Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1983/2004 de 10 de Octubre de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 10 de Octubre de 2006
  • Núm. Resolución: 00/1983/2004

Resumen

La rectificación de la base imponible del IVA sólo puede realizarse mediante una factura rectificativa y debe afectar exclusivamente a la operación original, sin que a través de la misma puedan incluirse operaciones distintas de aquélla que se rectifica. Por ello, no puede aceptarse como pretende la entidad que la rectificación se realice a través de notas de abono y que abarque operaciones distintas a aquélla que se rectifica.

Descripción

En la villa de Madrid, a 9 de septiembre de 2006 este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, ha visto el recurso de alzada que pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, promovido por D. ..., con NIF: ..., en nombre y representación de ..., S.A., CIF: ... y con domicilio en ..., contra Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 12 de junio de 2003 desestimatoria de la reclamación nº ..., interpuesta contra el Acuerdo del Inspector Regional de la AEAT de ..., de liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido, periodos 1995 a 1997, por importe de 165.193,86 € (27.485.946 pesetas).

                                           ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-
Los antecedentes de la presente controversia, tal y como fueron fijados por la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... aquí recurrida, resultaron ser los siguientes:

"1.- Que en fecha 15 de noviembre de 1999 se incoó acta de disconformidad definitiva nº A02 ... ante el representante de la sociedad reclamante, D. ..., por el concepto de IVA de los años 1995, 1996 y 1997.

2.- Que la entidad reclamante había presentado declaraciones-liquidaciones correspondientes a los años 1995, 1996 y 1997 con el siguiente resumen de datos, según se deduce de las declaraciones que obran en el expediente administrativo (en pesetas):

                                                    1995                1996                        1997

Base imponible Gral.    4.147.477.270     4.838.876.700   5.282.914.966

Base adq. Intracoms.    1.209.527.599     1.702.002.226   1.954.741.912

Base Recargo equiv.         48.825.563           66.382.885        41.677.535

IVA DEDUCIBLE                 479.137.555         533.956.518       601.709.457

AUTOLIQUIDACIÓN  382.384.039          515.240.344        557.982.715

3.- Que la sociedad, según consta en los modelos 390 que se adjuntan al acta, figuraba dada de alta, en el periodo de comprobación, de los siguientes epígrafes de IAE: Comercio mayor de... (...); Fabricación de... (...); Fabricación de ... (...); y enseñanza formación ... (...).

4.- Que, según consta en el acta de disconformidad y en el informe preceptivo que la acompaña, la propuesta de regularización practicada en el acta se basa en que la sociedad rectificó bases imponibles y cuotas que previamente no habían sido repercutidas.

Así, de acuerdo con el contenido de la diligencia de 7 de septiembre de 1999 (diligencia n° ..., página ...), y del informe ampliatorio que acompaña el acta, una de las divisiones de la entidad ..., S.A. tiene como actividad la fabricación de ... de aplicación al sector del ....

Una parte de las ventas se realiza a determinadas marcas ... a través de "distribuidores" que son quienes efectúan materialmente las entregas a los talleres-concesionarios de las marcas, siendo ..., S.A. quien emite la factura a cargo de la entidad titular de la marca.

Según consta en la citada diligencia, las relaciones con los distribuidores se plasman en "contratos de distribución", con un contenido similar para todos ellos. Adjunto a la diligencia existe un contrato con uno de sus distribuidores donde figura que "... se reserva el derecho de mantener e incrementar su volumen de negocio a través de la distribución directa, en la zona geográfica del distribuidor ... en los casos siguientes:

"b) Clientes con los que exista acuerdos nacionales o internacionales de suministro directo por parte de ..., S.A.

En estos supuestos, siguiendo el contenido de la diligencia número 14, el procedimiento que se sigue es que la sociedad realiza la entrega y venta en firme de sus productos a sus "distribuidores", emitiendo la correspondiente factura; en el caso que los distribuidores reciban pedidos de "talleres-concesionarios de marcas ..." con los que ..., S.A. mantiene acuerdos o contratos de suministros, los "distribuidores" ("éstos", según el informe) realizan la entrega, absteniéndose de facturar, remitiendo unos albaranes de entrega a ..., S.A. quien emite un documento de abono al "distribuidor".

Según consta en la diligencia de 7 de septiembre de 1999, el contenido del citado "documento de abono" era el siguiente:

- Hasta el 6 de julio de 1995, la entidad emitía dos documentos de abono, uno en el que se abonaba el importe de los artículos suministrados por los distribuidores a los concesionarios, y otro en el que se abonaba un 18% al distribuidor del anterior importe.

-  A partir de la mencionada fecha, se extiende una sola "nota de abono" por los dos conceptos anteriores. El porcentaje se eleva al 20% desde el 27 de marzo de 1997.

Según continúa relatando la diligencia, en los dos casos se aplicaba el tipo vigente del IVA sobre las bases anteriormente definidas, resultando una cuota negativa del IVA repercutido, el cual fue consignado por la sociedad en sus liquidaciones periódicas por el impuesto.

Sobre los antecedentes anteriores, se hace constar en la diligencia una tabla donde, a partir de la "Facturación a distribuidores de marcas de ...", se llega al importe de los "abonos" a concesionarios (resultado de aplicar a la anterior magnitud los mencionados porcentajes del 18% ó 20%). El resumen de las cantidades es (en pesetas):

                                         1995                       1996                                1997

Totales abonos         43.061.140          43.023.876                      56.736.406
anuales otorgados.

IVA repercutido con 6.889.782             6.883.820                         9.077.825
signo negativo.
                
Finalmente, hay que mencionar que en la citada diligencia, el representante de la sociedad ante la Inspección manifestó que la firma por él del documento no suponía la conformidad con su contenido, en la medida en que se había redactado con "carácter previo" y contener gran número de datos, resultando preciso disponer de tiempo suficiente para su análisis.

5.- Que según se hace constar en el informe que acompaña el Acta de disconformidad, el actuario consideró que se habían realizado dos operaciones distintas:

- Dejar sin efecto una "entrega de bienes" al "distribuidor", operación a la que sería de aplicación los artículos 80 y 89 de la Ley del Impuesto.

- Una operación asimilada a la prestación de un servicio derivada de un convenio de distribución, de acuerdo con el artículo 11.5 de la LIVA, donde el sujeto pasivo es el "distribuidor".

En consecuencia, el actuario entiende que al modificar las cuotas repercutidas por entregas de bienes dejadas sin efecto más la consideración de la comisión pagada como menor base, se "está rectificando unas cuotas del IVA que no ha repercutido" (las de la comisión).

Por tanto, se propone modificar la base imponible del impuesto devengado al tipo ordinario en el importe de las comisiones satisfechas.

La cuota global del acta, suma de las cuotas de cada una de las propuestas de liquidación practicadas, asciende a 22.851.427 ptas. (137.339,84 €), con unos intereses de demora de 4.634.518 ptas. (27.854,01 €), siendo, por tanto la deuda total 27.485.945 ptas. (165.193,86 €).

6.- Que, una vez presentadas las correspondientes alegaciones al acta, en fecha 20 de diciembre de 1999, notificado el 22 de diciembre de 1999, se dictó por el Inspector Jefe de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de ..., acto administrativo de liquidación, confirmando, en todos los extremos, la propuesta realizada por el actuario en el acta.

Que en el tercer "Considerando" el Inspector Jefe concluye que "las notas de abono rectifican las cuotas repercutidas en las facturas emitidas por ..., S.A. a los distribuidores, que se retrotraen como consecuencia de la entrega de los productos a las empresas concesionarias de marcas ... por parte de las empresas distribuidoras. Es decir, se deshace la operación facturada realizada entre ... y los distribuidores y se mantiene la entrega de éstos a las empresas de ..., emitiendo la factura el obligado tributario ..., S.A. En definitiva, se deja sin efecto la entrega de bienes al distribuidor, lo que supone la modificación de la base imponible y la rectificación de las cuotas repercutidas, operaciones éstas perfectamente válidas al reunir los requisitos previstos en los artículos 80 y 89 de la Ley 37. Ahora bien, estas notas de abono contienen igualmente el importe de las comisiones satisfechas por los servicios que le han sido prestados por los distribuidores. Esta rectificación no resulta procedente: en primer lugar, porque se trata, como hemos visto, de unas operaciones sujetas al impuesto, debiendo soportar el obligado tributario las cuotas correspondientes repercutidas por las empresas distribuidoras, que han sido las prestadoras de los servicios; y en segundo lugar, porque se están rectificando cuotas que no ha repercutido el obligado tributario, sino que le han debido de repercutir a él. Si dispone de la factura original, con cumplimiento de los requisitos formales previstos en el artículo 97 de la Ley, podrá ejercitar el derecho a la deducción de las misma. Por otra parte es indiferente el hecho de que los distribuidores no hayan presentado impugnaciones a las notas de abono y que estas notas de abono sean consideradas como equivalentes a las facturas ordinarias. Lo reseñable es que ha habido una parte de esa anulación que no es correcta porque se refiere a unas comisiones, sobre las que ..., S.A. no ha repercutido ninguna cuota".

7.- Que, disconforme con la anterior resolución, en fecha 10 de enero de 2000, se interpuso reclamación económica administrativa contra la liquidación definitiva que deriva del Acuerdo del Inspector Jefe.

Que seguidos los trámites oportunos, presentó alegaciones en fecha 19 de mayo de 2000. En síntesis, las alegaciones presentadas se basan en:

- En primer lugar, el Acuerdo del Inspector Jefe, no tuvo en cuenta los argumentos vertidos por la recurrente al presentar sus alegaciones, que eran que ninguno de sus distribuidores había impugnado ni contradicho las notas de abono, y "con toda seguridad" procedieron a incluir en sus declaraciones, como menor IVA soportado las reducciones practicadas por la reclamante. El segundo argumento es que de acuerdo con la Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas de 17 de septiembre de 1997, la nota de abono emitida por el comprador y no contradicha por el vendedor puede equiparse a una factura.

-  En segundo lugar, tomando como referencia la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 1997, entiende que lo que se ha producido es una sanción encubierta o impropia (pérdida del derecho a la deducción). Además, esta sanción es desproporcionada con la infracción cometida (que no ha existido), dado que ese importe debería tomar en cuenta la trascendencia de los intereses públicos afectados, que son inexistentes, pues no se ha producido falta de ingreso alguno por IVA ni ninguna distorsión en los pagos ni en las declaraciones del impuesto.

En tercer lugar, según la recurrente, la Inspección estaba obligada a comprobar si los distribuidores habían ingresado las cuotas del Impuesto derivadas de las notas de abono, para permitir a la sociedad exigir la devolución "de las cuotas de IVA operadas en virtud de la misma".

-  Continúan las alegaciones presentadas manifestando que el Acuerdo del Inspector Jefe que se impugna no se percata que una comisión se puede satisfacer, no sólo por la vía de pagar un precio, sino por la vía de reducir en el importe correspondiente, el precio de bienes suministrados. Según la sociedad, esto no es contrario a la ley, a la moral, las costumbres ni al orden público, ni afecta para nada a los derechos ni a los beneficios económicos de la Hacienda Pública.

De acuerdo con todo lo anterior, la sociedad reclamante solicita que sea anulada la liquidación de referencia, y sea condenada la Administración a pagar a la sociedad 27.485.945 ptas, más los intereses de demora tributarios previstos en el artículo 58.2.c) de la LGT".

Segundo.- La Resolución citada no vino sino a desestimar las alegaciones vertidas y a confirmar la liquidación practicada. Entre las razones expresadas en aquella, se contaban las siguientes:

        - Se acepta la existencia de dos negocios jurídicos distintos, una entrega de bienes (...) y la prestación de servicios (la intermediación).

        - La resolución de un negocio jurídico no ha de resolver otro negocio jurídico distinto.

        - Las meras "notas de abono" no pueden recoger dos operaciones de rectificación de cuotas repercutidas.

        - La naturaleza de las cuotas soportadas y repercutidas es diferente.

Tercero.- Por otra parte, el 24 de diciembre de 2003 se interpuso recurso de alzada ante el presente Tribunal, junto al que se incluyeron las siguientes alegaciones:

        - Los distribuidores, que recibieron las notas de abono, no manifestaron en ningún momento su disconformidad con las mismas. Además, incluyeron en sus declaraciones de IVA, como menor IVA soportado, las cuotas reflejadas en las mencionadas notas de abono.

        - De acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la nota de abono emitida por el comprador y no contradicha por el vendedor, puede equipararse a una factura, en lo que respecta al IVA. La nota de abono constituye en numerosas ocasiones la mejor forma de reflejar las entregas o prestaciones efectuadas.

        - Rechaza la posibilidad de que se le sancione en forma encubierta con la imposibilidad de practicar la deducción de cuotas que ha soportado, por no disponer de las facturas de los distribuidores por los servicios de intermediación realizados. En última instancia alude a que la conducta desarrollada constituye una práctica habitual de los usos del comercio.

                                            FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-
Este Tribunal Económico-Administrativo Central es competente para conocer sobre la presente reclamación de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Procedimiento para las Reclamaciones Económico-Administrativas, aprobado por Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, aplicable a esta reclamación por haberse interpuesto con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre.

Como única cuestión a resolver se presenta aquélla que acertadamente fue fijada por el Tribunal de primera instancia, en concreto, la referente a la posibilidad de admitir la rectificación de determinadas cuotas "repercutidas".

Segundo.- A juicio del presente Tribunal, y a la vista de los Antecedentes de Hecho antes transcritos, la controversia se suscita por la existencia de una serie de operaciones comerciales en las que se ve implicada la recurrente. La operativa supone que en un primer momento, ..., S.A. vende en firme las mercaderías a sus distribuidores; no obstante, en determinadas ocasiones, y ante los pedidos de los clientes finales, los distribuidores les remiten las mercancías, absteniéndose sin embargo de facturar, tarea que queda para ..., S.A. que es la que realmente factura por esas entregas que ha realizado por medio de los distribuidores.

Pues bien, las notas de abono objeto de controversia surgen en correspondencia con la operativa examinada: puesto que la que realmente factura es ..., S.A., ésta entiende que la operación desarrollada queda contraída a la entrega de la mercadería de ..., S.A. al cliente final, suprimiendo por ello el paso a través del distribuidor (y ello pese a que es el distribuidor el que materialmente efectúa la entrega).

Para llevar a cabo la citada supresión fiscal del papel del distribuidor, ..., S.A. emite una nota de abono que pretende dejar sin efecto la inicial entrega, rectificando así la repercusión en factura realizada inicialmente. A efectos de IVA, frente al inicial IVA repercutido, encontramos ahora el menor IVA repercutido que resulta de la anulación de la operación efectuada.

Hasta aquí la intermediación no tiene mayor trascendencia. Sin perjuicio de las implicaciones civiles que la operativa desarrollada pueda tener en cuanto a transmisión de la propiedad, y dejando a un lado el papel del distribuidor y su carácter de comisionista en nombre propio o por cuenta ajena, cuestiones de calado pero que pueden resultar colaterales y no pertinentes para la resolución de la controversia, sí debemos marcar el acento en uno de los elementos que presenta la nota de abono: el importe rectificado supone una cuantía mayor que la facturación original. Correlativamente, la minoración de IVA repercutido es mayor que el IVA inicialmente repercutido por ..., S.A., lo que significa que por medio de su propia nota de abono, ..., S.A. no viene sino a aminorar la cuota de IVA repercutido, reduciendo la expectativa de ingreso que el Tesoro tiene respecto a las operaciones sujetas que ..., S.A. realiza.

La justificación que halla ..., S.A. para este proceder se encuentra en el papel de intermediario que representan los distribuidores. Puesto que hacen posible la entrega última de las mercancías a los clientes finales, deben ser retribuidos por ..., S.A., para quien actúan. No obstante, la operación no se sustancia según los cauces habituales. No existe una facturación por parte del distribuidor, que tenga por destinatario a ..., S.A. como receptor de los servicios prestados. No existe un IVA repercutido en sede distribuidor que genere un IVA soportado en sede ..., S.A. La actuación desarrollada presenta distinto signo: se emplea la propia nota de abono a que antes hemos hecho referencia para minorar aún más el IVA inicialmente repercutido por ..., S.A. sobre los distribuidores. Este mecanismo, en principio unilateral por parte de ..., S.A. recibe la anuencia de los distribuidores (según afirma el recurrente en su alegación), que no impugnan la nota de abono.

Tercero.- Una vez reducida la cuestión a sus estrictos términos, es preciso examinar en qué medida la actuación desarrollada responde a las previsiones legales que rigen en la materia.

Así, para comenzar, el artículo 80.Dos de la Ley del IVA, Ley 37/1992, de 28 de diciembre admite la posibilidad de la modificación de la base imponible de las operaciones realizadas:

"Dos. Cuando por resolución firme, judicial o administrativa, o con arreglo a Derecho o a los usos de comercio queden sin efecto total o parcialmente las operaciones gravadas o se altere el precio después del momento en que la operación se haya efectuado, la base imponible se modificará en la cuantía correspondiente."

En nuestro caso, la justificación de la rectificación de la cuota inicialmente repercutida podría hallarse en que los usos de comercio pueden determinar que las operaciones queden sin efecto. La modificación de la base imponible llevaría a ésta desde su importe inicial, hasta el mismo importe con signo negativo, debiéndose realizar en forma paralela una repercusión de una cuota negativa de IVA que neutralice la cuota de IVA inicialmente repercutida por no responder ésta a la realidad de una operación que ha sido anulada.

No obstante, del artículo 80.Dos no se extrae en ningún caso la posibilidad de que como consecuencia de la modificación de la base imponible, se incluyan nuevas operaciones. En nuestro caso, se alega que es la práctica habitual el no facturar separadamente, pues resulta conforme a los usos del comercio. Permítase poner en cuestión tal habitualidad, puesto que como pone de manifiesto la Resolución impugnada, el propio sujeto empleó dos mecanismos diferentes en el periodo objeto de comprobación, pues modificó su comportamiento desde el 6 de julio de 1995, pasando a emitir un sólo documento de abono, cuando hasta esta fecha había venido emitiendo dos, es decir, una nota de abono para anular la inicial repercusión, y otra para recoger los servicios recibidos de los distribuidores.

Sin perjuicio de las dudas que suscita la admisibilidad del inicial empleo de una nota de abono para recoger unos servicios recibidos, parece que debe rechazarse de plano que en una sola nota de abono se pretendan dejar sin efecto operaciones a la par que incluir otras nuevas. Aunque la actuación del recurrente pueda no estar imbuida de cualquier pretensión defraudatoria (el propio Acta incoada se proclama "de rectificación"), sí presenta ciertos rasgos que puedan hacerla indeseable desde el punto de vista del ordenamiento tributario:

        - La nota de abono debe surgir en conexión con una operación anterior que no ha llegado a producir plenos efectos. En el caso analizado, la nota de abono no responde por entero a la realidad, al contener una operación que surge ex novo, distinta de la operación modificada.

        - Admitir esta operativa supone habilitar al abonado, en este caso, el distribuidor, a que no documente en factura la prestación de servicio realizada, en lo que supone el incumplimiento de la genérica obligación formal del empresario de emitir factura.

        - En último lugar, la mecánica desarrollada supone desconocer la normativa que en materia de deducción establecen los artículos 92 y siguientes de la Ley del IVA.

La afirmación del último inciso se sustenta en que desde el punto de vista del derecho de deducción de ..., S.A., no resulta indiferente el gozar de una minoración de las cuotas de IVA repercutido (en este caso, por encima de las propias cuotas repercutidas), o disfrutar de cuotas de IVA soportado. Las cuotas de IVA repercutido minorado van a reducir el crédito del Tesoro en todo caso, puesto que traslucen operaciones nunca realizadas que automáticamente determinarán un menor resultado a ingresar o mayor a compensar/devolver. Frente a ello, las cuotas de IVA soportado en ningún caso son directamente deducibles, pues deberán pasar el filtro que suponen los requisitos establecidos para el ejercicio del derecho a la deducción. A modo de ejemplo indicar que en el caso de que se tratara de un sujeto sometido a prorrata, las cuotas soportadas no serían plenamente deducibles; sólo lo serían en el porcentaje obtenido conforme a los artículos 96 y 102 y siguientes de la Ley del IVA.

Cuarto.- Además, y en respuesta a las alegaciones vertidas, es necesario recalcar que la liquidación administrativa que toma como base los anteriores hechos no tiene carácter sancionador como sostiene la recurrente, sino que es reflejo de un incumplimiento de las obligaciones formales exigidas a los sujetos pasivos del IVA, que, en cualquier caso, no impediría una eventual deducción de las cuotas soportadas, en la medida en que las mismas se contabilicen por el sujeto pasivo. El propio Acuerdo de liquidación recurrido expresaba esta idea en términos muy elocuentes, al decir que "Si dispone de la factura original, con cumplimiento de los requisitos formales previstos en el artículo 97 de la Ley, podrá ejercitar el derecho a la deducción de la misma", en lo que supone un intento de reconducir al ordenamiento la irregular práctica desarrollada. En cuanto a los requisitos de la deducción del IVA, el artículo 97.Uno.1º de la Ley establece:

"Artículo 97. Requisitos formales de la deducción.

Uno. Sólo podrán ejercitar el derecho a la deducción los empresarios o profesionales que estén en posesión del documento justificativo de su derecho.  

A estos efectos, únicamente se considerarán documentos justificativos del derecho a la deducción:

1.º La factura original expedida por quien realice la entrega o preste el servicio o, en su nombre y por su cuenta, por su cliente o por un tercero, siempre que, para cualquiera de estos casos, se cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente".

La dicción citada procede de la modificación del régimen legal por la Ley 53/02, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, con efectos desde 1 de enero de 2004, en concordancia con la modificación del art. 164 de la propia Ley:

"Dos. La obligación de expedir y entregar factura por las operaciones efectuadas por los empresarios o profesionales se podrá cumplir, en los términos que reglamentariamente se establezcan, por el cliente de los citados empresarios o profesionales o por un tercero, los cuales actuarán, en todo caso, en nombre y por cuenta del mismo.

Cuando la citada obligación se cumpla por un cliente del empresario o profesional, deberá existir un acuerdo previo entre ambas partes, formalizado por escrito. Asimismo, deberá garantizarse la aceptación por dicho empresario o profesional de cada una de las facturas expedidas en su nombre y por su cuenta, por su cliente.

Las facturas expedidas por el empresario o profesional, por su cliente o por un tercero, en nombre y por cuenta del citado empresario o profesional, podrán ser transmitidas por medios electrónicos, siempre que, en este último caso, el destinatario de las facturas haya dado su consentimiento y los medios electrónicos utilizados en su transmisión garanticen la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido.

Reglamentariamente se determinarán los requisitos a los que debe ajustarse la facturación electrónica."

Si bien la nueva regulación no resulta de aplicación a las operaciones regularizadas por ser posterior, sí puede destacarse de las novedades introducidas, que giran, entre otras materias, en torno a la posibilidad de que un tercero efectúe la emisión de facturas en lugar del prestador de los servicios, que denotan la prevención con que el legislador contempla estas prácticas. Partiendo de que lo que se posibilita es la emisión de facturas propiamente dichas, y no meras notas de abono, se establecen varias cautelas, como la necesaria existencia de acuerdo previo escrito y garantía de aceptación de cada una de las facturas por el prestador de los servicios. El nuevo régimen habla a las claras del sentido en que la normativa de aplicación al supuesto analizado ha de ser interpretada, en el sentido de que deba proscribirse cualquier práctica de facturación opaca o no transparente.

Incidiendo en la deducibilidad de las cuotas soportadas en operaciones interiores y en adquisiciones intracomunitarias, ésta debe ser cuestionada toda vez que el obligado tributario no ha aportado justificantes formales del derecho a deducción. El criterio expuesto por el presente Tribunal en resoluciones precedentes en el sentido de que la factura completa, en supuestos análogos, es el único medio válido para justificar el derecho a la deducción del IVA soportado, dado el carácter eminentemente formalista del Impuesto sobre el Valor Añadido, reproduce la doctrina reiterada de este Tribunal Central, entre otras, en las resoluciones de 7 de febrero de 2001 y de 4 de julio de 2000, ambas para Unificación de Criterio. En este sentido, como ha destacado la Resolución impugnada, la justificación documental propuesta por el reclamante se limita a la aportación de notas de abono emitidas por él mismo, sin que se hayan conservado y/o aportado justificantes formales de las cuotas de IVA soportado controvertidas, lo que lleva a confirmar también en este punto la resolución impugnada.  

Por todo lo expuesto, este Tribunal debe desestimar el recurso de alzada interpuesto, confirmando la Resolución del Tribunal Regional impugnada.

POR LO EXPUESTO,

        EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, en SALA, en el recurso de alzada que pende de resolución ante este Tribunal Económico Administrativo Central, promovido por D. ..., en nombre y representación de ..., S.A., contra Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de ... de fecha 12 de junio de 2003 desestimatoria de la reclamación nº ..., interpuesta contra el Acuerdo del Inspector Regional de la AEAT de ..., de liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido, periodos 1995 a 1997; ACUERDA: desestimarlo.

Impuesto sobre el Valor Añadido
Comisiones
Entrega de bienes
Acta de disconformidad
Obligado tributario
Modificación de la base imponible
Negocio jurídico
Modificación de la Base Imponible del IVA
Mercancías
Factura rectificativa
Liquidaciones tributarias
Impuesto sobre Actividades Económicas
Comunidades europeas
Contrato de distribución
Intereses de demora
Cuota del IVA
Usos de comercio
Pérdida del derecho a deducción
Interés publico
Vertidos
Empresario individual
Operación comercial
Prestación de servicios
Intereses de demora tributarios
Rectificación de cuotas repercutidas
Comisionista
Transmisión de la propiedad
Incumplimiento de las obligaciones
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Expedicion de facturas
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