Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1341/2005 de 24 de Julio de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 24 de Julio de 2007
  • Núm. Resolución: 00/1341/2005

Resumen

Procede la liquidación practicada por la Comunidad Autónoma por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, como consecuencia de la autorización administrativa otorgada para la instalación de un Parque Eólico, de acuerdo con el artículo 13.2 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (Real Decreto Legislativo 1/1993).

Descripción

        En la Villa de Madrid, a 24 de julio de 2007 en el recurso de alzada que pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central interpuesto por D. ... y proseguido por D. ..., ambos en nombre y representación de ..., S.A. con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra resolución del Tribunal Regional de ... desestimatoria de reclamación nº ... promovida contra liquidación en concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por importe equivalente a 354.527,89 euros (58.988.477 pesetas) incluidos intereses de demora.

                                                       ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-
Por resolución de 18 de junio de 1997, publicada en el BO ... (Boletín Oficial de ...) de ..., después modificada por la de 24 de octubre de 1997 por cambio de modelo de ..., la Dirección General de ... de ... otorgó a ..., S.A. autorización administrativa de instalación del Parque Eólico ..., que "se concede de acuerdo con lo establecido en el Decreto ... y con las condiciones y limitaciones" que dicha resolución enumera, entre otras, la contenida en el epígrafe h) del apartado 10º ("Se desmantelarán las instalaciones al final de la concesión o la vida útil del parque, restaurando el espacio natural ocupado"); el Servicio de ... de la expresada Comunidad inició actuaciones de comprobación e investigación y, aparte diversos requerimientos y citaciones a la interesada documentados en las correspondientes diligencias, recabó de la Dirección General de ... informe sobre si las instalaciones autorizadas estaban acogidas al régimen especial de la Ley 40/1994 y Real Decreto 2566/1994 y si se había solicitado la exclusión del sistema integrado, dándose respuesta en el sentido de que las instalaciones autorizadas estaban acogidas al Régimen Especial "de conformidad con la legislación vigente" y no constar que la sociedad hubiera solicitado autorización "para que la energía producida o que pueda producirse en sus instalaciones quede fuera del sistema integrado"; el 14 de diciembre de 2000 se formalizó Acta de disconformidad por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre una base imponible de 7.319.156,02 euros (1.217.805.094 pesetas), presupuesto de las instalaciones, y una deuda tributaria de 354.527,89 euros (58.988.477 pesetas) incluidos intereses de demora por importe de 61.761,64 euros (10.276.273 pesetas); al Acta se unió informe de la Actuaria en el que, en resumen, se exponía que tras serle otorgada a la interesada la autorización de las instalaciones, no fue presentada declaración-liquidación modelo 600; que del informe evacuado por la Dirección General de ... "se desprende sin duda alguna que la actividad de producción de energía eléctrica que fue autorizada a ..., S.A. está incluida en el llamado régimen especial de producción eléctrica (arts. 26 y ss. de la LOSEN) y que la energía que pueda producirse en las correspondientes instalaciones quedará inmersa en el llamado sistema integrado (arts. 11 y 16 y ss. de la LOSEN)"; que no se habían presentado alegaciones; que el Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados calificaba como transmisión patrimonial sujeta la constitución de concesiones administrativas y que en su artículo 13.2, que trascribía, asimilaba a éstas determinados actos y negocios administrativos, equiparación fiscal que se produjo por la Ley 29/1991, de Adecuación de Determinados Conceptos Impositivos a las Directivas y Reglamentos de las Comunidades Europeas; que la progresiva liberalización económica europea y las crecientes críticas doctrinales y políticas a la noción de servicio público había provocado que la técnica concesional perdiera su relevancia a favor de otras técnicas de habilitación a los particulares para prestar servicios públicos o actividades de interés general intervenidas por la Administración, con la consecuencia inmediata de quedar superada la concepción clásica de la autorización como operación de remoción de los límites que afecten a una actividad privada inicialmente libre; que en estas nuevas autorizaciones la Administración autorizante se suele reservar amplísimas facultades y potestades de vigilancia, control y sanción, que hallan reflejo en los pliegos de condiciones que de modo específico determinan las obligaciones del autorizado y las medidas de intervención y control que la Administración autorizante puede adoptar; que la reforma operada por la Ley 29/1991 se inscribe en este contexto como refleja su Exposición de Motivos; que, según el examen integrado de los preceptos de la Ley 40/1994, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional (LOSEN), en vigor desde el 1 de enero de 1995, la Administración era la única responsable de garantizar el suministro y de adoptar las decisiones sobre inversión en nuevas infraestructuras de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y que toda la energía producida en "el sistema integrado" era sustraída del libre comercio (estancada), recibiendo en consecuencia toda la recaudación de la tarifa con el fin de retribuir a los operadores en cumplimiento de la gestión que se les había encomendado, según los costes reconocidos a cada uno de ellos; que si bien la LOSEN estableció un sistema alternativo denominado "sistema independiente", "quedaron sin regular los aspectos concretos a que debían ajustarse los operadores y consumidores que deseasen acceder" a él, "lo que debía hacerse por vía reglamentaria, por lo que dicho sistema alternativo careció de efectividad en la práctica"; que dentro de la producción existían dos regímenes diferenciados, ordinario y especial, quedando comprendidas en éste segundo la utilización como energía primaria de energías renovables no hidráulicas, categoría en la que se incardinaba la eólica; que las actividades de producción en régimen especial quedaban automáticamente incluidas en el régimen integrado salvo que se solicitara y obtuviera autorización para operar en el sistema independiente; que el Decreto ... de ... regulaba el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en el ámbito de la Comunidad Autónoma, teniendo la LOSEN carácter de Ley básica estatal, salvo en lo relativo a los procedimientos administrativos según la disposición Final Primera; en cuanto a la relación jurídica tributaria, descartada la sujeción al IVA, la Actuaria apreciaba la concurrencia de cada uno de los tres requisitos o elementos del hecho imponible: existencia de un acto o negocio jurídico, que tenía como contenido esencial el otorgamiento o atribución de facultades de gestión de servicios públicos y, como consecuencia de ello, desplazamiento patrimonial a favor de particulares, por ser la autorización obtenida acto administrativo, quedar las actividades de producción de energía eléctrica del sistema integrado incluidas bajo la declaración de servicio público, según había razonado, y venir constituido el exigible desplazamiento patrimonial, de la Administración hacia el particular, por la propia atribución de facultades de gestión del servicio, en cuanto se transfería una esfera de actuación inicialmente administrativa, que se integraba en el patrimonio del autorizado y que por constituir una expectativa de beneficio era susceptible de valoración en términos económicos; respecto del devengo, resaltaba ser el de Transmisiones Patrimoniales Impuesto de devengo instantáneo por lo que en este caso se devengó al otorgamiento de la autorización, siendo irrelevante la fecha de iniciación de las obras o de explotación del servicio o el hecho de que algunas fechas después se promulgara la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, con un régimen jurídico diferente; en cuanto a la base imponible, se fijaba conforme a la regla del artículo 13.4 b) del Texto Refundido del Impuesto, siendo aplicable el tipo impositivo del artículo 13.1 del 4%, de carácter único para las concesiones y por lo mismo para los actos equiparados a ellas; justificándose por último la liquidación de intereses de demora.

        SEGUNDO.- La entidad adujo improcedencia de la propuesta de liquidación por inaplicabilidad al supuesto de referencia de la legislación alegada por la Actuaria en materia de sistema eléctrico; se decía que a ésta le había resultado suficiente el informe evacuado por la Dirección General de Energía y Minas y no haber entendido necesario acudir a la normativa vigente en el momento de aplicación ni alegar fundamento de derecho alguno que justificara o avalara su tesis; la interesada, para rebatirla, hacía una reseña de la normativa estatal y autonómica relativa al sector para sostener que una instalación de energía eléctrica no existirá para el régimen especial hasta el momento en que se inscriba en el Registro competente y concluir de ello que el otorgamiento de la autorización del Parque Eólico ... no era título suficiente para que la sociedad "pudiera desarrollar la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial por lo que en virtud de dicha autorización no se atribuyeron a ... S.A. facultades de gestión de un servicio público", de suerte que el otorgamiento no constituiría hecho imponible del Impuesto; que el 12 de junio de 1997 le fue otorgada la condición de "instalación de producción acogida al Régimen Especial establecido en el Real Decreto 2366/1994", pero la inscripción en el Registro de Instalaciones de Régimen Especial no se produjo hasta el 13 de enero de 1998, según comunicación de 4 de febrero siguiente cuya copia adjuntaba, de modo que sólo a partir de esta última fecha "estuvo legalmente autorizada ..., S.A. para desarrollar la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial", momento en que ya había quedado derogada la LOSEN "que, como se indica más adelante, abandonó la noción de servicio público"; y tras aducir falta de rigor en determinadas expresiones del informe ampliatorio del Acta, reiteraba que la Ley 40/1994 "se derogó mediante la promulgación de la Ley 50/97 que abandonó la práctica de la calificación de esta actividad como de servicio público" y que dicha Ley estaba en vigor cuando fue inscrita la entidad en el Registro de Instalaciones de Producción en Régimen Especial, por lo que insistía en no ser válida la interpretación realizada por la Administración del devengo del Impuesto; el Jefe del Servicio de Inspección, en acuerdo de 23 de enero de 2001, confirmó la liquidación tras rechazar las alegaciones deducidas porque el hecho imponible que se proponía someter a gravamen venía dado por el acto administrativo de autorización que, de cumplir los postulados esenciales del hecho imponible, resultaría equiparado fiscalmente a las concesiones administrativas a efectos fiscales, de modo que lo sujeto a gravamen era el acto jurídico mismo de autorización administrativa, "en cuanto supone la constitución de derechos a favor del autorizado, no el ejercicio efectivo de las actividades autorizadas", según criterio sostenido por este Tribunal Central y por la Audiencia Nacional en su sentencia de 21 de marzo de 1995; que en el caso concurrían los tres elementos o requisitos exigibles, según quedaba suficientemente razonado en el informe ampliatorio del Acta, si bien entendía conveniente realizar algún comentario adicional en relación con el segundo requisito, otorgamiento de facultades de gestión de servicios públicos, pues lo relevante al efecto era que la actividad de producción eléctrica autorizada se considerase incluida en el sistema integrado, aunque el hecho de que estuviera legalmente prevista la posibilidad de solicitarse la inclusión en el sistema "independiente", hubiera obligado a la Actuaria a verificar si tal posibilidad se había hecho efectiva, recabando el informe del órgano competente del que se llegaba a la conclusión de estar incluida en el sistema integrado la actividad autorizada; en cuanto al momento del devengo, la resolución de autorización, es decir el acto administrativo, constaba dictado el 18 de junio de 1997 si bien la Actuaria consideró devengado el Impuesto el día de su publicación en el BO ..., esto es, el ... siguiente, extremo que el Jefe del Servicio de Inspección confirmaba "por entender, de acuerdo con el procedimiento administrativo general, que es en esta otra fecha cuando el acto administrativo produjo sus efectos erga omnes".

        TERCERO.- Disconforme la entidad, promovió el 2 de febrero de 2001 reclamación ante el Tribunal Regional de ..., tramitada con el número ..., con suspensión automática de la deuda tributaria tras presentación de garantía suficiente; puesto de manifiesto el expediente conforme a lo solicitado, se dedujo escrito en el que en nombre de la entidad se alegaba la no sujeción al Impuesto de la autorización obtenida por ser operación realizada por empresario, por no constituir entrega ni prestación de servicios sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, por carecer la operación de onerosidad al no existir ningún tipo de contraprestación por parte de ..., S.A. interrupción indebida y dilación no justificada del procedimiento inspector con caducidad del mismo; inaplicabilidad al supuesto de la legislación en materia del sector eléctrico aducida por la Actuaria, reiterando en este particular los argumentos esgrimidos ante el Jefe del Servicio de Inspección; y añadía como nuevos argumentos, que no se le otorgaron en la autorización obtenida facultades de gestión de servicio público porque éste sólo existirá cuando, además de satisfacerse un interés público y general y someter la actividad a unas reglas exorbitantes de derecho público, "exista una reserva de titularidad de la actividad o servicio a favor de los poderes públicos pudiendo únicamente la iniciativa privada participar en dicho sector a través de los medios de gestión indirecta, siempre y cuando la Administración así lo considere oportuno y necesario" y, tras una relación de la evolución normativa en la materia, se sostenía que en la Ley 40/1994 la declaración de servicio público no afectaba ni a la actividad de producción ni a la de distribución aunque quedaran seriamente limitadas; que la explotación unificada del sistema eléctrico nacional se definía como un servicio público de titularidad pública, que "las actividades incluidas en el sistema integrado conservaban la calificación, tradicional en nuestro ordenamiento, de servicio público y el mismo podía ser prestado por los particulares en régimen de libre iniciativa una vez obtenida la preceptiva autorización administrativa", pero que "únicamente estaremos ante servicios públicos, cuando exista una reserva de titularidad del servicio público a favor de la Administración. En el supuesto de no existir tal reserva de titularidad, aunque la Ley correspondiente haya declarado la actividad o el servicio como público, las actividades llevadas a cabo por los particulares destinadas a la satisfacción de un interés público, no serían servicios públicos, sino... servicios privados de interés público"; negaba finalmente la reclamante que se hubiera producido desplazamiento patrimonial en su favor pues éste debía ser consecuencia, precisamente, del otorgamiento de facultades de gestión de servicio público por lo que, negado dicho otorgamiento según las consideraciones anteriores, no cabía apreciar desplazamiento patrimonial aunque, a mayor abundamiento, manifestaba que la autorización es una mera remoción de límites para el ejercicio de derechos preexistentes, de carácter reglado además, por lo que no supone traslación ni desplazamiento patrimonial alguno; la reclamación fue desestimada en resolución de 27 de diciembre de 2004 por no haber prescrito el derecho de la Administración para liquidar la deuda tributaria; por no estar comprendida la autorización obtenida en el ámbito de las operaciones empresariales al ser la Administración, en concreto ..., la otorgante; por estar las autorizaciones contempladas en el apartado 2 del artículo 13 del Texto Refundido y equiparadas a las concesiones a efectos fiscales, siempre que contengan el otorgamiento de facultades de gestión de los servicios públicos y originen un desplazamiento patrimonial a favor de los particulares; que el hecho imponible lo constituía el acto administrativo de autorización de la instalación de producción de energía eléctrica, en cuanto suponía la constitución de derechos a favor del autorizado, sin perjuicio del ejercicio posterior de las actividades objeto de la autorización, admitiendo haberse producido tal hecho imponible el ... de 1997, fecha de publicación en el BO ... de la autorización, siendo por ello de aplicación la Ley 40/1994, en virtud de la cual se promulgó el Decreto ... con base en el cual se autorizó la instalación del parque eólico, autorización que otorgaba facultades de gestión de los servicios públicos según lo razonado en el acuerdo de liquidación cuyo contenido transcribía, añadiendo que el desplazamiento patrimonial a favor de los particulares, se halla "implícito en la propia autorización ya que por su otorgamiento la Administración concedente cede al autorizado, facultades de gestión de un servicio público que no tiene la finalidad de un beneficio, sino la facultad de gestión para realizar actividades de servicio público, si bien originará para él unos beneficios que sí son valorables económicamente. En consecuencia, a efectos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, la autorización administrativa que nos ocupa es equiparable a una concesión administrativa y por lo tanto constituye hecho imponible de dicho Impuesto".

        CUARTO.- Contra la desestimación acordada, notificada el 29 de diciembre de 2004, se promovió el presente recurso de alzada mediante escrito presentado el 28 de enero de 2005 en el que en nombre de la interesada, tras exponer los hechos que anteceden, se sostiene que dos son los argumentos empleados por la Comunidad Autónoma de ..., que el Tribunal Regional hizo suyos: que la actividad de producción eléctrica autorizada estaba incluída en lo que la Ley 40/1994 llamaba sistema integrado y que resultaba irrelevante el régimen, ordinario o especial, en el que quedase incluido el parque eólico a los efectos de determinar si la autorización administrativa de instalación del mismo implicaba, o no, el otorgamiento de facultades de gestión de un servicio público, argumentos que sin embargo no llevarían a la conclusión sentada por la Administración pues, según la recurrente, la autorización concedida no le habilitó para la actividad de producción eléctrica ya que la puesta en marcha quedaba condicionada, según la propia resolución, al cumplimiento de las condiciones, siendo a decir de la interesada el "acta de puesta en marcha" la autorización administrativa que habilita al autorizado para explotar la instalación construida y "por tanto, para realizar la actividad de producción de energía eléctrica (cuyo desarrollo supuestamente constituía un servicio público)", para discutir a continuación tal premisa, esto es, que la producción de energía eléctrica constituyera "un servicio público en sentido estricto", aparte no haber podido la actividad autorizada estar incluida en el llamado sistema integrado, "dado que dicho sistema ni llegó a configurarse, ni resultaba aplicable a las instalaciones de producción acogidas al régimen especial previsto en el Real Decreto 2366/1994", como había puesto de manifiesto expresamente la Comisión Nacional de Energía en comunicación de 5 de junio de 2001, que adjuntaba "al amparo de lo previsto en el apartado 2 del artículo 241 de la vigente Ley General Tributaria (al no haber podido aportarse dicha comunicación durante la tramitación de la reclamación de referencia ante al Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., ya que el plazo para presentar el escrito de alegaciones... concluyó el 21 de mayo de 2001, es decir, antes de que dicha comunicación fuera emitida..."); en dicha comunicación, emitida por el Vicesecretario del Consejo y Director de su Asesoría Jurídica, en relación con "sus escritos de 12 de diciembre de 2000 y de 22 de febrero de 2001 por los que, respectivamente, se solicita información referente a la Ley 40/1994... y que la Comisión se pronuncie por determinados aspectos de esta regulación y se deje sin efecto la solicitud anterior", se manifiesta que "Durante la vigencia de la Ley 40/1994, las instalaciones acogidas al Real Decreto 2366/1994, no estuvieron incluidas en el llamado sistema integrado, ni excluidas de él. Ambas opciones eran posibles en el marco de la Ley, para las instalaciones de régimen especial, y ninguna opción llegó a ejercitarse, ya que el sistema integrado no llegó a configurarse, ni fue desarrollado el régimen especial previsto en la Ley 40/1994"; que "La actividad de producción de energía eléctrica mediante instalaciones acogidas al régimen especial previsto en el Real Decreto 2366/1994 no tiene la calificación de servicio público ni en dicho Real Decreto ni en la Ley 82/1980. No puede hablarse por ello de gestión de servicio público"; y que "La inscripción en el registro de Instalaciones de régimen especial, es, en el Real Decreto 2366/1994, requisito y condición para la aplicación de dicho régimen especial, siendo la fecha de inscripción la que determina el comienzo de la aplicación de dicho régimen. No puede decirse que dicha inscripción sea título de gestión de un servicio público por las razones expuestas en la conclusión anterior".

                                                         FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO.-
Concurren los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión del presente recurso de alzada.

        SEGUNDO.- La única cuestión planteada consiste en determinar la procedencia o no, de la liquidación practicada en concepto de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en razón a la autorización administrativa otorgada a la recurrente para la instalación del Parque Eólico ...

        TERCERO.- Conviene señalar, por haber aducido la interesada pertinencia de la prueba en la presente instancia en razón a la fecha de expedición del documento aportado, que pudo solicitar la información obtenida en cualquier momento en el curso de las actuaciones, lo que hubiera posibilitado su obtención en fecha anterior aún suponiendo una dilación en su expedición semejante a la realmente habida; que quien emite el documento no ostenta la representación institucional de la Comisión Superior de la Energía; y que, en cualquier caso, el documento carece de virtualidad para enervar la procedencia de la liquidación practicada pues ya en su informe inicial expuso la Actuaria que la diferenciación establecida en la Ley entre sistema integrado e independiente no llegó a tener efectividad ("quedaron sin regular los aspectos concretos a que debían ajustarse los operadores y consumidores que deseasen acceder" al sistema independiente, "lo que debía hacerse por vía reglamentaria, por lo que dicho sistema alternativo careció de efectividad en la práctica"), de lo cual no se sigue, sin embargo, la afirmación contenida en la comunicación aportada de que no "fue desarrollado el régimen especial previsto en la Ley 40/1994", pues lo cierto es que en la Comunidad Autónoma de ... sí lo fue, en el Decreto ..., el cual reguló la ..., la autorización administrativa de ..., la inclusión en el Régimen Especial, la inscripción en el Registro de ..., etc., y al amparo del cual se concedió la autorización que constituye el hecho imponible, obrando en el expediente también, por haberla aportado en su momento la interesada, comunicación de haber quedado ella inscrita en el Registro de ... en régimen especial, "de acuerdo con el Real Decreto 2366/1994"; por otra parte, la conclusión a extraer de que la Ley 40/1994 no se hiciera efectiva en la práctica en orden a la diferenciación prevista entre sistema integrado, el general, y el de producción independiente, la excepción, sería que toda la producción del sector tuvo consideración de servicio publico, pues conforme reseña la Exposición de Motivos de la Ley 40/1994, "El Sistema Eléctrico Nacional comprende dos modelos diferentes, denominados sistema integrado y sistema independiente. Las actividades comprendidas en el sistema integrado conservan la calificación, tradicional en nuestro ordenamiento, de servicio público"; esta referencia a la concepción tradicional permite, además, sostener que si la nueva normativa constituida por la Ley 40/1994 y el Real Decreto 2366/1994 no hubiera llegado a tener efecto ninguno, a la misma conclusión de tratarse de un servicio público habría de llegarse.
        
        CUARTO.- El artículo 13.2 del Real Decreto 1/1993, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados establece que "Se equipararán a las concesiones administrativas, a los efectos del impuesto, los actos y negocios administrativos, cualquiera que sea su modalidad o denominación, por lo que, como consecuencia del otorgamiento de facultades de gestión de servicios públicos o de la atribución del uso privativo o del aprovechamiento especial de bienes de dominio o uso público, se origine un desplazamiento patrimonial a favor de particulares"; de ahí el interés de la recurrente por demostrar a lo largo de las actuaciones que la autorización conferida no le transfirió facultades de gestión de servicio público, en un primer momento negando que la condición de operador en régimen especial tuviera efectividad, por haber sido inscrita en el Registro correspondiente en fecha en la cual la citada Ley ya no estaba en vigor; después, cuestionando la conclusión que la Actuaria extrajo de la respuesta recibida de la Dirección General de ..., sobre si la interesada había solicitado ser excluida del régimen integrado a que se refiere la Ley; más tarde, sosteniendo ser la producción de energía y no la instalación del Parque lo que constituiría servicio público; y finalmente, en la presente instancia, afirmando no tener la consideración de servicio público el sector; sucesivamente los órganos intervinientes han ido desvirtuando tales alegaciones con argumentos que este Tribunal Central hace suyos en aras de la brevedad; y así lo tiene reconocido la recurrente en sus alegaciones, conforme ha quedado destacado en los antecedentes de hecho.

        QUINTO.- También carece de fundamento la tesis ahora defendida de que la autorización obtenida no implicaba facultades de gestión por ser lo habilitado sólo la instalación y requerir la puesta en marcha una autorización para empezar la producción; pues claramente se infiere de las condiciones a que se somete la autorización obtenida, que la puesta en marcha no se autoriza sino que se constata como un hecho en el Acta de Puesta en Marcha (condición nº: 1 "el titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras... a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en Marcha..."), contemplando los diferentes apartados de la autorización conferida todo el proceso, desde su inicio con el proyecto de  ejecución de las instalaciones de producción de energía hasta su extinción, a cuyo respecto, por ejemplo, señala el apartado 8º "... La presente autorización lleva implícita la obligación de restitución de terrenos, una vez finalizada la actividad de producción de energía eléctrica"; y el 10º f), "Se eliminarán los posibles restos constructivos de la fase de instalación"; es decir el único título a expedir, que habilita entre otros extremos la producción de energía, es el que obtuvo la interesada, que supedita la puesta en marcha de las instalaciones al cumplimiento de las condiciones que en ella se fijan, pudiendo ser revocada en caso de incumplimiento.

SEXTO.- En cuanto a que no existe desplazamiento patrimonial pues lo obtenido fue una autorización y no una concesión, aparte lo consignado en el informe ampliatorio al Acta extendida sobre evolución de la noción de servicio público, se ha de recordar a la interesada que tal es precisamente el supuesto de hecho contemplado en la norma aplicada, el artículo 13.2 del Texto Refundido del Impuesto, que es quien equipara con las concesiones, a los efectos del Impuesto, determinados actos y negocios administrativos, sea cual sea su modalidad o denominación, como ocurre con la autorización de instalación del Parque Eólico ...; por otra parte, la prohibición de la analogía afecta a la Administración y a los particulares pero no al legislador, como sería el caso, pues el hecho de que en ocasiones a lo largo del expediente se haya sustituido el verbo "equiparar" por el sinónimo "asimilar" no altera la realidad de que es el Texto Refundido -y no la Actuaria ni el Inspector Jefe ni el Tribunal Regional-, quien ha igualado en sus consecuencias fiscales actos y negocios administrativos de distinta denominación con las concesiones administrativas; y como ya señalaron los órganos actuantes en las precedentes instancias, el desplazamiento patrimonial está implícito en la propia autorización en cuanto transfiere a la hoy recurrente derechos y facultades que pertenecían al otorgante en orden a la producción de energía por la que además, como señala el fallo impugnado, la interesada podrá en su caso percibir contraprestaciones económicas de quienes se beneficien de ella.

SÉPTIMO.- En cuanto a la supuesta arbitrariedad y vulneración de sus propios actos por parte de la Comunidad Autónoma de ..., que se aduce porque en las actuaciones de comprobación e investigación que dieron lugar al Acta de disconformidad se tuvo conocimiento de la existencia de la autorización de modificación de la instalación del Parque ... de 24 de octubre de 1997 y de la autorización del Parque ... de 21 de diciembre de 1995, sin que ninguno de ambos hechos diera lugar a la exacción del Impuesto pese a tratarse también de autorizaciones como la exaccionada, cabe señalar, aparte otras consideraciones, que las fotocopias de aprobación del Parque ... las aportó la interesada el 18 de enero de 2000, es decir transcurridos más de cuatro años de la autorización de dicho Parque; por su parte la modificación autorizada en la instalación del Parque ... no reflejaba alteración de los parámetros económicos de la autorización originaria, lo que la hacía intranscendente a efectos fiscales, puesto que ésta, la inicial, había devengado el Impuesto aquí discutido; debe por todo ello, desestimarse el recurso planteado al ser conformes a Derecho el fallo impugnado y la liquidación a que el mismo se refiere.

        En consecuencia,

        El TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en el recurso de alzada promovido en nombre y representación de ..., S.A. contra resolución del Tribunal Regional de ... desestimatoria de reclamación nº ... promovida contra liquidación en concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por importe equivalente a 354.527,89 euros (58.988.477 pesetas) incluidos intereses de demora, ACUERDA: Desestimarlo y confirmar la resolución impugnada y la liquidación a que se refiere.

Energía eléctrica
Energía
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Autorizaciones administrativas
Intereses de demora
Gestión de servicios públicos
Concesiones administrativas
ITPYAJD (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados)
Operadores
Deuda tributaria
Interés publico
Impuesto sobre el Valor Añadido
Inscripción registral
Actos jurídicos documentados
Acta de disconformidad
Espacios naturales
Modelo 564. Impuesto sobre Hidrocarburos
Comunidades europeas
Declaraciones-autoliquidaciones
Comisiones
Responsabilidad
Negocio jurídico
Relación jurídica
Energía renovable
Tipos impositivos
Transmisiones Patrimoniales Onerosas
Liquidación provisional del impuesto
Liquidación de intereses
Hecho imponible del impuesto
Acto jurídico
Devengo del Impuesto
Caducidad
Prestación de servicios
Procedimiento inspector
Contraprestación
Poderes públicos
Ejercicio posterior
Documentos aportados
Prueba pertinente
Uso público
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