Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1715/2003 de 02 de Marzo de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 02 de Marzo de 2006
  • Núm. Resolución: 00/1715/2003

Resumen

La derrama que una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social hizo para reponer las pérdidas derivadas de su actividad propia de entidad colaboradora de la Seguridad Social, que está exenta según los artículos 133 y siguientes de la LIS, no es un gasto deducible de los ingresos procedentes de otra actividad no exenta desarrollada por la misma entidad.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 2 de marzo de 2006, en el recurso de alzada que pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesto por la entidad X, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales nº ... con domicilio a efectos de notificaciones en la ..., contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de fecha 4 de abril de 2003, dictada en el expediente de reclamación ..., relativo al Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1997 y 1998, por importe de 180.768,19 € (30.077.296 ptas) y 778.194,15 € (129.480.612 ptas), respectivamente.

                                                          ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO:
Con fecha 9 de marzo de 2000, la Dependencia Regional de la Delegación Especial de la A.E.A.T. de ... incoó a la entidad Y, dos Actas previas A02 (disconformidad) por el concepto y ejercicios de referencia, nº ... y ..., respectivamente. En ellas se pone de manifiesto que: La fecha de inicio de las actuaciones de comprobación fue el 23-11-1999, sin que a los efectos del cómputo del plazo máximo de duración de aquellas hasta la fecha del acta se hubieren producido dilaciones imputables al obligado tributario ni interrupciones justificadas. En el curso de las actuaciones se han extendido diligencias en las siguientes fechas: 15-12-1999; 18-1-2000; 24-1-2000; 7-2-2000; 9-3-2000. Con anterioridad al inicio de las actuaciones inspectoras el sujeto pasivo había presentado declaraciones-liquidaciones en el ejercicio 1997: Con un resultado contable por importe de 188.300.656 ptas (1.131.709,74 €); una base imponible negativa que asciende a -1.239.483.910 ptas (7.449.448,33 €) y un resultado de autoliquidación a devolver por importe de 1.450.970 ptas (8.720,51 €), que fue devuelto el 25-11-1998. En el ejercicio 1998: Un resultado contable negativo por importe de -348.300.257 ptas (2.093.326,7 €); una base imponible positiva por importe de 5.567.704 ptas (33.462,57 €) y un resultado negativo de autoliquidación por importe de 2.175.080 ptas (13.072,49 €), pendiente de devolución en la fecha de incoación del acta. La entidad en el ejercicio 1997 efectuó dos ajustes en su declaración del Impuesto al resultado contable, uno positivo por importe de 81.356.480 ptas (488.962,29 €) (casilla 543) y otro negativo por importe de 1.351.528.787 ptas (8.122.851,6 €) (casilla 544). Ajuste positivo que tiene su origen en el cómputo de incrementos de patrimonio por transmisión de inmuebles; procediendo el ajuste negativo del importe de la derrama exigida por el Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales en su resolución de 27-6-1997 para enjugar el déficit acumulado en los ejercicios 1993 y 1994 por Y como consecuencia de la realización de su objeto social y finalidad específica, a saber, su actuación como entidad colaboradora de la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en el art. 2 del R.D. 1993/1995, de 7 de diciembre, Reglamento sobre colaboración en la gestión de la Seguridad Social. Ajuste negativo que el actuario considera que no puede admitirse en base a que siendo Y una entidad parcialmente exenta aquél se corresponde con la realización del objeto social de la entidad que se encuentra exenta en el Impuesto sobre Sociedades, exención que se aplica se obtenga beneficios o pérdidas. Se fija en el mencionado ejercicio una base imponible positiva comprobada por importe de 112.044.877 ptas (673.403,27 €).

Por otra parte, pone de manifiesto el actuario en el Acta incoada correspondiente al ejercicio 1997 que el contribuyente acreditó una deducción por doble imposición de dividendos por importe de 695.963 ptas (4.182,82 €) que no computó en tal ejercicio al no existir cuota líquida, habiendo sido deducido por ella en el declaración el ejercicio 1998. Deducción que se computa en el ejercicio 1997 en la regularización que se propone y sin que tal deducción hubiere sido objeto de comprobación dado el alcance de la actuación. En el ejercicio 1998 la entidad compensó bases imponibles negativas por importe de 504.404.938 ptas (3.031.534,73 €) de ejercicios anteriores, que se corresponden a parte de la base negativa consignada en la declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1997 por importe de 1.239.483.910 ptas (7.449.448,33 €). Al haberse determinado como consecuencia de la actuación de comprobación en el ejercicio 1997 una base imponible positiva, no procede la compensación en el ejercicio 1998 de bases negativas del ejercicio 1997. La deducción por doble imposición de dividendos correspondiente al ejercicio 1997, (695.963 ptas 4.182,82 €) se elimina en el ejercicio 1998, al haberse imputado al ejercicio 1997.

Puesto de manifiesto el expediente y efectuada audiencia del interesado para la formulación por aquél de cuantas alegaciones considerara oportuno en defensa de sus intereses, previa a la formulación de propuesta de liquidación, la entidad no hizo uso del derecho concedido. El actuario a la vista de los hechos apuntados, propone una regularización en cada ejercicio con una deuda tributaria que asciende a 30.147.078 ptas (181.187,59 €) en el ejercicio 1997 y a 129.798.978 ptas (780.107,57 €)  en el ejercicio 1998; sin que a su juicio proceda la apertura de expediente sancionador en ninguno de los ejercicios regularizados.

SEGUNDO: Emitidos los correspondientes informes complementarios de las actas incoadas, en los que se contienen los fundamentos sobre los que el actuario basa sus propuestas de liquidación, y presentadas alegaciones por la mercantil el 22 de marzo de 2000, el Inspector Regional el 10 de abril de 2000 dictó sendos acuerdos de liquidación tributaria, en los que confirma la regularización efectuada; no obstante, disminuye el importe de los intereses de demora determinados y fija la deuda tributaria en el ejercicio 1997 en 30.077.296 ptas (180.768,19 €) y en 129.480.612 ptas (778.194,15 €)  en el ejercicio 1998. Acuerdos que se notifican el 18 de abril de 2000.

TERCERO: Disconforme con los acuerdos aludidos, la mercantil interpuso el 9 de mayo de 2000 dos recursos de reposición, que se desestimaron mediante la resolución dictada el 2 de junio de 2000 por el Inspector Regional. Se notificó el 6 de junio de 2000.

CUARTO: Contra la resolución anterior, el obligado tributario interpuso ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., el 21 de junio de 2000, reclamación económico-administrativa, formulando alegaciones el 5 de enero de 2001. El Tribunal Regional, en su sesión del día 4 de abril de 2003, dictó resolución en cuya virtud  desestima las pretensiones de la interesada. Se notifica el 11 de abril de 2003.  

QUINTO: No encontrando conforme a derecho la resolución dictada por el Tribunal de Instancia, la entidad X, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (X) nº ... (entidad absorbente de Y), interpuso recurso de alzada el 29 de abril de 2003 ante el Tribunal Económico- Administrativo Central, en el que, en esencia, se manifiesta: Que la derrama establecida por el Ministerio de Trabajo se paga con aportación de patrimonio histórico o mediante la venta del mismo, pero que en cualquier caso reduce el mismo, por lo que no se esta en el caso de que la Mutua asuma unos gastos correspondientes a una actividad exenta, estos fueron integrados en su día en las cuentas de la Seguridad Social, sino ante la exigencia del cumplimiento de una obligación inherente a su condición de entidad colaboradora en el gestión de la Seguridad Social, por lo que la derrama en si misma supone un gasto para la Mutua que ésta debe financiar con cargo a su patrimonio histórico, conforme al art. 5 de sus Estatutos, de lo que se desprende que resulta procedente el ajuste efectuado en las declaraciones objeto de comprobación  por la entidad. El 30 de abril de 2003 la entidad presenta escrito al que adjunta, además, de la escritura de apoderamiento ya aportada anteriormente, escritos de alegaciones formulados en las instancias anteriores.

SEXTO: Se desprende del expediente que se halla suspendida la ejecución de los actos administrativos impugnados, mediante sendos acuerdos de la Dependencia Regional de Recaudación de fecha 1 de junio de 2000.

                                                          FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO:
Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, por razón de la materia, de legitimación e interposición en plazo que son presupuestos necesarios para la admisión a trámite de la reclamación que se sustancia, en la que se suscita como cuestión: Procedencia del ajuste negativo practicado por la recurrente en su declaración del Impuesto del ejercicio 1997 y, en su caso, procedencia en el ejercicio 1998 de la compensación practicada por aquella de bases imponibles negativas procedentes del ejercicio anterior.

SEGUNDO: Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, así denominadas a partir de la Ley 4/1990, de 29 de junio, (anteriormente Mutuas Patronales de accidentes de Trabajo) reguladas en el Texto Refundido de la Ley de la Seguridad Social (aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio) y por el Reglamento sobre colaboración en la gestión de la Seguridad Social (R.D. 1993/1995, de 7 de diciembre), son asociaciones de empresarios con personalidad jurídica sin ánimo de lucro constituidas para colaborar en la gestión de la Seguridad Social. Mutuas cuyo patrimonio para el cumplimiento de su objeto social esta constituido, por una parte, por el denominado de "gestión" cedido por la Seguridad Social y perteneciente a la misma en el que se integran las cuotas de la Seguridad Social correspondientes a la cobertura de contingencias por accidentes de trabajo, recaudadas, con autorización legal, por cada Mutua a los empresarios a ellas asociados, así como por los inmuebles y muebles en que puedan invertirse dichos ingresos. Y, por otra parte, por el patrimonio privativo de la Mutua denominado "histórico", el cual se encuentra afectado estrictamente al fin social de la entidad al estar destinado a ubicar centros y servicios sanitarios o administrativos para el desarrollo de las actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de Colaboración con la Seguridad Social y 71.3 de la Ley General de Seguridad Social, las Mutuas han de hacer frente al déficit de explotación que se produzca en el patrimonio de gestión o proceder a su liquidación. En este supuesto, de conformidad con lo previsto en el art. 71.3 de la LGSS, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social puede acordar la reposición del patrimonio perdido mediante el establecimiento de la correspondiente derrama entre los asociados de la Mutua, las cuales tendrán la consideración de recursos de la Seguridad Social.

En el supuesto que se examina, como consecuencia de la derrama exigida a Y por el Ministerio de Trabajo para enjugar el déficit acumulado por aquella respecto del patrimonio de gestión, procedente de 1993 y 1994, dicta el Ministerio de Trabajo resolución el 27 de junio de 1997 en la que se acepta que el déficit acumulado se compense mediante la cesión en plena propiedad de inmuebles del patrimonio histórico de la Mutua, mediante la entrega del efectivo procedente de la venta de inmuebles a terceros, mediante la condonación de deudas a la Seguridad Social y mediante aportaciones en metálico de la Mutua. En base a ello, Y efectúa en el ejercicio 1997 un ajuste extracontable negativo por importe de 8.122.851,6 € (1.351.528.787 ptas), correspondiente a la derrama exigida por el Ministerio de Trabajo, ajuste que la Inspección regulariza puesto que Y resulta ser una entidad parcialmente exenta del Impuesto sobre Sociedades, como entidad colaboradora de la Seguridad, y el ajuste proviene de la realización de una actividad exenta en el I.S.

TERCERO: La Ley 43/1995, de 27 de diciembre, en su Título VIII "Regímenes Especiales" dedica su Capítulo XV al  "Régimen de entidades parcialmente exentas", en cuyo artículo 133, en la redacción vigente en los ejercicios objeto de controversia, determinaba: "El presente régimen se aplicará a las siguientes entidades: (...) e) las Mutuas de accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social que cumplan los requisitos establecidos por su normativa reguladora". Exención que delimita el artículo 134 del Texto Legal aludido, cuyo apartado 1 declara: "Estarán exentas las siguientes rentas obtenidas por las entidades que se citan en el artículo anterior: a) Las que procedan de la realización de actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica. b) Las derivadas de adquisiciones y de transmisiones a título lucrativo, siempre que unas y otras se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto social o finalidad específica. c) Las que se pongan de manifiesto en la transmisión onerosa de bienes afectos a la realización del objeto social o finalidad específica cuando el total producto obtenido se destine a nuevas inversiones relacionadas con dicho objeto social o finalidad específica (..)". Y añade su apartado 2 "La exención a que se refiere el apartado anterior no alcanzará a los rendimientos derivados del ejercicio de explotaciones económicas, ni a los derivados de su patrimonio, ni tampoco a los incrementos  de patrimonio distintos de los señalados en el apartado anterior". Por su parte el artículo 135.2 de la Ley I.S. establece  que "No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles : a) Los gastos imputables, directa o indirectamente, a la obtención de rentas que procedan de la realización de actividades que constituyan el objeto o finalidad específica. b) Las cantidades que constituyan aplicación de las rentas y, en particular, los excedentes que, procedentes de operaciones económicas se destinen al sostenimiento de actividades exentas. c) El exceso de valor atribuido a las prestaciones de trabajo personal recibidas sobre el importe de clarado a efectos de retenciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas".

La Ley 43/1995 del I.S. configura el Impuesto sobre Sociedades como un impuesto sintético que grava la totalidad de la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas, carácter sintético que se desdibuja, no obstante, en relación a las entidades parcialmente exentas en las que separa  de forma analítica las distintas rentas que se pueden obtener a efectos de concretar su tributación o no en el Impuesto sobre Sociedades. Así la exención contenida en el artículo 134.1 ampara exclusivamente, como no podía ser de otro modo, los rendimientos directamente derivados del objeto social de tales entidades, ya que éste es el hecho que determina su exención.  Y dado que en el supuesto que nos ocupa las pérdidas que determinan el ajuste extracontable negativo proceden de la realización de actividades derivadas de su objeto social como entidad colaboradora de la Seguridad Social, sin que nada en contra se hubiere acreditado por la recurrente en el expediente (art. 114 L.G.T), y, por lo tanto exenta en el Impuesto sobre Sociedades, este Tribunal considera que las pérdidas generadas por una actividad exenta en el Impuesto sobre Sociedades no puedan compensarse mediante un ajuste extracontable negativo con beneficios  procedentes de actividades sujetas y no exentas, tal y como practicó la recurrente. Por lo que ha de confirmarse la regularización efectuada por la Inspección en el ejercicio 1997 y, en consecuencia, la practicada en el ejercicio 1998 al no ser procedentes las bases imponibles negativas compensadas por la entidad procedentes del ejercicio 1997.

Por lo expuesto,

EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en el presente recurso de alzada, ACUERDA: DESESTIMARLO, confirmando la resolución recurrida y las liquidaciones impugnadas.

Derrama
Mutuas de accidentes
Impuesto sobre sociedades
Objeto social
Entidades colaboradoras
Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional
Base imponible positiva
Base imponible negativa
Deducción IS por doble imposición de dividendos
Gastos deducibles
Deuda tributaria
Dilaciones imputables al obligado tributario
Transmisión de inmuebles
Cuota líquida
Declaración Impuesto de Sociedades
Accidente laboral
Audiencia del interesado
Liquidación provisional del impuesto
Expediente sancionador
Intereses de demora
Liquidaciones tributarias
Obligado tributario
Ajuste extracontable
Ejecución de los actos administrativos
Acto administrativo impugnado
Personalidad jurídica
Sin ánimo de lucro
Asociación de empresarios
Cuotas de cotización
Aportaciones dinerarias
Condonación de deudas
Deudas a la Seguridad Social
Deudas a la Seguridad Social
Régimen de entidades parcialmente exentas
Explotación económica
Inversiones
Retenciones IRPF
Resolución recurrida

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 4/1990 de 29 de Jun (Presupuestos Generales del Estado para 1990) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 156 Fecha de Publicación: 30/06/1990 Fecha de entrada en vigor: 30/06/1990 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 1993/1995 de 7 de Dic (Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 296 Fecha de Publicación: 12/12/1995 Fecha de entrada en vigor: 01/01/1996 Órgano Emisor: Ministerio De Trabajo Y Seguridad Social

RDLeg. 1/1994 de 20 de Jun (TR. de la ley general de la seguridad social) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 154 Fecha de Publicación: 29/06/1994 Fecha de entrada en vigor: 01/09/1994 Órgano Emisor: Ministerio De Trabajo Y Seguridad Social

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