Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1490/2005 de 19 de Abril de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 19 de Abril de 2006
  • Núm. Resolución: 00/1490/2005

Resumen

Se revoca la denegación de rehabilitación de pensión efectuada por el Centro Gestor, pues lo que planteó el reclamante fue una solicitud de declaración de compatibilidad en el percibo de las pensiones que tiene reconocidas como huérfano de militar y al amparo de la Ley 5/1979, y sobre la que deberá pronunciarse la Caja Pagadora con arreglo a lo establecido en los artículos 11 y 12 del Real Decreto 172/1988. No obstante, se expone el criterio que al respecto mantiene el Tribunal Económico-Administrativo Central.

Descripción

            En la Villa de Madrid, a 19 de abril de 2006 en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende ante este Tribunal Central, interpuesta por DON A, con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de fecha 29 de marzo de 2005, sobre desestimación de solicitud de declaración de compatibilidad en el percibo de las pensiones de orfandad concedidas una al amparo de la Ley 5/1979 y la otra de carácter militar.

                                                           ANTECEDENTES  DE  HECHO

        PRIMERO
: Mediante escrito presentado en la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas el 23 de noviembre de 1999, D. A, separado legalmente desde el ... de 1993, solicitó la pensión de orfandad que pudiera corresponderle, causada por D. B, fallecido el ... de 1936 como consecuencia de la guerra civil española; constando en el expediente que con fecha 3 de marzo de 1981, la Dirección General del Tesoro había concedido pensión a la viuda del causante, Doña C, fallecida el ... de 1982, y que con fecha 13 de noviembre de 1984, la entonces Dirección General de Gastos de Personal concedió pensión de orfandad a Doña D, fallecida el ... de 1993.

        SEGUNDO: La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por resolución de fecha 22 de febrero de 2000, le concedió pensión de orfandad al amparo de lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 5/1979, actualizada conforme al artículo 44 de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, por un importe íntegro mensual de 599,80 euros, desde el ... de 1999, elevándose dicha pensión por revaloraciones sucesivas, según las correspondientes Leyes de Presupuestos, y declarándola incompatible con cualquiera otra derivada del mismo causante, reconocida por la legislación general de Clases Pasivas o por la legislación especial de guerra. Y con fecha 31 de marzo de 2000 la Caja Pagadora de ... acordó la liquidación e inclusión  de dicha pensión en la nómina, dándosele de alta en la nómina del mes de abril de 2000, con efectos de ...

        TERCERO: Con fecha  15 de diciembre de 2004, la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa concedió al interesado pensión ordinaria de orfandad de Familiares Militares, en trasmisión de la pensión que percibía Doña C, fallecida el ... de 1982, haciendo constar en dicho acuerdo que percibe pensión por el mismo causante conforme a la Ley 5/1979, estando incurso en incompatibilidad al ser los mismos tiempos de servicio los estimados en ambas pensiones.

        CUARTO: Mediante escrito remitido a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas el 10 de febrero de 2005, el interesado solicitó la declaración de compatibilidad en el percibo simultáneo de la pensión extraordinaria concedida al amparo de la Ley 5/1979 y la que le fue concedida en su día, por el Ministerio de Defensa, de carácter ordinario y por el mismo causante;  y el Centro Gestor, por resolución de fecha 29 de marzo de 2005, considerando su solicitud como de rehabilitación de pensión, la desestimó reiterando el carácter de pensión extraordinaria de Clases Pasivas de la reconocida al amparo de la Ley 5/1979, para lo cual argumenta, entre otras cosas, lo siguiente: que la Ley 5/79, al determinar las reglas para la cuantificación de las pensiones causadas por los profesionales de las Fuerzas Armadas y de Orden Público, fallecidos como consecuencia mediata o inmediata de la Guerra Civil, no hace otra cosa sino reiterar lo ya dispuesto por la legislación de derechos pasivos del Estado para las pensiones extraordinarias causadas por los funcionarios militares fallecidos en acto de servicio, equiparando el fallecimiento como consecuencia de la Guerra Civil al fallecimiento en acto de servicio; que en lo que concretamente se refiere al régimen de incompatibilidades, cita la redacción original de la Ley 5/79, el artículo 2 del Real Decreto-ley 8/1980, el artículo 2 de la Ley 42/1981 y el 56.2 de la Ley 37/1988, que dio nueva redacción a la Ley 5/1979, porque en todas ellas se establece la incompatibilidad de las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 5/79 con aquellas otras pensiones públicas que tengan su fundamento en las mismas causas de las que por la Ley citada se establecen; que siendo la Ley 5/79 reguladora, junto con otras normas entre las que se encuentran las anteriormente citadas, del reconocimiento de derechos pasivos a aquellos que habían servido en la zona republicana para superar las desigualdades y discriminaciones padecidas en relación con la zona nacional, las normas que regulan a los servidores de ésta establecen también incompatibilidades en el cobro de dos o más pensiones causadas a favor del causante o de su familia por un mismo funcionario, así se cita el Estatuto de Clases Pasivas de 1926, el Decreto 1120/66, el Decreto 1211/1972 y el Real Decreto Legislativo 670/1987; y finalmente se argumenta que de no interpretarse las normas como se ha expuesto, resultaría contrariado el principio de no discriminación del artículo 14 de la Constitución -de especial atención y desarrollo por la sentencia 116/1987 del Tribunal Constitucional, con motivo de lo dispuesto en el Título I de la Ley 37/84-, aplicado a funcionarios militares y civiles, ya que los familiares de los funcionarios civiles fallecidos como consecuencia de la guerra se ven imposibilitados de compatibilizar una pensión extraordinaria con otra otorgada al amparo de la legislación de Clases Pasivas, mientras que los familiares de los funcionarios militares fallecidos por la misma causa podrían compatibilizar la pensión extraordinaria de la Ley 5/79 con la ordinaria de Clases pasivas.

        QUINTO: Disconforme con la resolución anterior, cuya fecha de notificación no consta en el expediente, Don A interpuso reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Central, mediante escrito presentado en el Centro Gestor el 18 de abril de 2005, en el que deduce la súplica de que se declare la compatibilidad de la pensión extraordinaria de orfandad de la Ley 5/1979, con la pensión ordinaria militar reconocida por acuerdo de 15 de diciembre de 2004, por la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, Subdirección General de Costes de Personal y Pensiones Militares, reconociendo el derecho a percibir ambas pensiones, como tiene declarado este Tribunal Central en resoluciones de 29 de abril de 1999 (RG: 3426-98) y de 28 de mayo de 1999 (RG: 2928-98), cuyos fundamentos jurídicos se dan por reproducidos.

        SEXTO: A solicitud de este Tribunal Central, la Delegación de Economía y Hacienda de ... en escrito fechado el 23 de noviembre de 2005, comunicó que "Al recibirse el 28/12/2004 la pensión ordinaria de orfandad de Familiares Militares, concedida por acuerdo de 15/12/2004 en el que consta la incompatibilidad con la Ley 5/79 anteriormente concedida, no se presentó ningún tipo de documento para el alta en nómina de dicha pensión, por lo cual esta Unidad consideró que el interesado ejercía de forma tácita la opción a favor de la pensión de mayor cuantía que venía percibiendo, es decir, la de Ley 5/79, archivándose este último acuerdo sin que tampoco se presentara ningún tipo de escrito o recurso contra dicha actuación".

                                                       FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

        PRIMERO: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite de la reclamación, en la que las cuestiones que se plantean son dos, una formal, consistente en determinar si el escrito presentado por el interesado era una petición de rehabilitación, y otra de fondo consistente en determinar si procede que por el Centro Gestor se declare la compatibilidad en el percibo de las pensiones de orfandad que tiene reconocidas una al amparo de la Ley 5/79 y otra como familiar militar.

        SEGUNDO: Para resolver la primera cuestión, hay que tener en cuenta que el interesado era perceptor de una pensión de orfandad de la Ley 5/1979 reconocida con fecha de 22 de febrero de 2000, que se declaró  incompatible con cualquier otra derivada del mismo causante, reconocida por la legislación general de Clases Pasivas o por la legislación especial de guerra; que en acuerdo de 15 de diciembre de 2004, se dictó resolución por el Ministerio de Defensa reconociéndole pensión de orfandad, haciendo constar que percibe pensión por el mismo causante conforme a la Ley 5/79, estando incurso en incompatibilidad al ser los mismos tiempos de servicios los estimados en ambas pensiones y  que no fue alta en nómina; que el 10 de febrero de 2005, el interesado solicitó de la Dirección General la declaración de compatibilidad de la pensión concedida al amparo de la Ley 5/1979 y la que le fue concedida por el Ministerio de Defensa, petición que, a la vista de lo expuesto, en modo alguno puede ser calificada de rehabilitación, por lo que en el acuerdo del Centro Gestor de 29 de marzo de 2005, que denegó esta existe un desajuste material entre el fallo y la pretensión del interesado, lo que, en principio conduciría a revocarlo con el fin de que dictase un nuevo acuerdo cuyo fallo estuviese en consonancia con la pretensión formulada por el reclamante, pero como quiera que las consideraciones jurídicas expuestas en sus fundamentos vierten precisamente sobre la pretensión del interesado e implícitamente la desestiman, razones de economía procesal llevan a este Tribunal a entrar en la cuestión de fondo planteada, que no es otra que la de determinar si procede que el Centro Gestor se pronuncie sobre si son o no compatibles las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 5/79 y la pensión militar.

        TERCERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas de 1987, en materia de competencias es de aplicación lo dispuesto en el capítulo II del subtítulo I del título I de este texto para el reconocimiento y concesión de los derechos pasivos causados con arreglo a la legislación en materia de Clases Pasivas vigente a 31 de diciembre de 1984 y en general a los procedimientos administrativos correspondientes y con arreglo a lo dispuesto en los artículos 11 y 12 incluidos en los citados título, subtítulo y capitulo el reconocimiento de derechos pasivos y la concesión de las prestaciones de Clases Pasivas causadas en su favor o en el de sus familiares corresponde a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio  de Economía y Hacienda o a la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, según se trate de personal civil o militar; y la realización de las funciones materiales de pago de las prestaciones de Clases Pasivas del Estado, corresponderá a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, respecto de las que figuren consignadas en la Caja Pagadora Central, y a los Delegados de Economía y Hacienda o Jefes de Administraciones de Hacienda, respecto de las que figuren consignadas en las respectivas Cajas, correspondiendo a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas y a las Delegaciones y, en su caso, Administraciones de Economía y Hacienda, según reglamentariamente se determine: a) La tramitación de la liquidación de alta en nómina del titular de las prestaciones de Clases Pasivas y la práctica de la revalorización del importe de dichas prestaciones. b) Disponer las rehabilitaciones en el pago de las prestaciones y las acumulaciones del derecho a las mismas. c) La realización de las funciones de consignación del pago de las prestaciones de Clases Pasivas que, en todo caso, incluyen la de resolver las peticiones de traslado y cambio de caja pagadora. Por otro lado, de conformidad con la Disposición Final Primera y Disposición Transitoria Novena del citado Texto Refundido de 1987, y Disposición Final Tercera del Decreto 1599/1972, resulta de aplicación el Real Decreto 172/1988, sobre procedimientos de jubilación y concesión de derechos de jubilación a funcionarios de la Administración Civil del Estado, cuyo artículo 11 señala que procede distinguir entre: a) reconocimiento de los derechos pasivos y señalamiento inicial de la pensión, que es la resolución administrativa declarativa del derecho del funcionario a la pensión y de la cuantía íntegra mensual de ésta en el momento de adoptarse el acuerdo y de los atrasos a percibir desde la fecha de arranque de la pensión hasta la de la resolución, y b) liquidación de la pensión que es la resolución administrativa declarativa del derecho al cobro de la pensión por el funcionario y de la cuantía abonable en la nómina siguiente a la de la mensualidad en que se practique tal liquidación por la pensión y sus atrasos, aplicadas las normas correspondientes sobre limitación de crecimiento  y percepción de pensiones  públicas, incompatibilidades, descuentos y percepciones anejas y suplementarias. Por otra parte el artículo 12 del citado Real Decreto que regula la competencia para su tramitación (la de concesión de pensión) dispone que "corresponde a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda la tramitación del reconocimiento de derechos pasivos y el señalamiento inicial de la pensión y la tramitación de las liquidaciones de las pensiones cuyo pago correspondiera a la Caja Pagadora Central del Tesoro Público, y corresponde a cada una de las Delegaciones de Hacienda la tramitación de las liquidaciones de las pensiones cuyo pago correspondiera a la Caja Pagadora de cada una de ellas". A la vista de lo preceptuado,  procede señalar que no es el Centro Gestor el que debe pronunciarse sobre si el percibo de las dos pensiones reconocidas al interesado es o no compatible, sino la Caja Pagadora de ..., debiendo dirigirse pues el reclamante a la citada Caja Pagadora solicitando el alta en nómina de la pensión militar, y contra la decisión que la Caja adopte, podrá interponer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estime pertinentes.

        CUARTO: Sentado ello, este Tribunal estima necesario señalar que el criterio que mantiene sobre la compatibilidad en el percibo de las pensiones de orfandad de la Ley 5/79 y de familiares militares, se fundamenta en el penúltimo párrafo del preámbulo del Real Decreto Legislativo 670/1987, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, según el cual "Es de destacar, finalmente, que en el presente texto no se contiene normativa alguna en relación con las pensiones especiales de la guerra civil 1936-1939, que si bien son abonables con cargo a crédito presupuestario de la sección 07 de Clases Pasivas del Presupuesto de Gastos del Estado, no pueden legalmente considerarse integradas en el Régimen de Clases Pasivas del Estado y en la acción protectora de éste". Por otra parte, la disposición adicional séptima del mismo texto legal establece "Para las pensiones especiales de guerra que se reconozcan al amparo de las Leyes 35/1980, de 26 de junio, 6/1982, de 29 de marzo y 5/1979, de 18 de septiembre, y del Decreto 670/1976, de 5 de marzo, a partir de la fecha de entrada en vigor de este texto, continuará rigiendo como legislación supletoria la legislación de Clases Pasivas vigente a 31 de diciembre de 1984, con las modificaciones recogidas en este texto".  Por ello entiende que la voluntad del Legislador está claramente expresada, y contra ella no puede oponerse la interpretación que hace el Centro Gestor, según la cual las pensiones reguladas en la Ley 5/79 se encuadran, como pensiones extraordinarias, en el Régimen de Clases Pasivas. Existiendo ese Régimen, que recoge en su ámbito personal de cobertura a los funcionarios civiles y militares del Estado, es lógico que el Legislador haya hecho remisiones puntuales a él cuando, por las razones históricas y políticas conocidas, decidió conceder las pensiones especiales de guerra. El Legislador dispuso una normativa específica para las pensiones especiales de guerra, incluso en materia de actualizaciones como se comprueba en las Leyes de Presupuestos de cada año, entre las que se encuentran las reconocidas al amparo de la Ley 5/79, estableciendo como supletoria la legislación de Clases Pasivas vigente a 31 de diciembre de 1984 y en consecuencia no es lícito considerar a sus beneficiarios "comprendidos en el ámbito de aplicación subjetivo determinado para los funcionarios públicos, civiles y militares" en cuanto que beneficiarios de la Ley 5/79; el ámbito subjetivo de aplicación de una norma no puede ampliarse ni restringirse contra lo expresamente dispuesto en la propia norma. En las de Clases Pasivas, vigentes con anterioridad y con posterioridad a 31 de diciembre de 1984, están incluidos los funcionarios civiles y militares del Estado, mientras que en la Ley 5/79 se encuadran los españoles que hubieran fallecido como consecuencia de la guerra civil, con independencia de que tuvieran o no la condición de combatientes.

        QUINTO: Dicho esto, la normativa especifica se concreta en el  artículo 3 de la Ley 5/1979, que en su redacción inicial, declaró las pensiones en ella reconocidas compatibles con cualesquiera otras que puedan percibirse del Estado, Provincia, Municipio, Seguridad Social o de otros Entes Públicos o privados, "siempre que no tengan fundamento en las mismas causas de las que por esta Ley se establecen", precisando el Real Decreto-Ley 8/1980, primero, y luego la Ley 42/81, que añadieron un párrafo al artículo, que "se considerará que tiene fundamento en las mismas causas toda pensión derivada del fallecimiento del mismo causante y satisfecha con cargo a los Presupuestos del Estado y Entes Territoriales o por el sistema de la Seguridad Social", párrafo que justificaba las incompatibilidades en su día declaradas en los casos de pensiones debidas a un mismo causante y satisfechas con cargo a los Presupuestos del Estado, pero dicho párrafo quedó suprimido, con efectos de 1 de enero de 1989, por el artículo 56 de la Ley 37/1988, que dejó así redactado el número 2 del artículo 3 de la Ley 5/1979: "Las pensiones reconocidas al amparo de la presente Ley serán compatibles con cualesquiera otras pensiones públicas, siempre que estas últimas no tengan fundamento en las mismas causas de las que por esta Ley se establecen. En todo caso, se exceptúan de la compatibilidad mencionada las pensiones extraordinarias del Régimen de Clases Pasivas que hubieran sido causadas por la misma persona que cause las de la presente Ley y las pensiones referidas en los artículos 6º y 8º de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, que pudieran reconocerse a los beneficiarios de alguna de las establecidas en esta norma legal y que hubieran sido causadas por la misma persona que causara éstas".

        SEXTO: La sucesión de normas en esta cuestión va desde la originaria redacción del artículo 3.2 de la Ley 5/1979 en la que se establecía la compatibilidad entre las pensiones por ellas reguladas con cualesquiera otras "siempre que no tengan fundamento en las mismas causas de las que por este Ley se establecen"; continúa con la modificación operada por el Real Decreto-Ley 8/80 y mantenida por la Ley 42/81, en cuya virtud se añade un párrafo a la disposición analizada que establecía que "se considerará que tiene fundamento en las mismas causas toda pensión derivada del fallecimiento del mismo causante y satisfecha con cargo a los Presupuestos del Estado y Entes territoriales o por el Sistema de la Seguridad Social"; y concluye con la Ley 37/88, que suprime el párrafo anterior. Pues bien, esta sucesión de normas es entendida de manera distinta por este Tribunal Central y por el Centro Gestor. Mientras que para este Tribunal a una compatibilidad inicial le sucede una modificación legal que elimina esa compatibilidad, y después otra posterior que la restablece, para el Centro Gestor "en todo momento la voluntad del legislador se ha mantenido constante en expresar el principio de incompatibilidad entre las pensiones de la Ley 5/79 con aquellas otras de carácter público ..... que tuvieran fundamento en las mismas causas", explicitado en las Leyes 8/80 y 42/81 pero implícito en las otras dos.

        SÉPTIMO: De todo ello se ha de concluir que conforme a reiterado criterio mantenido por este Tribunal Central, las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 5/79 deben estimarse compatibles con las pensiones señaladas por el Ministerio de Defensa, sin que pueda sostenerse que ambas pensiones tienen la misma causa, puesto que una deriva de los servicios prestados por el causante como profesional de las Fuerzas Armadas, y la otra del hecho de ser español fallecido con ocasión de la pasada guerra civil,  sin que pueda confundirse la causa determinante del derecho a pensión, en este caso el fallecimiento del causante a consecuencia de la guerra, con las circunstancias que en cada caso deban tomarse en cuenta en orden al señalamiento de la pensión, como son su carácter o no de militar profesional, graduación, años de servicio.....etc.

        VISTOS los preceptos citados y demás aplicables,

        EL TRIBUNAL CENTRAL, EN SALA ACUERDA
: Estimar en parte la reclamación económico-administrativa interpuesta por DON A contra la resolución de 29 de marzo de 2005 de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por la que se deniega la rehabilitación de pensión, que se revoca, no procediendo hacer pronunciamiento alguno sobre la declaración de compatibilidad solicitada.



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