos indebidos
Desestimación presunta
Liquidación provisional del impuesto
Obligado tributario
Modelo 564. Impuesto sobre Hidrocarburos
Declaraciones-autoliquidaciones
Grandes empresas
Doble imposición
Establecimiento permanente
Interés legitimo
Deducciones por doble imposición internacional
Acto administrativo impugnado
Modelo 200. Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes
Deuda tributaria
Derecho de defensa
Medios de prueba
Procedimientos Tributarios
Retenciones e ingresos a cuenta
Dies a quo
Reformatio in peius

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

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