Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1509/2006 de 08 de Noviembre de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 08 de Noviembre de 2007
  • Núm. Resolución: 00/1509/2006

Resumen

Se anula por su desproporción el requerimiento de información al afectar a todas las empresas (cientos de miles) integradas en un sistema de medios de pago mediante tarjetas de crédito.

Descripción

        En la Villa de Madrid, a 8 de noviembre de 2007, en la reclamación económico-administrativa que pende de resolución ante este Tribunal Central, interpuesta por ... con CIF ... y en su nombre y representación, por Don ..., con domicilio, a efectos de notificaciones, en ..., contra el Requerimiento de Información emitido por el Equipo Central de Información, de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, Referencia ..., de 13 de marzo de 2006, notificado a la entidad el día 14 de dicho mes

                                                        ANTECEDENTES DE HECHO

        PRIMERO: Con fecha 13 de marzo de 2006, la ya mencionada Unidad de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, dirigió Requerimiento a la entidad reclamante, al amparo de los artículos 93 y 94 de la Ley General Tributaria, según redacción dada por Ley 58/2003, para que en el plazo de 30 días hábiles desde la recepción del requerimiento (15 de marzo de 2006), aportase determinada información con trascendencia tributaria, que resulta necesaria para el desarrollo de las actuaciones que tienen encomendadas los Servicios de Inspección de la AEAT.

        De acuerdo con el citado requerimiento, se solicitaba a ... información relativa a "los establecimientos económicos adheridos al sistema de pagos mediante tarjetas de crédito y débito gestionadas por esa Entidad", haciendo constar, "para cada uno de ellos, los siguientes datos relativos a los ejercicios 2004 y 2005":

        1.- Número de comercio

        2.- Identificación del establecimiento, la cual comprenderá apellidos, nombre o razón social y Número de Identificación Fiscal o, en su defecto, Número de Pasaporte o Número de identidad válido en su país de origen, así como dirección que conste a efectos de la operativa de dichas tarjetas.

        3.- Sector de Actividad en el que se encuadra el establecimiento, de acuerdo con los códigos de sectores de actividad de esa Entidad.

        4.- Entidad/es financiera/s con las que opera el establecimiento en el sistema, según el Código de la Entidad asignado por le Banco de España.

        "La información citada en los puntos 1 a 4 anteriores se aportará, de manera diferenciada, para aquellos establecimientos económicos que, en los ejercicios solicitados, no hayan realizado ninguna transacción o hubieran realizado transacciones por importe global inferior a 3.000 euros.

        Esta información se presentará en soporte magnético, el cual se cumplimentará conforme al diseño informático que se recoge en el Anexo 1".

SEGUNDO:
Disconforme con el requerimiento recibido, la entidad, en fecha 10 de abril 2006, interpuso, en plazo, ante este Tribunal, reclamación económico-administrativa objeto de la presente resolución, referenciada con el número 1509/06, al amparo de lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Emitido el correspondiente informe por el Equipo Central de Información, en fecha 6 de julio de 2006, se notificó a la entidad, la puesta de manifiesto del expediente administrativo, presentando, con fecha 27 de julio de 2006 el correspondiente escrito de alegaciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley 58/2003.

En su escrito, la entidad realizó, en síntesis, las siguientes alegaciones:

          a) En primer lugar, alega la interesada que la información solicitada por la ONIF, no puede ser deducida de sus relaciones  económicas, profesionales o financieras con los establecimientos adheridos al sistema de pagos mediante tarjetas de crédito y débito que gestiona, ya que no mantiene con los mismos relaciona contractual alguna.

Así, tras describir el esquema de funcionamiento del sistema señala que: "..." está fuera del cuadro de relaciones con los comerciantes que integran el sistema de pago por tarjeta (al débito y al crédito) y, consecuentemente, no existe entre "..." y los comerciantes cuyos datos se requieren, NINGUNA relación económica, profesional o financiera. Quedará, igualmente claro, que "..." no es una entidad financiera o crediticia; "..." no es otra cosa que un CENTRO PROCESADOR DE OPERACIONES que, en nombre de las entidades socios y adheridas, mediante procedimientos operativos, técnicos y de seguridad acredita técnicamente el carácter genuino de la tarjeta y del terminal/comercio, facilitando a las citadas entidades la liquidación y compensación económica de los flujos financieros generados en cada transacción, y el cobro/pago de los importes de las operaciones abonadas con tarjetas, de la llamada "tasa de intercambio" y de las comisiones entre bancos".

"Esta entidad es lo que se llama ... cuya función es informática. Mediante la aplicación de los programas informáticos -permanentemente actualizados- que constituyen su activo más significativo, prepara la operación de compensación diaria de los créditos y débitos que se producen entre los bancos adheridos a "...", es decir, se cruzan y compensan las tasas de intercambio de las que cada banco es deudor y acreedor indiferentemente y las comisiones o tasas de descuento que cargan a los comerciantes y que éstos abonan".

Así, entiende que se ha vulnerado lo establecido en el artículo 93 de la LGT, en el que se señala que es preciso que la información requerida tenga su origen en las relaciones del requerido, con sus obligaciones tributarias, o deducida de sus relaciones económicas, profesionales y financieras con otras personas cuyos datos se reclaman. No existe, alega, relación alguna con los establecimientos; sus relaciones se circunscriben a los bancos y entidades adheridas o asociadas a la operadora.

           b) En segundo lugar, señala que el requerimiento emitido es ilegal al infringir el límite cuantitativo de 3.000 euros, en cuanto a las operaciones sobre las que existe obligación de informar, recogido en la Orden Ministerial de 24 de noviembre de 2000.

           c) Asimismo alega que a través de este requerimiento "se comete -además de una ilegalidad- un fraude de ley o un abuso de la norma tributaria contenida en el art. 93 de la LGT, puesto que en lugar de dirigirse en su demanda de información a los bancos, intenta salvar el obstáculo del número 3 del artículo 93 de la LGT, que sólo admite para las operaciones bancarias, activas y pasivas, los requerimientos "individualizados" por lo que resultaría más difícil, si no imposible, hacer un requerimiento "masivo" como el que causa este recurso. En lugar de seguir el curso legal, la ONIF dirige su requerimiento a una entidad, "...", que no tiene relación alguna con los comerciantes y que se limita a informatizar y compensar los débitos y créditos que los bancos tienen entre sí. Es una forma ilegal de salvar las protecciones jurídicas que la LGT establece para la información de las cuentas, los créditos y las operaciones activas y pasivas de los comerciantes con los bancos".

Alega la interesada que no puede garantizar la veracidad de los datos solicitados, y recalca que la cesión de los datos debe estar autorizada por ley, ya que es obligación de la entidad preservar las confidencialidad de los datos manejados en el ejercicio de sus funciones.

           d)        Seguidamente aduce que este tipo de requerimiento "está situando a "..." en una clara posición de inferioridad dentro del propio mercado español. Y con "..." a las restantes procesadoras españolas y de forma primaria a los bancos españoles adheridos a ...". Entiende que el requerimiento está convirtiendo a la reclamante en "un agente del fisco", con la consecuente pérdida de fiabilidad y confidencialidad para los comerciantes, respecto de los bancos contratantes y procesadoras extranjeras.

Esto discrimina en contra de las empresas españolas, por lo que entiende la interesada que se están conculcando los artículos 96, y 43 del Tratado de la Unión, por lo que solicita a este Tribunal, que plantee cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo, ya que este tipo de requerimientos masivos, no cabría en el resto de países miembros.

          e) Señala asimismo la desproporcionalidad del requerimiento recibido, demandando que el mismo es invasivo y masivo. "El requerimiento significa lisa y llanamente, que "..." ceda a la ONIF su base de datos íntegra y su programa informático par clasificar los datos; es decir, una conversión de "..." en una ONIF para las tarjetas de pago".

Entiende que el requerimiento supone la cumplimentación de más de mil millones de datos, siendo el mismo innecesario, ya que obedece más a la comodidad que a la necesidad. Tales datos pueden obtenerse por la Administración por los formularios 347 y los censos de los comerciantes. "Se implica a "..." en una función fiscal inquisitiva que no le corresponde y que convierte a la entidad en un agente fiscal".

          f)         Por último alega que la finalidad tributaria del requerimiento es desconocida para la obligada tributaria: "Lo que sí es patente es que el requerimiento carece de motivación alguna", y a continuación cita los artículos 54 de la Ley 30/1992, y 63 de la misma, para solicitar que el acto, al carecer de motivación debe ser anulado.

Finalmente solicita a este Tribunal que anule el requerimiento impugnado, y que plantee, si lo considera oportuno, cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la U.E.

TERCERO:
En fecha 18 de mayo de 2007, ... presenta escrito ante este Tribunal en que se señala que ante nuevos requerimientos por parte de la ONIF, y bajo la advertencia de sanciones graves, se ha recabado la información solicitada, que ha sido enviada a dicho Órgano.

Solicita a continuación a este Tribunal que "se advierta a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la imposibilidad legal del uso de la información en tanto no se resuelva de forma definitiva sobre la legalidad del requerimiento de datos, que es causa de la reclamación económico-administrativa".

                                                           FUNDAMENTOS DE DERECHO


PRIMERO: Concurre en la presente reclamación económico-administrativa, los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para su admisión a trámite por este Tribunal Económico-Administrativo Central.

SEGUNDO: La cuestión planteada en la misma se centra en determinar la procedencia del requerimiento de información emitido por el Equipo Central de Información, de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, en fecha 13 de marzo de 2006.

Con carácter previo, a la resolución de las cuestiones de fondo planteadas, este Tribunal debe señalar, en cuanto a la petición realizada por ... a este órgano, mediante escrito de fecha 18 de mayo de 2007, para que "se advierta a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la imposibilidad legal del uso de la información en tanto no se resuelva de forma definitiva sobre la legalidad del requerimiento de datos, que es causa de la reclamación económico-administrativa", que se rechaza la misma.

No es labor de este Tribunal adoptar ese tipo de decisiones o medidas, máxime, cuando este mismo Órgano, en Sesión de fecha 17 de mayo de 2006, ya acordó la inadmisión de la solicitud de suspensión presentada por la entidad, a cuyos fundamentos de derecho nos remitimos.

TERCERO: El artículo 93 de la Ley 58/2003, General Tributaria, que regula las obligaciones de información, señala que:

"1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades mencionadas en el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, estarán obligadas a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas.

En particular:

a) Los retenedores y los obligados a realizar ingresos a cuenta deberán presentar relaciones de los pagos dinerarios o en especie realizados a otras personas o entidades.

b) Las sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que, entre sus funciones, realicen la de cobro de honorarios profesionales o de derechos derivados de la propiedad intelectual, industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o colegiados, deberán comunicar estos datos a la Administración tributaria.

A la misma obligación quedarán sujetas aquellas personas o entidades, incluidas las bancarias, crediticias o de mediación financiera en general que, legal, estatutaria o habitualmente, realicen la gestión o intervención en el cobro de honorarios profesionales o en el de comisiones, por las actividades de captación, colocación, cesión o mediación en el mercado de capitales.

c) Las personas o entidades depositarias de dinero en efectivo o en cuentas, valores u otros bienes de deudores a la Administración tributaria en período ejecutivo estarán obligadas a informar a los órganos de recaudación y a cumplir los requerimientos efectuados por los mismos en el ejercicio de sus funciones.

2. Las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior deberán cumplirse con carácter general en la forma y plazos que reglamentariamente se determinen, o mediante requerimiento individualizado de la Administración tributaria que podrá efectuarse en cualquier momento posterior a la realización de las operaciones relacionadas con los datos o antecedentes requeridos".

CUARTO:
De todas las cuestiones planteadas por la entidad, considera este Tribunal, por la importancia de las consecuencias que de la misma se derivan, debe ser destacada la relativa a, la desproporcionalidad del requerimiento recibido, demandando que el mismo es invasivo y masivo, ya que supone la cumplimentación de más de mil millones de datos, siendo el mismo innecesario, ya que obedece más a la comodidad que a la necesidad. Tales datos, que se cifran en más de 1.800 millones, entiende la reclamante, al menos en parte pueden obtenerse por la Administración por los formularios 347 y los censos de los comerciantes.

De acuerdo con los artículos 93 de la LGT y 30 del RD 1065/2007 que desarrolla el precepto anterior, la individualización se requiere en relación a la entidad a la que se dirige el requerimiento y no tanto al número de los datos a la misma solicitados.

         De tales datos, lo único que se exige por nuestra jurisprudencia y doctrina es que estén especificados, y que sean conocidos por la requerida como consecuencia del ejercicio de su actividad.

En cuanto al primero de los requisitos, se hace necesario reproducir, el fundamento de derecho de derecho tercero de la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2000, en el que señala que:

"Se ha utilizado correctamente el sistema de obtención de información consagrado en el artículo 111.2 de la Ley General Tributaria (LGT) y, además, el requerimiento efectuado por la Oficina Nacional de la Inspección reúne las condiciones y características necesarias para ser calificado -en contra del criterio de la entidad recurrente- de "individualizado". El citado artículo 111.2 de la LGT establece que "las obligaciones a que se refiere el apartado anterior -las de proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria- deberán cumplirse bien con carácter general, bien a requerimiento individualizado de los órganos competentes de la Administración Tributaria, en la forma y plazos que reglamentariamente se determinen". De dicho texto se infiere que la Administración puede utilizar dos medios de obtención de información, a saber, primero, imponiendo a ciertas personas en normas de carácter general la obligación de suministrar periódicamente los citados datos de trascendencia tributaria, y, segundo, requiriendo individualizadamente a alguna o algunas de tales personas a que proporcionen cierta y específica información de la clase mencionada. La segunda vía inquisitiva es la utilizada en el presente caso. Y la entidad recurrente viene obligada a proporcionar a la Administración los datos referentes a los seguros de prima única no porque exista una norma general que la constriña a facilitarlos siempre y de una forma periódica, sino porque en una fecha determinada recibió la comunicación de un acto administrativo específico, dirigido singularmente a ella, que le impuso de forma precisa la obligación de suministrar cierta y concreta información: y eso es, obviamente, por más que trate de modularlo confusamente la entidad impugnante, un requerimiento individualizado. No existe en la LGT norma alguna que restrinja el concepto de "requerimiento individualizado" sólo a los supuestos en que el mismo se hace para averiguar datos de un sujeto pasivo determinado, sino que la individualización viene referida, amén de al contenido del requerimiento (que puede ser más o menos amplio, según las necesidades de información que tenga la Administración), al modo de operar ésta y a la singularidad del destinatario: es una decisión concreta de la Administración, expresada en un acto singular, y dirigida a una persona específica. Además, el deber general de información que, como medio legal para la efectiva realización del deber constitucional de colaboración en el sostenimiento de las cargas públicas mediante el pago de impuestos, está establecido en nuestro ordenamiento jurídico no puede quedar sin efecto por razones meramente instrumentales que, a mayor abundamiento, se encuentran reguladas (en el artículo 111.2 de la LGT) de forma absolutamente alternativa y con tal amplitud que cabe afirmar que, sobre la base de los datos proporcionados por la llamada vía general de suministro, la Administración puede ulteriormente recabar datos concretos sobre un extremo determinado de la información ya facilitada u obtenida, siempre y cuando se cumplan los requisitos reglamentarios establecidos al efecto".

          En su Sentencia, el TS concluye que: "Es evidente que el requerimiento practicado en el caso presente ha de calificarse, como hemos venido diciendo, de «individualizado» al estar dirigido a entidad concreta y solicitar los datos de trascendencia tributaria relativos a operaciones económicas específicas y determinadas".

          Una vez, zanjada la cuestión sobre el alcance del concepto de requerimiento individualizado, recogido en el artículo 93 de la LGT, y determinar que el mismo se refiere a la entidad o sujeto al que se dirige el mismo, y no al número de datos solicitado, debemos no obstante comprobar, si el requerimiento en cuestión cumple con el resto de principios recogidos en nuestro ordenamiento jurídico, y en particular, con los principios que deben regir toda actuación de la Administración Tributaria.

          En este sentido, el artículo 3.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria, que regula los principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario, señala que:

"2. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales y asegurará el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios".

          En este mismo sentido, ya se pronunció la Ley 1/1998, de Derechos y Garantías de los contribuyentes, de 26 de febrero, en su artículo 2.2, en el se determinaba que:

"2. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de generalidad, proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales. Asimismo, asegurará el respeto de los derechos y garantías del contribuyente establecidos en la presente Ley".

          Por lo tanto, de los preceptos reproducidos, se deduce que las medidas adoptadas por la Inspección en cualquier caso deben de estar informadas por el principio de proporcionalidad, y en relación al cumplimiento de las obligaciones formales, con la limitación de costes indirectos.

          Del examen del requerimiento dirigido por la ONIF a la entidad, puede concluirse que el mismo fue extendido por la Inspección de forma indiscriminada en cuanto a su contenido, es decir, genérica y global en relación con la totalidad de "los establecimientos económicos adheridos al sistema de pagos mediante tarjetas de crédito y débito gestionadas por esa Entidad", tanto aquellas cuyo volumen de operaciones fue superior a 3.000 euros, como aquellas que facturaron operaciones por importe inferior o no consta operación alguna. Ello supone para el contribuyente, la aportación de datos en relación un elevadísimo número de establecimientos económicos en cada uno de los periodos que abarca el requerimiento, que cifra, en el total de datos en más de un millón, entendiendo este Tribunal que ello produce que el mismo no encuentre un encaje preciso y ajustado en las previsiones señaladas en el artículo 3.2 de la LGT.

Con esta conclusión, debe destacarse el carácter abstracto y genérico de la posible trascendencia tributaria de los datos requeridos por la ONIF, así como que la medida adoptada es desproporcionada, máxime cuando ya gran parte de los datos pueden ser obtenidos por la Inspección a través de otros medios, como las declaraciones generales de información de operaciones con terceros. Es fácil suponer que si la información que se pide tuviera una trascendencia tributaria general, dado que afecta a cientos de miles de empresas, habría sido exigida a través del sistema de "suministro", con el consiguiente apoyo normativo. Por decirlo gráficamente, el catálogo de obligaciones formales y de colaboración informativa referidas a la generalidad de las empresas (pues prácticamente todas utilizan el pago o cobro con tarjetas) no debe quedar al arbitrio de un órgano inspector. El artículo 31 de la Constitución no puede llevarse tan lejos, ni el deber de contribuir legitimar cualquier exigencia administrativa.

En este sentido ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo, en Sentencia de 12 de noviembre de 2003, en la que consideró que la pluralidad de los sujetos afectados, en relación a los cuales se solicitaba información a la obligada tributaria, al ascender a la cifra de 108.451 titulares, convertía la comentada individualización, por mor de la generalidad e indeterminación subjetiva en que la actividad del requerido se traduce y plasma, en una abstracción incompatible con lo exigido en el art. 111.1 de la LGT, en cuanto que el sistema de "captación" de datos utilizado no puede revestir, como se infiere de la propia expresión citada, un carácter indiscriminado y no selectivo o, lo que es lo mismo, de total extensión y comprensión de la multitud de usuarios del servicio prestado por la empresa requerida.

En caso mencionado, el Tribunal de instancia, al que el TS confirma posteriormente, manifestó que "Además, un requerimiento genérico global respecto de 108.451 usuarios está en abierta contradicción con la exigencia del requerimiento individualizado que se establece en el artículo 111.2 de la LGT, en el que se dispone, con toda claridad, que el cumplimiento de la obligación de suministrar información debe cumplirse bien por "suministro" o de forma general (sin necesidad de mediar un previo requerimiento de la Administración a las personas afectadas) o bien por "captación" o individualizadamente, tal y como ha acontecido en el presente caso, en el que la captación de datos o informes no puede revestir, como se desprende de la propia expresión citada, un carácter indiscriminado o, lo que es lo mismo, de total extensión y comprensión de la multitud de usuarios de un servicio prestado por la empresa requerida".

El TS, desestimó el recurso de casación presentado contra la Sentencia de instancia, confirmando la misma, en base a los siguientes fundamentos de derecho, que por su claridad y contundencia, así como similitud con el expediente que estamos analizando, considera esta Sala conveniente reproducir:

"A) Carece de predicamento lo argüido por el Abogado del Estado respecto a la existencia de verdadera trascendencia tributaria en los datos, informes y antecedentes que han sido objeto del requerimiento de información, pues, en el caso de autos, por muy motivado formalmente, ex post facto, que esté el mismo (lo que no implica que también lo esté materialmente -en cuanto el informe obrante al respecto en el expediente no es, en realidad, más que una redundancia y una tautología-), el requerimiento no deja de ser excesivamente indiscriminado, genérico y global, en relación con la totalidad de los usuarios, en el año 1991, del Servicio de Telefonía Móvil Automática (cuando tal Servicio acababa, prácticamente, de entrar en funciones, y cuando los titulares eran, entonces, 108.451 y sus facturaciones medias anual y mensual alcanzaban, respectivamente, las cifras de sólo 177.990 ptas. y 14.883 ptas.).

La trascendencia tributaria que analiza debe entenderse como la cualidad de aquellos hechos o actos que pueden ser útiles a la Administración para averiguar si ciertas personas cumplen o no con la obligación establecida en el artículo 31.1 de la Constitución Española de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, y poder, en caso contrario, obrar, en consecuencia, de acuerdo con la Ley. Y esa utilidad puede ser "directa" (cuando la información solicitada se refiere a hechos imponibles, o sea, a actividades, titularidades, actos o hechos a los que la Ley anuda el gravamen) o "indirecta" (cuando la información solicitada se refiere sólo a datos colaterales, que puedan servir de indicio a la Administración para buscar después hechos imponibles presuntamente no declarados o, sencillamente, para guiar después la labor inspectora -que, no se olvide, no puede alcanzar a absolutamente todos los sujetos pasivos, por ser ello materialmente imposible- hacia ciertas y determinadas personas).

No cabe, pues, presumir tal trascendencia tributaria por el simple hecho de haberse solicitado la información (y, menos, en un caso como el presente, en que la misma intenta abarcar a todos los abonados y usuarios de un determinado Servicio, ninguna de cuyas contraprestaciones son, según lo probado, muestra palpable o indiciaria de una relevante capacidad económica o de una actividad económica encubierta), debiendo concurrir una justificación o motivo específicamente suficiente que fundamente el requerimiento de la información (justificación o motivo que, materialmente, aquí no concurre), pues conceptuar el requisito legal de la trascendencia tributaria de forma abstracta o genérica equivaldría en la práctica a negar virtualidad a su exigencia, dado que difícilmente puede colegirse, en algún supuesto concreto de información, que sea, en todo caso y circunstancia, directa o indirectamente, tributariamente intrascendente (y procede, en consecuencia, declarar que la entidad interesada tiene derecho a no atender al requerimiento de información que le ha efectuado la AEAT).

El requerimiento de autos, que parece deberse a la mera comodidad de obtener una información omnisciente de los datos correspondientes a los usuarios del Servicio de Telefonía Móvil del año 1991, no deja de carecer de trascendencia tributaria, pues, frente al contenido del informe obrante en el expediente administrativo, la prueba practicada acredita que la citada información se está refiriendo a unos datos sin verdadero relieve económico (ni expreso ni encubierto). Y obvio es que, para tal fin, la Administración dispone de un amplio repertorio de actuaciones, que no son reconducibles al artículo 111 de la LGT (so pena de convertir tal precepto en una vía para conseguir una omnisciencia fiscal absoluta).

B) No se ha vulnerado, en la sentencia de instancia, el artículo 140.1 d) de la LGT, porque en él se obliga a que las actuaciones que lleve a cabo la Inspección de los Tributos han de estar directa o indirectamente encaminadas a la aplicación de los tributos, y es claro que, en el caso de autos, tal precepto, relacionado con el 111 del mismo texto legal, no es aplicable, tras el resultado de la prueba antes comentada, ante la total y absoluta ausencia de relevancia tributaria de los datos requeridos y obtenidos [cuando es así, además, que el Abogado del Estado mantiene la infracción de dicho art. 140 d) de la LGT, en relación con el antes citado art. 37 del RD 939/1986, sin el debido apoyo argumental].

C) Cierto es, en principio, que la individualización del requerimiento se predica, generalmente, del sujeto requerido, que sí debe ser singular y determinado, y no de los terceros, pues el requerimiento tanto puede referirse a los datos que aquél posea de una persona determinada como a todos los que posea de ciertas operaciones o de ciertos hechos que afecten a una pluralidad de terceros que se hayan relacionado con él, en su calidad de sujeto requerido (sometido al deber de colaboración).

Pero ello no empece para que, en un caso como el aquí examinado, que se refiere, en definitiva, a una información de datos que no se sabe, en principio, si van a tener o no alguna aplicación en la exacción de unos tributos concretos y que se han revelado, además, como carentes de toda trascendencia tributaria, debamos concluir, en virtud de lo que hemos venido razonando, que la pluralidad de los abonados afectados, ascendentes a la cifra de 108.451 titulares, convierte la comentada individualización, por mor de la genericidad e indeterminación subjetiva en que la actividad del requerido se traduce y plasma, en una abstracción incompatible con lo exigido en el artículo 111.1 de la LGT, en cuanto que el sistema de «captación» de datos utilizado no puede revestir, como se infiere de la propia expresión citada, un carácter indiscriminado y no selectivo o, lo que es lo mismo, de total extensión y comprensión de la multitud de usuarios de un servicio prestado por la empresa requerida (doctrina esta que para nada contraría la reiteradamente mantenida por esta Sala en casos en que existían verdaderos supuestos de individualización del requerimiento).

A mayor abundamiento, debe destacarse, como hace la entidad requerida en su escrito de oposición al recurso, que resultaría muy curioso pensar qué pasaría si, en el momento actual (el año 1999, en el momento de tal alegación, o el año 2003, en el momento de dictarse esta sentencia), se hiciese un requerimiento similar, cuando son millones las personas que utilizan la telefonía móvil automática, como un servicio semibásico y que en absoluto supone capacidad económica ni relevancia fiscal alguna".

Si en el supuesto debatido ante nuestro Alto Órgano Jurisdiccional el número de datos alcanzaba los 108.000 aproximadamente, resulta claro que a las mismas conclusiones, y sin necesidad de mayores desarrollos, se puede llegar, en el supuesto que se está analizando en la presente Resolución.

Por lo tanto, este Tribunal, sin necesidad de entrar en el resto de las cuestiones planteadas por la reclamante, estima sus alegaciones y anula el requerimiento de información efectuado por la ONIF, por considerar que el mismo no cumple con las exigencias previstas en los artículos 3.2 y 93 de la LGT.

          En virtud de lo expuesto,

ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL, resolviendo EN SALA, en la presente reclamación económico-administrativa ACUERDA: ESTIMARLA, anulando el requerimiento impugnado.

Comerciantes
Tarjetas de crédito
Fraude
Comisiones
Cuestiones prejudiciales
Obligaciones tributarias
Honorarios profesionales
Medios de pago
Días hábiles
Número de identificación fiscal
Pasaporte
Banco de España
Cumplimiento de las obligaciones
Entidades financieras
Compensación económica
Fraude de ley
Obligación de información
Operaciones bancarias
Cuestiones de fondo
Persona física
Colegiado
Colegios profesionales
Propiedad intelectual
Depositario
Capacidad económica
Prima única
Pago de impuestos
Obligado tributario
Inspección tributaria
Actividades económicas
Práctica de la prueba
Contraprestación

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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