Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1342/2005 de 24 de Julio de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 24 de Julio de 2007
  • Núm. Resolución: 00/1342/2005

Resumen

Procede la liquidación practicada por la Comunidad Autónoma por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, como consecuencia de la autorización administrativa otorgada para la instalación de un Parque Eólico, de acuerdo con el artículo 13.2 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (Real Decreto Legislativo 1/1993). La tasación pericial contradictoria según el artículo 47 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales requiere un previo procedimiento de corrección de valor.

Descripción

        En la Villa de Madrid, a 24 de julio de 2007 en el recurso de alzada que pende de resolución ante este Tribunal Central interpuesto por D. ..., en nombre y representación de ..., S.A. con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... desestimatoria de reclamación nº ... promovida contra liquidación en concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por importe equivalente a 801.375,43 euros.

                                                          ANTECEDENTES DE HECHO

        PRIMERO.-
Por resoluciones de ... y ... de 1996, publicadas en el BO ... de ... siguiente, la Dirección General de ... de ... otorgó a ..., S.A. autorizaciones administrativas de instalación de los Parques Eólicos ..., concedidas "de acuerdo con lo establecido en el Decreto ... y con las condiciones y limitaciones" que dichas resoluciones enumeraban; el Servicio de Inspección de la Dirección General de Tributos del ... de la expresada Comunidad inició actuaciones de comprobación e investigación y, aparte diversos requerimientos y citaciones a la interesada documentados en las correspondientes diligencias, recabó de la Dirección General de ... informe sobre si las instalaciones autorizadas estaban acogidas al régimen especial de la Ley 40/1994 y Real Decreto 2566/1994 y si se había solicitado la exclusión del sistema integrado, dándose respuesta en el sentido de que las instalaciones autorizadas estaban acogidas al Régimen Especial "de conformidad con la legislación vigente" y no constar que la sociedad hubiera solicitado autorización "para que la energía producida o que pueda producirse en sus instalaciones quede fuera del sistema integrado"; en el trámite de audiencia, se formularon alegaciones en el sentido de que el artículo 13.2 del Texto Refundido del Impuesto no permitía equiparar las autorizaciones obtenidas a ninguna concesión administrativa, puesto que la interesada no recibió facultades que le permitiesen gestionar un servicio público ni adquirió parcela demanial ni se produjo por tal hecho desplazamiento patrimonial en su favor, que las autorizaciones no eran en absoluto equiparables a servicio público pues no encomendaban la explotación de ningún servicio público y la mera generación de energía eléctrica por medios eólicos no representaba ni gestión de servicio público ni participación en ella y que, a mayor abundamiento, la propia Administración otorgante prescindió de emplear la legislación de obligada observancia para el caso de concesiones, porque no entendió que fuera algo distinto de una simple autorización lo dispensado; el 13 de diciembre de 2000 se formalizó Acta de disconformidad por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre una base imponible de 15.650.523,9 euros (2.604.028.070 pesetas), igual a la suma de los presupuestos de ambas instalaciones, y una deuda tributaria de 801.375,43 euros (133.337.652 pesetas) incluidos intereses de demora por importe de 175.354,47 euros (29.176.529 pesetas); al Acta se unió informe de la Actuaria en el que, en resumen, se exponía que tras serle otorgadas a la interesada las autorizaciones de las instalaciones, no fue presentada declaración-liquidación modelo 600; que del informe evacuado por la Dirección General de ... "se desprende sin duda alguna que la actividad de producción de energía eléctrica que fue autorizada a la sociedad ..., S.A. está incluida en el llamado régimen especial de producción eléctrica (arts. 26 y ss. de la LOSEN) y que la energía que pueda producirse en las correspondientes instalaciones quedará inmersa en el llamado sistema integrado (arts. 11 y 16 y ss. de la LOSEN)"; que se habían presentado alegaciones a las que se iría dando respuesta a lo largo del informe; que el Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados calificaba como transmisión patrimonial sujeta la constitución de concesiones administrativas y que en su artículo 13.2, que trascribía, asimilaba a éstas determinados actos y negocios administrativos, equiparación fiscal que se produjo por la Ley 29/1991, de Adecuación de Determinados Conceptos Impositivos a las Directivas y Reglamentos de las Comunidades Europeas; que la progresiva liberalización económica europea y las crecientes críticas doctrinales y políticas a la noción de servicio público había provocado que la técnica concesional perdiera su relevancia a favor de otras técnicas de habilitación a los particulares para prestar servicios públicos o actividades de interés general intervenidas por la Administración, con la consecuencia inmediata de quedar superada la concepción clásica de la autorización como operación de remoción de los límites que afecten a una actividad privada inicialmente libre; que en estas nuevas autorizaciones la Administración autorizante se suele reservar amplísimas facultades y potestades de vigilancia, control y sanción, que hallan reflejo en los pliegos de condiciones que de modo específico determinan las obligaciones del autorizado y las medidas de intervención y control que la Administración autorizante puede adoptar; que la reforma operada por la Ley 29/1991 se inscribe en este contexto como refleja su Exposición de Motivos; que, según el examen integrado de los preceptos de la Ley 40/1994, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional (LOSEN), en vigor desde el 1 de enero de 1995, la Administración era la única responsable de garantizar el suministro y de adoptar las decisiones sobre inversión en nuevas infraestructuras de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y que toda la energía producida en "el sistema integrado" era sustraída del libre comercio (estancada), recibiendo en consecuencia toda la recaudación de la tarifa con el fin de retribuir a los operadores en cumplimiento de la gestión que se les había encomendado, según los costes reconocidos a cada uno de ellos; que si bien la LOSEN estableció un sistema alternativo denominado "sistema independiente", "quedaron sin regular los aspectos concretos a que debían ajustarse los operadores y consumidores que deseasen acceder" a él, "lo que debía hacerse por vía reglamentaria, por lo que dicho sistema alternativo careció de efectividad en la práctica"; que dentro de la producción existían dos regímenes diferenciados, ordinario y especial, quedando comprendidas en éste segundo la utilización como energía primaria de energías renovables no hidráulicas, categoría en la que se incardinaba la eólica; que las actividades de producción en régimen especial quedaban automáticamente incluidas en el régimen integrado salvo que se solicitara y obtuviera autorización para operar en el sistema independiente; que el Decreto ... de ... de ... regulaba el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en el ámbito de la Comunidad Autónoma, teniendo la LOSEN carácter de Ley básica estatal, salvo en lo relativo a los procedimientos administrativos según la disposición Final Primera; en cuanto a la relación jurídica tributaria, descartada la sujeción al IVA, la Actuaria apreciaba la concurrencia de cada uno de los tres requisitos o elementos del hecho imponible: existencia de un acto o negocio jurídico, que tenía como contenido esencial el otorgamiento o atribución de facultades de gestión de servicios públicos y, como consecuencia de ello, desplazamiento patrimonial a favor de particulares, por ser la autorización obtenida acto administrativo, quedar las actividades de producción de energía eléctrica del sistema integrado incluidas bajo la declaración de servicio público, según había razonado, y venir constituido el exigible desplazamiento patrimonial, de la Administración hacia el particular, por la propia atribución de facultades de gestión del servicio, en cuanto se transfería una esfera de actuación inicialmente administrativa, que se integraba en el patrimonio del autorizado y que por constituir una expectativa de beneficio era susceptible de valoración en términos económicos; respecto del devengo, resaltaba ser el de Transmisiones Patrimoniales Impuesto de devengo instantáneo por lo que en este caso se devengó al otorgamiento de la autorización, siendo irrelevante la fecha de iniciación de las obras o de explotación del servicio o el hecho de que algunas fechas después se promulgara la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, con un régimen jurídico diferente; en cuanto a la base imponible, se fijaba conforme a la regla del artículo 13.4 b) del Texto Refundido del Impuesto, siendo aplicable el tipo impositivo del artículo 13.1 del 4%, de carácter único para las concesiones y por lo mismo para los actos equiparados a ellas; justificándose por último la liquidación de intereses de demora.

        SEGUNDO.- La entidad adujo improcedencia de la propuesta de liquidación ya que en la autorización administrativa para la instalación de los parques en ningún momento se indicaba que se cediera o encargara la gestión de algún tipo de servicio público y no se habían realizado atendiendo a la legislación sobre concesión de servicios públicos ni se había impuesto condición alguna sobre duración o canon a satisfacer ni otro elemento que permitiera la equiparación sostenida por la Actuaria; alegaba no ser conforme a derecho el Acta incoada por estar sus operaciones empresariales excluidas del ámbito de sujeción al ITP e incluida dentro de su actividad empresarial la obtención de la autorización; no ser equiparables las autorizaciones a concesiones de servicio público alguno, pues el ubicado en ... era de un sólo generador de 600 kw, con destino primordial a la investigación, mientras el ubicado en ... estaba compuesto de 27 autogeneradores, con una potencia total de 16,2 mw, pero sin que las autorizaciones obtenidas bastaran para producir energía eléctrica pues para ello era necesario instalar los aerogeneradores y realizar los correspondientes centros de transformación y después enviar la energía al sistema integrado correspondiente; que la producción de energía, la conexión al sistema integrado, tuvo lugar bajo la vigencia de la Ley 54/1997 en la que ya no se consideraba servicio público la simple producción de energía eléctrica; no conllevar desplazamiento patrimonial las autorizaciones, dándolo por sentado la Actuaria; y que, de entender ser la actividad autorizada servicio público conforme a la Ley 40/1994, la supresión de tal carácter respecto de los suministros de energía eléctrica realizado por la Ley 54/1997 habría provocado un perjuicio de la misma importancia, de suerte que se podría estar de acuerdo con la Inspección si ésta admitiera compensarle por la pérdida acaecida al ser suprimido el carácter de servicio público; y que, aún admitiendo a efectos dialécticos que hubiera existido desplazamiento patrimonial, en ningún caso podría admitirse la valoración atribuida por la Inspección, que se atuvo al presupuesto de la inversión a realizar; el Jefe del Servicio de Inspección, en acuerdo de 23 de enero de 2001, confirmó la liquidación tras rechazar las alegaciones deducidas, la primera, porque para la no sujeción al Impuesto no basta con que cualquiera de los intervinientes en las operaciones tenga la consideración de empresario o profesional sino que es necesario que dicha circunstancia concurra en quien realiza la transmisión o constituye los derechos, siendo en este caso una Administración pública, la ... de ... que la equiparación establecida en el artículo 13.2 del Texto Refundido del Impuesto a efectos fiscales exige que se cumplan los presupuestos contemplados en la propia norma pero no está supeditada al cumplimiento de requisitos distintos de los expresados en el precepto "tales como la indicación de un periodo de duración o el señalamiento de un canon o precio, por lo que la omisión de estos datos en los actos administrativos de autorización no empece su consideración fiscal como si de concesiones administrativas se tratase, a efectos de su gravamen por la modalidad TPO, del ITP-AJD"; que la consideración de las actividades de generación de energía eléctrica como de servicio público resultaba de la normativa sectorial vigente al tiempo de otorgarse la autorización, en concreto, de la Ley 40/1994 sin que la normativa administrativa sobre concesión de servicios públicos fuera aplicable al caso por no tratarse de "concesiones propiamente dichas, sino de actos administrativos que, exclusivamente a efectos fiscales, están legalmente equiparados a las concesiones"; que había quedado probada la concurrencia de los tres elementos o requisitos exigibles, según quedaba suficientemente razonado en el informe ampliatorio del Acta, si bien entendía conveniente realizar algún comentario adicional en relación con el segundo requisito, otorgamiento de facultades de gestión de servicios públicos, pues lo relevante al efecto era que la actividad de producción eléctrica autorizada se considerase incluida en el sistema integrado, aunque el hecho de que estuviera legalmente prevista la posibilidad de solicitarse la inclusión en el sistema "independiente", hubiera obligado a la Actuaria a verificar si tal posibilidad se había hecho efectiva, recabando el informe del órgano competente del que se llegaba a la conclusión de estar incluida en el sistema integrado la actividad autorizada; que los hechos imponibles que se había propuesto someter a gravamen por la modalidad TPO, del ITP-AJD, venían dados por los correspondientes actos administrativos de autorización de sendas instalaciones de producción de energía eléctrica, como había expresado el Tribunal Supremo en su Sentencia de 19 de octubre de 1995; que lo sujeto a gravamen eran los actos jurídicos, no el ejercicio efectivo de las actividades autorizadas, de modo que el hecho de que el autorizado tuviera que cumplir determinadas prescripciones antes de comenzar la producción de energía eléctrica no alteraba la efectividad jurídica de los actos de autorización, que determinaron la realización de los correspondientes hechos imponibles por lo que el devengo se produjo con las resoluciones de autorización, que constaban dictadas los días ... y ... de 1996 si bien la Actuaria consideró devengado el Impuesto el día de su publicación en el BO ..., esto es, el ... siguiente, extremo que el Jefe del Servicio de Inspección confirmaba "por entender, de acuerdo con el procedimiento administrativo general, que es en esta otra fecha cuando el acto administrativo produjo sus efectos erga omnes"; en cuanto al desplazamiento patrimonial, se remitía el Inspector Jefe a lo informado por la Actuaria, puntualizando determinados particulares por no ser acordes con el contenido del informe ampliatorio determinadas manifestaciones imputadas a la Actuaria por la interesada; se rechazaba que al suprimirse en 1997 la noción del servicio público se hubiera producido el pretendido desplazamiento patrimonial de sentido contrario, pues lo que ocurrido fue que las actividades dejaron de ser de la exclusiva titularidad de la Administración, pudiendo ser realizadas a partir de entonces por cualquier particular sin otro condicionante que la necesidad de cumplir las normas de policía administrativa vigentes en cada momento; por último ratificaba la valoración atribuida por ser resultado de la aplicación estricta de lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 13 del Texto Refundido del Impuesto, pues la inaplicabilidad del primero de ambos apartados remitía al segundo, de aplicación gradual, e inaplicable también el epígrafe a) de éste, sólo cabía determinar la valoración conforme a lo señalado en el epígrafe b), estando la valoración de la Administración Pública a que éste se remite expresada en las autorizaciones por el montante exigido como fianza, constituida por el 2% del presupuesto de las respectivas instalaciones.

        TERCERO.- Disconforme la entidad, promovió reclamación ante el Tribunal Regional de ..., tramitada con el número ..., con suspensión automática de la deuda tributaria tras presentación de garantía suficiente; puesto de manifiesto el expediente conforme a lo solicitado, se dedujo escrito en el que, tras exponer los hechos que anteceden, se sostenía suscitarse una cuestión básica, si era legalmente viable equipara la autorización recibida a una concesión administrativa de las sujetas a ITP, otra accidental pero no irrelevante, "consistente en indagar si las actividades de un empresario pueden quedar sujetas a ITP, en alguna ocasión pese a la sujeción general de aquellas al IVA" y, subsidiariamente, una tercera en cuanto a la valoración empleada en la liquidación; respecto de la primera, se reproducían los argumentos ya expuestos en las actuaciones, tendentes a evidenciar que en las autorizaciones obtenidas no eran de apreciar ciertas notas de índole jurídica que caracterizan a las concesiones en nuestro ordenamiento, por lo que no cabía equipararlas ni con las concesiones demaniales, por no conllevar el aprovechamiento de bien alguno de dominio público, ni con las de servicios "porque ni de la literalidad ni del espíritu de aquellas autorizaciones se puede deducir que se encomendara ni se hubiera querido encomendar a ..., S.A. servicio público alguno", insistiendo en ser esencial a toda concesión el pago de un canon o precio por parte del concesionario, culminar todas ellas "con el otorgamiento de un contrato en el que son partes la Administración Pública concedente y el particular que resultó concesionario" o establecer un plazo máximo; respecto de la segunda cuestión, se argumentaba, con fundamento en los artículos 7.5 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 7 de la LIVA, que si hubiera lugar a gravar las autorizaciones, el gravamen exigible sería el IVA y nunca el ITP; y, por último, que la reclamante no estaba obligada a pasar por la valoración tan unilateralmente fijada en el acuerdo reclamado, porque ello equivaldría a privarla del derecho a recabar no solo el empleo de los medios ordinarios de valoración sino del de disponer de la posibilidad de pedir tasación pericial contradictoria; la reclamación fue desestimada en resolución de 27 de diciembre de 2004, por estar las autorizaciones contempladas en el apartado 2 del artículo 13 del Texto Refundido y equiparadas a las concesiones a efectos fiscales, siempre que contengan el otorgamiento de facultades de gestión de los servicios públicos y originen un desplazamiento patrimonial a favor de los particulares; que la Ley 49/1984 defina como servicio público la titularidad estatal de la explotación unificada del sistema eléctrico nacional, estando regulado el suministro de energía eléctrica en la Ley 40/1994, vigente en la fecha de otorgamiento de las autorizaciones cuestionadas, a cuyo amparo la ... de ... promulgó el Decreto ... con base en el cual se autorizaron las instalaciones de los parques eólicos, autorizaciones que otorgaban facultades de gestión de los servicios públicos, añadiendo que el desplazamiento patrimonial a favor de los particulares, se hallaba "implícito en la propia autorización ya que por su otorgamiento la Administración concedente cede al autorizado, facultades de gestión de un servicio público que no tiene la finalidad de un beneficio, sino la facultad de gestión para realizar actividades de servicio público, si bien originará para él unos beneficios que sí son valorables económicamente. En consecuencia, a efectos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, la autorización administrativa que nos ocupa es equiparable a una concesión administrativa y por lo tanto constituye hecho imponible de dicho Impuesto"; en cuanto a la segunda cuestión, si las autorizaciones estaban comprendidas o no en el ámbito de las operaciones empresariales a efectos de su tributación o no por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, tras transcribir el contenido del artículo 7.5 del Texto Refundido, se señalaba que de sus términos se infiere que lo excluido son las operaciones "realizadas" por empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional lo que no ocurría respecto de las autorizaciones obtenidas por ser la Administración, en concreto la ... de ... la otorgante; respecto de la valoración, se transcribía el artículo 13.4 del Texto Refundido para concluir que la Administración había tomado correctamente, como base imponible, el importe presupuestado de las instalaciones de producción de energía eléctrica en el correspondiente proyecto objeto de autorización, por lo que no podía promoverse tasación pericial contradictoria "ya que este procedimiento se insta en corrección del resultado de la comprobación de valor, supuesto que no ha existido en el presente caso".

CUARTO.- Contra la desestimación acordada, notificada el 10 de enero de 2005, se promovió el presente recurso de alzada mediante escrito presentado el  8 de febrero siguiente en el que se reitera lo manifestado en la precedente instancia, a decir de la recurrente "legítimamente, por cuanto la escueta resolución proveniente del órgano regional, o bien los ignoró sin más, o los rechazó sin apenas motivación".

                                                               FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO.-
Concurren los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión del presente recurso de alzada.

        SEGUNDO.- La cuestión planteada consiste en determinar la procedencia o no, de la liquidación practicada en concepto de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en razón a las autorizaciones administrativas otorgadas a la recurrente para la instalación de los Parques Eólicos ...

        TERCERO.- La recurrente se ha limitado a reiterar, reproduciéndolos de forma textual en su mayor parte, los argumentos que expusiera ante el Tribunal Regional pretextando que éste los ignoró sin más, o los rechazó sin apenas motivación; lo cierto es que el Tribunal Regional examinó cada una de las tres cuestiones planteadas por la reclamante y en relación con ellas expuso los fundamentos legales de su rechazo de forma suficiente; la interesada, como ya lo hiciera ante la Inspección, intentó e intenta demostrar que las autorizaciones en su día obtenidas no eran equiparables a las concesiones administrativas por no reunir las características que atribuye a éstas; para desvirtuar tal argumento basta acudir a la norma de aplicación pues es ella (y no la Inspección o el Tribunal Regional) la que ha equiparado a las concesiones determinados actos o negocios administrativos a los efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales; en efecto el artículo 13.2 del Real Decreto 1/1993, por el que se aprueba el Texto Refundido del Impuesto, establece que "Se equipararán a las concesiones administrativas, a los efectos del impuesto, los actos y negocios administrativos, cualquiera que sea su modalidad o denominación, por lo que, como consecuencia del otorgamiento de facultades de gestión de servicios públicos o de la atribución del uso privativo o del aprovechamiento especial de bienes de dominio o uso público, se origine un desplazamiento patrimonial a favor de particulares".
        
        CUARTO.- La condición de servicio público de la producción de energía en el momento en que se obtuvieron las autorizaciones no sólo ha quedado evidenciada tanto por la Inspección como por el Tribunal Regional, sino que la propia interesada lo tiene admitido en diversos momentos a lo largo de las actuaciones, por ejemplo al aducir ante el Jefe de la Inspección que, la supresión de tal carácter respecto de los suministros de energía eléctrica realizado por la Ley 54/1997 habría provocado un perjuicio, de suerte que se podría estar de acuerdo con la Inspección si ésta admitiera compensarle por la pérdida acaecida al ser suprimido el carácter de servicio público; y como también señalaron ya los órganos actuantes en las precedentes instancias, el desplazamiento patrimonial está implícito en la propia autorización en cuanto transfiere a la hoy recurrente derechos y facultades que pertenecían al otorgante en orden a la producción de energía.

        QUINTO.- Por lo que se refiere a la supuesta no sujeción al Impuesto de Transmisiones "dada su indiscutible condición empresarial", olvida la interesada en sus argumentos lo que ya señalara el Inspector Jefe: que el IVA grava "entregas de bienes y prestaciones de servicios" por lo que la sujeción o no al mismo ha de enjuiciarse desde la perspectiva de quien "entrega" o "presta", siendo obvio que en las autorizaciones obtenidas el sujeto activo no era empresario o profesional sino la ... de ... por lo que, de conformidad con lo prevenido en el artículo 7.5 del Texto Refundido del Impuesto de Transmisiones, sensu contrario, la transmisión de derechos a favor de la interesada efectuado por dicha Comunidad Autónoma quedaba sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

SEXTO.- En cuanto a la valoración, tercera de las cuestiones planteadas ante el Tribunal Regional, la recurrente se ha limitado a oponer a lo razonado en el fallo impugnado su personal parecer, de que la tasación pericial contradictoria (extraordinaria dice ella) no requiere un previo procedimiento de corrección de valor, reiterando que el artículo 47 de la Ley del Impuesto le faculta para recabarla; pues bien, es el propio artículo 47 quien en su inicio, impone tal limitación al señalar "1 En corrección del resultado obtenido en la comprobación de valores los interesados podrán promover la práctica de la tasación pericial contradictoria ..".

SÉPTIMO.- Debe, pues, desestimarse el recurso planteado por ser conformes a derecho el fallo impugnado y la liquidación a que el mismo se refiere.

        En consecuencia,

        El TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en el recurso de alzada promovido en nombre y representación de ..., S.A. contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... desestimatoria de reclamación nº ... promovida contra liquidación en concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por importe equivalente a 801.375,43 euros, ACUERDA: Desestimarlo y confirmar la resolución impugnada y la liquidación a que se refiere.

Energía eléctrica
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Energía
ITPYAJD (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados)
Concesiones administrativas
Autorizaciones administrativas
Tasación pericial contradictoria
Gestión de servicios públicos
Intereses de demora
Operadores
Impuesto sobre el Valor Añadido
Deuda tributaria
Concesión de servicios públicos
Acta de disconformidad
Actos jurídicos documentados
Modelo 564. Impuesto sobre Hidrocarburos
Comunidades europeas
Declaraciones-autoliquidaciones
Responsabilidad
Actividades empresariales
Negocio jurídico
Relación jurídica
Energía renovable
Tipos impositivos
Transmisiones Patrimoniales Onerosas
Liquidación provisional del impuesto
Liquidación de intereses
Concesionaria
Empresario individual
Omisión
Acto jurídico
Aprovechamiento de bienes
Concesiones demaniales
Voluntad unilateral
Uso público
Entrega de bienes
Derechos y facultades
Prestación de servicios
Procedimiento de comprobación de valores
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