Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/115/2006 de 12 de Julio de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 12 de Julio de 2006
  • Núm. Resolución: 00/115/2006

Resumen

Es correcto el acuerdo de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre denegación al reclamante de abono de intereses de demora en la jubilación y en el señalamiento y pago de la pensión correspondiente, ya que no se dan las condiciones señaladas por la Ley para el abono de intereses de demora en el pago de obligaciones ya reconocidas. En el caso concreto, la Caja Pagadora de Clases Pasivas hizo efectivo el abono de las liquidaciones de atrasos antes de que el interesado reclamase por escrito el pago de lo señalado en los señalamientos de pensión, si bien debe indicarse que contra el alta en nómina y liquidación de atrasos que hacen las Cajas Pagadoras se debe recurrir ante los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y no ante el Tribunal Económico-Administrativo Central.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 12 de julio de 2006 en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, interpuesta por D. ..., con domicilio en ..., contra acuerdo de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 3 de noviembre de 2005, denegando el abono de intereses por demora en la jubilación y en el señalamiento y pago de la pensión correspondiente.

                                                         ANTECEDENTES DE HECHO

            PRIMERO: D. ..., nacido el ..., funcionario del Cuerpo de Maestros, solicitó a la Delegación del Gobierno en ... (Administración del Estado) la jubilación por incapacidad permanente para el servicio, que le fue denegada por resolución de ... de 1998, que fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de ..., que por sentencia de ... de 2002 acordó la nulidad de la resolución recurrida y el derecho del actor a que se le concediera la incapacidad permanente para el servicio. Transferidas las competencias a la Comunidad Autónoma de ... en materia de educación, con efectos de ..., la gestión del personal docente no universitario correspondía a la Dirección General de ... del ..., que por resolución de 27 de julio de 2004, declaró al interesado jubilado por incapacidad permanente, con efectos de ... de 1998, remitiendo con fecha 10 de agosto de 2004, el impreso de iniciación de oficio del procedimiento de reconocimiento de jubilación del Régimen de Clases Pasivas del Estado -Documento J- a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, que por acuerdo de 25 de octubre de 2004 reconoció al interesado pensión ordinaria de jubilación por incapacidad permanente, con efectos económicos de ... de 1999, primer día del mes siguiente al hecho causante, y cuantía íntegra mensual de 1.235,90 €. Posteriormente, a petición del interesado, el Centro Gestor, por acuerdo de 21 de diciembre de 2004, dictó un nuevo señalamiento de pensión con efectos de ... de 1999 y cuantía íntegra mensual de 1062,26 €.

           SEGUNDO: Por escrito presentado el 5 de septiembre de 2005 en la Subdelegación del Gobierno en ..., D. ... solicitó el abono de los intereses generados desde ... de 2002 hasta enero de 2005, de las cantidades abonadas en concepto de pensión de jubilación, y la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por acuerdo de 3 de noviembre de 2005, denegó la petición en base a los siguientes argumentos: El interesado solicita que se le abonen intereses legales por las cantidades atrasadas en ejecución de la citada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de ..., y en base a lo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. La citada sentencia no contiene pronunciamiento alguno en su parte dispositiva en cuanto al abono de intereses si bien, el art. 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, establece en su apartado 1 que cuando la Administración fuere condenada al pago de cantidad líquida, el órgano encargado de su cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito correspondiente de su presupuesto, y en su apartado 2 añade que a dicha cantidad se añadirá el interés legal del dinero, calculado desde la fecha de notificación de la sentencia dictada en única o primera instancia. Por su parte el art. 45 del Real Decreto 1091/1988, de 23 de septiembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria establece que "si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública dentro de los 3 meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación habrá de abonarse el interés señalado en el artículo 36, párrafo 2 de esta Ley, sobre la cantidad debida, desde que el acreedor reclame por escrito el cumplimiento de la obligación"; así pues para que la Administración incurra en mora, es preciso que concurran dos requisitos: 1) transcurso de 3 meses desde la notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, y 2) reclamación por escrito del acreedor de la Administración a ésta. En el presente caso, la Administración demandada -...- no fue condenada al pago de cantidad líquida, sino al reconocimiento del derecho del recurrente a la pensión de jubilación por incapacidad permanente para el servicio, como así se ejecutó por el órgano de jubilación al iniciar en tales términos el procedimiento de jubilación del interesado, que concluyó con la resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de fecha 25 de octubre de 2004, que le reconocía la citada pensión, por lo que aún habiendo incurrido en mora la Administración, a los meros efectos dialécticos, ésta ya había satisfecho al interesado el importe de la pensión, cuando éste reclamó por escrito el cumplimiento de la obligación, por lo que procede denegar el reconocimiento de los intereses solicitados.

TERCERO: Contra el anterior acuerdo, cuya notificación consta acreditada el día 14 de noviembre de 2005, el interesado interpone la presente reclamación mediante escrito presentado el 14 de diciembre de 2005, en la Subdelegación del Gobierno en ..., en el que reitera su pretensión del cobro de los intereses de su pensión de jubilación desde la fecha de la sentencia, ... de 2002 hasta enero de 2005, fecha en que se le abonan los atrasos. Para fundar su pretensión alega lo siguiente: "A.-  Que, con fecha ... de 2002 se dictó sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de ..., Sala Contencioso-Administrativa, correspondiente al recurso n° ... de 1998, por la cual se estimaba el recurso interpuesto por esta parte y se acordaba la nulidad de la resolución recurrida y el derecho del actor a que se le conceda la jubilación por incapacidad permanente para el servicio con efectos de ... de 1998. B.- Que, ante la falta de abono de la pensión por parte de la administración condenada habiendo transcurrido el plazo legalmente establecido en el artículo 104.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa desde la fecha de firmeza de la sentencia esta parte se ve en la obligación de instar la ejecución forzosa. Mediante Providencia del Tribunal Superior de Justicia de ..., Sala de lo Contencioso-Administrativo, se tiene por instada ejecución forzosa, Ejecución ... C.- Que, finalmente con fecha septiembre de 2004 se efectúa el primer ingreso correspondiente a mi pensión y al mes en cuestión aunque no es la cuantía correcta: Con fecha ... de 2004 se aprueba el reconocimiento de pensión de jubilación por incapacidad; expediente administrativo ... Siendo en febrero de 2005 cuando se procede al abono de la pensión desde la fecha de efectos hasta la actualidad, es decir, el pago de los denominados atrasos. Estos importes abonados son los correspondientes a las mensualidades vencidas desde la fecha de efectos de la pensión hasta enero de 2005. D.- Que, en virtud del artículo 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la Administración condenada debería haber abonado al dicente los correspondientes intereses de las cantidades pagadas en enero de 2005 calculados desde la fecha de la sentencia ... de 2002, sin que dicho abono se haya producido. En consecuencia, se solicita el abono del mismo mediante escrito registrado el 5 de septiembre de 2005, resultando denegado por resolución que por el presente se recurre. E.- Que, la resolución recurrida fundamenta su denegación en el artículo 45 del Real Decreto 1091/1988 de 23 de septiembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, argumentando que la administración no fue condenada al pago de cantidad líquida alguna sino al reconocimiento del derecho del recurrente a la pensión de jubilación por incapacidad permanente para el servicio, como así se ejecutó por el órgano concluyendo con la resolución de 25 de octubre de 2004 que le reconocía la citada pensión, y aún incurriendo en mora la administración ya había satisfecho el importe de la pensión cuando éste reclamó por escrito el cumplimiento de la obligación. En primer lugar decir, que el mentado Real Decreto 1091/1988 fue derogado por la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, la cual recoge igual contenido en su artículo 17 pero deberíamos referirnos a ésta nueva normativa, y en cuanto a la misma, tal y como, ya se ha dicho, transcurrió el plazo de tres meses siguientes a la notificación de la sentencia sin que la administración cumpliese el pago, porque la condena a pesar de ser al reconocimiento de la situación de incapacitado del trabajador, se traduce en un abono de cantidades determinadas, una cantidad líquida, al contrario de lo que manifiesta la resolución, pues bien transcurrido ese plazo sin efectuar el abono, se procede a reclamar el mismo, mediante la ejecución de la sentencia, que como dice el precepto mentado, artículo 106 de la Ley 29/1998, dicha cantidad mandada ejecutar lleva añadida por Ley el interés legal del dinero. En consecuencia si se produce reclamación, en concreto ejecución de una Sentencia por incumplimiento de la administración, y que aún así tardó en abonar las cuantías adeudadas casi tres años después de sentencia, por ello, no reclama esta parte los intereses desde la fecha de efectos de la situación de incapacidad sino desde la fecha de sentencia. La administración debe asumir los daños y perjuicios que se han ocasionado al afectado como consecuencia de su retraso culposo en la entrega de la cantidad debida una vez reclamada la satisfacción de la misma, y así compensar el desequilibrio producido en el patrimonio del deudor como consecuencia de la indisponibilidad de la suma de dinero y que la administración cumpla con normalidad sus obligaciones con la misma exigencia que se muestra ella con los sujetos pasivos.

        CUARTO: Constan en el expediente: a) oficio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, dirigido a D. ..., fechado el 11 de agosto de 2004, que dice: "De conformidad con lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se informa lo siguiente: 1.- Con fecha 10 de agosto de 2004 ha tenido entrada en este Ministerio el impreso "J" de iniciación de oficio del procedimiento, para el reconocimiento de la pensión de jubilación por incapacidad permanente que pueda corresponderle, señalándose en dicho impreso que los efectos de su pase a la citada situación de jubilado se producirán a partir de ... de 1998. 2.- En cumplimiento de la normativa vigente, su solicitud se tramitará con la mayor celeridad posible. 3.- A efectos informativos, al pie de la presente comunicación se recogen los preceptos más significativos en relación con el plazo máximo para resolver la solicitud, la suspensión del transcurso de dicho plazo y los efectos del silencio administrativo. 4.- Para obtener cualquier información sobre el estado de tramitación del procedimiento, podrá requerirla de esta Dirección General en la dirección y teléfono abajo indicados"; b) fotocopia de oficio dirigido al Tribunal Superior de Justicia de ..., con fecha 14 de junio de 2004 por la Directora General de ... del Departamento de ... del ..., que dice: "En relación con su escrito de fecha 12 de mayo pasado, solicitando informe sobre el órgano administrativo que debe proceder a la ejecución de la sentencia dictada, así como las diligencias seguidas para ejecutarla, y estado de las mismas, se informa lo siguiente: 1°) La sentencia dictada lo fue contra una resolución de la Delegación del Gobierno en ..., de fecha ... de 1998, por lo tanto en principio la ejecución de la sentencia correspondería a dicho órgano administrativo. Así se desprende de que la Administración demandada era la del Estado y no la Administración de la Comunidad Autónoma. 2°) Que debido a la transferencia de competencias en materia de Educación efectuada a esta Comunidad Autónoma con efectos de ..., la gestión del personal docente no universitario es competencia de esta Dirección General de ... 3°) Que por parte de esta Dirección General, y con el fin de evitar mayores perjuicios al interesado, se ha procedido a realizar las gestiones pertinentes para conceder la jubilación por incapacidad para el servicio, con efectos de ... de 1998, fecha en que por parte de la Delegación del Gobierno en ... le fue denegada su petición".

                                                             FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite de la reclamación, en la que la única cuestión planteada consiste en determinar si procede, o no, reconocer al interesado los intereses de demora que pretende.

         SEGUNDO: En el Régimen de Clases Pasivas hay que distinguir entre la competencia del órgano de jubilación, que comprende la extinción de la relación de servicios y el reconocimiento de los prestados y que en el presente caso es la Comunidad de ..., al estar en esta Comunidad el último destino del interesado, y la concesión de la pensión de jubilación, que es competencia de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas. Así, los artículos 11.1 y 12 del Texto Refundido de Clases Pasivas de 1987 determinan que la competencia para el reconocimiento de los derechos pasivos y el señalamiento y pago de las correspondientes pensiones del Régimen de Clases Pasivas, corresponde a la referida Dirección General, mientras que el artículo 13 del mismo Texto Refundido atribuye la competencia para el reconocimiento de los servicios prestados a otros organismos. La normativa estatal aplicable en esta materia está recogida por las siguientes disposiciones: a) Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado (B.O.E de 27 de mayo); b) Real Decreto 172/1988, de 22 de febrero, sobre procedimientos de jubilación y concesión de pensión de jubilación de funcionarios civiles del Estado (B.O.E del 2 de marzo); c) Orden de 30 de septiembre de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por la que se dictan normas complementarias al Real Decreto 172/1988, de 22 de febrero, sobre Procedimiento de Jubilación y Concesión de Pensión de Jubilación de Funcionarios Civiles del Estado (B.O.E del 6 de octubre); d) Resolución de 29 de diciembre de 1995, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, del Ministerio para las Administraciones Públicas, por la que se modifican los procedimientos de jubilación del personal civil incluido en el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado. (B.O.E del 11 de enero de 1996); e) Resolución de 14 de julio de 1998, de las Secretarías del Estado de Presupuestos y Gastos y para la Administración Pública, por la que se aprueban los modelos de impresos para determinados procedimientos de reconocimiento de pensiones del régimen de clases pasivas del Estado, publicada por Resolución de 24 de julio de 1998, de la Subsecretaría, del Ministerio de la Presidencia. (B.O.E del 29).

        TERCERO: Los dos primeros apartados del artículo 13 del Real Decreto 172/1988 establecen que: "1. El procedimiento de concesión de pensión se iniciará de oficio, mediante la remisión a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por el órgano de jubilación de que se trate, del impreso de iniciación del procedimiento a que se refiere el artículo siguiente, debidamente cumplimentado. 2. El modelo citado impreso se aprobará por Orden conjunta del Ministro para las Administraciones Públicas y del Ministro de Economía y Hacienda, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado". En dicha Orden se harán constar, asimismo, las instrucciones para su cumplimentación, que serán de obligatoria observancia para todos los órganos de jubilación y funcionarios". El Artículo 15 y siguientes a su vez, disponen que: "1. La parte del impreso reservada a la certificación de servicios efectivos al Estado se cumplimentará por los servicios del órgano de jubilación. En la misma se harán constar todos los servicios que hubiera prestado el funcionario o que se le hubieran reconocido de aquellos mencionados en el artículo 32, número 1 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril. 2. A los efectos del número anterior, en el mismo momento de iniciación del procedimiento de jubilación, los servicios del órgano de jubilación se dirigirán al funcionario, comunicándole la información obrante en su poder, debidamente acreditada, acerca de los servicios efectivos al Estado que pudieran considerársele a efectos de Clases Pasivas y requiriéndole para que, en su caso de poder computarse algunos otros, lo  advierta cumplidamente. En el supuesto de que existieran estos otros servicios, de los que no tuvieran evidencia los servicios administrativos correspondientes, el órgano de jubilación se dirigirá a la Autoridad u órgano que corresponda de entre los mencionados en el artículo 13, número 1, del texto refundido citado con anterioridad, en solicitud de certificación o acreditación de la efectividad de los servicios alegados por el funcionario. En caso de que no existieran otros servicios que aquellos que constaran suficientemente al órgano de jubilación o, en otro caso, una vez recibida de la autoridad u órgano correspondiente la certificación o acreditación de los otros servicios, se procederá a cumplimentar la certificación de servicios efectivos al Estado. Una vez extendida la certificación, de la misma se dará traslado al funcionario de que se trate, junto con la justificación sucinta de la no inclusión en la misma de algunos servicios alegados por aquél, en el supuesto de que tal eventualidad se hubiera producido, pudiéndosete interponer contra la misma los recursos procedentes en derecho. 3. La parte del impreso referente a información complementaria para liquidación deberá cumplimentarse por el funcionario, debiendo los servicios del órgano de jubilación requerirle oportunamente a tal efecto. Artículo 16. Recepción y devolución del impreso. 1. Una vez recibido en la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas el impreso de iniciación del procedimiento, por los servicios competentes de ésta se procederá a comprobarlo. Especialmente, se comprobará si el impreso se ajusta al modelo aprobado por dicho Centro, y se han cumplimentado por el funcionario de cuya jubilación se trate los extremos requeridos como información complementaria para la liquidación. Esta comprobación deberá realizarse en los días siguientes a aquel en que se hubiera recibido. 2. Si el impreso contuviera defectos que incidan en los aspectos mencionados en el número anterior, los servicios correspondientes de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, en término de cinco días, contados a partir de aquel en que se hubiera realizado la comprobación mencionada en el número anterior, devolverán el mismo a su origen para su subsanación. 3. Los defectos puramente formales o las irregularidades no invalidantes no obligarán a devolver el impreso a origen, pudiendo subsanarse por los servicios de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas a los meros efectos de su tramitación, si bien se advertirá a los servicios a cargo de la autoridad competente para declarar la jubilación la conveniencia de corregirlos o eliminarlos. Artículo 17. Reconocimiento y señalamiento inicial. 1. Comprobado el impreso de iniciación del procedimiento, los servicios de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas procederán a practicar el reconocimiento de los derechos pasivos del funcionario y el señalamiento inicial de la pensión, con sujeción a las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, y a las reglamentarias a que se refiera la disposición transitoria novena del mismo. Estas actualizaciones serán fiscalizadas por los correspondientes órganos de la Intervención General de la Administración del Estado. 2. El reconocimiento de los derechos pasivos del funcionario y el señalamiento inicial de la pensión del mismo, caso de ser procedentes, se harán constar en una resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas que constituirá el título de pensionista y la acreditación de los derechos pasivos del funcionario a efectos de la liquidación e inclusión en nómina de la pensión".

        CUARTO: En el presente caso, el órgano de jubilación (...), por resolución de 27 de julio de 2004 jubilaba al interesado por incapacidad permanente en cumplimento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de ..., de ... de 2002, y a partir de la notificación del Documento J (... de 2004) empezó la tramitación de la pensión de jubilación, y conforme al artículo 2 del Real Decreto 1769/1994, de 5 de agosto, de adecuación de las normas reguladoras de los procedimientos de Clases Pasivas a la Ley 39/1992, de 2 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo máximo para ejecución de las solicitudes formuladas por los interesados será de cuatro meses, computándose el mismo a partir del día en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los registros del órgano administrativo competente. Por lo tanto, señalada la pensión del interesado, inicialmente, por acuerdo de 25 de octubre de 2004, la actuación del Centro Gestor se encuentra dentro de los plazos legales señalados para resolver y no es posible hablar de demoras en el señalamiento de la pensión, La responsabilidad del Centro Gestor de Clases Pasivas se inicia con el procedimiento de declaración de pensión de jubilación y no le alcanzan las demoras que en la tramitación de la jubilación (extinción de la relación de servicios) haya podido incurrir el órgano de jubilación (...). Es decir, en todo caso respondería el Centro Gestor por demoras en la declaración de la pensión, pero no por demoras en la extinción de servicios y remisión de la documentación adecuada para calcular la pensión que debe realizar el órgano de jubilación.

        QUINTO: El interesado invoca la aplicación del artículo 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en relación con la ejecución de la Sentencia de ... de 2002 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de ..., en la que han sido parte la Administración del Estado, inicialmente, y el interesado. Dice el citado artículo: "1.- Cuando la Administración fuere condenada al pago de cantidad líquida, el órgano encargado de su cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito correspondiente de su presupuesto, que tendrá siempre la consideración de ampliable. Si para el pago fuese necesario realizar una modificación presupuestaria, deberá concluirse el procedimiento correspondiente dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial. 2.- A la cantidad a que se refiere el apartado anterior se añadirá el interés legal del dinero, calculado desde la fecha de notificación de la sentencia dictada en única o primera instancia". A la vista de este artículo resulta necesario señalar que la referida sentencia afecta al ..., como sucesor de la Administración del Estado, demandado inicial, y que no fija el pago de cantidad líquida alguna.

        SEXTO: Sin título administrativo o sentencia judicial en la que se reconozcan intereses de demora por el retraso en el señalamiento de la pensión de jubilación y no por el retraso en la jubilación, como es el caso de la sentencia de ... de 2002, la única manera de reconocérselos se hubiese dado en el supuesto de retrasos de la Administración a la hora de hacer efectivo el pago de la liquidación y alta en nómina efectuada por la Caja Pagadora de Clases Pasivas donde el interesado percibe sus haberes. Todo ello conforme: a lo establecido en el artículo 45 del Real Decreto 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, según el cual: "si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública dentro de los 3 meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación habrá de abonarse el interés señalado en el artículo 36, párrafo 2 de esta Ley, sobre la cantidad debida, desde que el acreedor reclame por escrito el cumplimiento de la obligación"; en el  artículo 24 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en vigor desde el 1 de enero de 2005, que establece "si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública estatal dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el artículo 17 apartado 2 de esta ley (interés legal), sobre la cantidad debida, desde que el acreedor, una vez transcurrido dicho plazo, reclame por escrito el cumplimiento de la obligación". En conclusión, para que la Administración incurra en demora, es preciso que concurran dos requisitos: 1) transcurso de tres meses desde la notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, y 2) reclamación por escrito del acreedor de la Administración a esta. En el presente caso, la Caja Pagadora de Clases Pasivas hizo efectivo el abono de las liquidaciones de atrasos antes de que el interesado reclamase por escrito el pago de lo señalado en los señalamientos de pensión de 25 de octubre de 2004 y 21 de diciembre de 2004, si bien hay que indicar que contra el alta en nómina y liquidación de atrasos que hacen las Cajas Pagadoras se debe recurrir ante los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y no ante este Tribunal Central. Por lo expuesto, no se dan las condiciones señaladas por la Ley para el abono de intereses por demora en el pago de obligaciones ya reconocidas.

        SÉPTIMO: En consecuencia, procede confirmar el acuerdo impugnado por hallarse conforme a Derecho.

Por lo expuesto,

EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA,   ACUERDA:  Desestimar la reclamación económico-administrativa interpuesta por D. ..., contra acuerdo de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 3 de noviembre de 2005, sobre denegación de abono de interés por demora en la jubilación, y en el señalamiento y pago de la pensión correspondiente, que se confirma.

Prestación de jubilación
Jubilación por incapacidad permanente
Cantidad líquida
Intereses de demora
Jurisdicción contencioso-administrativa
Interés legal del dinero
Régimen de Clases Pasivas
Resolución recurrida
Incapacidad permanente
Nulidad de las resoluciones
Incapacidad
Ejecución de sentencia
Notificación de la sentencia
Iniciación de oficio
Ejecución forzosa
Recibo de salarios
Intereses legales
Fecha de notificación
Funcionarios civiles del Estado
Daños y perjuicios
Efectos del silencio administrativo
Celeridad
Secretarías de Estado
Sucesor
Responsabilidad

Ley 47/2003 de 26 de Nov (General presupuestaria) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 284 Fecha de Publicación: 27/11/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2005 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 39/1992 de 29 de Dic (Presupuestos Generales del Estado para 1993) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 313 Fecha de Publicación: 30/12/1992 Fecha de entrada en vigor: 20/01/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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