Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1140/2005 de 15 de Febrero de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 15 de Febrero de 2006
  • Núm. Resolución: 00/1140/2005

Descripción

        En la Villa de Madrid, a 15 de febrero de 2006 el Tribunal Económico-Administrativo Central ha visto las reclamaciones económico administrativas promovidas por D. A, en nombre y representación de D.ª B, D. C, D.ª D y D. E, con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra liquidaciones  por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones por cuantía, cada una de ellas, de 514.698,60 € (85.638.641 pesetas).

                                                   ANTECEDENTES DE HECHO


PRIMERO.- En fecha 16 de septiembre de 2004, la Inspección de los Tributos de la Comunidad de ... extendió Actas de disconformidad a D.ª B, D. C, D.ª D y D. E por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en la que se hace constar, en síntesis lo siguiente:

D.ª G
, falleció en ..., el día ... de 2000, estando casada en únicas nupcias y en régimen de gananciales, con D. F, de cuyo matrimonio nacieron cuatro hijos, D.ª B, D. C, D.ª D y D. E, habiendo otorgado testamento abierto, el día ... de 1982, ante el Notario de ..., D. ..., con número de protocolo ..., en virtud del cual legó a su esposo el usufructo vitalicio de toda su herencia e instituyó herederos por partes iguales a sus cuatro nombrados hijos.

Con fecha de 16 de noviembre de 2000, se eleva a escritura pública ante el Notario de ..., D. ..., con número de protocolo ..., la liquidación de la sociedad de gananciales y la partición de la herencia. En ese mismo acto D. F renunció pura, simple y gratuitamente al usufructo universal de los bienes correspondientes a la herencia de su fallecida esposa D.ª G.

El ... de 2000, los obligados tributarios presentaron autoliquiciones por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, es decir, dentro del plazo establecido en el artículo 67 del Reglamento del Impuesto aprobado por Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, declarando unos bienes y derechos por valor de 8.032.741,76 € (1.336.535.771 pesetas), se adicionó un ajuar doméstico por importe de 238.810,53 € (39.734.729 pesetas) y se aplicaron reducciones por parentesco, por transmisión de la vivienda habitual y por adquisición de empresa con motivo de la transmisión de participaciones de sociedades y se ingresaron importes de 27.193,49 € (4.524.616 pesetas), cada uno de los herederos.

A la fecha de fallecimiento integraban la masa hereditaria los siguientes bienes y derechos:

Bienes Inmuebles:        411.693,29 € (68.500.000 pesetas)

91.058 part. Y, S. L.:    5.466.685,9 € (909.580.000 pesetas)

938 acc. X, S. A.:  4.345.260,22 € (722.990.467 pesetas)

Cuentas bancarias:           2.626,82 € (437.066 pesetas)

Total bienes y derechos:         10.226.266,23 € (1.701.507.533 pesetas)

3% ajuar doméstico: 304.616,27 € (50.683.882 pesetas)

Masa bruta:        10.530.882,5 € (1.752.191.415 pesetas)

Gastos deducibles: 2.746,04 € (456.903 pesetas)

Masa hereditaria neta: 10.528.136,45 €  (1.751.734.512 pesetas)

Este importe es el resultado de mantener el valor declarado de los inmuebles, como consecuencia de los informes emitidos por el Servicio de Valoraciones de ... de la Comunidad Autónoma de ..., en aplicación del artículo 52 de la L.G.T.

Igualmente se ha mantenido el valor declarado de las participaciones de Y, S. L., pero se ha incrementado el valor declarado de las acciones de X, S. A. como consecuencia de los informes emitidos por el Servicio de Valoraciones de ... de la Comunidad Autónoma de ..., en aplicación del artículo 52 de la L.G.T.. Estos valores son los siguientes:

Valor declarado de 838 acc. X, S. A. 1.922.339,64 € (319.850.404 pesetas), valor comprobado 3.882.012,86 € (645.912.592 pesetas).

Valor declarado de 100 acc. X, S. A. 229.396,1€ (38.168.300 pesetas), valor comprobado 463.247,36 € (77.077.875 pesetas)

Valor declarado de 27.848 participaciones de Y, S. L. 1.673.698,51 € (278.480.000 pesetas), coincide con el valor comprobado.

Valor declarado de 87.610 participaciones de Y, S. L. 5.265.467,05 € (876.100.000 pesetas), coincide con el valor comprobado.

El ajuar doméstico se calcula conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 29/1987, se acepta el importe declarado de los gastos de entierro y como consecuencia de la renuncia de la herencia pura, simple y gratuita del viudo, se aumenta la porción hereditaria de los demás coherederos. (art. 981 C.C.)

En cuanto a las reducciones practicadas por los obligados tributarios, proceden las de parentesco y la de vivienda habitual. Respecto a la reducción por la adquisición de participaciones/acciones de una sociedad, el Inspector actuario consideró que sí procede la practicada en las acciones de la sociedad de X, S. A., pero no la que se ha practicado en las participaciones de la sociedad Y, S. L., dado que quien ejerce las funciones de dirección no reúne los requisitos exigidos en el artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre Patrimonio, en el período impositivo anterior al del año del fallecimiento.

En diligencia de fecha 30 de junio de 2004, se comunicó a los obligados tributarios la puesta de manifiesto del expediente y la apertura del trámite de audiencia previa a la propuesta de liquidación. En ese acto se les entregaron los Informes de valoración de los inmuebles, emitidos por perito competente de los Servicios de Valoraciones de las Comunidades Autónomas a las que pertenecen y otro referente a las acciones /participaciones de las sociedades X, S. A. y Y, S. L., emitido por perito competente, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley General Tributaria 230/1963, vigente al tiempo de los hechos.

Los sujetos pasivos, a través de su representante, presentaron escritos con fecha de entrada 7 de julio de 2004, en el que ponían de manifiesto que debido al enorme volumen del expediente le era imposible formular alegaciones en el plazo de diez días, por lo que las formularía en el plazo posterior a la firma del acta.

En las actas se contienen unas propuestas de liquidación sobre unas bases imponible de 2.632.034,11 € (437.933.628 pesetas), unas bases liquidables de 1.513.590,47 € (251.840.264 pesetas), resultado de aplicar como reducción 15.361,87 € (2.556.000 pesetas) por parentesco, 71.351,58 € (11.871.904 pesetas) por vivienda habitual y 1.031.730,19 € (171.665.460 pesetas) por acciones de la sociedad X, S. A., obteniéndose como cuota tributaria la cuantía de 445.396,13 € (74.107.680 pesetas), que una vez minorada por la cantidad ingresada de 27.193,49 € (4.524.616 pesetas), resulta una cuota diferencial de 418.202,64 € (69.583.064 pesetas), a la que sumados  los intereses de demora resulta una deuda tributaria a ingresar de 510.003,85 € (84.857.501 pesetas).

En el informe ampliatorio se reseña que se rechaza la reducción del valor de las participaciones correspondientes a la sociedad X, S. A. por no cumplirse uno de los requisitos del artículo 4 de la Ley 19/1991 de Impuesto sobre Patrimonio, concretamente los del apartado d) en el sentido de que  siendo D. E quien viene  realizando funciones de dirección en las dos entidades X, S. A. y Y, S. L., percibe remuneraciones que constituyen su principal fuente de renta. Pero mientras que en X, S. A. es un requisito que se viene cumpliendo desde hace tiempo, en Y, S. L., es un requisito que se empieza a cumplir en el mismo año del fallecimiento, lo que impide la aplicación del beneficio fiscal.

Con fecha 4 de octubre de 2004, tuvo entrada en la Inspección de los tributos, escrito formulado por D. H, como representante de los obligados tributarios, en el que en relación con el contenido del acta de referencia fórmula, en síntesis, las siguientes alegaciones:

A) Errores en las valoraciones de las naves propiedad de X, S. A.:

B) Error en el método de valoración de las acciones de X, S. A.:

C) Reducción del 95% del valor de las participaciones de Y, S. L.

A la vista del informe ampliatorio de las alegaciones formuladas por los interesados, el Inspector Jefe, mediante acuerdo de 25 de enero de 2.005, notificado el día 8 de febrero siguiente, confirmó las propuestas contenidas en las actas, modificando las liquidaciones consignadas en lo relativo a la fecha final de cálculo de intereses de demora, por lo que la deuda tributaria de cada una de ellas queda establecida en 514.698,60 € (85.638.641 pesetas).

        SEGUNDO.- El 25 de febrero de 2.005, D.ª B, D. C, D.ª D y D. E interpusieron reclamaciones económico administrativas contra las referidas liquidaciones manifestando su disconformidad en base a las siguientes alegaciones:  

         PRIMERA.- PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA DETERMINAR LA DEUDA TRIBUTARIA MEDIANTE LA OPORTUNA LIQUIDACIÓN.

Iniciado el procedimiento de comprobación e inspección con fecha 30 de enero de 2004, fecha en la que se notificó al interesado la comunicación de inicio del procedimiento inspector, y de acuerdo con la Disposición Transitoria tercera de la Ley 58/2003, General Tributaria, a los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley (1 de julio de 2004) les será de aplicación la normativa vigente en el momento del inicio de tal procedimiento.

Siendo esto así, debemos recordar que el artículo 29 de la Ley 1/1998, de derechos y Garantías de los Contribuyentes, establece:

"Las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación llevadas a cabo por la Inspección de los tributos deberán concluir en el plazo de máximo de doce meses a contar desde la fecha de notificación al contribuyente del inicio de las mismas." Y continúa diciendo en su apartado 3 que: "(...) las actuaciones de comprobación investigación y las de liquidación concluyen en la fecha que se dicte el acto administrativo que resulte de dichas actuaciones".

Sin embargo, este artículo debe ponerse en conexión con el artículo 60.4 del Reglamento General de Inspección (RGIT), aprobado por Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, y modificado por el Real Decreto 1930/1998, de 11 de septiembre de 1998 y el Real Decreto 136/2000, de 4 de febrero que dice:

"Cuando el acta sea de disconformidad, el Inspector-Jefe, a la vista del acta y su informe y de las alegaciones formuladas, en su caso, por el interesado, dictará el acto administrativo que corresponda dentro del mes siguiente al término del plazo para formular alegaciones".

En el caso que se examina, las actas de disconformidad (modelo A02) tienen fecha de 16 de septiembre de 2004, mientras que el acuerdo de la Oficina Técnica de Inspección por el que se dicta liquidación tiene fecha de 26 de enero de 2005, lo cual  lleva a concluir que el plazo de un mes determinado por el artículo 60.4 del RGIT se ha excedido con creces. Dicho plazo que sólo puede considerarse perentorio, provoca automáticamente la caducidad, invocando al efecto la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2002 (Rec. n°. 6691/1997). La caducidad del procedimiento produce el efecto de desactivar el efecto interruptivo de la prescripción, por lo que a la fecha del acuerdo, 25 de enero de 2.005, ha transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años, contado desde el 29 de noviembre de 2.000, fecha límite para la presentación dela declaración del Impuesto sobre Sucesiones.

SEGUNDO.- EL CONTRIBUYENTE REUNE TODOS LOS REQUISITOS PARA PRACTICAR LA REDUCCIÓN DEL 95 POR 100 EN LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO.

El artículo 20.2, c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (LISD) establece una reducción del 95 por 100 en la base imponible en los casos en los que en la base imponible de una adquisición mortis causa que corresponda a los cónyuges, descendientes o adoptados de la persona fallecida, estuviese incluido... participaciones en entidades, a los que sea de aplicación la exención regulada en el apartado octavo del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, ....Es necesario, entre otros requisitos, que el sujeto pasivo o una de las personas del grupo de parentesco ejerza efectivamente funciones de dirección en la entidad, percibiendo por ello una remuneración que represente más del 50 por ciento de la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal. Esta circunstancia se da en D. E, pues hay que atender a la remuneración percibida en el año del fallecimiento del causante buscando una solución analógica, respecto a la que se da cuando el que ejerce funciones directivas y percibe la remuneración es el causante.

TERCERA.- DEFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN.

         Se alega que  en la valoración de los inmuebles de la sociedad X, S. A. se ha errado en la antigüedad y por último se manifiesta que la liquidación no se ha realizado con suficiente desglose, especialmente en lo que se refiere al ajuar doméstico.

                                                          FUNDAMENTOS DE DERECHO
        
        PRIMERO.-
Concurren los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión del presente recurso de alzada, conforme a lo previsto en la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre y el Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico Administrativas, aprobado por Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, aplicable al presente expediente, siendo la cuestión de fondo que se suscita  la prescripción por caducidad del procedimiento inspector, la reducción prevista en el artículo 20.2 c) de la Ley 29/1987, por transmisión de participaciones y la regularidad de las valoraciones e insuficiente desglose del contenido de las liquidaciones practicadas.

SEGUNDO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 230.1 apartado  b) de la Ley 58/2003, General Tributaria, que ordena acumular a efectos de su tramitación las reclamaciones interpuestas por varios interesados relativas al mismo tributo siempre que deriven de un mismo expediente o planteen idénticas cuestiones, se procede a acumular en un solo expediente los recursos incoados en este Tribunal con los números 1140/05, 1141/05, 1142/05 y 1143/05.

TERCERO.- Invocan los reclamantes la prescripción del derecho a liquidar el Impuesto por caducidad del procedimiento por el hecho de que el Inspector Jefe tardara más de un mes en dictar las liquidaciones, desde que se presentaron las alegaciones, incumpliendo así lo previsto en el artículo 60.4 del Reglamento General dela Inspección delos Tributos. A ello hay que decir que el plazo contemplado en el mencionado artículo no es un plazo preclusivo y que su inobservancia constituye un defecto formal que no invalida el procedimiento, produciendo sólo los efectos que expresamente estén previstos en el Reglamento de Inspección y en las Leyes. Este criterio ya ha sido sostenido por este Tribunal Central en anteriores resoluciones, como la 21 de enero de 2.002 (RG 593/01) y 20 de febrero siguiente (RG 950/01). En consecuencia, no se pueden equiparar los efectos que produce el incumplimiento de este plazo de un mes con los que produce la interrupción injustificada durante seis meses de las actuaciones inspectoras por causas no imputables al obligado tributario, previsto en el artículo 29 de la Ley 1/98, y recogido en el  artículo 31 quarter del Reglamento de Inspección o el plazo de doce meses al que ha de ceñirse la Inspección para culminar el procedimiento, conforme previene el mismo artículo, con la consecuencia de que no se considere interrumpida la prescripción como consecuencia de tales actuaciones. Sólo el incumplimiento de estos últimos plazos puede acarrear el consiguiente efecto de no considerar interrumpido el plazo de prescripción por el inicio de las actuaciones y hacer decaer el derecho de la Administración a liquidar, circunstancia que no se da en presente caso, pues iniciadas las actuaciones inspectoras el 30 de enero de 2.004, éstas no se vieron interrumpidas en ningún momento por un plazo superior a seis meses y cuando se dictaron los acuerdos de liquidación el 26 de enero de 2.005, se hizo dentro del plazo de doce meses previsto, por lo que no pueden aceptarse las alegaciones vertidas por los interesados invocando la prescripción.

        CUARTO.- Otra cuestión debatida es determinar si las acciones de la entidad Y, S. L. transmitidas por herencia pueden gozar de la bonificación del 95 por ciento de su valor, para lo que es necesario, conforme a la Ley del Impuesto, que les sea de aplicación la exención regulada en el apartado octavo del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. Para la resolución del caso concreto, conviene destacar la exigencia de que "la participación del sujeto pasivo en el capital de la entidad sea, al menos, del 15 por 100, computado de forma individual, o del 20 por 100, conjuntamente con su cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de segundo grado, ya tenga su origen el parentesco en la consanguinidad, la afinidad o la adopción. Que el sujeto pasivo ejerza efectivamente funciones de dirección en la entidad, percibiendo por ello una remuneración que represente más del 50 por 100 de la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal. Cuando la participación en la entidad sea conjunta con alguna o algunas de las personas a las que se refiere la letra anterior, las funciones de dirección y las remuneraciones derivadas de la misma deberán de cumplirse al menos en una de las personas del grupo de parentesco, sin perjuicio de que todas ellas tengan derecho a la exención". El problema que se plantea consiste en determinar qué período se debe tomar en cuenta para verificar el cumplimiento de los requisitos, cuando éstos no concurren personalmente en el causante y se pretende que el beneficio fiscal se aplique mediante el cumplimiento de las condiciones en sus descendientes. Así, en el caso que se analiza, las funciones de dirección tanto en la entidad X, S. A., como en la sociedad Y, S. L. se venía ejerciendo por D. E, hijo de la causante, pero la discrepancia surge respecto de las remuneraciones percibidas de la segunda entidad, porque éstas superan el porcentaje exigido legalmente en el ejercicio 2.000, año  de fallecimiento del causante, pero no se alcanzaba este porcentaje con anterioridad, según se infiere de los datos que obran en el expediente.

QUINTO.- El causante o donante debe de percibir por el ejercicio de las funciones de dirección una remuneración que represente más del 50 por ciento de la totalidad de sus rendimientos del trabajo y de sus actividades económicas. En este punto cabe distinguir dos supuestos: a) Si a efectos del cómputo de porcentaje de participación en la entidad se ha aplicado el concepto de grupo familiar, el porcentaje de remuneración debe referirse al miembro del grupo familiar que desarrolle las funciones de dirección. Si son varios, dicho porcentaje ha de referirse al menos a uno de ellos. b) Si a efectos del cómputo de porcentaje en la entidad se ha atendido exclusivamente al del causante o donante, el ejercicio de las funciones de dirección han de ser desarrolladas por este y el cómputo del porcentaje de remuneración derivado de las mismas ha de referirse a él. Determinar el momento en que deben cumplirse los requisitos de exención en el Impuesto sobre el Patrimonio resulta crucial, pues mientras dicho Impuesto se devenga anualmente, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones el devengo se produce, en las transmisiones mortis causa, en el momento del fallecimiento del causante. En estos supuestos, como el que ahora nos ocupa, se debe atender a la fecha del devengo en el Impuesto de Sucesiones, siendo irrelevante la exención o no en el Impuesto sobre el Patrimonio devengado a 31 de diciembre anterior a la fecha del fallecimiento. En cuanto al cómputo del porcentaje de la remuneración, se debe apreciar el del último período impositivo del IRPF del causante, que transcurre entre el 1 de enero y la fecha del fallecimiento.

SEXTO.- El problema surge cuando se ha empleado para determinar los requisitos de concurrencia de las funciones de dirección y principal fuente de renta el concepto de grupo familiar y se han apreciado aquellos en otras personas distintas del causante. La opinión de la Inspección, que comparte este Tribunal Central es que habrá de estarse a los datos del ejercicio anterior, en este caso 1999, pues la muerte de la causante no ha producido respecto de los causahabientes interrupción del período impositivo en IRPF. Dicho criterio se sustenta en la Resolución 2/99, de 23 de marzo, de la Dirección General de Tributos, que en relación a las transmisiones lucrativas "Inter Vivos" y la conciliación del distinto devengo del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre el Patrimonio y al momento al que hay que referirse para determinar los requisitos del porcentaje de participación familiar y determinado nivel de rentas, establece respecto de la segunda cuestión que "dado que en los supuestos de donación no se interrumpe el período impositivo a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para el cómputo de las rentas, habría que atender al último período impositivo anterior a la donación''. La propia resolución, en la misma cuestión en relación con las transmisiones mortis causa, declara que dado que las reducciones se aplican en la fecha del devengo del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, si se cumplen en dicha fecha todos los requisitos exigidos para poder disfrutar de la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio, podrán aplicarse las reducciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Sobre la cuestión debatida se dice expresamente que "en cuanto al requisito exigido por el artículo 4 octavo.dos de la Ley 19/1991, de que el sujeto pasivo por las funciones de dirección ejercidas perciba remuneración que represente más del 50 por 100 de la totalidad de sus rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal, habrá que atender a los rendimientos recibidos durante el último período impositivo, en concreto, en el supuesto de sucesión "mortis causa" habrá que atender, en principio, al período comprendido entre el primer día del año y la fecha del fallecimiento, que es el que coincide con el ejercicio impositivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas". Ahora bien, se está pensando en aquellos supuestos en los que los requisitos exigidos se dan en el propio causante. El problema surge cuando éstos concurren en otros miembros del grupo familiar, situación que no está solucionada de forma específica encontrándonos ante una laguna legal que debe resolverse atendiendo a la lógica de los preceptos que establecen la íntima conexión existente entre el derecho a la reducción en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y la exención prevista en el Impuesto sobre el Patrimonio para este tipo de bienes. Así, si se ha acudido a efectos de determinar la concurrencia de los requisitos de funciones de dirección y principal fuente de renta, no al causante sino a otra persona del grupo familiar, teniendo en cuenta que para ésta la muerte de aquél no ha interrumpido el período impositivo en el IRPF, se debe atender a los datos correspondientes al ejercicio anterior, que en el caso analizado será el año 1.999. Este criterio ya ha sido recogido por este Tribunal Central en resoluciones de 8 de mayo y 11 de septiembre de 2.002 y también ha sido mantenido por la Dirección General de Tributos en consultas de 21 de mayo de 1.999, 18 de enero y 25 de abril de 2.000.  En atención a lo dicho deben desestimarse las pretensiones de los reclamantes y confirmarse lo actuado por la Inspección en cuanto que no ha admitido la reducción del valor de las acciones de la entidad Y, S. L.

SÉPTIMO.- Respecto de las valoraciones de las naves de la sociedad X, S. A. y los errores invocados respecto de la antigüedad apreciada por el técnico, hay que decir que éste se atiene a la fecha de la escritura pública de declaración de obra nueva de las mismas que son del año 1.995, siendo indudablemente estos documentos públicos prueba de la antigüedad de dichos inmuebles, por lo que el criterio del técnico  para apreciar esta circunstancia es acertado. Respecto de las naves industriales sitas en el ..., se aprecia que se ha tomado, según los casos, como año de construcción 1.984 y 1.987, tal como demandan los interesados. Respecto de la nave sita en la calle ... en el Municipio de ... se ha tomado la antigüedad considerándose construida en el año 1.997, circunstancia que niegan los interesados por referencia a la escritura de constitución de la sociedad, pero sin aportar algún documento que pueda desvirtuar esta afirmación del técnico, por lo que este Tribunal Central acuerda entender las valoraciones realizadas conforme a derecho confirmándolas.

OCTAVO.- En cuanto al desglose de las liquidaciones, por lo que se refiere a la partida del ajuar doméstico que es la que en concreto se ataca, hay que decir que  queda reflejado en el acuerdo de liquidación, tal como ordena el artículo 15 de la Ley 29/1987, que el ajuar doméstico resulta de aplicar un 3 por ciento al valor de los bienes y derechos. El importe finalmente adicionado de 304.616,27 € (50.683.882 pesetas), es el resultado de deducir los 2.171,72 € (361.344 pesetas) que corresponde al importe de ajuar atribuible al cónyuge viudo recogido por los propios interesados en las autoliquidaciones presentadas y que  la Inspección de los Tributos ha deducido para alcanzar la cuantía final que se refleja en el acuerdo de liquidación. En consecuencia, las liquidaciones están desglosadas y son perfectamente inteligibles.

ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en las reclamaciones económico administrativas promovidas por D.ª B, D. C, D.ª D y D. E, contra liquidaciones por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones por cuantía, cada una de ellas, de 514.698,60 € (85.638.641 pesetas), ACUERDA; desestimarlas y confirmar las liquidaciones impugnadas.

Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Obligado tributario
Parentesco
Ajuar doméstico
Herencia
Inspección tributaria
Deuda tributaria
Caudal hereditario
Vivienda habitual
Acta de disconformidad
Caducidad
Período impositivo
Transmisión de participaciones
Intereses de demora
Escritura pública
Sociedad de gananciales
Descendientes
Impuesto sobre el Patrimonio
Testamento abierto
Usufructo universal
Usufructo vitalicio
Partición hereditaria
Liquidación sociedad gananciales
Beneficios fiscales
Venta de la vivienda habitual
Cuentas bancarias
Gastos deducibles
Fallecimiento del causante
Rendimientos de actividades económicas
Plazo de prescripción
Coherederos
Porción hereditaria
Audiencia previa
Liquidación provisional del impuesto
Base liquidable
Cuota tributaria
Cuota diferencial IRPF
ISD (Impuesto sobre sucesiones y donaciones)
Contenido del acta
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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