Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2169/2004 de 14 de Junio de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 14 de Junio de 2007
  • Núm. Resolución: 00/2169/2004

Resumen

El incremento de patrimonio se imputa al ejercicio en que se produjo la cesión de derechos, si bien al realizarse con precio aplazado resultan aplicables el artículo 56 de la Ley del IRPF (Ley 18/1991) y el artículo 14 del Reglamento (Real Decreto 1841/1991) de forma que la imputación temporal del incremento en cuestión ha de realizarse en proporción a los cobros correspondientes, salvo que el interesado decida imputarlo íntegramente al momento de nacimiento del derecho. El cálculo del incremento de patrimonio debe tener en cuenta la reducción del crédito por un previo convenio de acreedores, ya que dicho convenio determinó una modificación de las condiciones esenciales de la obligación persistente que supuso la creación de una nueva obligación que sustituyó a la primera, por lo que la fecha de inicio del periodo de generación del incremento de patrimonio es la fecha del auto del convenio de acreedores del que surge el derecho objeto de cesión. El periodo de permanencia del derecho en el patrimonio es de once años computados desde el convenio de suspensión de pagos hasta el contrato de cesión de derechos, siendo de aplicación el coeficiente reductor del 5,26% ya que el objeto de la transmisión lo constituyó un derecho sobre bienes inmuebles.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 14 de junio de 2007, en el recurso de alzada que pende ante este Tribunal Central promovido por D. ..., con domicilio, a efecto de notificaciones, en ..., contra Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de 24 de enero de 2003 en su expediente nº ..., concepto Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los ejercicios de 1992 a 1996, y cuantía de 635.825,15 € (105.792.403 pesetas)

                                                 ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: El 24 de noviembre de 1998 los Servicios de la Inspección de los Tributos del Estado de la Delegación de ... de la Agencia Tributaria, procedieron a incoar al hoy recurrente acta modelo A02 (disconformidad) nº ... por el concepto y períodos citados, en la que, entre otros extremos, se hizo constar que el sujeto pasivo presentó declaraciones-liquidaciones por el impuesto optando por la tributación individual de las que resultaron las cuotas a devolver que se especifican en el acta no siendo practicadas las devoluciones correspondientes a los ejercicios de 1994, 1995 y 1996. Asimismo se hizo constar que: Con fecha uno de diciembre de 1972, D. ..., junto a su madre, mediante contrato de compraventa, transmiten a la compañía mercantil "X, S.A." fincas en los términos municipales de ... y... por un precio pactado de 350.000.000 pts., pagándose en el acto diez millones y el resto quedando pendiente para pagar en cuatro plazos anuales sucesivos. Con fecha 7 de diciembre de 1973 "X, S.A." pasa a denominarse "Y, S.A." No se cumplió el resto de pagos contemplados en el contrato mencionado. En el año 1981 "Y, S.A." presenta solicitud de suspensión de pagos que termina con convenio de acreedores de 27 de marzo de 1982. En el auto del Juez, el Sr. ... ve reducido su crédito a 255.810.000 pts. a abonar antes de cuatro años, si bien se garantiza su pago con hipoteca a su favor de las parcelas transmitidas. El día 17-12-1982, el contribuyente firma contrato privado de cesión de sus derechos, concedidos en el auto anterior, con la entidad Z, S.A. antes de finalizar el plazo de cuatro años establecido de pago de la deuda por el convenio. A cambio se pacta que el sujeto pasivo percibiría una parte del producto de la venta de viviendas unifamiliares que serían construidas en las fincas por la sociedad contratante, que se convierte en la urbanizadora de los terrenos mencionados.

El 30-05-1986 se firma un nuevo contrato privado que modifica el anterior en algunos puntos, y el 30-06-1992 se redacta el definitivo, que se eleva a público, tiene efectos económicos y sustituye y deja sin efecto a los anteriores. Por efecto de este último contrato, el Sr. ... cobra 238.153.040 pesetas en 1992, 74.257.840 pesetas en 1993, 179.454.960 pesetas en 1994, 63.283.320 pesetas en 1995 y 128.021.580 pesetas en 1996. Teniendo en cuenta los gastos que soporta el contribuyente (...) y los valores de adquisición actualizados (...) se producen los siguientes incrementos patrimoniales: En el ejercicio 1992: 55.247.868 pesetas, en el ejercicio 1993: 26.895.287 pesetas, en el ejercicio 1994: 63.180.804 pesetas, en el ejercicio 1995: 20.063.568 pesetas y en el ejercicio 1996: 47.168.302 pesetas. El período de generación del incremento de patrimonio se ha tomado desde la fecha del convenio de suspensión de pagos que fija un valor de 255.810.000 pesetas, hasta el contrato definitivo de transmisión de derechos en el ejercicio 1992, quedando en 11 años. El valor de adquisición es el indicado de 255.810.000 pesetas, distribuido cada año según los metros cuadrados que le liquida la sociedad compradora al contribuyente en cada ejercicio por las viviendas entregadas en relación al total de metros que constituyen la operación. Tanto los ingresos y gastos como los metros cuadrados liquidados, fueron facilitados por la entidad Z, S.A. a requerimiento de información de la inspección a dicha sociedad. (...).

Por otra parte, se indicó también que como anexo a la diligencia del día 13 de noviembre de 1998 los representantes del contribuyente, explicada la liquidación propuesta por la Inspección, propusieron una alternativa, donde se admite la alteración patrimonial tomando el mismo periodo que la Inspección pero con dos modificaciones: A) Que el coeficiente corrector, teniendo en cuenta los 11 años transcurridos debería ser el de otros elementos (7,14%), y no el que aplica la Inspección sobre transmisión de derechos inmobiliarios (5,26%); B) Que el coeficiente debe ser diferente para cada año 1992, 1993, 1994 y 1995, quedando exento el ejercicio de 1996 por el Real Decreto 7/1996 de 7 de junio que modificaba los coeficientes correctores.

La deuda tributaria propuesta, comprensiva de cuota e intereses de demora, ascendió a 105.792.404 pts. (635.825,15 €).

SEGUNDO: Tras el correspondiente informe anexo ampliatorio al acta y las correspondientes alegaciones del interesado, el Jefe de la Oficina Técnica de Inspección dictó acuerdo el 19 de Abril de 1999 confirmando la liquidación propuesta en el acta. Dicho acuerdo, notificado el 14 de junio de 1999, fue objeto de reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Regional de ... mediante escrito presentado el siguiente día 30 de junio siguiente. Tras el correspondiente trámite, se presentó escrito de alegaciones en el que, en esencia, se aducía, que si se considera que la alteración patrimonial se produce en el momento en que se firman los actos jurídicos, con independencia de los efectos económicos, hay que remontarse al año 1972 y considerar prescrito cualquier tipo de obligación fiscal. Si se considera que el incremento de patrimonio se produce cuando se cobra efectivamente el precio, en aplicación de los coeficientes correctores, resulta un incremento no sujeto a gravamen. Si es la pretendida cesión de derechos la que ha originado la alteración patrimonial, se produjo el 17 de diciembre de 1982 por lo que estaría prescrita cualquier obligación fiscal al respecto. Al margen de lo anterior, de existir un incremento de patrimonio, éste se habría producido en el momento del cobro efectivo del precio de las fincas vendidas y a partir de que dichos cobros superaran el precio pactado el año 1972.

TERCERO: El Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., por resolución de 24 de noviembre de 2003, acordó en primera instancia desestimar la reclamación y confirmar el acto administrativo impugnado; dicha resolución, notificada el 31 de marzo de 2004, fue objeto de recurso de alzada ante este Tribunal Central mediante escrito presentado el 16 de abril siguiente, manifestando, en síntesis, que la alteración de patrimonio del Sr. ... se produjo en primer lugar el día 1 de diciembre de 1972, cuando las fincas de su propiedad fueron sustituidas por el derecho al cobro del precio de su venta y, posteriormente, con el cobro del precio referido, con un periodo de generación de más de veinte años. Asimismo, indicó que el contrato suscrito el 30 de julio de 1992 no produjo una alteración en la composición del patrimonio del interesado tratándose de un contrato de ejecución y pago del precio de la compraventa de 1 de diciembre de 1972 de las fincas de las que era propietario el interesado ya referenciadas con anterioridad. Faltando la premisa de la alteración en la composición del patrimonio, el que se produjera un incremento de valor en el mismo sería irrelevante, pero tampoco se produjo ya que se pactó una mera modificación de la forma de pago que no implicaba un incremento de precio. Por otra parte se refirió al contrato de 30 de julio de 1992 manifestando que no contiene ninguna cesión de derechos; las partes en el contrato siguen siendo las mismas que en el contrato de 1982, lo único que se modifica en el contrato de 1992 respecto al de 1982 es su cláusula cuarta relativa a la forma de pago del precio. Se apliquen criterios jurídicos o criterios económicos no se puede sostener que el 30 de julio de 1992 se produjo una alteración patrimonial que conllevara un incremento de patrimonio. Tras aludir a la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 1991 referida al artículo 20 de la Ley 44/1978 del IRPF, indicó que el incremento de patrimonio no se produjo hasta que el Sr. ... empezó a cobrar el precio, hasta entonces no existía incremento, sino expectativas de incremento y el periodo de generación de tal incremento no es otro que el tiempo transcurrido desde que se enajenaron las fincas hasta que se cobró su precio, veintiún años después. Por otra parte, y en contra de lo acordado por el Tribunal Regional en su resolución considera que no debe tomarse como fecha de inicio del periodo de generación la del convenio de acreedores del expediente de suspensión de pagos de la entidad Y, S.A. ya que lo que se pactó en el convenio en cuestión fue de entrada reconocer el crédito, lo que implica no una extinción de la obligación sino un reconocimiento de su existencia. La modificación de una obligación no es lo mismo que la adquisición de un bien o derecho y el derecho del Sr. ... a cobrar el precio de la venta de sus fincas no lo adquirió con el convenio de suspensión de pagos.

Finalmente, y con carácter subsidiario, manifestó que el periodo de generación sería de 11 años para el incremento de 1992, de 12 para el incremento de 1993 y así sucesivamente hasta llegar al incremento de patrimonio de 1996, al cual sería de aplicación el plazo de diez años establecido en el Real Decreto-Ley 7/1996 de 7 de junio por lo que quedaría no sujeto. Tampoco sería de aplicación a los incrementos de patrimonio de los años 1992 a 1995 el coeficiente del 5,26% correspondiente a los inmuebles o derechos sobre los mismos sino el general del 7,4 por cien ya que el derecho de crédito consistente en el derecho a cobrar el precio resultante de la venta de las fincas no es un derecho real sobre la finca sino una obligación personal que recae sobre la persona del deudor sin que recaiga sobre la finca transmitida ni sea directamente ejecutable sobre la misma salvo en caso de garantía real, que en este supuesto dicha garantía contemplada en el convenio de acreedores nunca llegó a constituirse.    

                                                        FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO:
Concurren los requisitos establecidos en el Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas en orden a la admisión a trámite de resolución del presente recurso de alzada, siendo la cuestión principal que se plantea la de determinar si la liquidación practicada en concepto de incremento de patrimonio resultó ajustada o no a derecho.

        SEGUNDO: Respecto de la cuestión controvertida en el presente expediente, es conveniente, hacer en primer lugar una exposición sucinta de la normativa aplicable en los periodos objeto de comprobación respecto de los incrementos y disminuciones de patrimonio para posteriormente examinar la regularización practicada en el supuesto objeto de estudio. Así, el artículo 44.Uno de la Ley 18/1991 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas vigente en los ejercicios objeto de comprobación establece que: "Son incrementos o disminuciones de patrimonio las variaciones en el valor del patrimonio del sujeto pasivo que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél salvo lo dispuesto en los apartados siguientes".

Por otra parte, el Capítulo II de la citada Ley relativo a la imputación temporal de ingresos y gastos establece en su artículo 56 apartado Uno que: "Los ingresos y gastos que determinan la base del impuesto se imputarán al periodo en que se hubiesen devengado los unos y producido los otros, con independencia del momento en que se realicen los correspondientes cobros y pagos". A este respecto, el artículo 14. Uno del Reglamento del tributo de 1991, matiza dicho precepto en cuanto a los incrementos de patrimonio, al señalar que: "...A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, los incrementos y disminuciones de patrimonio se entenderán devengados en el momento en que tenga lugar la alteración patrimonial".

        Asimismo, el artículo 56 anteriormente citado de la Ley del impuesto dispone en su apartado cuatro que: "En el caso de operaciones a plazos o con precio aplazado, las rentas se imputarán proporcionalmente a medida que se efectúen los cobros correspondientes, salvo que el sujeto pasivo decida imputarlas al momento del nacimiento del derecho", añadiendo el texto reglamentario citado en el apartado cuatro del artículo 14 anterior que: "En el caso de operaciones a plazos o con precio aplazado, tanto los rendimientos netos como los incrementos o disminuciones patrimoniales obtenidos en tales operaciones se imputarán, proporcionalmente, a medida que se hagan exigibles los cobros correspondientes, salvo que el sujeto pasivo decida imputarlos íntegramente al momento del nacimiento del derecho.

Se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado aquellas cuyo precio se perciba, total o parcialmente, mediante pagos sucesivos, siempre que el periodo transcurrido entre la entrega y el vencimiento del último plazo sea superior al año".

TERCERO: Una vez expuesto lo que antecede, y examinado el expediente se desprende del mismo que, tal y como indicó el Tribunal de instancia en su resolución, la alteración patrimonial que origina el incremento de patrimonio regularizado al reclamante tiene su origen en la cesión de los derechos que el interesado ostentaba sobre la entidad Y, S.A. (antes X, S.A.) derivados de la venta efectuada por el mismo a ésta última entidad de las fincas sitas en los términos municipales de ... y ... anteriormente referenciadas y cuyo contenido resulta del convenio de acreedores aprobado en procedimiento concursal mediante auto de fecha 27 de marzo de 1982 resultante de solicitud de suspensión de pagos que estableció las condiciones de pago al interesado del crédito en cuestión; dicha cesión se produjo a favor de la entidad Z, S.A. mediante contrato celebrado el 30 de julio de 1992 y elevado a público, la cual satisfizo al interesado durante los ejercicios regularizados las cantidades ya mencionadas en el Antecedente de Hecho primero de la presente resolución que se corresponden con los metros cuadrados de parcela que se liquidan en cada uno de dichos años por las viviendas entregadas en relación al total certificado de metros que constituye la operación.

Pues bien, dado que en el supuesto objeto de estudio, la transmisión que dio lugar al incremento se realizó con precio aplazado, tal y como se ha indicado en los Antecedentes de Hecho de la presente resolución, resultan aplicable al caso tanto el artículo 56 de la Ley 18/1991 anteriormente referenciado como el artículo 14 de su Reglamento, de forma que la imputación temporal del incremento en cuestión ha de realizarse en proporción a los cobros correspondientes salvo que el interesado decida imputarlo íntegramente al momento de nacimiento del derecho.

        CUARTO: En cuanto al cálculo del incremento de patrimonio regularizado en el acta incoada y derivado de la cesión por el interesado de los derechos que ostentaba sobre la entidad Y, S.A. a favor de la entidad Z, S.A. este Tribunal comparte íntegramente las argumentaciones de la resolución impugnada del Tribunal Regional en el sentido de que partiendo de la base de que el reclamante, adquirió un derecho de crédito sobre la entidad Y, S.A. (antes X, S.A.) por la parte de precio pendiente de pago, en este caso, 340.000.000 pts. (2.043.441,15 €) como consecuencia de la venta efectuada junto a su madre el 1 de diciembre de 1972 de determinadas fincas a dicha entidad, y, de que a raíz de la solicitud por la misma en 1981 de suspensión de pagos el interesado que figuraba en la lista de acreedores incluidos por el deudor por un importe, incluidos intereses, de 512.126.452 pts. (3.077.941,97 €) vió reducido su crédito por convenio de acreedores de 27 de marzo de 1982 a 255.810.000 pts. (1.537.449,06 €), dicho convenio determinó una modificación de las condiciones esenciales de la obligación preexistente que supuso la creación de una nueva obligación que sustituyó a la primera. Dicha conclusión puede extraerse tras examinar el apartado sexto del mismo que establece que: "Sexto.- Teniendo en cuenta su cuantía y con el fin de mantener la urbanización en beneficio de todos los acreedores, el pago del crédito de D. ..., se llevará a cabo según las siguientes condiciones: 1ª.- D. ... reduce su crédito a la cantidad de 255.810.000 pesetas, cuya cantidad le será abonada en el plazo de cuatro años, garantizando su pago mediante hipoteca de todas y cada una de las parcelas edificables para vivienda unifamiliar y áreas libres de uso privado no urbanizadas que se relacionan en el anexo n° 1, con un total de 365.443 m2............ 2ª.- Para el pago y cancelación de dicha hipoteca y a cuenta del crédito que garantiza, el Sr. ... podrá solicitar mediante requerimiento, en el plazo antes señalado que la sociedad transmita mediante escritura pública a nombre de la persona o entidad que aquél designe, con gastos de cuenta del comprador, parcelas edificables para vivienda unifamiliar y áreas libres de uso privado no urbanizadas, de las relacionadas en el anexo n° 1, a razón de 700 ptas/m2. La Sociedad atenderá tal requerimiento en un plazo máximo de 30 días. 3ª.- Si transcurrido el plazo de cuatro años, la Sociedad no hubiera pagado la totalidad del crédito al Sr. ..., éste podrá solicitar la venta en pública subasta con gastos de cuenta del adquirente de las parcelas edificables para vivienda unifamiliar y áreas libres de uso privado de las relacionadas en el anexo n° 1 que no hubieran sido objeto de transmisión, o que le sean adjudicadas en pago, bien a él o a la persona que designe al precio de 700 ptas metro cuadrado".

          QUINTO: En consecuencia con lo expuesto, tal y como señala la resolución impugnada, se ha producido una novación extintiva de la obligación indicando a este respecto el Tribunal de instancia que "Según reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras SS 16-02-1983, 08-10-1986), el deslinde entre la novación extintiva y la simplemente modificativa ha de hacerse tomando en consideración la voluntad de las partes y significación económica de la modificación que se introduzca. El citado Tribunal ha señalado (entre otras, SS 14-04-1980 y 01-02-1978) que los elementos necesarios para que la novación se produzca son una obligación preexistente, la creación de otra nueva, la disparidad entre ambas y la voluntad de llevar a cabo la sustitución, no resultando necesaria la constancia expresa de la voluntad terminante de extinguir por novación, basta con que dicha voluntad resulte de los hechos realizados por las partes, sobre todo en el caso de incompatibilidad entre las obligaciones, incompatibilidad que es evidente cuando se aumenta o disminuye el precio que antes se había estipulado o se varían ya la obligación contraída, ya las condiciones esenciales de la misma".

          La modificación en las condiciones de la obligación operada por el convenio de acreedores determina en primer lugar que deba tomarse como fecha de inicio del periodo de generación del incremento de patrimonio en cuestión la de 27 de marzo de 1982 fecha del auto del convenio de acreedores del que surge el derecho objeto de cesión por el reclamante, y, en segundo lugar, la fijación en este supuesto del valor de adquisición a los efectos de la cuantificación del incremento de patrimonio en el importe antes referenciado y fijado en el mismo de 255.810.000 pts. (1.537.449,06 €) a distribuir en cada año según los metros cuadrados que le liquida la sociedad compradora al interesado en cada ejercicio por las viviendas entregadas en relación al total de metros que constituye la operación, constituyendo, por otra parte, los valores de transmisión las cantidades recibidas en determinados plazos por el reclamante a lo largo de los ejercicios objeto de comprobación por efecto de contrato de cesión de sus derechos suscrito por el interesado el 30 de julio de 1992 con la entidad Z, S.A. Del contraste entre dichas magnitudes y teniendo en cuenta los gastos soportados por el contribuyente así como la actualización de los valores de adquisición se llega a la cuantificación del incremento en cuestión efectuada por la Inspección de los Tributos.

SEXTO:
Por último, y en cuanto a la petición de aplicación al supuesto objeto de estudio del coeficiente general del 7,4 por cien en lugar del 5,26 por cien aplicado a los incrementos de patrimonio de los años 1992 a 1995 y correspondiente a los inmuebles o derechos sobre los mismos basada en que el derecho de crédito consistente en el derecho a cobrar el precio resultante de la venta de las fincas no es un derecho real sobre la finca sino una obligación personal que recae sobre la persona del deudor resulta aplicable en este caso el artículo 45 de la Ley 18/1991 del IRPF en virtud del cual: "Cuando los incrementos y disminuciones de patrimonio procedan de la transmisión de bienes o derechos adquiridos con más de dos años de antelación a la fecha de aquélla o de derechos de suscripción que procedan de valores adquiridos con la misma antelación, su importe, a efectos de tributación, se determinará de acuerdo con las reglas y porcentajes siguientes: a) Se tomará como periodo de permanencia en el patrimonio del sujeto pasivo el número de años que medie entre las fechas de adquisición y transmisión, redondeado por exceso. b) Con carácter general, el incremento o disminución patrimonial se reducirá en un 7,14 por 100 por cada año de, permanencia que exceda de dos. (...) d) Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra c) anterior y tratándose de bienes inmuebles, derechos sobre los mismos o valores de las entidades comprendidas en el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores,........ con excepción de las acciones o participaciones representativas del capital social o patrimonio de las Sociedades o Fondos de Inversión Inmobiliaria, el incremento o disminución patrimonial se reducirá en un 5,26 por 100 por cada año de permanencia que exceda de dos. e) Quedarán no sujetos al impuesto los incrementos o disminuciones patrimoniales a que se refiere este apartado cuando el período de permanencia en el patrimonio del sujeto pasivo de los bienes o derechos a que se refieren las letras b), c) o d) anteriores sea superior a quince, diez o veinte años, respectivamente".

En base a lo expuesto, y, ya que la alteración patrimonial controvertida se produjo el 30 de julio de 1992 han de rechazarse íntegramente las alegaciones del interesado declarando que el periodo de permanencia del derecho en cuestión en el patrimonio del mismo es de once años computados desde el convenio de suspensión de pagos anteriormente referenciado de 27 de marzo de 1982 hasta el contrato de cesión de derechos de fecha 30 de julio de 1992 a favor de la entidad Z, S.A. y, siendo, por otra parte, de aplicación en este supuesto el coeficiente reductor del 5,26% y no el general solicitado del 7,14% del precepto anterior ya que el objeto de la transmisión lo constituyó un derecho sobre bienes inmuebles, tal y como se desprende del apartado sexto del convenio de suspensión de pagos anteriormente referenciado e indicó la resolución impugnada, que ha de confirmarse en su totalidad.

        POR LO EXPUESTO:

        ESTE TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, resolviendo el recurso de alzada promovido por D. ..., contra Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de 24 de enero de 2003 en su expediente nº ..., concepto Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los ejercicios de 1992 a 1996, ACUERDA: desestimarlo y confirmar la resolución impugnada.

Suspensión de pagos
Cesión de derechos
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Contrato privado
Imputación temporal
Hipoteca
Contrato de cesión
Bienes inmuebles
Operaciones a plazo
Inspección tributaria
Coeficiente reductor
Tributación individual
Contrato de compraventa
Valor de adquisición
Incrementos y disminuciones de patrimonio
Derecho de crédito
Incremento del patrimonio
Intereses de demora
Deuda tributaria
Acto jurídico
Tipos de obligaciones
Acto administrativo impugnado
Incremento de valor
Dueño
Derechos reales
Voluntad
Extinción de las obligaciones
Reconocimiento de crédito
Derechos reales de garantía
Imputación temporal de ingresos y gastos
Rendimientos netos
Novación extintiva
Procedimiento concursal
Novación
Pago de los créditos
Lista de acreedores
Disminución del patrimonio
Subasta pública
Voluntad de las partes
Escritura pública

RD-Ley 7/1996 de 7 de Jun (Medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 139 Fecha de Publicación: 08/06/1996 Fecha de entrada en vigor: 08/06/1996 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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