Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2448/2003 de 13 de Julio de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 13 de Julio de 2006
  • Núm. Resolución: 00/2448/2003

Descripción

        En la villa de Madrid, a 13 de julio de 2006 este Tribunal Económico-Administrativo Central, reunido en Sala, ha visto la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, ha interpuesto la entidad ..., S.A., con C.I.F.: ..., y actuando en su nombre y representación D. ..., con NIF: ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra acuerdos del Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria desestimatorios de recursos de reposición interpuestos frente a acuerdos de imposición de sanción por infracción tributaria simple (Liq. nºs. ... y ...) , dictados por el mismo órgano en fecha 31-01-2003 y cuantías de 3000 €. y 522,51 €. respectivamente.

                                                         ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Notificados los actos de referencia con fecha 03-06-2003 fueron promovidas contra los mismos las reclamaciones económico-administrativas nºs. 00/2448/03 y 00/2454/03 en fecha 13-06-2003.

Han sido incorporados al expediente los antecedentes remitidos por el órgano de gestión los cuales han sido puestos de manifiesto al reclamante quien ha presentado ante este Tribunal escritos de alegaciones con fecha 23-12-2003.

Con arreglo a lo dispuesto en la DT 4ª de la Ley 58/2003 se ha dado trámite de audiencia al interesado el cual presentó escritos al respecto en fecha 21-03-2006.

SEGUNDO.- La Inspección emitió Informes a los efectos de proceder a la apertura de procedimientos sancionadores respecto del ahora reclamante por considerar que había cometido el mismo dos infracciones tributarias simples de las tipificadas como de resistencia, excusa o negativa a las actuaciones inspectoras.

El Director del Departamento de Inspección accedió a las solicitudes del Inspector y acordó la apertura de dichos expedientes sancionadores designando a su vez al instructor de los mismos. Dicho acuerdos se notificaron al interesado.

El interesado presentó escritos de alegaciones frente a dichos acuerdos de apertura al entender que los mismos no tenían el contenido mínimo exigido al respecto por el art. 29.2 del RD 1930/1998.

El 09-09-2002 el Director del Departamento ordena que se proceda a la notificación del inicio de los expedientes sancionadores especificando las menciones previstas al respecto en el artículo 29.2 del RD 1930/1998.

El 17-09-2002 se notifica al interesado el inicio de los expedientes sancionadores.

El 03-10-2002 el interesado vuelve a presentar nuevos escritos de alegaciones por los mismos motivos que los expuestos en los escritos anteriores.

TERCERO.- El 06-11-2002 se notifican al interesado las propuestas de imposición de sanción al entender cometidas las infracciones tributarias simples tipificadas como de resistencia, excusa o negativa a las actuaciones inspectoras, por retrasos en la aportación y por no aportación de documentación solicitada en el curso de un procedimiento de comprobación e investigación, infracción sancionable conforme a lo dispuesto en el art. 14.1 del RD 1930/1998, apreciándose la circunstancia de graduación de "La trascendencia para la eficacia de la gestión tributaria de los datos, informes o antecedentes no facilitados" y proponiéndose la imposición de unas sanciones por importe de 3.000 € cada una de ellas, otorgando a su vez al contribuyente plazo a los efectos de puesta de manifiesto de los expedientes y presentación de alegaciones.

El 07-11-2002 el interesado presenta escrito solicitando fotocopia de todos los antecedentes que obren en los expedientes, solicitud que es atendida según se documenta en Diligencia de 11-11-2002. Solicita en este momento copia de los índices y se documenta en dicha Diligencia que se le hace entrega de los mismos.

El 15-11-2002 el interesado presenta nuevo escrito en el que solicita que se complete el expediente. Completado el expediente el contribuyente presenta, finalmente, escrito de alegaciones el 22-11-2002. El 26-12-2002 el interesado presentó un nuevo escrito complementario de alegaciones.

CUARTO.- El Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, a la vista de las propuestas formuladas por el instructor de los procedimientos sancionadores y de las alegaciones expuestas por el interesado, dictó acuerdos sancionadores por los cuales se confirma la propuesta referente a la primera de las infracciones (3.000 €) y se reduce a 522,51 € la sanción a imponer por la segunda en atención al principio de proporcionalidad y teniendo en cuenta el número de requerimientos atendidos en plazo y los no atendidos en este segundo caso en comparación con el primero.

El interesado presentó recursos de reposición frente a dichos acuerdos sancionadores, los cuales cual fueron desestimados por los acuerdos objeto de las presentes reclamaciones económico-administrativas.

QUINTO.- Frente a las sanciones impuestas y posteriormente confirmadas por los acuerdos desestimatorios de los recurso de reposición el interesado expone ante este Tribunal, de forma sucinta y por lo que aquí interesa, los siguientes motivos de oposición:

(1º) Improcedencia de la imputación de la comisión de la infracción toda vez que en las actas incoadas al interesado como consecuencia del procedimiento de comprobación e investigación en cuyo desarrollo se dice cometida la infracción tributaria no se imputan dilaciones al contribuyente por la causa por la que se impone la infracción.

(2º) El procedimiento sancionador ha estado viciado de diversas irregularidades en su tramitación: a) Ha habido dos inicios del procedimiento sancionador, ambos viciados: el primero emitido por persona competente (el Director del Departamento) pero inválido por no tener el contenido mínimo normativamente exigido (art. 29.2 del RD 1930/1998), y el segundo dictado por órgano incompetente (el instructor del procedimiento). b) Existen discrepancias entre el informe que determina el inicio del procedimiento y en base al cual el Director del Departamento autorizó dicho inicio y la comunicación de inicio del instructor, tanto en lo relativo a las causas de inicio como en lo relativo a los criterios de graduación de la sanción. c) El contribuyente no ha tenido pleno conocimiento de los hechos que se le imputaban hasta que se dicta el propio acuerdo de imposición de sanción. d) Ausencia de instrucción en el expediente sancionador.

(3º)
La Inspección no ha justificado la concurrencia de culpabilidad en la conducta del reclamante resultando que, además, en todas y cada una de las solicitudes existían motivos que convertían la conducta del reclamante en razonable, motivándose los retrasos en el hecho de haber sido desorbitadas las peticiones de información a las que ha tenido que hacer frente la empresa.

(4º) Utilización de un tipo infractor erróneo, toda vez que la conducta que se le imputa no es la tipificada en el art. 14.1 del RD 1930/1998 sino que es, en su caso, la tipificada en el art. 14.2 del mismo lo que adquiere trascendencia en cuanto a la cuantificación de la sanción.

(5º) Errónea graduación de la sanción, no resultando procedente la aplicación de la agravante de trascendencia para la eficacia de la gestión tributaria.

(6º) Imposibilidad de sancionar con dos infracciones una misma conducta.

SEXTO.- En relación a la comparativa de regímenes sancionadores alega el interesado que la Ley 58/2003 no contiene la circunstancia de graduación de la "trascendencia para la eficacia de la gestión tributaria" y del examen del expediente se desprende que no concurren las demás circunstancias de graduación establecidas en dicha Ley por lo que, en su caso, la sanción resultante ascendería a 300 €.

                                                     FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Concurren en las presentes reclamaciones, que se resuelven conjuntamente, los requisitos de competencia de este Tribunal, legitimación e interposición en plazo, que son presupuesto de su admisión a trámite, planteándose, a la vista de las alegaciones formuladas por el reclamante ante este Tribunal y lo establecido por la DT 4ª de la Ley 58/2003, General Tributaria, las siguientes cuestiones sobre las que debemos pronunciarnos: (1ª) Analizar la incidencia que puede tener el hecho de que en las actas incoadas al reclamante no se le hayan imputado dilaciones por los hechos por los que se le impone la infracción de resistencia. (2ª) Analizar las irregularidades del procedimiento sancionador alegadas. (3º) Determinar si la Inspección ha motivado suficientemente la culpabilidad del contribuyente y, en caso afirmativo, si este Tribunal aprecia la concurrencia de la misma. (4ª) Determinar si la conducta sancionada  se corresponde con el tipo infractor aplicado por la Inspección. (5ª) Determinar si la sanción impuesta está correctamente graduada. (6ª) Determinación del régimen sancionador aplicable.

             SEGUNDO.- La primera de las cuestiones es analizar la incidencia que puede tener el hecho de que en las actas incoadas al reclamante no se le hayan imputado dilaciones por los hechos por los que se le imponen las infracciones de resistencia, cuestión ésta respecto de la que hay que señalar que ni el artículo 78.1.f) (red. Ley 25/1995) de la Ley 230/1963, General Tributaria (LGT/1963), ni el artículo 14 del RD 1930/1998, por el que se desarrolla el régimen sancionador tributario, subordinan la posibilidad de apreciar la infracción al hecho de que, cuando la misma se ha producido dentro de un procedimiento de comprobación e investigación seguido respecto del sujeto infractor, el actuario haga constar en las actas, como dilaciones imputables al contribuyente, los motivos por los que se aprecia cometido el tipo infractor, máxime en un caso como el que nos ocupa en el que, a la vista del desarrollo de las actuaciones inspectoras, no es necesario acudir a dilación alguna para concluir que el procedimiento no se ha excedido del plazo máximo de duración puesto que comenzado éste el 25-09-2001, y habiéndose ampliado el plazo máximo de duración a 24 meses, se dicta acuerdo de liquidación el 25-09-2003, todo ello de acuerdo con lo dispuesto al respecto en el artículo 31 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos (RGIT), aprobado por RD 939/1986, según el cual: "Las actuaciones de comprobación, investigación y las de liquidación se llevarán a cabo en un plazo máximo de doce meses contados desde la fecha en que se notifique al obligado tributario el inicio de tales actuaciones hasta la fecha en que se dicte el acto administrativo que resulte de las mismas, salvo que se acuerde la ampliación de dicho plazo en la forma prevista en el artículo 31 ter de este Reglamento".

           TERCERO.- La segunda cuestión es analizar las irregularidades del procedimiento sancionador alegadas.

           En primer lugar alega el reclamante que ha habido dos inicios del procedimiento sancionador, ambos viciados: el primero emitido por persona competente (el Director del Departamento) pero inválido por no tener el contenido mínimo normativamente exigido (art. 29.2 del RD 1930/1998), y el segundo dictado por órgano incompetente (el instructor del procedimiento).

           Acerca de esta cuestión hay que comenzar señalando que el artículo 29 del RD 1930/1998 dispone que:

            "1.- El procedimiento se iniciará de oficio mediante acuerdo del órgano competente para iniciar el procedimiento, bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior o petición razonada de otros órganos.

            Será órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador el que se determine en la normativa de organización aplicable a los órganos con competencia sancionadora. En defecto de norma expresa, será órgano competente aquél a quien se haya atribuido la competencia para su resolución.

          2. La iniciación del procedimiento sancionador se comunicará a los interesados con indicación, en todo caso, de las siguientes menciones:

a)        Identificación de la persona o entidad presuntamente responsable

        b)Hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, incluyendo la cuantificación de las mismas.

        c)Órgano competente para la resolución del expediente.

        d)Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y del momento y plazos para su ejercicio".

          Pues bien, en el presente caso nos encontramos con unos acuerdos de apertura de los expedientes sancionadores dictados el 29-07-2002 por el órgano competente (el Director del Departamento, según lo dispuesto por el 29 del RD 1930/1998 y 63.ter del RGIT y 81 de la LGT/1963), derivados de las solicitudes formuladas por la Inspección al respecto, en los que se identifica la posible infracción cometida (la tipificada en el artículo 78.1.f. de la LGT/1963) así como el presunto sujeto infractor, todo ello en base a los hechos y circunstancias expuestas en los Informes previos elaborados al respecto por la Inspección, y se designa instructor de los procedimientos, menciones que consideramos suficientes a los efectos de dichos acuerdos de apertura de los procedimientos sancionadores.

           Ante las alegaciones formuladas por el interesado respecto a los posibles vicios formales que se hubieren podido cometer en la notificación de inicio de los procedimientos sancionadores al interesado, el Director del Departamento ordenó le fueran notificados de nuevo dichos inicios con especificación de las menciones previstas al respecto por el artículo 29.2 del RD 1930/1998, circunstancia ésta que tuvo lugar el 17-09-2002. Es de hacer notar que estos segundos documentos contienen plenamente dichas menciones y no puede achacarse a los mismos que hayan sido dictados por órgano incompetente (el instructor del procedimiento) por cuanto que los mismos no son los "acuerdos de apertura de los expedientes sancionadores" (que ya habían sido otorgados por el Director del Departamento) sino los documentos en virtud de los cuales se notifica al interesado el inicio de dichos procedimientos, siendo a este documento por el que se comunica a los interesados la iniciación del procedimiento sancionador al que el referido artículo 29.2 del RD 1930/1998 exige que tenga el contenido mínimo indicado en dicho precepto.

           En segundo lugar alega el interesado la existencia de discrepancias entre los informes que determinan el inicio de los procedimientos, y en base al cual el Director del Departamento autorizó dichos inicios, y las comunicaciones de inicio del instructor de 16-09-2002, tanto en lo relativo a las causas de inicio como en lo relativo a los criterios de graduación de la sanción.

          Al respecto hay que señalar que la secuencia concreta de hechos que se contiene literalmente en ambos documentos y en los que se basa la infracción que se entiende cometida, son idénticos, sin perjuicio de que el genérico resumen posterior que se hace de los mismos en uno y otro documento no coincida exactamente toda vez que en uno se hable de "no entregar la documentación solicitada o entregarla con retraso" y en el segundo de "no haber aportado a la Inspección de los Tributos determinada documentación". Existiendo una detallada exposición de hechos idéntica en ambos documentos no encontramos vicio invalidante, ni contradicción,  por el hecho de que un breve resumen posterior a la exposición concreta de hechos no coincida exactamente en uno y otro documento, debiéndose señalar también que de la conducta detallada en ambos se aprecia el mismo tipo infractor: el descrito en el artículo 78.1.f) de la LGT/1963.

           En cuanto a la sanción aplicable, sí que existe discrepancia por cuanto que en los Informes se hace referencia al artículo 83.7 de la LGT/1963 en tanto que en los documentos de notificación de inicio de los procedimientos se hace referencia al 83.3.g) de la LGT/1963. No obstante dicha discrepancia entendemos que la misma no resulta invalidante por cuanto que teniendo claros los hechos, así como la infracción genérica que se entiende cometida (resistencia del art. 78.1.f. de la LGT/1963), la tipificación y cuantificación concreta de la sanción debe hacerse en base al análisis que de los hechos se haga a lo largo del procedimiento, habiendo sido notificada dicha tipificación y cuantificación concreta que el instructor cree adecuadas en la propuesta por él formulada, frente a las que se ha dado al interesado plazo para alegaciones, a la vista de las cuales el Director del Departamento ha dictado los correspondientes acuerdos sancionadores.

           En tercer lugar alega el reclamante que no ha tenido pleno conocimiento de los hechos que se le imputaban hasta que se dictan los acuerdos de imposición de sanción. No puede este Tribunal coincidir con tal apreciación toda vez que tanto en el documento de comunicación de inicio de los expedientes sancionadores como en las propuestas de sanción (notificados ambos documentos al interesado) aparecen plenamente detallados los hechos que se imputan al presunto infractor y que son los siguientes: La entidad fue citada para una comprobación tributaria de carácter general el 24-09-2001. Hasta el 03-05-2002 la Inspección había extendido 20 Diligencias en las que se dejó constancia de las actuaciones y se requería de la empresa la aportación de diversa documentación con trascendencia tributaria. En la Diligencia nº. 19 se requirió a la sociedad para que aportara determinada documentación con trascendencia tributaria el 30 de abril. El 8 de mayo se reiteró el requerimiento respecto de lo solicitado en Diligencias anteriores y que estaba pendiente de aportación lo que debería aportarse el 25 de abril en el domicilio de la entidad, y además se le advirtió al contribuyente que los retrasos en la aportación de la documentación podría constituir una conducta tipificada como infracción tributaria conforme al artículo 78.1.f) de la LGT/1963. Según consta en la Diligencia de 03-05-2002, el 25 de abril el actuario se desplazó a las oficinas de la entidad, cuyo representante no le hizo entrega de ninguna documentación. El 30 de abril sí que se aportó parte de la documentación solicitada pero no la totalidad de la misma. Se continúan a partir de dicha fecha las actuaciones con requerimientos de nuevas aportaciones que tampoco son atendidas en plazo por el interesado documentándose en la Diligencia nº. 28, de 14 de junio, la relación de la documentación pendiente entre la que se encuentra la requerida en las Diligencias nºs. 24, 25 y 26.

           Finalmente, y en cuarto lugar, alega el interesado ausencia de instrucción de los expedientes sancionadores. Dispone acerca de la instrucción del procedimiento sancionador el artículo 31 del RD 1930/1998 lo siguiente:

          "1.- Se realizarán de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidades susceptibles de sanción.

         2.- A los efectos previstos en el apartado anterior, se unirán al expediente sancionador las pruebas, declaraciones e informes necesarios para su resolución.

        3.- Concluidas las actuaciones, se formulará propuesta de resolución en la que, a la vista de las alegaciones formuladas, se fijarán de forma motivada los hechos y su calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso, aquéllos constituyan o se propondrá la declaración de inexistencia de infracción o responsabilidad. Se concretará igualmente la persona o entidad que resulte responsable, especificándose la sanción que se propone con indicación de los criterios de graduación de la misma".

           Pues bien, se desprende de los expedientes: 1º) El interesado fue notificado del inicio de los expedientes sancionadores mediante documentos que contenían las menciones a que se refiere el artículo 29.2 del RD 1930/1998 tal y como se ha indicado anteriormente, señalándose además en dichos documentos que se incorporaban al expediente las Diligencias en las que aparecen documentados los hechos que se le imputan, emplazando al interesado a que comparezca ante el Instructor y otorgándole plazo a los efectos de puesta de manifiesto del expediente y presentación de alegaciones, documentos o pruebas. 2º) El interesado presentó escritos de alegaciones 3º) El interesado fue notificado de las propuestas de sanción, con las menciones que al respecto exige el art. 31.3 del RD 1930/1998 antes citado, otorgándole nuevo plazo a efectos de puesta de manifiesto de los expedientes y presentación de alegaciones. 4º) El interesado presentó escritos de alegaciones frente a las propuestas el 22-11-2002. 5º) Finalmente, a la vista de la propuestas formuladas por el Instructor y de las alegaciones presentadas, el Director del Departamento dictó los correspondientes acuerdos sancionadores.

          De lo anterior se desprende que los procedimientos han sido correctamente instruidos desestimándose por tanto las alegaciones formuladas por el reclamante al respecto.

           CUARTO.- La tercera de las cuestiones es determinar si la Inspección ha motivado suficientemente la culpabilidad del contribuyente y, en caso afirmativo, si este Tribunal aprecia la concurrencia de la misma.

           En cuanto a la motivación de la culpabilidad en el sujeto infractor es de destacar que los acuerdos sancionadores dedican todo su fundamento de derecho quinto (en el primero de los casos) y sexto (en el segundo) a tal fin, comenzando por enumerar las normas que tanto la LGT/1963 como el RGIT y la propia LIS/1978 se refieren a la obligación de los contribuyentes a facilitar la práctica de las inspecciones  proporcionando los datos, informes, justificantes y antecedentes que le sean requeridos. Continúa apreciando que la entidad omitió el deber de cuidado exigible en la atención de los requerimientos que le habían sido formulados y aprecia en dicha conducta la concurrencia de la negligencia bastante como para sancionar según la definición que de la misma dio este Tribunal en su resolución de 10-04-2002. Por tanto, entendemos suficientemente motivada la apreciación de la culpabilidad por parte de la Administración.

            En cuanto a la apreciación de dicha culpabilidad por parte de este Tribunal, únicamente señalar que, por los mismos motivos indicados en el acuerdo sancionador antes citado, también apreciamos la misma sin que sea obstáculo para ello la alegación del interesado referente a que los retrasos se han debido al carácter "desorbitado" de las peticiones de información solicitadas, por cuanto que el artículo 36.4 del RGIT sólo exige, cuando se requiera la aportación de documentos distintos a los que han de hallarse a disposición de la Inspección, el otorgamiento de un plazo de 10 días, respondiendo por otro lado el volumen de la documentación solicitada a las propias características y dimensión del sujeto requerido.

            QUINTO.- La cuarta de las cuestiones es determinar si las conductas sancionadas se corresponden con el tipo infractor aplicado por la Inspección.

           La discrepancia se centra en determinar si el tipo infractor es el contenido en el apartado primero o en el segundo del art. 14 del RD 1930/1998. Dispone dicho artículo:

          "1.- Se apreciará la existencia de la infracción prevista en el apartado 7 del artículo 83 de la Ley General Tributaria, cuando los obligados tributarios no atiendan los requerimientos de los órganos de inspección o recaudación de la Administración tributaria relativos al examen de documentos, libros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar, programas, sistemas operativos y de control y de cualquier otro antecedente o información de los que se deriven los datos a presentar o aportar, así como a la comprobación o compulsa de las declaraciones o relaciones presentadas. Esta infracción se sancionará con multa de 50.000 a 1.000.000 de pesetas, siempre que no opere como elemento de graduación de la sanción que deba imponerse por la comisión de una infracción tributaria grave.

          2.- La resistencia, excusa o negativa a otras actuaciones de la Administración tributaria, en fase de gestión, inspección o recaudación, distintas de las contempladas en el apartado anterior, será sancionada, como infracción simple de carácter general, a tenor de lo dispuesto en los artículos 78.1.f) y 83.1 de la Ley General Tributaria, con multa de 1.000 a 150.000 pesetas.

          A estos efectos, se considerará que existe resistencia, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria cuando el obligado tributario, debidamente notificado y apercibido al efecto, no atienda los requerimientos de dicha Administración o realice actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de sus órganos en relación con el cumplimiento de sus obligaciones".

           De la lectura anterior se desprende que la conducta anteriormente descrita del interesado se corresponde con el tipo del artículo 14.1 del RD 1930/1998, siendo la descrita en el apartado 2 residual de la descrita en el apartado 1 y sólo aplicable cuando la conducta a sancionar no se corresponda con la descrita en el apartado 1.

           Ha obrado pues correctamente la Inspección al entender tipificada la conducta del interesado en lo dispuesto en el referido artículo 14.1 del RD 1930/1998.

           Finalmente en cuanto a este punto indicar que, en contra de lo afirmado por el reclamante, la Inspección no ha sancionado dos veces unos mismos hechos. Cierto es que al interesado se le han impuesto dos infracciones simples por resistencia (reclamaciones nº. 2448/03 y 2454/03 resolviéndose ambas conjuntamente en esta misma sesión) pero dichas infracciones se refieren a hechos distintos. La primera se refiere a lo no aportado o aportado tardíamente y que había sido solicitado en las Diligencias 1 a 20 incoadas en el procedimiento de comprobación que se sigue respecto del contribuyente. La segunda se refiere a lo no aportado o aportado tardíamente solicitado en las Diligencias posteriores, tal y como puede comprobarse del contenido de la Diligencia nº. 28 en la que se enumera la documentación solicitada y todavía no aportada en la fecha de su expedición entre la que se encuentra la solicitada por primera vez en Diligencias nºs. 24, 25 y 26.

           SEXTO.- La quinta de las cuestiones es determinar si las sanción impuestas están correctamente graduadas.

           A efectos de graduación la Inspección ha apreciado, como se ha dicho en los antecedentes de hecho, la concurrencia de la circunstancia de "La trascendencia para la eficacia de la gestión tributaria de los datos, informes o antecedentes no facilitados" .

           La cuestión se ciñe a determinar si resulta aplicable esta circunstancia de graduación cuando la resistencia afecta a la comprobación e investigación de la situación tributaria del propio sujeto respecto del que se aprecia resistencia.

           Pues bien, esta cuestión ha sido resuelta, entre otras, por la SAN de 16-06-2003 (rec. nº. 1747/2001) cuando señala que "... el ilícito administrativo lo constituye la resistencia, excusa o negativa a la actuación de la inspección (art.78.1 f) de la LGT) (...) pero además con la conciencia de que esa resistencia al cumplimiento de los requerimientos tiene una trascendencia tributaria en cuanto afecta a la comprobación e investigación de la situación tributaria del sujeto. (...)Y la trascendencia para la eficacia de la gestión de los tributos (...) forma parte del ilícito administrativo ya que el comportamiento es ilícito en cuanto tiene una trascendencia tributaria. Lo anterior nos conduce necesariamente a estimar el recurso en este punto, por considerar que existe una errónea determinación de la multa impuesta por no concurrir en el ilícito administrativo los criterios de graduación empleados por la Administración. Hay que tener en cuenta que el legislador busca siempre la proporcionalidad entre la sanción y el comportamiento ilícito, pero este acto antijurídico no puede sancionarse empleando criterios que forman parte de la esencia del hecho sancionado, por consiguiente la sanción a imponer sería la mínima prevista, 50.000 pesetas, ante la inexistencia de criterios de agravación de la misma".

          Este Tribunal comparte plenamente el referido criterio debiendo por tanto anularse las sanciones impuestas, las cuales deberán ser sustituidas por otras ajustadas a lo dicho en el presente fundamento de derecho y en cuya aplicación la oficina gestora deberá tener en consideración lo dispuesto por la DT 4ª de la Ley 58/2003, General Tributaria.

            Por cuanto antecede:

            ESTE TRIBUNAL, en el día de la fecha, actuando en SALA y ÚNICA INSTANCIA, acuerda ESTIMAR en PARTE las Reclamaciones nºs. 2448/03 y 2454/03, anulando los acuerdos y las sanciones impugnadas, debiendo sustituirse dichas sanciones por otras ajustadas a lo dicho en el fundamento de derecho sexto de la presente resolución.

Expediente sancionador
Procedimiento sancionador
Infracciones tributarias
Inspección tributaria
Gestión tributaria
Responsabilidad
Audiencia del interesado
Comisiones
Obligado tributario
Agravante
Dilaciones imputables al obligado tributario
Identificación personal
Infracción tributaria grave
Antijuridicidad
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