Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1129/2005 de 04 de Diciembre de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 04 de Diciembre de 2007
  • Núm. Resolución: 00/1129/2005

Resumen

La aplicación de la exención a las entregas intracomunitarias de bienes según el artículo 25 de la Ley del IVA (Ley 37/1992) exige que el sujeto pasivo proveedor pruebe la concurrencia de los requisitos exigidos, en particular el hecho de la existencia de la expedición o transporte de los bienes objeto de la entrega desde España con destino a otro Estado miembro de la Comunidad Europea. Como se trata de una mecánica impositiva que facilita sobremanera el fraude fiscal, aprovechando las debilidades en el control de las operaciones entre Estados, se hace especialmente necesario el cumplimiento de los requisitos formales y materiales inherentes a este tipo de operaciones, de forma que las irregularidades en los justificantes acreditativos de los requisitos legales establecidos para estas exenciones, en aplicación de las normas tanto tributarias como mercantiles, dan origen a un defecto sustancial que pone en duda la fuerza probatoria de dichos documentos.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 4 de diciembre de 2007 en el recurso de alzada ordinario que pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesto por X, S.A. (actual denominación de Y, S.A. y Z, S.A.) con NIF ... y actuando en su nombre y representación D. ..., y con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra la resolución nº ... dictada en primera instancia por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... interpuesta contra las liquidaciones derivadas de las Actas de Disconformidad nº A02-... y A02-... de fecha 4 de abril de 2002, dictadas por la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de ..., y referidas al Impuesto sobre el Valor Añadido ejercicios 1995 y 1996, y 1997 y 1998 por importe de 0 euros y 434.820,72 euros respectivamente de deuda tributaria y contra el acuerdo de imposición de sanción derivado del anterior con fecha 4 de abril de 2002 y dictado por el mismo órgano, por importe de 205.450,20 euros.

                                     ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Con fecha 28 de julio de 1999 se notifica a la entidad Y, S.A. y Z, S.A. por la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de ..., comunicación de inicio de las actuaciones de comprobación e investigación con carácter general, de su situación tributaria en relación con el concepto y períodos que se detallan a continuación.

        CONCEPTO                                            PERÍODOS

Impuesto sobre el Valor Añadido                  07/1995 a 12/1998

Las mencionadas actuaciones de comprobación e investigación, coinciden en el tiempo con las de investigación llevadas a cabo por la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera (Sección de Fraude Fiscal).

En el caso que nos ocupa, la Brigada de Delincuencia Económico y Financiera había venido investigando las operaciones por las que una serie de presuntos empresarios portugueses adquirían mercancías, principalmente bebidas alcohólicas, en las que no se repercutía el Impuesto sobre el Valor Añadido, por declararse como destino Portugal, pese a que con posterioridad dichas mercancías eran vendidas en el mercado nacional.

De dichas actuaciones derivó la apertura de Diligencias Previas en distintos Juzgados de Instrucción, entre ellas la número ..., en el Juzgado n° ... de los de Instrucción de ..., resultando imputado el súbdito portugués D. A.

El Juzgado solicitó la actuación pericial de la Inspección de Hacienda del Estado para determinar las deudas tributarias que se pusieran de manifiesto como consecuencia de las referidas conductas. Como consecuencia de dicha peritación, se acuerda el sobreseimiento de las diligencias y se remiten actuaciones a la Agencia Tributaria, según Auto de 22 de noviembre de 2001 para que "por los procedimientos tributarios que correspondan, se investigue, compruebe y, en su caso, regularice la situación tributaria de cualesquiera obligados tributarios que pudieran resultar de lo actuado". Por autorización judicial de fecha ... de 1999, se permite la utilización de las diligencias judiciales a los fines de la comprobación inspectora, con lo que desde dicho momento deben entenderse incorporadas dichas diligencias al procedimiento inspector.

Sobre la base del mandato contenido en dicho Auto, continuaron las actuaciones de comprobación e investigación en cuyo transcurso, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 1/98 de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, se llevó a cabo la puesta de manifiesto del expediente al sujeto pasivo con fecha 14/01/2002, quien presentó alegaciones en tiempo y forma con fecha 24 de enero de 2002 aduciendo, en síntesis, tras una detallada exposición de la normativa tributaria que resulta aplicable al supuesto que nos ocupa, lo siguiente:

1°) Que la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido supedita la aplicación de la exención en las entregas intracomunitarias de bienes (en nuestro caso bebidas alcohólicas) a la acreditación de que dichas mercancías han tenido como destino Portugal.

2°) Que el obligado tributario ha acreditado sobradamente esta circunstancia por cuanto:

- Cuenta con una declaración de voluntad del adquirente de los bienes en el sentido de que los mismos se van a destinar a su comercialización en Portugal, declaración documentada en factura completa corroborada por el hecho de que en la misma consta el NIF del operador intracomunitario, la no repercusión del IVA y el pago de la misma, todo ello es prueba suficiente de que los bienes se han expedido a Portugal en el momento en que salen del almacén del vendedor.

- La amplitud de la redacción legal que permite la acreditación de la entrega con destino a Portugal "por cualquier medio de prueba admitido en Derecho" no puede verse limitada de facto por el hecho de que falte el sello del destinatario de las mercancías en la factura al momento de retirar las mismas.

En este sentido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de fecha 18 de diciembre de 1995, acepta la posibilidad de completar el contenido de documentos privados incompletos o incorrectos con otros que lo corroboren, en la medida en que es doctrina reiterada del Tribunal Supremo la necesidad de, en materia probatoria, proceder a la valoración conjunta de la prueba (STS 12/03/1966, 24/12/1966 y 22/01/1977). Idéntico criterio se expresa en las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de fechas 18/06/96 y 12/02/97.

3°) Que, no obstante los medios de prueba expuestos, la Administración no cuenta con pruebas concluyentes que desvirtúen los aportados por el obligado tributario.

4°) Que en ningún caso la actuación del sujeto pasivo ha venido presidida por la voluntariedad, por lo que su conducta no puede calificarse de sancionable, como así se desprende del archivo de las actuaciones seguidas en vía penal contra el mismo. Más aún, no parece razonable imputar la comisión de una infracción tributaria a quien, en todo caso, cumplió a rajatabla las obligaciones formales y regístrales que le incumbían.

5°) Que si se posibilitó algún tipo de defraudación esta tuvo su origen en la laguna legislativa permitida por el Reglamento de Impuestos Especiales que, antes de la entrada en vigor de la modificación operada en el mismo por el Real Decreto 1965/1999, de 23 de diciembre, no exigía la destrucción de las marcas fiscales con ocasión de la salida de las mercancías objeto de IIEE fuera del territorio español.

6°) Se observa, por otro lado, una importante descoordinación administrativa por cuanto la AEAT ya conocía desde octubre de 1997 por comunicación de las autoridades portuguesas (que constó en el expediente) que clientes portugueses que adquirían bienes a Y, S.A. no tenían ninguna estructura empresarial en su país, aunque fuera mínima. Sin embargo, la AEAT siguió validando los NIF de operador intracomunitario de dichos adquirentes.

Dichas alegaciones fueron valoradas por la Inspección y concluyen con la incoación al sujeto pasivo Y, S.A./Z, S.A., de las Actas de Disconformidad nº A02-... (por los ejercicios 1995 y 1996) y nº ... (por los ejercicios 1997 y 1998) de fecha 13 de febrero de 2002, a las que se acompañan los preceptivos Informes ampliatorios de igual fecha.

El obligado tributario presenta alegaciones a las propuestas de regularización contenidas en las actas anteriores en fecha 11 de marzo de 2003.

El Inspector Regional de la Delegación Especial de ..., con fecha 4 de abril de 2002, acuerda practicar los acuerdos de liquidación que se detallan a continuación a la entidad Y, S.A./Z, S.A. de conformidad con la propuesta contenida en las Actas anteriores y desestimando las alegaciones presentadas por el sujeto pasivo.
                                                     
Ejercicio 1995                 Ejercicio 1996

IVA devengado                           974.055,57 euros             966.890,91 euros

IVA deducible                             874.883,17 euros          1.000.252,88 euros

Compensación final                     -10.154,27 euros             -73.205,04 euros

Al término del último período de liquidación existe un saldo a favor del sujeto pasivo de 73.205,04 euros, susceptible de ser compensado en períodos posteriores.
                                                     
Ejercicio 1997                 Ejercicio 1998

IVA devengado                           1.087.217,97 euros            470.456,08 euros

IVA deducible                             1.182.984,17 euros            225.809,76 euros

Cuota                                                         0,00 euros            354.788,01 euros

Intereses                                                    0,00 euros              80.032,71 euros

Al término del último período de liquidación existe un saldo a favor del sujeto pasivo de 895,30 euros, susceptible de ser compensado en períodos posteriores.

De las liquidaciones practicadas se desprende la siguiente información relevante:

1. Que el sujeto pasivo ha realizado entregas de mercancías a una serie de operadores portugueses documentadas en facturas en las que, en unos casos, simplemente se recoge el Número de Operador Intracomunitario a efectos de IVA, y en otros una etiqueta identificando a la persona que retira la mercancía y el medio de transporte utilizado, manifestando en todo caso el contribuyente que estas son transportadas por el cliente o en su nombre a Portugal.

2. Que a pesar de que las mercancías entregadas son en su mayoría bebidas alcohólicas, en ningún caso se aportan los documentos de acompañamiento que exige la normativa de circulación de Impuestos Especiales.

3. Que en el expediente consta la declaración de los operadores portugueses D.ª B, D. C y D. A, en el sentido de reconocer que nunca han transportado las mercancías adquiridas a Portugal ni a ningún otro Estado Miembro de la Unión Europea. En cuanto al operador D. E resulta ser desconocido para la Administración portuguesa.

4. Asimismo, el apoderado D. F y el encargado D. G, declaran conocer que las mercancías tuvieron como destino el territorio español, y que incluso llegaron a confeccionar los albaranes o facturas de entrega a los destinatarios interiores adquirentes finales de las mismas.

5. Las cuotas resultantes han sido calculadas por aplicación del tipo general del impuesto (16%) a las facturas aportadas por el sujeto pasivo con reducción de la cantidad inicialmente solicitada por el sujeto pasivo a compensar a la finalización del ejercicio 1996 (37.175.595 pesetas / 223.429,82 EUR) a una cifra final de 12.180.293 pesetas (73.205,03 EUR), con una deuda tributaria de 0 euros y 72.348.081 pesetas (434.820,72 €).

El detalle de las entregas realizadas a los distintos operadores intracomunitarios es el siguiente:

Período      D. E                        D.ª B                     D. A                      D. C

3T-1996         0                     18.926.584 ptas               0                               0
                                               (113.751,06 €)

4T-1996   29.827.574 ptas     51.888.030 ptas        55.602.744 ptas                0
                 (179.267,33 €)       (311.853,34 €)          (334.179,22 €)


Período      D. E                        D.ª B                    D. A                      D. C

1T-1997  5.613.960 ptas       14.336.502 ptas          210.312.656 ptas
                                               (113.751,06 €)        (1.264.004,52 €)

2T-1997                                                                  90.557.672 ptas       256.044 ptas
                                                                             (544.262,57 €)          (1.538,86 €)

3T-1997                                                                 77.736.904 ptas
                                                                              (467.208,2 €)

4T-1997                                                                   9.044.701 ptas
                                                                             (54.359,75 €)

1T-1998                                                                  2.247.701 ptas
                                                                              (13.508,96 €)

6. Pues bien, en el supuesto que nos ocupa, la actividad probatoria desplegada por la Inspección actuaría, en orden a desvirtuar el cumplimiento estrictamente formal realizado por la entidad de las prescripciones establecidas por los artículos 25 de la Ley 37/1992 reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido y artículo 13 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, ha consistido en la recopilación de un conjunto de pruebas de carácter testifical de los que, en el expediente instruido, constan como adquirentes de las respectivas operaciones exentas, así como de distintos sujetos que, a título de intermediarios o transportistas, han intervenido en la realización de las mismas. De dichos testimonios, realizados bien ante la Policía Nacional, bien ante distintos Juzgados de Instrucción, se deduce una realidad incuestionable de la que no puede, en absoluto, prescindirse para la correcta regularización de la situación tributaria de la entidad Y, S.A./Z, S.A. y es que las mercancías cuya entrega se realiza exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido, por tener como destino declarado Portugal, nunca tuvieron dicho destino, siendo revendidas en territorio español. Así resulta de los distintos testimonios que integran el expediente administrativo y que, entre otras, incluyen declaraciones de operadores intracomunitarios, declaraciones de los destinatarios de las mercancías y declaraciones de transportistas.

7. En el curso de la instrucción del expediente, ha quedado desvirtuada la prueba estrictamente formal presentada por la entidad, para acreditar la exención invocada, y resultando que las mercancías declaradas como exentas por tener como destino Portugal, nunca llegaron a dicho país.

8. Además de lo anterior, uno de los elementos de prueba, si bien indiciario, que conducen al actuario a concluir que las mercancías han sido objeto de una entrega interior y no comunitaria es el incumplimiento absoluto de la legislación que ampara la circulación intracomunitaria de estos productos. Las entregas realizadas los son de mercancías que quedan incluidas dentro del ámbito objetivo de aplicación de los Impuestos Especiales de Fabricación (al tratarse de bebidas alcohólicas), y como tales su circulación se encuentra obligatoriamente amparada por los Documentos de Acompañamiento (DA) a los que se refiere la Ley 38/92, de 28 de diciembre. Sin duda, el cumplimiento de esta obligación, enormemente formalista, prevista por dicha norma habría permitido, tanto a las autoridades aduaneras portuguesas como a las españolas, determinar el lugar de llegada de la expedición o, en su caso, el lugar en que se hubiera localizado cualquier tipo de irregularidad en la circulación intracomunitaria de las mercancías.

9. La interesada no solicita la devolución de los impuestos Especiales a que hubiera tenido derecho como consecuencia de realizar las ya citadas entregas con destino a otro país miembro de la Unión Europea, a pesar de que el artículo 10 de la Ley de Impuestos Especiales establece que tendrían derecho a la misma y todo ello, porque la entidad entiende que esta devolución podía ser instada por el comprador de la mercancía, sin embargo, esta interpretación del artículo 10 que efectúa la entidad, es a juicio de la Inspección del todo punto errónea.

SEGUNDO: Con fecha 13 de febrero de 2002, se acuerda, una vez recibida la preceptiva autorización del Inspector Jefe, iniciar un procedimiento sancionador, en su tramitación abreviada, a los efectos de determinar y exigir la responsabilidad de la entidad, por las posibles infracciones tributarias. El objeto del procedimiento sancionador son las responsabilidades en relación con los siguientes conceptos y períodos:

        CONCEPTO                                    PERÍODOS

Impuesto sobre el Valor Añadido        Acta de Disconformidad 1997/1998

Con fecha 11 de marzo de 2002, el sujeto infractor Y, S.A./Z, S.A. presenta alegaciones a la propuesta de imposición de sanción.

Con fecha 4 de abril de 2002, el Inspector Jefe acuerda la imposición de las sanciones:

1. Por dejar de ingresar dentro de los plazos reglamentariamente señalados la totalidad o parte de la deuda tributaria, salvo que se regularice con arreglo al artículo 61 de esta Ley o proceda la aplicación de lo previsto en el artículo 127 también de esta Ley y por disfrutar u obtener indebidamente beneficios fiscales, exenciones, desgravaciones o devoluciones.

2. Determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos de impuesto, a deducir o compensar en la base o en la cuota de declaraciones futuras, propias o de terceros
                                                       
Ejercicio 1998

Infracción     Dejar de ingresar y obtener         Determinar o acreditar  
                     Indebidamente devoluciones       improcedentemente partidas
                                                                          a compensar en la base de
                                                                          declaraciones

Artículos      Artículo 79.1.a) y c)                    Artículo 79.1.d)
Aplicables  

Base           354.788,01 euros (cuota                187.041,34 euros (diferencia
Sanción      líquida derivada del expediente     entre la solicitud de compen-
                  de comprobación                            sación y el importe regularizado

% sanción                50%                                                    15%

Sanción        177.394 euros                                 28.056,20 euros

Total                                      204.450,20 euros

El acuerdo de imposición de las sanciones fue notificado en fecha 19 de abril de 2002.

TERCERO: Con fecha 25 de abril de 2002, la entidad reclamante, X, S.A., denominación actual de Y, S.A. y Z, S.A. interpone reclamación nº ... en primera instancia ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... contra los acuerdos descritos en los antecedentes anteriores:

1. La liquidación derivada del Acta de Disconformidad nº ... por el Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 1995 y 1996

2. La liquidación derivada del Acta de Disconformidad nº A02-... por el Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 1997 y 1998

3. El acuerdo de imposición de sanción derivado de esta última liquidación.

El Tribunal Regional en resolución de fecha 21 de diciembre de 2004 desestima la reclamación interpuesta confirmando los actos administrativos impugnados.

CUARTO: Con fecha 23 de febrero de 2005, la entidad X, S.A., denominación actual de Y, S.A. y Z, S.A., interpone recurso de alzada ordinario ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, contra la resolución dictada en primera instancia por el Tribunal Regional.

En el escrito de interposición, la entidad expone en síntesis las siguientes alegaciones:

1. La entidad solicita que la acusación de tener conocimiento de que la mercancía no ha salido del territorio de aplicación del impuesto, no sea empleada por la Administración, toda vez que entiende que en el procedimiento penal seguido se demostró que esto no era así.

2. El comprador de la mercancía tenía la opción de solicitar la devolución del Impuesto Especial sobre el Alcohol de forma directa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 38/1992 reguladora de Impuestos Especiales, de manera que la actuación del vendedor (la entidad reclamante) en este sentido (no solicitar la devolución del impuesto especial) es irrelevante.

3. Es la Administración la que debe probar que los bienes no han salido del territorio de aplicación del impuesto y el empresario sólo puede contar con los medios de prueba recogidos en el artículo 13.2 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

4. La entidad reclamante ha actuado con la diligencia necesaria y además, tal y como se pone de manifiesto en el proceso penal, no ha actuado de forma dolosa. La Administración sin embargo, conocía al comienzo de las actuaciones inspectoras que los adquirentes de las mercancías no disponían en Portugal de la mínima estructura empresarial, y sin embargo no sólo no se lo comunicó a la entidad reclamante, sino que la Administración siguió validando los NIF intracomunitarios.

5. Todas y cada una de las operaciones efectuadas por la entidad se encuentran contabilizadas y reflejadas en las declaraciones periódicas y anuales del IVA, en la declaración de operaciones con terceros y en los modelos de INTRASTAT. La entidad ha actuado de buena fe en todo momento y ha colaborado con la policía para la investigación de los presuntos delitos. Considera que la sanción impuesta no tiene fundamento y que debería ser anulada.

                                               FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Este Tribunal Económico-Administrativo Central es competente para conocer del recurso de alzada ordinario que se examina, que ha sido interpuesto en tiempo y forma por persona legitimada al efecto, de conformidad con lo previsto en la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria y en el RD 391/1996 de 1 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico administrativas, de aplicación a este procedimiento.

Son cuestiones a resolver por este Tribunal Económico-Administrativo Central las siguientes 1) Si las operaciones regularizadas se encuentran exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido como entregas intracomunitarias de bienes, y en particular si cabe entender suficientemente acreditado el requisito legal relativo al transporte de los bienes al territorio de otro Estado miembro de la Unión Europea 2) Procedencia de los acuerdos de imposición de sanciones.

SEGUNDO:
La cuestión de fondo que plantea esta resolución consiste en determinar la procedencia o no de considerar exentas determinadas entregas de bienes efectuadas por la sociedad reclamante X, S.A. (actual denominación de Y, S.A. y Z, S.A.) por considerarse entregas intracomunitarias de bienes.

En el artículo 25 de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido se recoge la exención de las entregas intracomunitarias de bienes que, junto con la definición como hecho imponible del impuesto de las subsiguientes adquisiciones intracomunitarias, configuran el denominado "régimen transitorio" del IVA caracterizado por el principio de tributación en destino. Para la aplicación eficaz de este principio y, en particular, para garantizar el control administrativo, se establecen una serie de requisitos que deben justificarse en todo caso por el sujeto pasivo que propugna la aplicación de la exención mencionada, y que se recogen en el artículo 13 del Real Decreto 1624/1992 de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

El apartado Uno del artículo 25 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido relativo a las "Exenciones en las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro" dispone:

"Estarán exentas del Impuesto las siguientes operaciones:

Uno. Las entregas de bienes definidas en el artículo 8 de esta Ley, expedidos o transportados, por el vendedor, por el adquirente o por un tercero en nombre y por cuenta de cualquiera de los anteriores, al territorio de otro Estado miembro, siempre que el adquirente sea:

        a) Un empresario o profesional identificado a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en un Estado miembro distinto del Reino de España.

b) Una persona jurídica que no actúe como empresario o profesional, pero que esté identificada a efectos del Impuesto en un Estado miembro distinto del Reino de España".

El artículo 25 de la Ley del Impuesto transcrito condiciona la exención en las entregas intracomunitarias de bienes a un triple requisito:

El primer requisito hace referencia a que se trate de entregas de bienes en los términos definidos en el artículo 8 de la Ley 37/1992 reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, es decir, se considerará entrega de bienes la transmisión del poder de disposición sobre bienes corporales. En el presente supuesto, las operaciones objeto de controversia realizadas por la entidad, son entregas de bienes en los términos expuestos, ya que consisten en la transmisión del poder de disposición de bebidas alcohólicas, efectuadas por un empresario en el ámbito de aplicación del impuesto.

En principio, parece que este primer requisito no ofrece ninguna duda, no obstante es importante resaltar una serie de preceptos reguladores de las entregas de bienes, que nos facilitarán la resolución del presente recurso. Así:

El artículo 68 de la Ley reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido dispone:

"El lugar de realización de las entregas de bienes se determinará según las reglas siguientes:

Uno. Las entregas de bienes que no sean objeto de expedición o transporte, se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del impuesto cuando los bienes se pongan a disposición del adquirente en dicho territorio.

Dos. También se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del impuesto:

1.º Las entregas de bienes muebles corporales que deban ser objeto de expedición o transporte para su puesta a disposición del adquirente, cuando la expedición o transporte se inicien en el referido territorio, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado cuatro de este artículo".

Las entregas de mercancías que efectúa la entidad X, S.A. se efectúan en todo caso en sus almacenes. El transporte de las mercancías tal y como se recoge en el Acta de Disconformidad y en el acuerdo de liquidación posterior, y así lo ha manifestado en todo caso el contribuyente, es por cuenta del cliente o en su nombre, de manera que el devengo del impuesto, tiene lugar en todo caso en el territorio de aplicación del impuesto, estando por tanto dichas entregas sujetas en España.

Por su parte el artículo 75 dispone:

"Uno. Se devengará el Impuesto:

1.º En las entregas de bienes, cuando tenga lugar su puesta a disposición del adquirente o, en su caso, cuando se efectúen conforme a la legislación que les sea aplicable".

Es decir, en este supuesto, el devengo de las entregas de bienes regularizadas por la Inspección se produce con la puesta a disposición del adquirente en los almacenes de la entidad X, S.A.

El segundo requisito exigido por el artículo 25 de la Ley del Impuesto, hace referencia a que el adquirente sea un empresario o profesional identificado a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en un Estado Miembro distinto de España.

A este respecto, es necesario resaltar, que en la regularización efectuada por la Inspección a la entidad X, S.A. concretamente en el informe ampliatorio del acta de Disconformidad de fecha 13 de febrero de 2002, se pone de manifiesto que:

"Como se pone de manifiesto en el expediente y según consta en las diligencias judiciales, los adquirentes de las mercancías son poseedores de los números de identificación portugueses a efectos del IVA, siguientes, según se recogen en las diligencias y en el expediente administrativo:

                               ADQUIRENTE                             N. O. I.V.A .

D.ª B                                                                            ... y  ...

D. C                                                                             ...

D. A                                                                             ...

En el caso del operador D. E (...) resulta ser no identificado en Portugal con ese N.O.I.V.A..

Con lo que la condición de ser un empresario identificado a efectos del IVA en un Estado Miembro distinto del Reino de España, se cumple en todos los casos, excepto en éste último".

Es decir, con lo anterior lo que este Tribunal Económico Administrativo Central quiere poner de manifiesto es que, si bien el operador D. E (...) resulta ser no identificado en Portugal con ese N.O.I.V.A, la regularización efectu

Mercancías
Impuesto sobre el Valor Añadido
Bebida alcohólica
Operadores intracomunitarios
Obligado tributario
Acta de disconformidad
Impuestos especiales
Deuda tributaria
Entrega intracomunitaria
Fraude fiscal
Medios de prueba
Entrega de bienes
Operadores
Proveedores
Infracciones tributarias
Fuerza probatoria
Mandato
Diligencias previas
Procedimiento inspector
Autorización judicial
Procedimientos Tributarios
Diligencias judiciales
Inspección tributaria
Estado miembro de la Unión Europea
Documento privado
Comercialización
Declaración de voluntad
Defraudaciones
Procedimiento sancionador
Archivo de actuaciones
Comisiones
Responsabilidad
Tipo general
Destinatario de la mercancía
Transportista
Devolución de impuestos
Empresario individual
Impuestos especiales de fabricación
Beneficios fiscales
Autorización otorgada por el obligado estadístico al tercero declarante

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 1624/1992 de 29 de Dic (Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido -IVA-) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 314 Fecha de Publicación: 31/12/1992 Fecha de entrada en vigor: 01/01/1993 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

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