Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1705/2004 de 27 de Septiembre de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 27 de Septiembre de 2006
  • Núm. Resolución: 00/1705/2004

Resumen

Se estima el incidente de ejecución y se acuerda la retroacción de actuaciones al objeto de que las mismas permitan al contribuyente ejercitar su derecho a pedir la revisión del acto dictado conforme a los cauces legales oportunos, procediendo a efectuar una nueva notificación que contenga las vías de impugnación ordinarias contra los actos administrativos tributarios. En el caso concreto, el incidente se interpone contra el acto administrativo que ejecuta una resolución económica-administrativa que anulaba el acto administrativo por falta de motivación. El nuevo acto introduce nuevos criterios relacionados con el fondo del asunto, como es la motivación de los intereses de demora y se reconoce el derecho a la devolución de ingresos indebidos, se liquidan nuevos intereses y se acuerda una compensación entre las deudas y créditos cuya titularidad pertenece a la entidad reclamante. Por ello, no puede considerarse como una mera actuación material y abre una nueva vía de revisión, con todos los recursos y reclamaciones legalmente existentes.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 27 de septiembre de 2006 en el incidente de ejecución que pende ante este Tribunal Central, en Sala, interpuesto por D. ..., en nombre y representación de la entidad ..., S.A., con NIF ..., con domicilio en ..., contra el acto administrativo dictado el 29 de marzo de 2006 por la Dependencia de Inspección de la Delegación de ... de la AEAT en ejecución de la Resolución del TEAC de 23 de noviembre de 2005 en la que se estima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de fecha 28 de noviembre de 2003, por la que se desestima la reclamación interpuesta contra el acuerdo de 30 de octubre de 2001, dictado por el Inspector Jefe Adjunto Jefe de la Dependencia de Inspección de la Delegación de la AEAT de ..., por el que se liquidan intereses de demora por el tiempo en el que ha estado suspendido el acto administrativo de liquidación del Impuesto General de Tráfico de Empresas correspondiente a los ejercicios 1981 a 1983, ascendiendo la deuda tributaria a ingresar por la liquidación de los intereses a 25.121.025 pesetas (150.980,40 euros). Además de la interposición por el interesado, el TEAR de ... remitió el mismo incidente que fue presentado ante él por el interesado y sobre el que se abstuvo de conocer por ser incompetente y lo ha remitido también a este Tribunal Central.

                                                          Antecedentes de hecho

PRIMERO.-
Con fecha 5 de febrero de 1985 fue dictado acto administrativo de liquidación por el concepto "Impuesto General de tráfico de empresas" (IGTE) en relación a los ejercicios 1980 a 1983, por importe de 22.050.092 pesetas.

SEGUNDO.- Dicha liquidación fue impugnada en vía económico-administrativa, en primera instancia ante el Tribunal Regional de ... y, posteriormente, en alzada ante este Tribunal, quien dictó el 27 de septiembre de 1990 resolución desestimatoria de las pretensiones del recurrente.

TERCERO.- Disconforme con la resolución dictada, se recurrió ante la Audiencia Nacional, que dictó sentencia parcialmente estimatoria el ... de 1994. En la misma se acordaba la nulidad de la sanción impuesta, manteniendo la deuda tributaria liquidada en la regularización por importe de 15.170.489 pesetas.

CUARTO.- Frente a la sentencia parcialmente estimatoria dictada por la Audiencia Nacional se interpuso el correspondiente recurso de casación ante el Tribunal Supremo, quien dictó sentencia el 23 de septiembre de 2000 declarando no haber lugar al recurso de casación formulado.

QUINTO.- El 30 de octubre de 2001 el inspector jefe adjunto de la Dependencia de Inspección de la Delegación Especial de ... de la AEAT dictó acuerdo por el que, en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo por la que se declara no haber lugar al recurso de casación contra la sentencia de ... de 1994 de la Audiencia Nacional, practicaba la liquidación de intereses de demora por el tiempo que duró la suspensión del acto administrativo.

En dicho acuerdo, constan como fundamentos de derecho los artículos 74.12 del Reglamento 391/1996, de 1 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de las Reclamaciones Económico Administrativas y el artículo 58.2.c) de la Ley 230/1963, General Tributaria (redacción de la Ley 25/1995). En cuanto a la liquidación en sí, consta lo siguiente:

        "Importe de la deuda tributaria                15.170.489

        Intereses de demora                        25.121.025

        Deuda tributaria a ingresar                25.121.025 ptas."

SEXTO.- Contra el acuerdo de liquidación de intereses, el 18 de diciembre de 2001 la entidad presentó reclamación económico-administrativa en primera instancia ante el TEAR de ..., quién resolvió de forma desestimatoria el 28 de noviembre de 2003.

SÉPTIMO.- Contra la resolución anterior la entidad interpuso el día 10 de marzo de 2004 recurso de alzada ante este Tribunal, en el que se venían a reiterar las pretensiones invocadas ante el Tribunal Regional; esto es, la prescripción del derecho a liquidar, la incompetencia del inspector jefe adjunto para dictar el acto de liquidación, el error en el periodo por el que se han de liquidar intereses; y la improcedencia del tipo de interés aplicado.

El 23 de noviembre de 2005 el Tribunal dictó resolución estimatoria del recurso, si bien la razón por la que se adoptó el mencionado fallo no fue ninguna de las pretensiones planteadas por la parte actora, sino ante la falta de motivación de la liquidación de intereses dictada. Concretamente, en el fundamento de derecho tercero de la Resolución dictada, se venía a exponer lo siguiente:

"(...) Sin embargo, del contenido del acto administrativo de liquidación no se puede deducir la inclusión de los "elementos esenciales de la misma". Como refleja el antecedente de hecho cuarto, en el acto administrativo sólo hay constancia de  la legislación aplicada, de la deuda tributaria no ingresada generadora de los intereses y del importe final a ingresar como consecuencia del devengo de los mismos. Pero no se han expresado ni los tipos de interés aplicados, ni el periodo de tiempo en el que se han devengado los intereses, es decir, no se ha dejado constancia del cálculo razonado que ha llevado a determinar la deuda a ingresar. Por tanto, ante la ausencia de dicho razonamiento, procede declarar la falta de motivación del acto dictado, puesto que, en caso contrario, podría generarse la indefensión del sujeto pasivo  dada la ausencia de un elemento esencial de la liquidación sobre el que no podría analizar su conformidad o no con el ordenamiento jurídico.

        Estamos, por tanto, ante un acto administrativo que ha incurrido en una infracción del ordenamiento jurídico, por ser contraria a lo dispuesto en el mencionado artículo 124 de la Ley General Tributaria de 1963. Esta infracción del ordenamiento jurídico nos lleva a calificar el acto como anulable, en el sentido expuesto en el artículo 63.1 de la Ley 30/1992.

        Por ello, este Tribunal acuerda devolver al órgano de Gestión competente el acto administrativo, con objeto de que proceda en su caso a subsanar la falta de motivación en cuanto a la determinación de la deuda generada por los intereses de demora devengados y estimar el presente recurso según lo dispuesto  en este fundamento de derecho".

        OCTAVO.- La Dependencia de Inspección de la Delegación Especial de ... dictó el 29 de marzo de 2006 un acuerdo en ejecución del fallo dictado en el que, tras plantear en los fundamentos de derecho los hechos, la normativa aplicable y los cálculos efectuados para liquidar los intereses de demora, se adoptaban las siguientes decisiones:

        "1º Anular el acuerdo de liquidación de intereses de demora de fecha 30 de octubre de 2001.

        2º Dictar nuevo acuerdo de liquidación de intereses de demora por importe de 25.121.025 Ptas (150.980,40€), entendiendo suficiente la motivación de los fundamentos de derecho uno a tres anteriores.

3º Y, además, como consecuencia de que los intereses que han sido anulados en el punto 1° fueron totalmente ingresados por un importe de 150.980,40 €, con fecha 18 de diciembre de 2001, procede acordar el pago al obligado tributario de intereses de demora sobre dicha cantidad indebidamente ingresada desde dicho día inicial y hasta la fecha de este acuerdo de ejecución, ascendiendo su importe total a la cantidad de 33.544,54 €, con el siguiente desglose (...).

4°. Y, finalmente, también procede liquidar intereses de demora sobre la nueva liquidación realizada en el punto 2°, desde el momento en que se han considerado indebidamente ingresados, hasta la fecha de este acuerdo, ascendiendo su importe a 33.544,54 €, siendo su desglose idéntico al efectuado en el punto anterior. Esta nueva liquidación y la efectuada en el acuerdo 3° serán compensadas de oficio por la Administración en los términos de lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria, por lo que no procede la devolución ni el ingreso de cantidad alguna".

El acto concluía expresando lo siguiente: "en caso de disconformidad con el mismo, puede plantear incidente de ejecución ante el Tribunal que dictó la resolución en primera o única instancia." La notificación del mismo al interesado se produjo el 25 de abril de 2006.

NOVENO.- Contra el acuerdo anterior, la entidad interpuso el 2 de mayo de 2006 un incidente de ejecución ante el TEAR de ..., si bien en virtud del artículo 68 del RD 520/2005 acordó el 30 de junio de 2006 abstenerse de entrar a conocer de la cuestiones planteadas por concurrir incompetencia material y ser la competencia de esta Tribunal Económico Administrativo Central. Con fecha 14 de julio de 2006 el TEAR dictó providencia por la que se acordaba remitir el expediente al TEAC junto con la copia del fallo dictado para que éste conociera del mismo.

Por su parte, la entidad volvió a presentar ante este Tribunal el 31 de julio de 2006 el incidente de ejecución planteando, en síntesis, las siguientes cuestiones:

        - Que la resolución dictada por el TEAC era totalmente estimatoria, por lo que su ejecución sólo podría haber originado la anulación del acto dictado con la consiguiente devolución y abono de intereses a favor del contribuyente. No cabría dictar nueva liquidación en sustitución de la anulada y la eventual nueva liquidación que debiera dictarse debería respetar todos los trámites y ofrecer todos los recursos que corresponda pues es evidente que no se dicta en ejecución de una resolución sino que sustituye a otra anulada.

        - Que no es admisible la compensación automática efectuada puesto que sólo es posible con deudas líquidas vencidas y exigibles y la nueva liquidación no está vencida, pues ha de ofrecerse plazo voluntario de pago.

        - Que no procede liquidar intereses sobre los intereses ya ingresados. En el punto 4º del acuerdo de ejecución se hace referencia a la liquidación en favor de la Hacienda Pública de intereses sobre los intereses liquidados en el punto segundo, lo que supone un anatocismo que carece de base jurídica. La entidad ingresó la primera liquidación de intereses en plazo, por lo que no procede ninguna liquidación adicional de intereses a su cargo.

        - Por último, que los intereses de demora liquidados en favor del contribuyente deben extenderse no hasta la fecha en que se dicta el acuerdo de ejecución sino el momento en que se produzca la devolución efectiva.

                                                        FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente incidente de ejecución ha sido interpuesto en plazo por persona legitimada para hacerlo y este Tribunal Económico-Administrativo Central es competente para conocerlo de conformidad con lo establecido en el vigente Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de Revisión en Vía Administrativa.

Las cuestiones sobre las que debemos entrar a conocer serían las siguientes: 1) Las consecuencias de la resolución estimatoria dictada por este Tribunal analizando si el acto a dictar por el órgano de Gestión debe ser un acto de ejecución o por el contrario una nueva liquidación que respetara todos los trámites y ofrecer todos los recursos que corresponda. 2) La validez del acuerdo de devolución de ingresos indebidos y la liquidación de intereses de demora efectuada en favor del contribuyente. 3) La legalidad de los intereses de demora liquidados sobre la nueva liquidación efectuada. Y 4) la admisibilidad de la compensación automática efectuada entre la deuda y el crédito del obligado tributario.

SEGUNDO.- La primera controversia sobre la que debemos entrar a conocer hace referencia a la naturaleza del acto administrativo a dictar por los órganos de gestión, una vez resuelto de forma estimatoria por este Tribunal un recurso de alzada contra un acto de liquidación.

Al respecto, debemos tener en cuenta, que el Real Decreto 520/2005 de revisión en vía administrativa dispone en su artículo 66 que "los actos resolutorios de los procedimientos de revisión serán ejecutados en sus propios términos", lo que nos indica, que no podemos quedarnos sólo con el signo del fallo dictado, sino que debemos atender al contenido intrínseco de la resolución. En este caso, la estimación venía motivada por la anulabilidad del acto administrativo dictado como consecuencia de la falta de motivación del mismo. De hecho, es el mencionado artículo 66 del Reglamento el que en el párrafo tercero de su apartado 2 admite la aplicación en la ejecución de las resoluciones de las normas sobre convalidación previstas en las disposiciones generales del derecho administrativo: "En la ejecución de las resoluciones serán de aplicación las normas sobre transmisibilidad, conversión de actos viciados, conservación de actos y trámites y convalidación previstas en las disposiciones generales de derecho administrativo."

Así, dicha anulabilidad es susceptible de convalidación conforme a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que, en el presente caso, no procedería anular la liquidación y sustituirla por una nueva sino más bien dictar un acto de convalidación subsanando el vicio de que adoleció, esto es, motivando suficientemente la misma, cuyos efectos se producirán desde su fecha.

Y una vez dicho esto, la cuestión sobre la que debemos pronunciarnos se refiere a las consecuencias de la ejecución del fallo dictado, es decir, si el nuevo acto dictado para convalidar el acto anulable anterior debió suponer un mero "acto de ejecución material de lo establecido" o por el contrario está tratando cuestiones de fondo con todas las consecuencias jurídicas que ello conlleva y, en especial, las relacionadas con la posibilidad de abrir una nueva vía de revisión en relación con la misma.

Como ya se ha pronunciado en anteriores ocasiones este Tribunal (por ejemplo en la Resolución de 17 de mayo de 2006 -R.G. 3594/2003-), la decisión entre un tipo de acto u otro vendrá condicionada por el contenido del propio acto a dictar. Así, si simplemente se tuviera que proceder a realizar una mera ejecución material de lo establecido por la Resolución como la anulación del acto objeto de revisión, debería dictarse un acuerdo de ejecución susceptible de plantear un incidente ante el mismo con objeto de analizar si el acto se ajusta fielmente a lo dispuesto en la Resolución. Pero otra cosa distinta es el hecho de que, como consecuencia de la resolución dictada inicialmente, el órgano administrativo competente dicte un acto administrativo que contenga nuevas cuestiones y decisiones sobre las que el propio Tribunal no se ha pronunciado. Este nuevo acto administrativo, aunque como ya se ha dicho tiene su origen en la resolución dictada por el Tribunal, debe tratarse de forma independiente del acto de ejecución y debe permitir abrir los vías ordinarias de revisión previstas para evitar la indefensión del contribuyente.  

Y en el presente caso, el acto dictado por la Inspección introduce, por un lado, nuevos criterios relacionados con el fondo del asunto, como es la motivación de los intereses de demora. Pero además, en el mismo se procede a reconocer un derecho a la devolución de ingresos indebidos, se liquidan nuevos intereses a favor de la Hacienda Pública sobre los intereses liquidados y se acuerda una compensación entre las deudas y créditos cuya titularidad pertenece a la entidad reclamante. Todos estos extremos incorporados en el acto dictado presentan cuestiones de derecho novedosas sobre las que el Tribunal no se pronunció, puesto que al ser necesaria emitir una motivación de los intereses liquidados no se podía conocer si los mismos estaban correctamente liquidados. Por ello, el acto dictado no puede considerarse como una mera actuación material sino más bien se han tratado cuestiones de derecho que le dotan de una trascendencia jurídica tal, que para garantizar la seguridad jurídica del administrado y evitar su indefensión, abren para la entidad una nueva vía de revisión, con todos los recursos y reclamaciones legalmente existentes, contra el acto dictado.

Y todo ello sin perjuicio de que se cumplan todos y cada de los requisitos previstos en las normas de aplicación de los tributos en cuanto a los acuerdos contenidos en el citado acto.  

Por tanto, para los acuerdos contenidos en el acto dictado con motivo de nuestra resolución originan consecuencias jurídicas novedosas que le hacen susceptible de revisión en vía ordinaria (esto es, de recurso potestativo de reposición y de reclamación económico-administrativa ante los órganos competentes) conforme al procedimiento legalmente establecido, sin que pueda calificarse sin más como un acto de ejecución de la resolución dictada contra el que sólo quepa la interposición de un incidente. Por ello, sólo cabe acordar la retroacción de actuaciones al objeto de que las mismas permiten al contribuyente ejercitar su derecho a pedir la revisión del acto dictado conforme a los cauces legales oportunos, procediendo a efectuar una nueva notificación que contenga las vías de impugnación ordinarias contra los actos administrativos tributarios.

En virtud de lo expuesto,

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala en el incidente de ejecución interpuesto por ..., S.A. con NIF ..., con domicilio en ..., contra el acto administrativo dictado el 29 de marzo de 2006 por la Dependencia de Inspección de la Delegación de ... de la AEAT en ejecución de la Resolución del TEAC de 23 de noviembre de 2005 en la que se estima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de fecha 28 de noviembre de 2003, por la que se desestima la reclamación interpuesta contra el acuerdo de 30 de octubre de 2001, dictado por el Inspector Jefe Adjunto Jefe de la Dependencia de Inspección de la Delegación de la AEAT de ..., por el que se liquidan intereses de demora por el tiempo en el que ha estado suspendido el acto administrativo de liquidación del Impuesto General de Tráfico de Empresas correspondiente a los ejercicios 1981 a 1983, ascendiendo la deuda tributaria a ingresar por la liquidación de los intereses a 25.121.025 pesetas (150.980,40 euros). ACUERDA: Estimar en el sentido expuesto en el último fundamento de derecho.

Intereses de demora
Liquidación de intereses
Deuda tributaria
Reintegro de prestación indebida
Devolución de ingresos indebidos
Tipo de interés
Fondo del asunto
Liquidaciones tributarias
Indefensión
Extinción de deudas tributarias
Obligado tributario
Ejecución de sentencia
Actos de ejecución
Ejecución de resolución judicial
Contenido del acto administrativo
Revisión en vía administrativa
Anatocismo
Anulabilidad de actos administrativos
Conservación de actos
Cuestiones de fondo
Actos anulables
Seguridad jurídica
Recurso potestativo de reposición

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 520/2005 de 13 de May (Reglamento de desarrollo de la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de revision en via administrativa) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 126 Fecha de Publicación: 27/05/2005 Fecha de entrada en vigor: 27/06/2005 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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