Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/17270/2008 de 03 de Marzo de 2010

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 03 de Marzo de 2010
  • Núm. Resolución: 00/17270/2008

Resumen

Devolución de ingresos indebidos. Prescripción del derecho a solicitarla.
De acuerdo con lo previsto en la Ley, no prescribió el derecho a solicitar la devolución de ingresos, pues mientras no se produjo una sentencia judicial firme no nació el derecho a tal devolución.

Descripción

En la Villa de Madrid, a la fecha indicada (03/03/2010), en el incidente de ejecución que pende de resolución en única instancia ante este Tribunal Central, interpuesto por X, S.A. (NIF: ...), y en su nombre y representación Don ..., con domicilio para notificaciones en ..., contra acuerdo de 8 de octubre de 2009, dictado por la Adjunta al Jefe de la Oficina Técnica de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero, de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, de la AEAT, en ejecución de la resolución de este Tribunal Central de 28 de mayo de 2009 (R.G. 7270-08), referida al Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2002.

                                                       ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En su día, la Inspección de los Tributos regularizó a la reclamante el ejercicio 1991, en lo referente al Impuesto sobre Sociedades, considerando que no eran deducibles determinadas provisiones por depreciación de valores de sociedades transparentes, participadas por aquélla, lo que en definitiva fue confirmado por sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2005.

Por esa razón X, S.A. como dominante del grupo ..., presentó el 10 de febrero de 2006 declaración complementaria por el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2002, en la que, teniendo en cuenta que la citada provisión la sociedad la había entendido deducible (mientras que finalmente tributó, como regularizó la inspección y confirmó el Tribunal Supremo), por lo que consiguientemente su recuperación posterior (en los ejercicios 1992, 1993 y 1994) la consideró ingreso computable; por lo mismo quedaba pendiente el reflejo fiscal de tal recuperación de la dotación, por lo que practicaba el correspondiente ajuste negativo al resultado contable (ap. 544, "Otras correcciones", de la declaración de 2002) por importe de 12.154.421,33 € (es decir, los 2.022.325.548 pesetas por los que se había realizado la dotación).

SEGUNDO: Realizadas las oportunas comprobaciones inspectoras, el 3 de julio de 2008 se dictó acuerdo de liquidación por el referido ejercicio 2002, del que resultaba una deuda tributaria a devolver de 4.136.244, 68 € (cuota: -3.259.868,06 €; intereses de demora: -876.376,62 €).

Dicho acuerdo consideraba que, tal como alegaba la sociedad, la eliminación de la tributación de las recuperaciones de la provisión era consecuencia necesaria de lo resuelto por el Tribunal Supremo, produciéndose en otro caso una doble tributación.

TERCERO:
Disconforme con el acuerdo de liquidación, el 23 de julio de 2008 la entidad interpuso recurso de reposición en el que solicitaba la devolución de 228.838,05 € (1992) y 765.651,76 € (1993) por ser las cantidades ingresadas como consecuencia de las recuperaciones efectuadas en cada uno de tales ejercicios, siendo un caso de devolución de ingresos indebidos que puede fundamentarse en las letras a) y b) del art. 221.1 LGT, no habiendo prescrito el derecho a solicitar su devolución, al no poderse ejercitar sino a partir de la sentencia del Tribunal Supremo. (En 1994 la base fue negativa, como lo fue hasta 2001).

El recurso se desestimó el 6 de octubre de 2008, por entender la Administración que el acuerdo de liquidación sólo reconoció la devolución procedente respecto del concepto y período regularizado en el acta (el 2002 en el que se produjo la tributación efectiva de los ingresos por recuperaciones que en los ejercicios anteriores no lo hicieron al ser las bases negativas), como no podía ser de otra forma, sin que procediera que se manifestase sobre las devoluciones solicitadas del Impuesto sobre Sociedades de 1992 y 1993; concluyendo que lo que realmente se pretendía por la entidad era iniciar un procedimiento de devolución de ingresos indebidos respecto de ejercicios que no fueron objeto del acuerdo recurrido.

CUARTO:
Contra la desestimación del recurso de reposición, el 14 de octubre de 2008 se presentó reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Económico-Administrativo Central (R.G. 7270-08), que la resolvió en fecha 28 de mayo de 2009.

La Sala, después de argumentar que la Administración, a pesar de que la solicitud de devolución referida a 1992 y 1993 se llevó a cabo de forma atípica, en el recurso de reposición contra la liquidación de 2002, debió impulsar de oficio el procedimiento de reconocimiento del derecho a tales devoluciones, o al menos admitir la solicitud por razones de economía procesal; la Sala, decimos, resolvió estimar en parte la reclamación, confirmando la liquidación por el ejercicio 2002 y "reconociendo el deber de la Administración tributaria de entrar a valorar la procedencia de la devolución de las cantidades aplicadas a los ejercicios 1992 y 1993, y en su caso proceder a la misma".

QUINTO:
El 8 de octubre de 2009 se dictó el acto de ejecución de dicho fallo (al principio referenciado), en el que la Administración venía a decir que según las devoluciones solicitadas, 228.838,05 € procederían de la declaración del IS de 1992, y 317.726,06 € de la de 1993; mientras que el resto, 447.925,70 €, correspondería al importe de las retenciones e ingresos a cuenta, y pagos a cuenta efectuados por el IS de 1993, tratándose, por tanto, de una devolución derivada de la normativa del tributo.

Añadía que los plazos de declaración del Impuesto sobre Sociedades por dichos ejercicios, régimen de consolidación, finalizaron el 30 de junio de 1993 y el 30 de junio de 1994, por lo que cuando se solicitó la devolución por la entidad habían transcurrido más de los cuatro años previstos en la LGT, sin que se hubiera producido ninguna interrupción de la prescripción del derecho a la devolución, en los términos del art. 68 LGT. Lo que también ocurría en el momento en que la entidad presentó la declaración complementaria de 2002, en la que incluyó como minoración de la BI los importes que procedían de esos ejercicios. Sin que tampoco hubiera ninguna actuación previa de la Administración en relación con tales ejercicios.

Por ello, concluía en la improcedencia de la devolución solicitada, de las cantidades aplicadas en 1992 y 1993, por razón de prescripción.

SEXTO: Notificado el acto el día 16 de octubre de 2009, el 2 de noviembre de 2009 X, S.A. presentó escrito dirigido a este Tribunal Central, expresando su disconformidad con la ejecución del fallo, centrada en la apreciación de la prescripción efectuada.

Invocaba la entidad el art. 67 LGT, que en relación con la devolución solicitada supone que ésta sólo pudo solicitarse a partir de la firmeza de la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2005, que afectó al ejercicio 1991 y con efecto directo en los ejercicios 1992 y 1993, por lo que la acción no había prescrito cuando el 23 de julio de 2008 se dirigió escrito a la Dependencia de Control Tributario y Aduanero solicitando la devolución, teniendo en cuenta, además, que, entre ambas fechas, el 10 de febrero de 2006 la entidad pidió que en ejecución de la sentencia se le devolvieran 4.354.047,47 €; lo que dio lugar al acta A02 nº ..., de 22 de noviembre de 2007, y al acuerdo de la Inspección de 3 de julio de 2008 reconociendo el derecho a la devolución de 4.136.244,68 €.

Por lo que, de acuerdo con el principio de "actio nata" -art. 1969 del Código Civil- y la jurisprudencia del Tribunal Supremo que se citaba, no procedía declarar prescripción alguna.

Por otra parte, el deber de la Administración de "entrar a valorar la procedencia de la devolución de las cantidades aplicadas a los ejercicios de 1992 y 1993", a que se refería el TEAC, sólo habilitaba al órgano de gestión a lo que se derivaba de lo que la propia resolución decía: "cabe destacar que es criterio de este Tribunal (entre otras las Resoluciones de 8 de noviembre de 2006, RG 3754/04, RG .../04) , que la Administración debe iniciar de oficio los procedimientos de devolución de ingresos indebidos, en los casos en que como consecuencia de regularizaciones inspectoras, se haya procedido a ingresar doblemente el tributo devengado por una misma operación, tal y como ocurre en el supuesto analizado, o en su caso, ampliar actuaciones respecto a dicho ejercicio posterior afectado" (Fundamento de Derecho 5º).

En definitiva, que procedía la devolución de las cantidades solicitadas, 228.838,63 € por el ejercicio 1992 (por el que no se devolvió cantidad alguna); y por 1993, 765.651,75 € (diferencia entre la cuota resultante de la cantidad de 419.983.454 pesetas (2.524.151,39 €) recuperada y declarada como ingreso e integrada en la BI y la cantidad computada  y reconocida por la Administración, 56.001.357 pesetas (336.574,93 €). (sic)

                                                          FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Este Tribunal Central es competente para conocer del presente incidente de ejecución, de acuerdo con lo prevenido en el art. 68 del RGRVA, planteado en forma y con legitimación al efecto.

SEGUNDO: La Administración, en el acuerdo que ahora se impugna, funda su negativa a la devolución que se pide en la prescripción del derecho a dicha devolución de ingresos, habida cuenta de las fechas finales de los periodos de declaración de los ejercicios 1992 y 1993.

Por su parte, la reclamante niega que tal prescripción se haya producido, invocando el principio de la "actio nata" -art. 1969 del Código Civil- y determinada jurisprudencia del Tribunal Supremo. Además, entiende que el tenor de nuestra resolución de 28 de mayo de 2009 debía haber conducido a iniciar sin más el expediente de devolución, ya que de lo actuado se desprende causa suficiente para acceder a la petición de devolución deducida.

TERCERO: La resolución de 3 de julio de 2008, por la que se giró la liquidación por el ejercicio 2002, que fue confirmada en 6 de octubre de 2008 por la desestimatoria del recurso de reposición que se impugnó ante este TEAC (R.G. 7270-08), ya advertía que "la eliminación de la tributación de las recuperaciones de la provisión en cuestión es una consecuencia necesaria del criterio sentado por el Tribunal Supremo en su sentencia".

Resulta así debidamente centrada la cuestión sobre la que ahora ha de resolverse, puesto que de lo que en definitiva se trata es de determinar si la Administración ha sido consecuente con su propia afirmación que se acaba de transcribir.

CUARTO: Nuestra resolución de 28 de mayo de 2009, señalaba que "en el presente supuesto, la Inspección de los Tributos no actuó de acuerdo con las funciones que tiene atribuidas y realizó un reconocimiento parcial de la devolución a la que tenía derecho el obligado tributario, dando lugar a una situación, cuanto menos irregular o anómala, en la medida en que escudándose en el hecho de que tales ingresos correspondían a ejercicios no incluidos en el ámbito de la actuación inspectora, no correspondía a la misma, pronunciarse al efecto, y por lo tanto, examinar la solicitud de devolución".

Añadiendo: "En definitiva, y a juicio de esta Sala, la Administración tributaria, tras efectuar las comprobaciones que estime oportunas, deberá reconocer de oficio el derecho a la devolución del ingreso indebido sin que haya de "solicitarse dicha devolución" por el obligado tributario, puesto que lo contrario puede llevar a situaciones jurídicamente injustificables, como se acaba de exponer"; y "que la Administración debió impulsar de oficio el procedimiento de reconocimiento de tales devoluciones, o cuanto menos, admitir la presentación de dicha solicitud por parte de la entidad por razones de economía procesal".

QUINTO: Resulta acotado así el objeto de discusión que en definitiva supone llevar a efecto lo que no es sino una "consecuencia necesaria", como la propia Administración señalaba en su acuerdo, de la sentencia del Tribunal Supremo, confirmatoria de la liquidación efectuada por Impuesto sobre Sociedades y ejercicio 1991 (que a su vez había sido confirmada en vía económico-administrativa y por la Audiencia Nacional).

Y si algo es consecuencia necesaria de una sentencia judicial firme, quiere ello decir que ese algo ha de llevarse a cabo.

Ocurre que el problema se ha desenfocado por el acuerdo de 8 de octubre de 2009, ahora impugnado, al introducir la cuestión de la pretendida prescripción de los ejercicios 1992 y 1993, que impediría entrar en el asunto y, en su caso, proceder a la devolución pedida.

En efecto, producida la sentencia del Tribunal Supremo el 19 de mayo de 2005, cuando la entidad presentó una declaración complementaria del ejercicio 2002 en 10 de febrero de 2006, en la que realizó un ajuste negativo al resultado contable como consecuencia de aquélla; así como cuando en el recurso de reposición contra la liquidación de dicho ejercicio por la Administración (recurso que presentó el 23 de julio de 2008) solicitó la devolución de ingresos que entendía pertinente, estaba en plazo hábil para hacerlo, pues obviamente su derecho a solicitar lo que en definitiva no era sino la plena ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo (confirmatoria, como se ha dicho, de otras resoluciones judiciales y administrativas anteriores), en cuanto efecto inescindible del fallo de éste (que no podía haber hecho pronunciamiento explícito sobre este punto porque el recurso se ceñía al acto liquidatorio del ejercicio 1991), no está sometido a plazo alguno en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y por tanto, habiéndose interrumpido en su día por los sucesivos recursos la prescripción del derecho a liquidar de la Administración (arts. 66 y 68 de la LGT/2003) y siendo corolario ineludible de la sentencia y de la propia liquidación de 1991 la actuación de la Administración en orden a completar la regularización efectuada, que debió hacer de oficio, tal como declarábamos en nuestro acuerdo de 28 de mayo de 2009, en lo que afectase a otros ejercicios, concretamente, a 1992 y 1993, lo único que ha de hacer ahora la Administración es acceder a lo solicitado salvo que detecte alguna inexactitud puramente aritmética en el cálculo de las cantidades a devolver solicitadas por la sociedad, supuesto en el que se procederá a su estricta corrección.

En su virtud, este Tribunal Central, resolviendo el presente incidente de ejecución en SALA y única instancia, ACUERDA: ESTIMARLO, en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho QUINTO precedente.

Impuesto sobre sociedades
Reintegro de prestación indebida
Devolución de ingresos indebidos
Declaración complementaria
Ingresos indebidos
Inspección tributaria
Procedimiento de devolución
Sociedades transparentes
Intereses de demora
Deuda tributaria
Economía procesal
Retenciones e ingresos a cuenta
Actos de ejecución
Pagos a cuenta
Interrupción de la prescripción
Ejecución de sentencia
Declaración Impuesto de Sociedades
Ejecución de resolución judicial
Actio nata
Obligado tributario
Ejercicio posterior
Principio de la actio nata
Actividad inspectora
Jurisdicción contencioso-administrativa

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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