Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1990/1999 de 23 de Julio de 1999

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 23 de Julio de 1999
  • Núm. Resolución: 00/1990/1999

Resumen

CANON DE VERTIDO
Se estima en parte la reclamación de la recurrente anulando la liquidación del canon de vertido de 1995 para que se sustituya por la procedente en función de un coeficiente K=0,12 no objetado y de un volumen de vertido de 30.000.000 m3 que es el que consta en la aurtorización provisional del vertido, sin que pueda admitirse el aplicado por la Confederación sin justificación alguna ni el postulado por la reclamante. Es exigible el canon y valida la autorización concedida dado el principio de ejecutividad de los actos administrativos, sin que se requieran los datos exigidos por el artículo 93 de la Ley de Aguas que se refieren a los supuestos de autorización definitiva. Las deducciones del articulo 105.4 corresponde determinarlas al Consejo del Agua.

Descripción

FUNDAMENTOS DE DERECHOPRIMERO.- Las cuestiones suscitadas en orden a la exigibilidad del  canon de vertido y a   la procedencia de  la liquidación impugnada.SEGUNDO.- Previamente es de significar que se deniega la prueba solicitada,  sin perjuicio de incorporar al expediente los documentos aportados, por cuanto no resulta necesario a los efectos de la resolución a dictar.TERCERO.- Consta  en las actuaciones  que el cálculo del canon que nos ocupa fue notificado el 29 de diciembre de 1995, por  lo  que  resulta inoperante  la indefensión  invocada  al respecto.CUARTO.- Solicita --------------- en sus alegaciones la subsanación del error aritmético padecido en el encabezamiento del fallo recurrido al referirse a un canon de 76.225.560 pesetascuando el importe correcto es de 26.225.560 pesetas; en efecto, ese fallo debe entenderse referido a tal importe correcto.QUINTO.-  Se  argumenta  sobre la  inconstitucionalidad  e  ilegalidad   del  artículo  295.3  del Reglamento  del  Dominio  Público Hidráulico al   fijar provisionalmente el valor de launidad  de  contaminación,  pero   este Tribunal  Central viene también manteniendo    reiteradamente que el  ámbito de  la vía   económico-administrativa alcanza solamente a los actos singulares de aplicación de las normas reguladoras de los tributos de  acuerdo  con   lo dispuesto  en  el artículo  2 del  Reglamento   procedimental, por lo que resulta evidente la incompetencia de  esta vía para pronunciarse sobre tales cuestiones.SEXTO.- Se argurnenta además que faltando el Plan Hidrológico de cuenca nº es posible practicar liquidación por el canon de vertido,   dado que el valor de la unidad de contaminación  tiene que fijarse en el Plan,    pero el Reglamento de Dominio  Público Hidráulico se aprobó con el fin de poder aplicar, entre   otros,  el  Título VI  de la Ley de Aguas   relativo al régimen   económico-financiero,   necesidad  expresamente acogida  en ala          exposición de motivos del citado Reglamento,    dado que al Ley   había entrado en vigor el día 1 de enero de 1096,    regulándose   en el  artículo   295, con carácter general   y transitorio, el valor de la unidad de contaminación en tanto se determinan por  los organismos de cuenta estos valores,    y la Orden de 23 de   diciembre de 1986 dictó las normas urgentes para la identificación de todos    los puntos de vertido y la   iniciación de los trámites  para   su  legalización  y recaudación  del canon  de  vertido, tanto para las autorizaciones concedida con arreglo a la normativa anterior a la Ley de Aguas como para aquellos vertidos que no fueron autorizados, por lo que una vez obtenida la autorización provisional del vertido, esta queda sujeta el devengo del canon,  para cuyo cálculo se tendrá en cuenta el valor  de  la unidad  de  la contaminación  establecido en  el artículo 295 del Reglamento citado dictado en desarrollo de laLey de Aguas y en consecuencia están legitimadas las Confederaciones Hidrográficas para practicar liquidaciones en base a la normativa referenciada y demás artículos concordantes, principalmente el artículo 105 de la Ley de Aguas y 289 del Reglamento referenciado, sin que la percepción del canon esté supeditada a la aprobación y ejecución de Planes Hidrológicos.SÉPTIMO.- Como ya sostuvo este Tribunal en su fallo del 26 de febrero de 1998 recaído en reclamaciones acumuladas impugnatorias de cánones de años anteriores, por lo que se refiere a la exigibilidad del canon la misma encuentra cobertura legal en el contexto del articulo 105 de la Ley de Aguas 29/85, de 2 de agosto, y el 290 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico que configura el hecho imponible del canon como el hecho de verter,  disponiendo  el  artículo 291  que  la obligación  de satisfacerlo tendrá carácter periódico y anual y nace en el momento en que es otorgada la autorización y el 292 que están obligados  a  su pago   los titulares de  las  autorizaciones; teniendo en cuenta que el vertido se ha llevado a efecto y que la empresa recurrente es titular de una autorización otorgada al  amparo  de  la orden  de 23.12.86,  de ello  se deriva  la concurrencia  de   los  supuestos necesarios   para que  pueda exigirse el canon a dicha empresa, la cual viene obligada a su pago en su condición de sujeto pasivo del mismo;   teniendo en cuenta que el importe del canon se destina a cubrir la financiacion de las obras necesarias para el cumplimiento de las previsiones de los Planes Hidrológicos respecto a la calidad de las  aguas  continentales   (artículo 289  del Reglamento  del Dominio Público Hidráulico),   realizándose los vertidos desde antes de 1987 y habiéndose producido a lo largo de todo ese año, en virtud del principio de justicia material compensatoria de  los perjuicios  causados  por los vertidos,  este Tribunal entiende procedente la exigibilidad del canon respecto de todo el  año 1987  en que  se otorgó inicialmente  la autorización, criterio  éste  que viene   sustentado en el articulo  291 del referido  Reglamento  en cuanto  señala  que la  obligación de satisfacer el canon tiene carácter periódico y anual; por otra parte, no existiendo en la anteriormente mencionada normativa obstáculo legal para admitir la posibilidad contemplada en la orden de 23 de diciembre de 1986 de proceder a una autorización provisional hasta tanto no recaiga la definitiva, supuesto que en la normativa aplicable no se hace distinción entre autorizaciones y cánones provisionales y definitivos,   naciendo estos con el otorgamiento de la autorización de vertido y sentado el devengo  en  1987 por  virtud  de la  autorización provisionalconcedida,  ello conlleva el devengo en años sucesivos dada la periodicidad anual del canon.OCTAVO.-  En  cuanto   a la  validez  de  la autorización provisional del 26 de enero de 1989, como también se sostuvo en el antedicho fallo del 26 de febrero de 1998, es de significar a  misma dado   el  principio de  ejecutividad  de los  actos administrativos,   los cuales son válidos  y  producen efectos desde la fecha en que se dicten (artículos 44 y 45 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 y 56 y 57 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), sin que el contenido de la autorización exija la demora de su eficacia;   por el contrario, sería contraproducente la demora en la legalización del vertido exigida por la normativa aplicable; por otra parte, tal como se expresa por la Confederación en el acuerdo desestimatorio del recurso de reposición contra la liquidación del canon de 1987, los datos exigidos por el artículo 93 de la Ley de Aguas 29/1985 de 5 de agosto, en las que la empresa recurrente fundamenta la impugnación de dicha autorización   provisional,  se refieren a  los  supuestos  de autorización definitiva, siendo válida la provisional prevista en el artículo 3 de la Orden de 23 de diciembre de 1986 hasta que se trámite esa definitiva.NOVENO.- No puede acogerse el alegato de que la liquidación impugnada ha sido practicada con efecto retroactivo, cuando la Administración dispone del plazo de cinco años (artículos 64 y65  de la Ley   General Tributaria  en  la redacción  entonces vigente) a partir del devengo para determinar la deuda tributaria y girar la oportuna liquidación, sin que en este caso haya transcurrido dicho plazo de prescripciónDÉCIMO.- Por lo que a la liquidación en sí misma considerada se refiere,   ha sido girada en  función de un volumen de vertido de 42.028.144 m3 y un coeficiente K = 0,12, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 294 del Reglamento de la Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto 849/86 de 11 de abril. De los análisis aportados por -----------------  se desprende dicho coeficiente que  no  es pues  objetado por  la reclamante,  pero si expresa disconformidad con el volumen de vertido postulándose el derivado del consumo de agua facturado y el del Ayuntamiento no facturado; a]. respecto es de señalar que no puede admitirse el volumen considerado por el Organismo Gestor sin explicación, sin que consten en el expediente datos, antecedentes y comprobaciones que pudieran justificar el contemplado,   pero tampoco puede acogerse el postulado por ----------------------- cuando este Tribunal viene manteniendo    reiteradamente que  tal volumen  no tiene necesariamente que ser coincidente con el del agua suministrada a la población,  por lo que a falta de datos más concretos al respecto habrá que estar al volumen declarado como también se viene manteniendo,   siendo en este caso el caudal  abastecido declarado en   la  solicitud de  legalización  del  vertido de 30.000.000 m3 y,  por lo tanto, el computable en este supuesto a efectos liquidatorios.UNDÉCIMO.- Corresponde al Consejo del Agua determinar la deducción anual a realizar en el importe del canon cuando el sujeto pasivo   venga  obligado  a soportar  cargas económicas establecidas en   el  ejercicio  de sus  competencias  por las Comunidades Autónomas o las Corporaciones Locales para financiar planes o Programas públicos de depuración de aguas,    deacuerdo con lo prevenido en el artículo      105.4 de la Ley de Aguas y su concordante 289.4 del Reglamento.DUODECIMO.- En conclusión,   procede anular la liquidación controvertida  para  que  se  sustituya  por  la procedente  en función de un volumen de vertido de 30.000.000 m3 y un coeficiente K   = O,12.

Contaminación
Canon de vertido
Plan hidrológico
Vertidos
Ejecutividad de los actos administrativos
Legalización
Denegación de la prueba
Documentos aportados
Dominio público hidráulico
Error aritmético
Indefensión
Confederación hidrográfica
Confederaciones hidrográficas
Obras necesarias
Autorización para vertido
Deuda tributaria
Corporaciones locales

Real Decreto 849/1986 de 11 de Abr (Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla el TR. de la Ley de Aguas -RDLeg. 1/2001-) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 103 Fecha de Publicación: 30/04/1986 Fecha de entrada en vigor: 30/04/1986 Órgano Emisor: Ministerio De Obras Publicas Y Urbanismo

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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