Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1175/2006 de 12 de Septiembre de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 12 de Septiembre de 2007
  • Núm. Resolución: 00/1175/2006

Resumen

Los órganos económico-administrativos son competentes para declarar la procedencia o no de la repercusión del IVA y sus elementos, al tratarse de una actuación entre particulares reclamable en vía económico-administrativa, según el artículo 117 del RPREA de 1996 y el actual artículo 227.4 de la LGT (Ley 58/2003), pero no para exigir el pago de la cuota. Tampoco son competentes los órganos económico-administrativos para declarar la procedencia de intereses de demora y demás recargos o gastos por el retraso en el pago de la repercusión. La obligación de indemnizar y la determinación de su alcance tiene su fundamento en la teoría general sobre el incumplimiento de las obligaciones, sujeta al derecho privado cuando tiene por sujetos a dos particulares, o la norma específica del derecho público cuando tiene por sujetos a un particular y a la Administración Pública, no estando expresamente recogido en las leyes tributarias la exigibilidad de intereses de demora en estos casos. Con esto no se está prejuzgando sobre su exigibilidad, sino simplemente que es cuestión ajena a las competencias de los órganos económico-administrativos.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 12 de septiembre de 2007 en recurso de alzada que pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesto por ..., S.A. con CIF ... y en su nombre y representación por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ... contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de ... de fecha 22 de septiembre de 2005 (reclamación nº ...) relativa a la impugnación de un acto de repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), siendo la cuantía de la reclamación de 391.020,73 euros.

                                          ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-
El Ayuntamiento de ... acordó la expropiación de los derechos arrendaticios que la entidad ..., S.A. ostentaba en relación con un inmueble sito en la calle ... nº ... de ..., donde venía desarrollando su actividad empresarial.

El citado expediente administrativo finalizó con la fijación, por parte del Jurado Provincial de Expropiación, de una indemnización en favor de la entidad expropiada por importe de 3.435.549,52 euros (571.627.344 pesetas), instrumentándose el pago de dicha indemnización por parte del Ayuntamiento de ... de la siguiente manera:

- Factura de 7 de junio de 1996 por importe de 1.150.337,17 euros (191.400.000 pesetas), de los cuales 991.669,97 euros (165.000.000 pesetas) correspondían a parte del justiprecio y 158.667,19 euros (26.400.000 pesetas) al IVA.

- Factura de 10 de enero de 2001 por importe de 2.834.900,28 euros (471.687.719 pesetas), correspondiendo 1.175.699 euros (195.619.858 pesetas) al resto del justiprecio, 1.268.180,53 euros (211.007.486 pesetas) a los intereses de demora devengados en la tramitación y pago de los derechos arrendaticios, y 391.020,73 euros (65.060.375 pesetas) al IVA.

Respecto al primero de los pagos, documentado en la factura de 7 de junio de 1996, y ante la discrepancia del Ayuntamiento en relación con la sujeción al IVA de la operación, la entidad interpuso reclamación económico-administrativa ante el TEAR de ... que, en fecha 11 de noviembre de 1996, dictó resolución estimatoria confirmando la adecuación a derecho de la repercusión tributaria y la obligación del Ayuntamiento de ... de soportarla.

Esta resolución fue recurrida en alzada ante este Tribunal Central, que dictó resolución confirmatoria de la misma en fecha ... de 2001.

SEGUNDO.-
Respecto al segundo pago previsto, documentado en la factura de 10 de enero de 2001, la entidad acreedora vuelve a presentar reclamación económico-administrativa ante el TEAR de ... por el mismo motivo: la sujeción al IVA de la expropiación, añadiendo otras cuestiones como la determinación de la base imponible, la fecha del devengo, que se obligue al Ayuntamiento de ... a abonar el importe del IVA y que se le reconozca el derecho a percibir intereses de demora por el retraso en el pago de las cuotas de IVA adeudadas.

El TEAR de ... dictó el 22 de septiembre de 2005 resolución parcialmente estimatoria de las pretensiones de la reclamante con la siguiente motivación:

3.- Que sobre la expropiación de los derechos arrendaticios del local de la finca de la Calle ... de la ciudad de ..., este Tribunal, como se ha indicado en los Antecedentes, tuvo ocasión de pronunciarse con motivo de la resolución de la reclamación ... en Sala de 11 de noviembre de 1998, la cual fue confirmada en Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de ... de 2001, sin que conste que esta última haya sido nuevamente impugnada.

4.- En el Fundamento Tercero de la anterior resolución se dijo: "que la transmisión de un derecho arrendaticio se considera prestación de servicios y por tanto sujeta a IVA y a su repercusión tal como se establece en el art. 88.1 de la citada Ley (...)".

En el Fundamento Cuarto se estableció "la base imponible será el justiprecio determinado que es el valor del derecho objeto de expropiación y en ese valor real que sustituye el justiprecio no pueda ir incluido el IVA como tributo repercutido debe ir sobre el valor real determinado en el justiprecio, ya que, en otro caso, si fuera incluido en él produciría la pérdida del carácter de equidad compensatoria con respecto al derecho expropiado al que sustituye, criterio este mantenido por Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 1.996".

Por último, en el Fundamento Quinto, citando la consulta a la Dirección General de Tributos de 9 de julio de 1996, realizada expresamente por la reclamante para el presente supuesto, se concluyó que "el devengo de la operación se producirá cuando la prestación se efectúe o ejecute, si bien al existir pagos anticipados, el devengo tendrá lugar en el momento del cobro de los mismos y por los importes efectivamente percibidos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75, apartado dos de la Ley 37/1992".

En consecuencia, este Tribunal en la resolución del expediente ..., ya determinó que la expropiación de los derechos arrendaticios de la entidad reclamante por el Ayuntamiento de ... era una operación sujeta al Impuesto. En la misma se fijó, además, la base imponible y su forma de cálculo, y, por último el momento del devengo, con la particularidad de haber existido pagos anticipados. Estos elementos fueron confirmados por Resolución del TEAC, sin que ninguna de las partes impugnara la resolución.

5.- Lo anterior supone que este Tribunal deba mantener, en tanto que cosa ya juzgada, el criterio relativo a la sujeción al Impuesto de la expropiación de derechos arrendaticios, con independencia de la alegada Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 10 de marzo de 2004.

Por otro lado, esta resolución no acogía las pretensiones de la reclamante en cuanto a que se obligara al Ayuntamiento a pagar el importe de las cuotas de IVA que se declarasen procedentes, añadiendo a éstas los intereses y otros recargos que la demora en el pago le haya ocasionado a la parte acreedora. La resolución de 22 de septiembre de 2005 del TEAR de ... se pronunciaba sobre estas cuestiones en los siguientes términos:

8.- La segunda de las peticiones de la reclamante es que se obligue por parte de este Tribunal al Ayuntamiento de ... a pagar al reclamante el impuesto reclamado.

El número 7 del artículo 117 establece: La resolución pondrá término al procedimiento, declarará si es procedente la repercusión o reembolso pretendidos y en su caso, determinará su cuantía, detallando las actuaciones que deban desarrollar obligatoriamente las partes para la ejecución del fallo. Dicha resolución se notificará a ambas partes, que podrán ejercitar contra ella los recursos correspondientes.

Como se ve la competencia de este Tribunal se limita a determinar la procedencia o no de una repercusión, analizando todos los elementos que nos permiten llegar a ella, y, como consecuencia legal, a obligar al repercutido a soportarla. Pero este Tribunal no tiene jurisdicción para obligar a quien tiene que soportar una repercusión a pagarla. En este sentido, a mayor abundamiento, debemos recordar que la Ley del Impuesto ha establecido en los artículos 80 y 89, en supuestos de impagados, mecanismos para trasladar las cuotas repercutidas del repercutidos a la Administración Tributaria. Lo anterior implica, vistos estos artículos, por una parte, que la jurisdicción competente para atender una demanda por impago no es la de este Tribunal, y que la forma de recuperar lo repercutido no pagado se regula en esos artículos y no el artículo 117 del Reglamento de la reclamaciones, actual artículo 227.4 de la Ley General Tributaria.

Debe por tanto que desestimarse la segunda de las pretensiones de la reclamante.

9.- La última de las pretensiones de la reclamante es que se obligue por este Tribunal al Ayuntamiento de ... a satisfacer los intereses de demora así como cualquier otro recargo. Al igual que en el Fundamento anterior, no compete a esta jurisdicción determinar las indemnizaciones derivadas del posible incumplimiento o retraso en el pago de las cantidades legalmente repercutidas.

TERCERO.-
Mediante escrito de 21 de febrero de 2006, la entidad ..., S.A. interpuso recurso de alzada contra la resolución del TEAR de ... parcialmente transcrita. El objeto de este recurso de alzada es que se establezca la obligación del Ayuntamiento de ... de pagar a la recurrente tanto la cuota de IVA que se declara procedente como los intereses, recargos o gastos que se hayan producido con motivo de esta falta de pago.

                                          FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-
Este Tribunal es competente para conocer del recurso que se examina, que ha sido interpuesto en tiempo hábil y por persona legitimada de conformidad con lo prevenido en la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, y en el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, que aprueba el Reglamento General de Revisión en Vía Administrativa.

SEGUNDO.-
La primera pretensión de la recurrente no puede ser acogida por este Tribunal puesto que la resolución que se impugna ya contiene una declaración en el sentido que solicita la recurrente, sin que los Tribunales Económico-Administrativos puedan ir más allá del acuerdo recurrido. En efecto, el fallo del TEAR de ... no sólo considera adecuado a derecho la sujeción al IVA de la operación de expropiación de derechos arrendaticios sino que, consecuentemente, declara la obligación del Ayuntamiento de ... de soportar la correspondiente repercusión de la cuota de IVA. Literalmente, el fallo resuelve:

ESTIMAR EN PARTE la presente reclamación económico administrativa, confirmando la repercusión del IVA practicada por su adecuación a derecho, así como la obligación del Ayuntamiento de ... de soportar el importe de la misma.

Por lo cual, la declaración que solicita la recurrente ya se encuentra implícita en la resolución impugnada que, por esta razón, debemos considerar ajustada a derecho. Esto es, como se ha indicado, los órganos económico-administrativos tienen la facultad para decidir en derecho si una operación queda sujeta o no al impuesto, así como sobre la repercusión a efectuar por el sujeto pasivo al destinatario de la operación y el deber de soportar este último tal obligación. Establecidos los términos de la sujeción así como la repercusión y obligación de soportarla por el destinatario, o lo que es lo mismo la procedencia o no de la repercusión, sus elementos y aún su cuantía, el pago de la operación queda enmarcado en las relaciones de derecho privado o público entre las partes intervenientes en las operaciones, sin que los órganos económico-administrativos puedan ir más allá de lo indicado, a no ser que el impago de las operaciones, como señala correctamente el Tribunal de instancia, de lugar a la modificación de las bases imponibles por tal motivo, como determinan los artículos 80 y 89 de la Ley reguladora del impuesto en que nuevamente son los órganos económico-administrativos competentes para declarar, sin perjuicio de las impugnaciones en vía contencioso-administrativa, la corrección o no de las modificaciones realizadas por el sujeto pasivo. Recordemos a estos efectos que el repercutido no está obligado al pago frente a la Administración tributaria, sino frente al repercutidor como sujeto pasivo del impuesto, empresario o profesional, y una vez establecida la obligación de soportar la repercusión, si su abono por el destinatario al sujeto pasivo no se realiza  voluntariamente, no pueden los órganos económico-administrativos exigir su pago, exigencia que corresponde efectuar al empresario o profesional repercutidor con base en su caso en la declaración efectuada bien por el órgano económico-administrativo, bien por el contencioso-administrativo si la resolución de aquél ha sido impugnada ante la jurisdicción contenciosa. Por ello, reiteramos que la resolución impugnada debe considerarse correcta al declarar la obligación de soportar el impuesto por parte del destinatario (aun cuando sea un órgano de la administración pública, puesto que en este caso queda despojado de sus prerrogativas administrativas actuando como un particular más, esto es como destinatario de las operaciones llevadas a cabo por un sujeto pasivo del impuesto), pero sin que sea la Administración tributaria la que deba exigir el pago de la cuota.

TERCERO.- En relación con la pretensión de que se declare por este Tribunal la procedencia de los intereses de demora y demás recargos o gastos a favor del recurrente y a cargo del Ayuntamiento de ... por el retraso en el pago de la repercusión, conviene comenzar recordando que el artículo 88 de la Ley 37/1992 configura la repercusión no sólo como un derecho del sujeto pasivo, sino como una obligación, tanto para éste ("los sujetos pasivos deberán repercutir íntegramente el importe del impuesto...") como para el sujeto repercutido ("... quedando este obligado a soportarlo siempre que la repercusión se ajuste a lo dispuesto en esta Ley, cualesquiera que fueran las estipulaciones existentes entre ellos."); y regula también el tiempo de la repercusión, al decir el párrafo Cuatro de este artículo que: "La repercusión del impuesto deberá efectuarse al tiempo de expedir y entregar la factura o documento análogo correspondiente".

La relación entre sujeto pasivo y sujeto repercutido es una relación entre particulares aunque de derecho público y naturaleza tributaria, respecto de la naturaleza, obligación y contenido de la repercusión, teniendo en cuenta que como califica este acto de repercusión la propia Ley General Tributaria es de una mera actuación tributaria y no como acto administrativo propiamente dicho. Puede, por tanto, afirmarse que en la obligación del repercutido concurren ciertas características que la aproximan a la obligación tributaria, pero sin llegar a identificarse plenamente con ella.

Por eso, si el artículo 88 de la Ley 37/1992 previene que "las controversias que puedan producirse con referencia a la repercusión del impuesto, tanto respecto a la procedencia como a la cuantía de la misma, se considerarán de naturaleza tributaria a efectos de las correspondientes reclamaciones en la vía económico administrativa", el acto que resuelve las reclamaciones planteadas en esta materia y tramitadas en conformidad con la normativa reguladora del procedimiento económico-administrativo, no tiene todas las características del acto administrativo en relación con la eficacia propia de estos; e incluso la extensión de esta vía de revisión a la decisión sobre la procedencia de los intereses posiblemente no esté autorizada, si se observa que el artículo 88 citado se refiere exclusivamente a las controversias sobre la procedencia de la repercusión y su cuantía, es decir, la cuantía de la repercusión y no la cuantía del reembolso por el repercutido.

La obligación de indemnizar que se pretende y la determinación de su alcance, tiene su fundamento en la teoría general sobre el incumplimiento de las obligaciones, sujeta al derecho privado cuando tiene por sujetos a dos particulares, o la norma específica del derecho público cuando tiene por sujetos a un particular y a la administración pública, no estando expresamente recogido en las leyes tributarias la exigibilidad de intereses de demora en estos casos. Con esto no se está prejuzgando sobre su exigibilidad, simplemente se ratifica el criterio de otras resoluciones anteriores de este Tribunal Central en el sentido de que es cuestión ajena a la competencia de estos Tribunales administrativos que, por otra parte, al resultar que la exigibilidad de pago no tiene naturaleza tributaria, tampoco podría determinar el día inicial de abono de los intereses, puesto que o bien tratándose de relaciones sujetas exclusivamente al derecho privado debe darse preferencia a la voluntad de las partes y subsidiariamente a las normas mercantiles o civiles reguladoras de la relación jurídico privada, o bien si el destinatario es una entidad pública quedaría sujeta a las normas específicas administrativas que regulan esa concreta relación (contratación, expropiación, patrimonio, etc).

En virtud de lo expuesto,

EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en el recurso de alzada interpuesto por ..., S.A. con CIF ... y en su nombre y representación por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ... contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de ... de fecha 22 de septiembre de 2005 (reclamación nº ...) relativa a la impugnación de un acto de repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), siendo la cuantía de la reclamación de 391.020,73 euros ACUERDA desestimarlo confirmando la resolución impugnada.

Impuesto sobre el Valor Añadido
Intereses de demora
Derechos del arrendatario
Justiprecio
Indemnización por expropiación forzosa
Valor real
Pago anticipado
Incumplimiento de las obligaciones
Actividades empresariales
Determinación de la base imponible
Cuota del IVA
Prestación de servicios
Equidad
Objeto de la expropiación forzosa
Reembolso
Empresario individual
Ejecución de resolución judicial
Revisión en vía administrativa
Obligaciones tributarias
Voluntad de las partes

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 520/2005 de 13 de May (Reglamento de desarrollo de la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de revision en via administrativa) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 126 Fecha de Publicación: 27/05/2005 Fecha de entrada en vigor: 27/06/2005 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

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