Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2169/2003 de 13 de Mayo de 2004

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 13 de Mayo de 2004
  • Núm. Resolución: 00/2169/2003

Resumen

No resulta admisible la aplicación del haber regulador recogido en el artículo 34.tres.b) de la Ley 52/2002, de Presupuestos Generales para 2003 a los servicios prestados en el Cuerpo de Oficiales de Justicia, pues el acceso a ese Cuerpo no fue en el curso natural de su carrera administrativa, sino por integración reglada en la Ley Orgánica 6/1985, por lo que no es de aplicación el párrafo segundo del artículo 30.2 del RDL 670/1987, sino el párrafo primero con arreglo al cual el haber regulador ha de ser el señalado para el grupo de clasificación asignado al Cuerpo.

Descripción

           En la Villa de Madrid, a 13 de mayo de 2004 en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende ante este Tribunal Central interpuesta por D.ª ...,  con domicilio en ... contra la resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de fecha 7 de mayo de 2003, por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la de 20 de febrero de 2003, de señalamiento de pensión de jubilación.

                                                  ANTECEDENTES DE HECHO

        PRIMERO
: D.ª ..., funcionaria del Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, es titular de pensión por jubilación voluntaria, señalada por resolución del Centro Gestor de ... de 2003, con efectos del día ... e importe inicial mensual de 1.251, 24 euros. Los servicios tenidos en cuenta son, por un lado, los acreditados en el modelo J por el órgano de jubilación, la Gerencia Territorial de Justicia de ...
                                                                               
Total  38 0 26

        Por otro lado, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas añadió a los servicios anteriores y a solicitud de la interesada los acreditados en el Régimen General de la Seguridad Social, por un total de 1 año, 8 meses y 26 días, de ... de 1962 a ... de 1963. Con todo ello, el cálculo de la pensión para el año 2003 contenido en la resolución de 20 de febrero de 2003 es el siguiente:
                                                                        
Total 17517,37

        SEGUNDO
: Disconforme con la resolución anterior de señalamiento de pensión, la interesada interpuso recurso de reposición mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2003,  en el que manifiesta que el 1 de noviembre de 1986 y como consecuencia de la transferencia de las Magistraturas de Trabajo al Ministerio de Justicia pasó a integrarse en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, permaneciendo en él hasta su jubilación. Esta integración se estableció en la disposición transitoria vigésima de la Ley Orgánica 6/1985, que dispuso que se llevara a cabo según las normas que se establecieran en los reglamentos del personal al servicio de la Administración de Justicia, que resultó ser el Real Decreto 2003/1986, siendo consecuencia de ello que las retribuciones en servicio activo y las pensiones de clases pasivas son iguales para todos los funcionarios de los cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, cualquiera que sea su procedencia. Con posterioridad al Real Decreto 2003/86 se dicta el Real Decreto Legislativo 670/87 cuyo artículo 30.2, primer párrafo,  recoge las reglas a aplicar en la determinación de los haberes reguladores de pensión del personal ingresado con posterioridad a 1 de enero de 1985 en algún cuerpo, escala, plaza, empleo o categoría, reglas que son las aplicadas por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas a la interesada en el período de servicios prestado en el Cuerpo de Oficiales y que constituye la discrepancia de ésa y el motivo de su recurso. En el segundo párrafo del mismo artículo se indica que lo dispuesto en el primero no se aplicará si el cambio de clasificación administrativa se produce en el curso natural de la carrera profesional del personal correspondiente por ascenso en la misma. La interesada entiende que es ese precisamente su caso, porque su acceso al Cuerpo de Oficiales no se produjo por convocatoria pública y práctica de pruebas selectivas, como señala el artículo 46 del Decreto 315/1964, por el que se aprueba la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado. En lo que se refiere al acceso por integración, el artículo 22 de la Ley 30/1984 establece que lo dispuesto en él, relativo al fomento de la promoción interna, será también de aplicación a los funcionarios que accedan por integración a otros Cuerpos o Escalas, del mismo o superior grupo, previsiones contenidas también en el artículo 41 del Real Decreto 364/95, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, al determinar que "el mismo cómputo de servicios prestados para los funcionarios que accedan a otro Cuerpo o Escala por promoción interna o por integración". Por lo expuesto, continúa manifestando la interesada, queda clara la voluntad del legislador de asimilar con carácter básico el acceso por promoción interna y por integración, "debiendo entender en ambos casos que estas situaciones se producen en el curso natural de la carrera administrativa. Más natural, incluso, en el caso de la integración ya que se produce sin participación alguna del funcionario y en la mayoría de los casos sin cambio alguno no sólo en lo que respecta al desempeño de las funciones, sino al entorno laboral y ubicación física". En consecuencia con todo ello, le es de aplicación el segundo párrafo del artículo 30.2 del Texto Refundido 670/87, por lo que le corresponde el señalamiento de haberes pasivos conforme al coeficiente multiplicador contenido del artículo 36 (aunque equivocadamente cita el 35) de la Ley 52/2002, de Presupuestos Generales del Estado para 2003, de lo que resulta que el haber regulador para su periodo de servicios como ... es  21.985,94 y no el que se le ha aplicado de 19.283,21. Esta tesis ha venido siendo compartida por la Administración, que ha venido aplicando ese coeficiente multiplicador en las cotizaciones satisfechas desde su integración el la Administración de Justicia.  

        TERCERO
: El recurso de reposición fue desestimado por resolución de 7 de mayo de 2003, argumentando que los haberes reguladores de las pensiones son los establecidos cada año en las Leyes de Presupuestos, que obligan a diferenciar entre el personal que ingresó en algún Cuerpo o Escala con anterioridad y con posterioridad a ... de 1985, constando fehacientemente que la interesada ingresó en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia el ... de 1986, por lo que el haber regulador aplicado al periodo de servicios en tal Cuerpo es el correcto. Contra esta resolución, notificada el día 13 de mayo de 2003, la interesada interpone la presente reclamación económico-administrativa por escrito de 23 de mayo de 2003, en el que reitera lo manifestado en el recurso de reposición y la petición de que el periodo de servicios prestados en el Cuerpo de Oficiales sea computado con el haber regulador del año 2003 de 21.985,94, correspondiente al coeficiente multiplicador 2.

                                               FUNDAMENTOS DE DERECHO
             
PRIMERO
: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite de la reclamación, en la que la cuestión planteada consiste en determinar si la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas ha calculado correctamente o no a la interesada el importe de su pensión voluntaria de jubilación de Clases Pasivas del Estado.

        SEGUNDO
: Antes de entrar en el estudio de la cuestión principal, conviene rebatir una afirmación de la interesada que intenta crear una apariencia de legalidad que no es admisible. Consiste en que su integración en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, efectuada al amparo de la Ley Orgánica 6/85 y el Real Decreto 2003/86 tiene como consecuencia que las retribuciones en servicio activo y las pensiones de Clases Pasivas son iguales para todos los funcionarios de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, cualquiera que sea su procedencia. En lo que se refiere a pensiones, esta afirmación es cierta sólo con matizaciones y siempre que no se pretenda que incluya la idea de que queden obviadas las normas propias del Régimen de Clases Pasivas, que en relación con el caso distinguen claramente los derechos pasivos de los funcionarios y sus familiares  tanto por su modo de acceso como por la fecha en que el mismo se ha producido. Las normas relativas a pensiones y demás derechos pasivos del Régimen de Clases Pasivas se contienen en la normativa especial relativa a esta materia, esto es el Real Decreto Legislativo 670/87, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, y en modo alguno en disposiciones que regulan la Administración de Justicia. Las normas propias del Régimen de Clases Pasivas rigen siempre en esta materia, con independencia de que haya otras normas relativas a los distintos funcionarios de las Administraciones Públicas reguladoras de sus prestaciones de servicios, que sean anteriores. Por ello no puede entenderse que las normas que regulan la integración de la interesada en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia permiten obviar la citada reguladora del Régimen de Clases Pasivas.  Pero además en este caso interesa aclarar que, si bien el Texto Refundido 670/87 fue promulgado con posterioridad  a la Ley Orgánica 6/85 y al Real Decreto 2003/86, es el resultado del mandato de una norma anterior, la Ley 50/84, para refundir las nuevas normas que introduce y las vigentes hasta entonces. Finalmente y como no podía ser de otro modo, la Ley Orgánica y Real Decreto citados no establecen en ninguno de sus preceptos normas acerca de cómo se han de calcular las pensiones. La disposición transitoria primera, apartado 2.a) del Real Decreto 2003/1986 establece respecto del personal integrado de los Cuerpos Generales Administrativo, Auxiliar y Subalterno, así como del procedente de la AISS, que "...tendrá las mismas retribuciones de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, respectivamente, con todas sus consecuencias, ...". Tales consecuencias habrán de ser las que las distintas normas regulen, sin que la interpretación hecha por la interesada esté sustentada por ninguna de ellas.  

        TERCERO
: El artículo 30 del Texto Refundido 670/1987 se refiere a los haberes reguladores aplicables en la determinación de las pensiones de Clases Pasivas, constituyendo la cuestión principal a resolver en la presente reclamación si a la interesada le es de aplicación el párrafo primero o el segundo del apartado 2 de ese artículo. El artículo 30.2 párrafo primero dispone que "En el caso del personal ingresado con posterioridad a 1 de enero de 1985, en algún Cuerpo, Escala, plaza, empleo o categoría administrativa sea proveniente o no de algún otro Cuerpo, Escala, plaza, empleo o categoría los haberes reguladores correspondientes a los servicios prestados después de dicha fecha se asignarán en función del grupo de clasificación en que se encuadren los Cuerpos, Escalas, plazas, empleos o categorías en que prestara servicios ... En el caso del personal proveniente de algún Cuerpo, Escala, plaza, empleo o categoría administrativa, los haberes reguladores correspondientes se tendrán en cuenta, sin efectos retroactivos, exclusivamente para el cálculo de la parte de pensión correspondiente a los años de servicios prestados con posterioridad al 1 de enero de 1985", y el párrafo segundo del mismo artículo y apartado dispone que "Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará si el cambio de clasificación administrativa se produce en el curso natural de la carrera profesional del personal correspondiente por ascenso en la misma". Y el apartado 3 del mismo artículo 30 dispone: "En el caso del personal ingresado al servicio de la Administración Civil o Militar del Estado, de la Justicia o de las Cortes Generales con anterioridad a 1 de enero de 1985, sin perjuicio de lo dicho en el número anterior que pueda serle de aplicación, los haberes reguladores se asignarán: a) Respecto de los servicios prestados a la Administración... de Justicia, de acuerdo con el índice de proporcionalidad y grado de carrera administrativa, o con el índice multiplicador legalmente atribuido en 31 de diciembre de 1984 a los distintos Cuerpos, Escales, plazas, empleos o categorías en que haya prestado servicios a lo largo de su vida administrativa." La aplicación del párrafo segundo del apartado 2, y asimismo del apartado 3 del citado artículo 30, como pretende la interesada, supone que el haber regulador a considerar en el cómputo de la pensión de jubilación es superior al utilizado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.tres.b) de la Ley 52/2002 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003, norma vigente en el momento de la jubilación. Así pues, resulta necesario aclarar si la integración de la interesada en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia se produjo en el curso natural de la carrera administrativa, y si de ser así, le es de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 30.

        CUARTO
: El concepto de carrera administrativa está referido a una realidad objetiva jurídicamente regulada; un procedimiento no sólo de selección inicial de los miembros sino también el cauce único  donde están tasadas las condiciones para los  ascensos de empleos y categorías de sus miembros, porque los ascensos en la carrera son un actividad reglada a la que sólo pueden acceder los miembros de la misma, sin que pueda accederse a los empleos y categorías superiores sin haber pasado por los inferiores. Ha de tenerse en cuenta que el Cuerpo de procedencia de la interesada es el General Administrativo de la Administración del Estado, y en relación a los Cuerpos Generales de la Administración Civil del Estado no existe la carrera como cauce jurídicamente regulado en el sentido dado anteriormente, sino que se trata de un concepto sólo aplicable de manera subjetiva, haciendo referencia a la mera trayectoria profesional de cada funcionario, por más que sea frecuente el uso del término carrera también como sinónimo de Cuerpo. Respecto de estos Cuerpos Generales la carrera administrativa  queda reducida a lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley 30/1984. El 21 se titula "Promoción profesional" y se limita a regular el concepto de grado personal;  el artículo siguiente se refiere al "Fomento de la promoción interna",  y comienza diciendo lo siguiente: "Las Administraciones Públicas facilitarán la promoción interna consistente en el ascenso desde Cuerpos o Escalas de un Grupo de titulación a otros del inmediato superior", y a continuación se refiere a las convocatorias públicas de pruebas de acceso a los distintos Cuerpos de la Función Pública en las que se contempla que los funcionarios de algunos cuerpos tengan ciertas ventajas respecto de los aspirantes no funcionarios, así como la posibilidad de tener preferencia sobre los nuevos funcionarios no procedentes de otros Cuerpos o Escalas en el momento de elección de vacantes.  Cuando la interesada cita este artículo 22 en sus alegaciones se refiere indebidamente a que la promoción regulada contempla la integración en Cuerpos del mismo grupo. En consecuencia, en los Cuerpos Generales de  la Administración Civil del Estado no hay ascensos y carrera profesional en el sentido dado anteriormente sino desempeño de puestos de trabajo, acceso libre a todos los cuerpos administrativos y promoción profesional. La cuestión estriba en que para acceder a cualquiera de ellos, no es necesario haber ingresado con anterioridad en un determinado nivel y haber desempeñado empleos y tareas preestablecidos.

        QUINTO
: La interesada, funcionaria del Cuerpo General Administrativo de la Administración Civil del Estado, grupo de titulación o clasificación C, que ambas expresiones utiliza la Ley 30/84, entre otros en sus artículos 22 y 25, fue integrada en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, asimismo del grupo C, en virtud de la disposición transitoria vigésima de la Ley Orgánica 6/85, desarrollada por la transitoria primera del Real Decreto 2003/86, en las que se dice que serán integrados en los Cuerpos de la Administración de Justicia los funcionarios de los Cuerpos Generales que a la entrada en vigor de la citada Ley presten sus servicios en las Magistraturas de Trabajo. Se dan pues todos los elementos contrarios al concepto de carrera administrativa: no hay ascenso alguno, porque la interesada ha pasado de un Cuerpo de grupo de clasificación C a otro de la misma clasificación; la integración se ha producido como consecuencia de una norma que la estableció exclusivamente para los funcionarios que estuviesen en determinados destinos en un momento dado, por lo que la integración sólo se produce una vez, por razones excepcionales, y no constituye el modo normal de acceso ni de ascenso; por otra parte se produce entre un Cuerpo general y otro especial, lo cual resulta contrario al concepto de carrera expresado anteriormente. Argumenta también la interesada que puesto que su acceso al Cuerpo de Oficial no se produjo como consecuencia de la convocatoria pública ni de la práctica de pruebas selectivas que regula el artículo 46 de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado, debe considerarse que se produce el supuesto de ascenso en el curso normal de la carrera administrativa. Respecto de ello han de hacerse dos objeciones: la primera es que el artículo 46 de la Ley Articulada se refiere a los supernumerarios, siendo el 29 el que regula la selección de funcionarios; y la segunda es que de acuerdo con el artículo 2.2.a) de la misma Ley los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia están excluidos de su ámbito de aplicación. Así pues, el acceso de la interesada al Cuerpo de Oficiales no puede considerarse, como pretende, un supuesto de carrera profesional o administrativa ni un cambio en la clasificación administrativa, por lo que no resulta de aplicación el párrafo segundo del artículo 30.2 del Texto Refundido 670/87.

        SEXTO
: En lo que se refiere artículo 30.3 del mismo Texto Refundido, no puede serle de aplicación respecto del Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, puesto que al mismo accedió en fecha posterior a la establecida de ... de 1985. Sí le es de aplicación en cambio respecto de los Cuerpos Generales a los que perteneció con anterioridad, aunque los haberes reguladores para los distintos índices que se recogen el artículo 34.tres.b), al corresponderse con los grupos de clasificación de la letra a) del mismo artículo y apartado, no suponen diferenciación alguna en los importes.

        SÉPTIMO: Finalmente y en lo que se refiere a que desde su integración en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia se le han venido detrayendo a la interesada las cotizaciones correspondientes al coeficiente multiplicador 2, no consta en el expediente documento alguno que las acredite, siendo necesario aclarar que si bien la cuantía de las cotizaciones "se determinará mediante la aplicación al haber regulador que sirva de base para el cálculo de la correspondiente pensión", de acuerdo con el artículo 23 del Texto Refundido 670/87, el posible inadecuado importe de las mismas no puede suponer una aplicación de las normas de cómputo de pensión de Clases Pasivas contraria a derecho, sin que por otra parte el órgano encargado de su detracción tenga competencia alguna en orden al reconocimiento de derechos pasivos, que corresponde en exclusiva a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, de acuerdo con el artículo 11 del citado Texto Refundido, por lo que los actos  de aquél no pueden condicionar los de ésta. El importe de las cotizaciones es cuestión cuyo planteamiento excede de la competencia atribuida a este Tribunal Central, que consiste en la revisión de los actos que se incluyen  en el artículo 2.d) del Real Decreto 391/96, y que son los relativos a "El reconocimiento y pago de toda clase de pensiones y derechos pasivos que sean de la peculiar competencia del correspondiente centro directivo del Ministerio de Economía y Hacienda", por lo que habrán de plantearse ante el órgano competente en vía administrativa, en su caso.

        VISTOS
los preceptos citados y demás aplicables,

        EL TRIBUNAL CENTRAL, EN SALA, ACUERDA
: Desestimar la reclamación económico-administrativa, interpuesta por D.ª ... contra la resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de fecha 7 de mayo de 2003, por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la de 20 de febrero de 2003, de señalamiento de pensión de jubilación, que se confirman.


Promoción interna
Régimen de Clases Pasivas
Pensiones de Clases Pasivas
Ascenso
Servicio activo
Prestación de jubilación
Presupuestos generales del Estado
Jubilación voluntaria
Régimen General de la Seguridad Social
Funcionarios civiles del Estado
Voluntad
Haberes pasivos
Prestación de servicios
Mandato
Promoción profesional
Funcionarios públicos
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