Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1740/2006 de 18 de Noviembre de 2008

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 18 de Noviembre de 2008
  • Núm. Resolución: 00/1740/2006

Descripción

         En la Villa de Madrid, en la fecha arriba indicada (18/11/2008) y en los recursos de alzada ordinarios interpuestos ante este Tribunal Económico-Administrativo Central por D. ... en representación de la entidad ... (X, S.A.), con NIF: ... y domicilio a efectos de notificaciones en ..., en ..., contra Resolución de ... de 2005 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... por la que se desestiman las reclamaciones acumuladas .../2002 y .../2002, y contra Resolución de ... de 2006 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... por la que se desestiman las reclamaciones acumuladas .../2004, .../2004 y .../2004, reclamaciones en las que se impugnaban los siguientes acuerdos:

         - Acuerdo de liquidación definitiva de la Inspección Provincial de la Delegación de ... de Agencia Estatal de Administración Tributaria, de fecha 27 de noviembre de 2002, derivada de acta de disconformidad A02 número ..., incoada por el Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 1998, 1999 y 2000, por importe de 394.975,86 euros a ingresar.

         - Acuerdo de liquidación definitiva de la Inspección Provincial de la Delegación de ... de Agencia Estatal de Administración Tributaria, de fecha 27 de noviembre de 2002, derivada de acta de disconformidad A02 número ..., incoada por el Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2001, por importe de 147.531,46 euros a ingresar.

         - Acuerdo de liquidación definitiva de la Inspección Provincial de la Delegación de ... de Agencia Estatal de Administración Tributaria, de fecha 16 de febrero de 2004, derivada de acta de disconformidad A02 número ..., incoada por el Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2002, por importe de 247.112,78 euros a ingresar.

         - Acuerdo de liquidación definitiva de la Inspección Regional de la Delegación de ... de Agencia Estatal de Administración Tributaria, de fecha 1 de octubre de 2004, derivada de acta de disconformidad A02 número ..., incoada por el Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2003, por importe de 258.597,01 euros a devolver.

         - Acuerdo de imposición de sanción derivado de las actuaciones relativas al ejercicio 2003, con referencia A51 número ..., por el que se impone una sanción a la entidad de 468,82 euros.

                                            ANTECEDENTES DE HECHO

         PRIMERO: Iniciadas actuaciones de comprobación e investigación por el concepto Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicio 2001, que posteriormente se ampliaron a los ejercicios 1997 a 2000, se extendieron Actas de disconformidad de fecha 1 de octubre de 2002, acta A02 número ... por el ejercicio 2001, y acta A02 número ... por los ejercicios 1998, 1999 y 2000.

         La entidad realiza la actividad de fabricación de abonos, para lo que se encuentra dada de alta en el epígrafe 252.1 del IAE, siendo ésta una actividad sujeta y no exenta del IVA. En los Estatutos de la entidad se recoge que tiene por objeto la explotación del servicio público municipal de aprovechamiento de basuras.

         La sociedad es transferida por el Ayuntamiento de ..., de quien dependía inicialmente, a... Y (..., entidad pública local integrada por los municipios que constituyen ...) mediante acuerdo de 30 de abril de 1990, pasando a ser éste titular del 100% del capital social. El artículo ... de la Ley ... de ... establece que "... Y tendrá competencia exclusiva para el tratamiento y eliminación de residuos sólidos, urbanos y asimilables, incluyendo la construcción de instalaciones y la planificación y prestación del servicio".

         ... Y se financia mediante cantidades pagadas por los Ayuntamientos integrados en el mismo, en función de los kgs tratados a cada uno de ellos; por su parte, X, S.A. debe presentar unas previsiones de ingresos y gastos para incluir en los presupuestos del Y la cantidad correspondiente para cubrir el déficit de explotación; posteriormente, cuando se conoce el déficit real, se realizan nuevas aportaciones. Las cantidades que recibe X, S.A. se denominan subvenciones, no existiendo ninguna tasa por la realización del servicio.

         Es de destacar que X, S.A. obtiene ingresos de otras fuentes, principalmente de la venta de un producto resultante de los residuos tratados.

         Entiende la Inspección que X, S.A. está prestando a... Y el servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos y urbanos. Si el servicio lo realizara directamente ... Y estaría no sujeto al IVA por aplicación del artículo 7.8 de la Ley 37/1992, sin embargo dicho precepto excluye del supuesto de no sujeción los casos en que los entes públicos actúen por medio de una empresa mercantil, por lo que las actividades quedarán sujetas al IVA.

         En cuanto a la base imponible del servicio, será el importe total de la contraprestación, que serán los pagos realizados por ... Y a X, S.A. para cubrir su déficit de explotación. Se trata, por tanto, de subvenciones de explotación cuyo importe debe incluirse en la base imponible del Impuesto.

         Por tanto, en el acta incoada por los ejercicios 1998, 1999 y 2000 se incrementan las bases declaradas como sujetas al tipo reducido del 7% por las cantidades inicialmente presupuestadas para el ejercicio 2000; y también se incrementan las bases correspondientes por la rectificación de las bases imponibles calculadas para los ejercicios 1997, 1998 y 1999, al conocerse en este ejercicio el importe real de la contraprestación. Asimismo, en el acta incoada por el ejercicio 2001 se incrementan las bases declaradas como sujetas al tipo reducido del 7% por las cantidades inicialmente presupuestadas para el ejercicio 2001; y también se incrementan las bases correspondientes por la rectificación de la base imponible calculada para el ejercicio 1999, al conocerse en este ejercicio el importe real de la contraprestación.

         En fecha 27 de noviembre de 2002 se dicta Acuerdo de liquidación por los ejercicios 1998, 1999 y 2000, acuerdo del que resulta una deuda a ingresar por la entidad de 394.975,86 euros, de los cuales 346.826,18 euros corresponden a cuota y 48.149,68 euros a intereses de demora. En cuanto al ejercicio 2001, en la misma fecha se dicta el correspondiente Acuerdo de liquidación, acuerdo del que resulta una deuda a ingresar por la entidad de 147.531,46 euros, de los cuales 138.114,70 euros corresponden a cuota y 9.416,76 euros a intereses de demora.

         SEGUNDO: Frente a estos Acuerdos de liquidación, se interponen reclamaciones económico-administrativas ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., reclamaciones .../2002 (por el ejercicio 2001) y .../2002 (por los ejercicios 1998, 1999 y 2000).

         Ambas reclamaciones son resueltas de forma acumulada en fecha ... de 2005, resolución en la que se desestiman las pretensiones de la entidad. Así, entiende el Tribunal que existe un servicio prestado por Y a los destinatarios, que no está sujeto al IVA, y otro prestado por X, S.A. a Y, sujeto y no exento. En cuanto a la base imponible, confirma el Tribunal la postura de la Inspección en cuanto que las cantidades satisfechas por ... Y a X, S.A. tienen la naturaleza de contraprestación del servicio prestado, cualquiera que sea la denominación utilizada por las partes, y esta contraprestación será la base imponible del IVA.

         TERCERO: En fecha 20 de agosto de 2003 se inician actuaciones inspectoras de comprobación e investigación con objeto de comprobar el ejercicio 2002 del Impuesto sobre el Valor Añadido.

         El 23 de enero de 2004 se incoa acta de disconformidad A02 número ..., fundamentando la Inspección la regularización en las mismas conclusiones que respecto de los ejercicios anteriores.

         Así, se incrementan las bases declaradas como sujetas al tipo reducido del 7% por las cantidades inicialmente presupuestadas para el ejercicio 2002; y también se incrementan las bases correspondientes por la rectificación de las bases imponibles calculadas para los ejercicios 2000 y 2001, al conocerse en este ejercicio el importe real de la contraprestación y por el importe de las rectificaciones pendientes de efectuar.

         En fecha 16 de febrero de 2004 se dicta Acuerdo de liquidación por el ejercicio 2002, acuerdo del que resulta una deuda a ingresar por la entidad de 247.112,78 euros, de los cuales 233.134,94 euros corresponden a cuota y 13.977,84 euros a intereses de demora.

         CUARTO: En fecha 10 de mayo de 2004 se inician también actuaciones inspectoras en relación con el ejercicio 2003, actuaciones que concluyen con la incoación de otra acta de disconformidad A02 número ...

         En la propuesta de regularización, de nuevo se incrementan las bases imponibles declaradas al tipo reducido del 7% por las cantidades inicialmente presupuestadas para el ejercicio 2002 como contraprestación por los servicios prestados a... Y (en la actualidad a la ..., que ha asumido las competencias de... Y).

         Asimismo, se niega la deducibilidad de una cuota de IVA de 4.327,29 euros porque se considera que la realidad de los servicios prestados por D. A no está justificada. Se trata de una factura por el concepto "servicios profesionales de ... (Z, S.A.) de los ejercicios 1987 a 1994, y del balance de disolución de fecha 15 de mayo de 1995, según contrato de 1 de octubre de 1996".

         En fecha 1 de octubre de 2004 se dicta Acuerdo de liquidación por el ejercicio 2003, acuerdo del que resulta una cantidad a devolver a la entidad de 258.597,01 euros, de los cuales 256.528,21 euros corresponden a cuota y 2.068,80 euros a intereses de demora.

         En relación con esta regularización practicada por el ejercicio 2003, se inicia expediente sancionador por la cuota de IVA deducida de forma indebida, que ha dado ligar a la acreditación indebida de cuotas a compensar en declaraciones posteriores. La Inspección compara las normativas sancionadoras de las Leyes 230/1963 y 58/2003, siendo más favorable la primera. Se impone una sanción por la infracción del artículo 79.d), siendo la sanción del 15% de la base sancionable.

         En fecha 14 de octubre de 2004 se dicta el Acuerdo sancionador, ascendiendo la sanción finalmente impuesta a 486,82 euros.

         QUINTO: Frente a estos Acuerdos se interponen reclamaciones económico-administrativas ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., reclamaciones .../2004 (por el ejercicio 2002), la .../2004 (por el ejercicio 2003) y .../2004 (por el expediente sancionador del ejercicio 2003).

         Las tres reclamaciones son resueltas de forma acumulada en fecha ... de 2006, resolución en la que se desestiman las pretensiones de la entidad. Así, entiende el Tribunal que existe un servicio prestado por Y a los destinatarios, que no está sujeto al IVA, y otro prestado por X, S.A. a Y, sujeto y no exento. En cuanto a la base imponible, confirma el Tribunal la postura de la Inspección en cuanto que las cantidades satisfechas por ... Y a X, S.A. tienen la naturaleza de contraprestación del servicio prestado, cualquiera que sea la denominación utilizada por las partes, y esta contraprestación será la base imponible del IVA.

         Respecto del IVA soportado deducido no admitido por la Inspección, la entidad había alegado que se trataba de un servicio prestado en relación con una auditoría de otra entidad (Z, S.A.) que era socia de X, S.A., pero el Tribunal considera que el IVA soportado no es deducible por no acreditarse la afectación directa y exclusiva del servicio a la actividad de X, S.A.

         Finalmente, también el acuerdo sancionador es confirmado por el Tribunal al entender que concurre al menos negligencia, no existiendo una interpretación razonable de la norma.

         SEXTO: Frente a las dos resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., X, S.A. interpone los presentes recursos de alzada, presentando las siguientes alegaciones:

         La entidad X, S.A. es una sociedad mercantil íntegramente pública adscrita a... Y. La gestión del servicio público de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos, encomendado a... Y, es prestado mediante la entidad X, S.A. bajo la modalidad de gestión directa, aunque en cualquier caso la financiación de dicho servicio público corresponde a... Y, que cubrirá mediante subvención el posible déficit de explotación del mismo.
         
El déficit de explotación del servicio de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos se calcula por el desfase entre los gastos corrientes y los ingresos propios de X, S.A., es decir, en virtud de las pérdidas previstas en el desarrollo de la actividad.

         El importe de las subvenciones se consolida con el coste total del servicio en el presupuesto de... Y, y no se calcula en base a las toneladas de basura a tratar sino en función del equilibrio financiero del conjunto del servicio prestado por ... Y.

         La transacción monetaria que realiza ... Y a X, S.A. no reúne los condicionantes para ser considerada como una contraprestación del servicio, ni tampoco integra la Base Imponible del IVA porque está destinada a la cobertura de las pérdidas o déficit de explotación de X, S.A.. Así, estas aportaciones, al destinarse a la cobertura del déficit de explotación, no deben integrar la Base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido, habida cuenta que no son contraprestación de servicio alguno, ni vienen fijadas en función del volumen de servicios, sino que se corresponden con una obligación legal de cobertura y financiación del déficit de explotación generado por X, S.A.

         Señala también la entidad, que las aportaciones de... Y a X, S.A. no debe ser consideradas como ingreso contable al ser realizada por el socio único de la entidad, como aportaciones del socio para compensar pérdidas.

         Finalmente, en cuanto a la deducibilidad de las cuotas de IVA soportadas por los servicios prestados por D. A, relativos a la auditoría de Z, S.A., entiende la entidad que dichos servicios eran necesarios para X, S.A. para el cálculo de la depreciación de las participaciones de Z, S.A. que constaban en el balance de X, S.A., y ello en base a la normativa del Impuesto sobre Sociedades al valorar las operaciones entre sociedades vinculadas. En todo caso, X, S.A. ha realizado una interpretación razonable de la norma, y la conducta no debería ser sancionada.

                                            FUNDAMENTOS DE DERECHO

         PRIMERO: Este Tribunal Central es competente para conocer de los recursos de alzada interpuestos, de conformidad con lo previsto en la Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en desarrollo de la misma por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de revisión en vía administrativa; siendo procedente su acumulación al concurrir la causa prevista en el artículo 230.1.a) de la citada Ley General Tributaria.

         Las cuestiones a tratar en esta resolución son las siguientes:

         - Sujeción al impuesto de las actividades realizadas por la sociedad.

         - Determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido.

         - Deducibilidad de la cuota de IVA soportada por los servicios prestados por D. A.

         - Si concurre una interpretación razonable de la norma en la conducta de la entidad consistente en deducir el IVA de los servicios de auditoría.

         SEGUNDO: El análisis de la argumentación de la entidad interesada nos lleva, en primer lugar, al examen de las actuaciones efectuadas por las sociedades públicas de capital íntegramente de la administración, en nuestro caso municipal, y su incidencia en el IVA y, esencialmente, a la determinación de la sujeción o no al Impuesto sobre el Valor Añadido de las actividades u operaciones que realizan.
         
No cabe duda que la cuestión que debatimos ha suscitado una amplia controversia, y requiere de la interpretación del artículo 7.8 de la Ley del IVA en relación con lo dispuesto en el artículo 4.5 de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977 (actual artículo 13 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 26 de noviembre de 2006).

         Nuestro precepto interno dispone que "las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente por los Entes públicos sin contraprestación o mediante contraprestación de naturaleza tributaria" no estarán sujetas al IVA, añadiendo que "lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará cuando los referidos entes actúen por medio de empresa pública, privada, mixta o, en general, de empresas mercantiles".

         Por su parte, el precepto comunitario, dispone que "los Estados, las regiones, las provincias, los municipios y los demás organismos de Derecho público no tendrán la condición de sujetos pasivos en cuanto a las actividades u operaciones que desarrollen en el ejercicio de sus funciones públicas, ni siguiera en el caso de que con motivo de tales actividades u operaciones perciban derechos, rentas, cotizaciones o retribuciones. No obstante, cuando efectúe tales actividades u operaciones deberán ser considerados como sujetos pasivos en cuanto a dichas actividades u operaciones, en la medida en que el hecho de no considerarlos sujetos pasivos lleve a distorsiones graves de la competencia".

         Surge así, a la vista de la lectura de los preceptos, la necesidad de interpretar nuestro precepto interno teniendo en cuenta lo señalado por la norma comunitaria, así como por la jurisprudencia comunitaria, a fin de tener en cuenta la finalidad y espíritu de los preceptos. En este sentido, la primera precisión que debemos efectuar es que, como ha señalado el propio TJCE en su sentencia de 8 de junio de 2006, asunto Convenio Colectivo de Empresa de PATRONATO MUNICIPAL DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE LA VILLA DE INGENIO/04, Feuerbestattungsverein Halle (apartado 30), "el Tribunal de Justicia ha declarado ya que, en la medida en que el artículo 4, apartado 5, de la Sexta Directiva determina claramente los organismos y las actividades a los que se aplica la regla de la no sujeción, dicha disposición responde a los criterios del efecto directo (sentencia Comune di Carpaneto Piacentino y otros, antes citada, apartados 31 y 33)". 

         Se torna imprescindible partir de un concepto previo, el de actividad económica, puesto que sólo éstas quedan sujetas al impuesto. El artículo 4.1 de la Sexta Directiva (actual artículo 9.1 de la Directiva 2006/112/CE) determina un ámbito de aplicación muy amplio al IVA, pero teniendo en cuenta que este ámbito viene delimitado por las actividades de carácter económico, y así lo ha señalado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) en las sentencias de 26 de junio de 2007, asuntos C-284/04, T-Mobile Austria GMBH y otros, y C-369/04, Hutchison EG UK Ltd y otros.

         Ahora bien, junto a este concepto previo, nos encontramos con el artículo 4.5 de la Sexta Directiva, que se refiere al ejercicio de actividades en desarrollo de funciones públicas. Como ha señalado de manera reiterada la jurisprudencia del TJCE (entre otras las sentencias de 26 de marzo de 1987, asunto C-1235/85, Comisión/Holanda, 17 de octubre de 1989, asuntos acumulados C-231/87 y 129/88, de 25 de julio de 1991, asunto C-202/90, Ayuntamiento de Sevilla, apartado 18, de 12 de septiembre de 2000, Asunto C-260/98, Comisión/Grecia, apartado 34, y de la misma fecha, asunto C-359/97, Comisión/Reino Unido, apartado 41, de 14 de diciembre de 2000, asunto Convenio Colectivo de Empresa de GUAGUAS MUNICIPALES, S.A./98, Fazenda Pública, apartado 15 y finalmente la reciente sentencia de 25 de octubre de 2007, asunto C-174/06, CO.GE.P. apartado 41), para no estar sujeto al IVA, por aplicación del artículo 4.5 de la Sexta Directiva, es preciso que concurran dos requisitos acumulativos, como son la realización de actividades por parte de un organismo público, y su desarrollo en el ejercicio de funciones públicas o lo que es lo mismo el ejercicio de las actividades en su condición de autoridad pública. Y en este sentido el TJCE pone de manifiesto en esta jurisprudencia (así en el apartado 21 de la sentencia citada de 26 de marzo de 1987) el problema que ahora se nos traslada en esta resolución, pues indica que el cumplimiento acumulativo de ambas condiciones significa por una parte "que todas las actividades ejercidas por los organismos de Derecho público no quedan automáticamente exentas, sino únicamente las que corresponden a su misión específica de autoridad pública (véase la sentencia de 11 de julio de 1985, Comisión contra la República Federal de Alemania, 107/84, Rc. 1985, p. 2663) y, por otra, que una actividad ejercida por un particular no queda exenta del IVA por el mero hecho de que consista en actos cuya ejecución entra dentro de las prerrogativas de la autoridad pública"; esto es, debemos distinguir dentro de las actividades realizadas por los organismos públicos aquellas sujetas al impuesto de las que no lo están por cumplir ambas condiciones.

         Se requiere pues, en primer lugar, precisar el alcance subjetivo del precepto interno que examinamos, puesto que partiendo de señalar la no sujeción de los entes públicos, ello lo predica respecto de las entregas de bienes y prestaciones de servicios que efectúen "directamente", aunque indudablemente hemos de entender, de acuerdo con la finalidad de la norma comunitaria, que ello es así cuando, como acabamos de señalar, estas operaciones se realicen en el ejercicio de sus funciones públicas. Pues bien, una forma de prestar los servicios públicos directamente por las administraciones públicas es precisamente a través de las empresas públicas o sociedades públicas de capital íntegramente público, que pueden así prestar dichos servicios.

         La jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) ha examinado la cuestión en diversas ocasiones, si bien teniendo como marco legislativo de referencia la Ley del IVA de 2 de agosto de 1985. Baste parar ello considerar las sentencias de 20 de marzo de 2000, 3 de octubre de 2002, 24 de junio de 2003, 22 de enero de 2004, 23 de abril de 2004 (recurso 967/1999) ó 12 de junio de 2004, en las que el TS concluye en la no sujeción de las actividades realizadas por las sociedades mercantiles públicas, si bien se cuidó de manifestar que ello era bajo la vigencia de la Ley de 1985, haciendo una declaración obiter dicta en el sentido de que con la vigencia de la Ley del IVA de 1992, los supuestos de no sujeción a que se refiere el artículo 7.8 no se aplicarán cuando los entes públicos actúen por medio de empresa pública, privada, mixta o, en general, de empresas mercantiles. La sentencia de 26 de septiembre de 2005 (recurso 1710/2000) lleva a cabo un buen resumen de la tesis sustentada por el TS, concluyendo que "esta Sala, precisamente hasta la modificación introducida por la referida Ley 37/1992, de 28 de diciembre, ha mantenido una tesis contraria a la expuesta por el Abogado del Estado, consistente en que la gestión de un servicio público municipal a través de una sociedad mercantil cuyo capital social pertenece íntegramente a la entidad local es una gestión directa que se incluía en el ámbito de aplicación del supuesto de no sujeción contemplado en el artículo 5.6 LIVA/1985, sin que ello fuera contrario al artículo 4.5 de la Sexta Directiva ni a la doctrina del TJCE". Esto es, el TS reconoce que las sociedades públicas se encuentran dentro del ámbito subjetivo al que alude la norma comunitaria, precepto éste que, como hemos señalado anteriormente, responde a los criterios de efecto directo. No obstante, debe indicarse que estas declaraciones efectuadas por el TS no implican el análisis pormenorizado de las circunstancias que ahora analizamos, fundamentalmente por lo que se refiere a la realización de actividades no económicas por las sociedades públicas como se ha expuesto anteriormente. Esto es, si bien declara obiter dicta que lo expuesto no es de aplicación respecto de la Ley de 1992, sin embargo no entra a conocer o discernir del segundo de los elementos acumulativos al que anteriormente nos hemos referido como es la realización de actividades en ejercicio de funciones públicas, sujetas al régimen jurídico que les es propio, llevadas a cabo por las sociedades públicas. Lo trascendente es pues, y a los efectos de nuestra argumentación, el reconocimiento de que las sociedades públicas se encuentran dentro del marco del precepto comunitario (artículo 4.5 de la Sexta Directiva, actual artículo 13 de la Directiva 2006/112/CE) y su conexión con los criterios de efecto directo del precepto comunitario.

         En el mismo sentido que el TS, se ha pronunciado la Audiencia Nacional (AN), entre otras, en sentencias de 5 de febrero de 2003 (recurso 937/2000), 5 de noviembre de 2003 (recurso 121/2001), 9 de febrero de 2007 (recurso 309/2005) o de 17 de octubre de 2007 (recurso (62/2006).
         
Ahora bien, expuesta la doctrina del TS en aplicación de la Ley de 1985, también el propio TS ha venido a reconocer el carácter peculiar o la naturaleza singular de la sociedades mercantiles públicas, y la misma sentencia citada anteriormente de 26 de septiembre de 2005, señala:

         "La doctrina científica ha distinguido y matizado lo que son las sociedades de entes públicos, surgidas a partir del momento en que la Administración adoptó como técnica de funcionamiento el de las sociedades mercantiles, para gestionar así con mas eficacia (relaciones laborales, contabilidad, etc.) las actividades industriales, comerciales y de servicios que venían realizando mediante determinados organismos autónomos.

         Y la realidad es que las sociedades mercantiles constituidas por la Administración como socio único, se hallan más cerca de la fundación de un servicio público, que de una figura asociativa (art. 1665 del Código Civil, art. 116 del Código de Comercio, etc), tan es así que el artículo 10, párrafo segundo, de la Ley de 17 de Julio de 1951, de Sociedades Anónimas y luego el Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto-Legislativo 1564/1989, de 22 de Diciembre, han tenido que «exceptuar de lo establecido en el apartado anterior (número de socios fundadores no inferiores a tres) a las sociedades constituidas por el Estado, Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales, o por organismos o entidades de ellos dependientes».

         Es cierto que externamente estas sociedades mercantiles se relacionan con los usuarios bajo formas jurídicas propias del Derecho privado, pero en cambio internamente actúan casi como un órgano del ente público. En especial, desde el punto de vista de su régimen económico-financiero, forman parte del Sector público y se hallan sometidas a determinadas disposiciones de la Ley General Presupuestaria, de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y quedan sometidas a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, y particularmente, es menester traer a colación el Texto articulado de la Ley especial para el Municipio de Barcelona, aprobado por Decreto de 23 de Mayo de 1960, cuyo artículo 3º, apartado 1, disponía: «1. Las Entidades municipales autónomas y las Sociedades municipales, excepto las de economía mixta, estarán consideradas como órganos técnico-jurídicos de gestión del Ayuntamiento, les serán aplicables los beneficios reconocidos a éste por las Leyes, especialmente disfrutarán de las exenciones y bonificaciones fiscales, prestación de créditos y demás que correspondan a las Corporaciones municipales», régimen que es fiel expresión de la consideración interna de las sociedades municipales (participadas al 100% por el Ayuntamiento), como gestión directa de los servicios, o sea como prestados por un órgano técnico-jurídico del mismo.

         Por todo ello es una simplificación afirmar sin más, que se trata de sociedades mercantiles idénticas a las pertenecientes a socios privados en todo o en parte, razón por la cual la Sala ha considerado que hasta la promulgación de la Ley 37/1992, de 28 de Diciembre, del IVA, el apartado 6.º del artículo 5.º de la LIVA/1985, anterior, permitía, conforme a nuestro Derecho interno, afirmar que una sociedad mercantil municipal, participada al 100 por 100 por el Ayuntamiento, que presta un servicio público, lo hace como gestión directa de un Organismo Público, respetando así las prescripciones de la Sexta Directiva.

         El Tribunal de Justicia de Luxemburgo lo que ciertamente hace es distinguir dos campos de actuación distintos, uno es el de las actividades para el cumplimiento de competencias públicas y funciones públicas y otro el de las actividades no estrictamente públicas que pueden realizar los entes locales".
         
Si bien el TS siempre se refiere a la Ley del IVA de 1985, las mismas consideraciones sobre la naturaleza singular de las sociedades públicas puede efectuarse vigente la Ley del IVA de 1992, siendo interesante poner de manifiesto como el propio TS distingue entre las actividades que pueden realizar esta

Impuesto sobre el Valor Añadido
Contraprestación
Acta de disconformidad
Administración Tributaria del Estado
Residuos
Tipo reducido del IVA
Intereses de demora
Entes públicos
Cuota del IVA
Expediente sancionador
Sociedades mercantiles
Comisiones
Capital social
Servicios públicos municipales
Desechos y residuos sólidos urbanos
Impuesto sobre Actividades Económicas
Empresa pública
Único socio
Entrega de bienes
Organismos públicos
Prestación de servicios
Convenio colectivo de empresa
Servicio de limpieza
Impuesto sobre sociedades
Revisión en vía administrativa
Cuotas del IVA soportado
Determinación de la base imponible
Ingreso contable
Ingresos propios
Aportaciones sociales
Escuela infantil
Comunidades europeas
Actividades económicas
Condición de autoridad o funcionario público
Patronato
Sociedad mercantil pública
Número de socios
Corporaciones locales
Tribunal de Cuentas
Fundaciones

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Directiva 2006/112/CE de 28 de Nov DOUE (Sistema común del IVA) VIGENTE

Boletín: Diario Oficial de la Unión Europea Número: 347 Fecha de Publicación: 11/12/2006 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2007 Órgano Emisor: Consejo De La Union Europea

Ley 47/2003 de 26 de Nov (General presupuestaria) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 284 Fecha de Publicación: 27/11/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2005 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 520/2005 de 13 de May (Reglamento de desarrollo de la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de revision en via administrativa) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 126 Fecha de Publicación: 27/05/2005 Fecha de entrada en vigor: 27/06/2005 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

RDLeg. 2/2000 de 16 de Jun (TR. de la ley de contratos de las administraciones públicas) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 148 Fecha de Publicación: 21/06/2000 Fecha de entrada en vigor: 22/06/2000 Órgano Emisor: Ministerio De Hacienda

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