Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2486/2005 de 03 de Mayo de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 03 de Mayo de 2007
  • Núm. Resolución: 00/2486/2005

Resumen

La renuncia a la exención del IVA del artículo 20.Dos de la Ley del IVA (Ley 37/1992) requiere que el transmitente comunique fehacientemente al adquirente la renuncia con carácter previo o simultáneo a la entrega del bien y que el adquirente declare por escrito que dicho adquirente es sujeto pasivo del IVA que actúa en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional y que tiene derecho a la deducción total del IVA soportado por la correspondiente adquisición, tal como son interpretados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencias de 5 de octubre de 2005, 14 de marzo de 2006 y 13 de diciembre de 2006). En el caso concreto, aunque los documentos aportados constituyen documentos privados, se enmarcan en una serie de elementos indiciarios que llevan a concluir que la renuncia a la exención se efectuó de forma fehaciente.

Descripción

En la villa de Madrid, a 3 de mayo de 2007, este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, ha visto la reclamación económico-administrativa que pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, promovida por Don ..., con NIF: ..., en nombre y representación de X, S.A. con CIF ..., con domicilio en ..., contra la liquidación de la Oficina Liquidadora de ... de 3 mayo de 2005, concepto Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por importe de 169.036,76 € (28.125.350 pesetas).

                                                      ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Oficina Liquidadora de ... dictó el 3 de mayo de 2005 liquidación provisional por el concepto Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por importe de 169.036,76 € (28.125.350 pesetas).

La motivación del acto administrativo indicó que la liquidación notificada se incardinaba en el procedimiento de verificación de datos abierto de oficio por la Administración. Ésta consideró que la operación efectuada, en concreto, la compra por la reclamante de tres naves industriales propiedad de Y, S.A. debía quedar sujeta no al IVA, sino al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Ante la Oficina Liquidadora el interesado alegó que tanto en los contratos privados como en las escrituras públicas otorgadas se mencionaba claramente la tributación por IVA de la operación.

Añadió que el que la liquidación del IVA quedase aplazada a la fecha de perfeccionamiento del contrato y tradición de las fincas no implicaba que la operación no tributase por el citado impuesto.

Se recoge también la presencia en las operaciones realizadas de dos condiciones, calificadas por el interesado de suspensivas y por la Administración de resolutorias.

Por su parte, la Administración en el acto de liquidación entendió que la renuncia a la exención del IVA estaba sometida al cumplimiento de los requisitos del 20.Dos de la Ley del IVA y el art. 8 del Reglamento del IVA, requisitos que no se habían cumplido en el supuesto analizado.

Como consecuencia de la no renuncia válida, concurriría el supuesto de exención por lo que la transmisión efectuada debería tributar por la modalidad Transmisiones Patrimoniales Onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

En cuanto a las condiciones aludidas, se defiende el carácter resolutorio de éstas, por lo que de acuerdo con el art. 2.2 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del ITP y AJD, la operación ha de tributar en el momento de constitución del acto o contrato en cuestión.

No obstante en el acto de liquidación se tiene en cuenta el ingreso efectuado por el interesado por el concepto Actos Jurídicos Documentados, por lo que se minora el importe a ingresar en la cuantía inicialmente autoliquidada.

Segundo.- Notificada la liquidación el día 10 de mayo de 2005, el interesado interpuso la presente reclamación económico-administrativa el 6 de junio de 2005, y en el trámite de puesta de manifiesto expresó las siguientes alegaciones en contra del acto de liquidación:

           - Se remite a las alegaciones formuladas ante el Departamento de ... y abunda de nuevo en la sujeción de la operación al IVA. En los comunicados y cartas cruzados entre las partes y en los contratos privados consta con claridad la renuncia a la exención del IVA. Lo mismo se extrae de la escritura de elevación a público de los contratos, de la factura emitida por la vendedora, del Libro Registro de IVA soportado, etc. Se rechaza que la Ley del IVA exija que la renuncia deba constar en documento público ni que la renuncia deba comunicarse a la Administración Tributaria. Deben bastar a estos efectos los comunicados que reflejan el acuerdo entre las partes contratantes.

           - Sobre la concurrencia de condiciones, se remite de nuevo a las alegaciones formuladas ante la Oficina Liquidadora, incidiendo de nuevo en la incongruencia de los fundamentos esgrimidos por la Administración al considerar que la perfección del contrato se produce por la liquidación del Impuesto sobre AJD.

                                                         FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Concurren en el presente expediente los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo que son presupuesto para la admisión a trámite de la presente Reclamación Económico-Administrativa.

Como única cuestión a resolver se encuentra la de determinar si la liquidación practicada es conforme a Derecho, o si por el contrario no lo es por concurrir la sujeción y no exención al IVA por haberse optado válidamente por la renuncia a la exención.

Segundo.- Es necesario examinar el artículo 20.Uno.22 de la Ley 37/1992, en la medida que exime de tributación, por vía de la exención, determinadas transmisiones:

"22º. Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los terrenos en que se hallen enclavadas, cuando tengan lugar después de terminada su construcción o rehabilitación.

Los terrenos en que se hallen enclavadas las edificaciones comprenderán aquéllos en los que se hayan realizado las obras de urbanización accesorias a las mismas. No obstante, tratándose de viviendas unifamiliares, los terrenos urbanizados de carácter accesorio no podrán exceder de 5.000 metros cuadrados.

A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considerará primera entrega la realizada por el promotor que tenga por objeto una edificación cuya construcción o rehabilitación esté terminada. No obstante, no tendrá la consideración de primera entrega la realizada por el promotor después de la utilización ininterrumpida del inmueble por un plazo igual o superior a dos años por su propietario o por titulares de derechos reales de goce o disfrute o en virtud de contratos de arrendamiento sin opción de compra, salvo que el adquirente sea quien utilizó la edificación durante el referido plazo. No se computarán a estos efectos los períodos de utilización de edificaciones por los adquirentes de los mismos en los casos de resolución de las operaciones en cuya virtud se efectuaron las correspondientes transmisiones".

De acuerdo con lo expresado, en el supuesto contemplado la entrega efectuada como consecuencia de la transmisión del bien constituía segunda entrega, por lo que se veía abocada al supuesto de exención de la sujeción, por ser de carácter imperativo su aplicación, de acuerdo con la indicación inicial del artículo 20, y ello tan sólo a priori, dada la posibilidad de efectuar la renuncia a tal exención a través del cumplimiento de determinados requisitos que de acuerdo con el artículo 20.Dos, son objeto de desarrollo reglamentario, en concreto en el artículo 8 del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del IVA.

A estos efectos, el artículo 8 de la LIVA obliga a dos circunstancias:

        - La renuncia debe comunicarse fehacientemente al adquirente con carácter previo o simultáneo a la entrega de los bienes.

        - Se justificará mediante una declaración escrita suscrita por el adquirente, en la que éste haga constar su condición de sujeto pasivo con derecho a la deducción total del Impuesto soportado en la adquisición.

A expensas del artículo 8 del RIVA, es necesario examinar si los requisitos por éste exigidos se han cumplido por el sujeto recurrente.

Del expediente resulta que en la escritura pública de fecha 2 de agosto de 2002 se indica que se pagan 1.121.182,36 euros como precio de la compraventa, de los cuales 365.415,36 euros corresponden al IVA. Esta escritura se otorgó tras el cumplimiento de la segunda de las condiciones suspensivas impuestas, al determinarse que tras su cumplimiento se produciría la perfección de la compraventa y la tradición de las fincas objeto de la operación, y por ello el devengo.

En ella según alega el recurrente se expresó que los 365.415,65 € a que hemos hecho referencia anteriormente se pagaron "en concepto de IVA devengado por la operación".

De lo expuesto resulta que compete al interesado la prueba de que concurrieron los requisitos a que se refiere la normativa del IVA para posibilitar la renuncia a la exención y por ende la sujeción al IVA de la operación. En caso de quedar acreditados tales requisitos, deberá dejarse sin fuerza la liquidación practicada por la incompatibilidad entre las dos figuras tributarias que entran en juego, el IVA y el ITP y AJD en su modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas.

A satisfacer esta exigencia en materia de prueba se encaminan las siguientes indicaciones del interesado en su escrito de alegaciones:

        - Las partes acordaron la tributación por IVA, según consta en la documentación previa que se firmó durante las negociaciones, en el contrato privado, en la elevación a público del mismo y en la escritura pública de cumplimiento de la condición suspensiva. Además, ambas partes incluyeron en sus Libros Registros de IVA las cuotas repercutidas y soportadas. Por lo que respecta a la reclamante incluyó la cuota soportada en su declaración de IVA del 3T-2002.

        - Las partes se remitieron comunicados anteriores a la entrega del inmueble, comunicados con los que cumplieron los requisitos establecidos por la normativa del IVA. Estos documentos no han sido puestos en duda por la Administración.

Se concluye afirmando que la regulación del IVA no exige que la renuncia a la exención deba hacerse en documento público ni que deba comunicarse o declararse a la Administración.

Tercero.- La doctrina del Tribunal Supremo ha abordado en ocasiones el supuesto aquí planteado. A los efectos que nos ocupan podemos citar la STS de 13 de diciembre de 2006, recurso número 4704/2001, que se centra en el cumplimiento de los requisitos para entender producida válidamente la renuncia a la exención, fundamentalmente el que se refiere a la existencia de declaración suscrita por el adquirente y comunicada al transmitente sobre su carácter de empresario o profesional sujeto pasivo del IVA, la afectación del bien a la actividad empresarial o profesional y que ésta genera el derecho a deducir el impuesto, así como en el examen de los elementos de prueba a aportar por los interesados.

El Alto Tribunal considera necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos para que pueda considerarse válida la renuncia a la exención:

        - Que el adquirente sea sujeto pasivo del IVA que actúe en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional.

- Que el adquirente tenga derecho a la deducción total del IVA soportado por la correspondiente adquisición.

- Que el adquirente declare por escrito las dos circunstancias anteriores.

- Que el transmitente comunique fehacientemente al adquirente la renuncia con carácter previo o simultáneo a la entrega del bien.

En el supuesto que analizaba el TS se daba la circunstancia de que el cumplimiento del tercero de los requisitos antes expuestos descansaba en un documento de fecha anterior a la transmisión suscrito por el representante legal de la sociedad. Para el Alto Tribunal el hecho de que fuera un documento privado no incorporado al expediente desde su inicio no impedía su consideración, puesto que este documento era citado ya por la parte actora en su recurso de reposición frente al acto de la Oficina Gestora cuando aún se discutía la no sujeción al IVA por aplicación del art. 7.1.a) de la Ley del IVA y no ya la validez o no de la renuncia.

Por otra parte y respecto al cumplimiento del último de los requisitos enumerados, se expresa en la propia sentencia (FD Cuarto) que "no resulta esencial que aparezca literalmente en la escritura una renuncia expresa del transmitente a la exención del IVA, siendo suficiente la constancia de haberse repercutido el Impuesto en la propia escritura de compraventa, pues de esta forma es incuestionable que adquirente y transmitente manifiestan su intención y conocimiento indubitado de que la operación queda sujeta al IVA".

Se afirma además en el propio Fundamento de Derecho Cuarto que: "La renuncia a la exención del IVA por el sujeto pasivo no necesita de renuncia expresa por el transmitente en escritura pública. Basta que las partes se comuniquen la voluntad de renuncia y el cumplimiento de las condiciones para la misma, siendo estas comunicaciones entre las partes fehacientes y por escrito, sin que sea necesario la protocolización notarial de las comunicaciones para que surtan efectos frente a terceros ni presentar una declaración suscrita por el adquirente ante la Administración de Hacienda de su domicilio fiscal. La renuncia a la exención del IVA se concibe como un acto inter-partes y no ante la Hacienda Pública, expreso y con comunicación por escrito de ciertas circunstancias.

(...)

La necesidad de notificación fehaciente no implica necesariamente intervención del Notario, pero sí debe existir constancia efectiva de la notificación, en el momento de la entrega del bien. (...)".

Por su parte este Tribunal también ha examinado en ocasiones el cumplimiento de los requisitos que nos ocupan, como en la Resolución TEAC de 19 de diciembre de 1996. En particular el Fundamento de Derecho Octavo se refirió a lo siguiente: "En el presente caso, se observa que existen sendos documentos, de fechas (...), cuya autenticidad nadie ha discutido, anteriores a la entrega del bien, en los que las partes se comunican la voluntad de renuncia y el cumplimiento de los condicionantes para la misma, siendo esta comunicación fehaciente y por escrito como requiere la normativa y sin que sea necesario, como se alega, presentar ninguna declaración suscrita por la entidad adquirente ante la Delegación o Administración de Hacienda de la AEAT de su domicilio fiscal (...)".

El iter procesal llevó finalmente a la confirmación por el propio Tribunal Supremo de la doctrina expuesta, confirmación que tomó cuerpo por Sentencia de 5 de octubre de 2005, nº de Recurso 7352/2000, desestimándose por ello el recurso de casación preparado contra la Sentencia de la Audiencia Nacional que con anterioridad se había expresado en idéntico sentido.

En cuanto al examen de los requisitos para la renuncia a la exención hay que partir de su regulación en el artículo 20.Dos de la Ley del IVA, Ley 37/1992. La exención decretada por el 20.Uno.22º de la ley para las segundas y ulteriores entregas de edificaciones recoge la intención del legislador de que el proceso de producción de edificaciones se grave por IVA tan sólo a la primera entrega, la que conecta al promotor con el primer adquirente, de modo que las transmisiones posteriores queden exentas del gravamen empresarial y ello sin perjuicio de su tributación por el concepto Transmisiones Patrimoniales Onerosas si así procediera.

Pues bien la renuncia a la exención contemplada en el 20.Dos pretende que los empresarios adquirentes de bienes inmuebles no soporten los costes financieros derivados de la tributación por el concepto TPO antes indicado que sólo es recuperable vía precio final al constituir su importe un coste más y no haberse previsto mecanismo alguno de deducción automática como en el IVA. De este modo se permite la no aplicación del supuesto general de exención siempre que se cumplan determinados requisitos, en concreto los que expone el propio art. 20.Dos y que más tarde desarrolla el Reglamento del IVA en su artículo 8.

Estos requisitos son de naturaleza diversa:

        - El primero tiene regulación legal y desarrollo reglamentario y es relativo a la definición del marco en el que la renuncia puede realizarse al estar centrado en la condición del adquirente.

        - El segundo, de regulación reglamentaria por remisión, es de carácter formal puesto que arbitra cómo ha de quedar justificado que la opción se ejercitó válidamente.

El primero de los requisitos podríamos denominarlo presupuesto de ejercicio de la renuncia. Junto con la existencia de una transmisión sujeta y exenta de IVA, para que juegue la opción es preciso que el adquirente se encuentre en determinada posición en cuanto a su relación con IVA. Así la situación de hecho que aborda la ley es singular puesto que aunque la renuncia a la exención corresponde en todo caso a la voluntad del transmitente que realiza el hecho imponible exento, queda condicionada por la circunstancia del adquirente porque aquél sólo está habilitado para ejercitar la opción cuando éste se encuentre en la situación que se define en el propio artículo 20.Dos de la Ley.

Este apartado determina que el adquirente debe ser un sujeto pasivo que actúe en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales con derecho a la deducción total del Impuesto soportado en las adquisiciones.

En cuanto al requisito formal, puede caracterizarse así puesto que se dirige a la configuración externa del acto de renuncia, es decir, pretende regular las circunstancias que han de concurrir para que el acto de renuncia sea válido.

En la trascendencia que se da a la forma encontramos la segunda singularidad de la situación de hecho examinada porque lo que usualmente se configuraría como requisito ad probationem, se ha interpretado en ocasiones en el ámbito del 20.Dos como verdadero elemento ad solemnitatem sin que por otra parte se pueda tachar este actuar de riguroso o exacerbado por derivar tal carácter del propio texto reglamentario que habilitado para ello por la Ley expresa respecto de la renuncia que deberá comunicarse fehacientemente al adquirente.

A estos efectos el requisito de carácter formal antes expresado se desglosa a nivel conceptual a su vez en dos:

        - La renuncia debe comunicarse fehacientemente al adquirente con carácter previo o simultáneo a la entrega de los bienes.

        - Se justificará mediante una declaración escrita suscrita por el adquirente, en la que éste haga constar su condición de sujeto pasivo con derecho a la deducción total del Impuesto soportado en la adquisición.

Se incide por ello en la forma o requisito formal que ha de concurrir puesto que se requiere tanto que la renuncia sea conocida por el adquirente como que conste que éste se encontraba justamente en la situación que habilita la opción a la renuncia (la situación descrita en el 20.Dos de la Ley).

Pese a todo en los últimos tiempos tanto el Tribunal Central como el propio Tribunal Supremo han venido atemperando por vía jurisprudencial la interpretación formalista que pueda resultar de la ley a que antes se ha aludido, como veremos más adelante.

No obstante, por exigencia del artículo 8 del RIVA será necesario examinar si los requisitos por éste establecidos se cumplen para que haya lugar a la válida renuncia. A esta tarea se ha dedicado en ocasiones el Tribunal Central hasta sentar el criterio de que la renuncia a la exención es un acto inter partes que debe ser expreso, con constancia por escrito, pero que no requiere comunicación alguna a la Administración Tributaria ni tampoco debe constar necesariamente en documento publico, ya que ello no viene exigido por precepto alguno. Por tanto, sería necesario y suficiente un acto fehaciente en el que se produzca la comunicación por parte del adquirente al transmitente del cumplimiento de los requisitos que la Ley le impone y de éste último al primero del ejercicio efectivo de la renuncia en un momento previo o simultáneo a la entrega, como se ha expuesto, entre otras, en las Resoluciones TEAC de 28 de junio de 2006, RG 277/2005; RTEAC de 15 de marzo de 2006, RG 3517/2004; RTEAC de 10 de noviembre de 2005, RG 846/2005.

A lo que hay que añadir el criterio mantenido por el propio Tribunal Supremo respecto de la renuncia en Sentencias como las de 5 de octubre de 2005, número de recurso 7351/2000 y de 14 de marzo de 2006, número de recurso 1879/2001.

Como hemos indicado más arriba, el criterio del Alto Tribunal ha tendido más a abundar en que la necesidad de notificación fehaciente no implica necesariamente la intervención del Notario, pero sí que exista constancia efectiva de la notificación en el momento de la entrega del bien. El Tribunal citado ha llegado a dotar de especial relevancia a efectos del cumplimiento del requisito que examinamos a la inclusión en escritura pública del acto de repercusión del tributo IVA, puesto que con ello se asegura el conocimiento por ambas partes del Impuesto a que se somete la operación. Con todo ello se ha limitado el carácter esencial de las menciones antes expuestas, siendo suficiente la constancia de haberse repercutido el Impuesto en la propia escritura de compraventa, pues de esta forma es incuestionable que adquirente y transmitente manifiestan su intención y conocimiento indubitado de que la operación queda sujeta al IVA.

Todo ello por lo que se refiere a la constancia de la renuncia que ejerce el transmitente.

Con respecto a la constancia de que el adquirente se encuentra en la situación que habilita al transmitente al ejercicio de la opción por la renuncia, la jurisprudencia ha sido más parca por entender que más que de una cuestión de derecho se trataría de una cuestión de prueba. Así, el requisito reglamentario de la declaración suscrita por el adquirente se ha interpretado como garantía de que el adquirente es conocedor de la intención del transmitente que se acogió a la renuncia a la exención sin que de ello se derive perjuicio para el adquirente que es sujeto pasivo y tiene derecho pleno a la deducción del Impuesto soportado. La valoración del cumplimiento de este requisito ha de quedar por tanto a la apreciación del juzgador que hará uso de los elementos de prueba que concurran en el supuesto de hecho contemplado.

Cuarto.- Visto lo anterior la controversia queda limitada al examen de si en la operación objeto de liquidación se cumplieron los requisitos arbitrados por la ley para determinar que la renuncia a la exención del art. 20.Uno.22º de la Ley del IVA se ha efectuado válidamente.

A este respecto entre las pruebas que aporta el interesado se hallan dos escritos de comunicación entre los implicados en la operación. En el primero de ellos si nos atenemos a sus fechas (el de 26 de enero de 2000) la entidad transmitente Y, S.A. se dirige a la aquí recurrente para "cerrar el aspecto relativo a la tributación del IVA de la operación". Se le expresa al destinatario asimismo que la operación estaría "inicialmente sujeta y exenta de IVA, y que para lograr la tributación por el citado impuesto es necesario que Y, S.A. renuncie a tal exención y que, a su vez, ustedes nos confirmen que su empresa es sujeto pasivo del IVA con derecho a deducirse el 100% del IVA que soportará por la adquisición de las naves.

En consecuencia sirva esta carta para comunicarles la renuncia de Y, S.A. a la exención del IVA y la sujeción de la operación al citado impuesto, rogándoles nos confirme su empresa los extremos mencionados en el párrafo anterior (...)".

Por su parte el segundo de los escritos, de fecha 10 de febrero de 2000, supone la respuesta del reclamante al escrito del transmitente. Se le confirma la sujeción al IVA de la entidad X, S.A. y su derecho a la deducción del 100% de las cuotas soportadas.

La cuestión estriba en la eficacia que hayamos de conferir a las manifestaciones de parte. Los documentos aportados y antes examinados pese a constituir documentos privados, sin que, en principio conforme al Código Civil, de la fecha de su otorgamiento puedan derivarse efectos frente a terceros (art. 1.227 Cc), sí se enmarcan en una serie de elementos indiciarios que pueden llevar a concluir que la renuncia a la exención se efectuó de facto según lo expuesto por el recurrente. En cuanto a la motivación del acto objeto de impugnación, considera no cumplidos los requisitos que habrían validado la renuncia a la exención, y valora los elementos de prueba aportados por el reclamante entendiendo que la exención no es suficiente que se pueda sobrentender del documento sino que sólo es válida y eficaz cuando se realiza en la forma y con los requisitos establecidos reglamentariamente.

En concreto, rechaza la validez de los documentos que aporta el sujeto por entender que no se ha acreditado la "fehaciencia" en la comunicación de la renuncia que requieren la norma y su desarrollo reglamentario.

En el expediente constan los siguientes elementos:

        - Contrato privado de fecha 28 de febrero de 2000:

           "CUARTA.- PAGO DEL PRECIO.

Notificadas fehacientemente la concesión de la AUTORIZACION JUDICIAL de venta -o en su caso la resolución de donde se desprenda la no necesidad de la misma- y el certificado en donde consten levantados los embargos a los que hace referencia la CONDICIÓN SUSPENSIVA DOS y/o las renuncias notariales de los acreedores que en aquellas techas aún tengan anotados sus créditos, la parte compradora, en el mismo acto de elevación a público de la presente compraventa, procederá al pago de todo el precio pactado.

Para pago del precio, en el acto de la compraventa, la parte compradora entregará sendos cheques bancarios, librados por entidad española de reconocido prestigio, que en junto sumarán la totalidad del precio, más en su caso el IVA, por los siguientes conceptos:

1°-- Nominativo a la parte vendedora por el importe del IVA.

2°.- Nominativo a la parte vendedora por el importe de la hipoteca a favor de ... que grava la finca ... y que habrá sido cancelada inmediatamente antes por dicho acreedor.

3°.- Nominativo, a la parte vendedora por el saldo que en aquella fecha tenga el depósito en garantía emitido a favor de Y, S.A.

4º.- Nominativo, a la parte vendedora por el resto del precio [...]".

        - Escritura de elevación a público del anterior contrato de fecha 16 de octubre de 2001.

           "I.V.A.- A los efectos de lo dispuesto en artículo 8.4° de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, las partes hacen constar expresamente que ni el contrato privado de compraventa que se eleva a público mediante este instrumento ni la presente elevación a público comportan cesión a la compradora de los bienes objeto del contrato, ni confieren a la compradora la posesión, mediata ni inmediata de dichos bienes, (...)".

        - Escritura de transmisión de los bienes de fecha 2 de agosto de 2002

            "4°.- Certificación expedida por don ..., en fecha 2 de agosto de 2002, que dicho señor me entrega en este acto y firma a mi presencia, uniéndolo yo el Notario a la presente matriz, del que resulta que la cantidad a abonar por la entidad compradora X, S.A. a la transmitente Y, S.A. en Liquidación", asciende a la suma de UN MILLÓN CIENTO VEINTIÚN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (1.121.182,36 Euros), de las que TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS corresponden al Impuesto sobre el Valor añadido devengado por la operación (...)."

De los elementos arriba transcritos así como de la interpretación que la jurisprudencia examinada requiere deriva la estimación de las pretensiones alegadas por el interesado y por ello la anulación de la liquidación practicada por el Departamento de ... de ..., puesto que de los documentos aportados y los datos analizados se deduce tanto que las partes se comunican la voluntad de renuncia a la exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido como el cumplimiento de los condicionantes exigidos para la misma, por lo que se considera que en este caso la comunicación de la renuncia ha sido fehaciente como requiere la normativa.

POR LO EXPUESTO,

        EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, en SALA, en la reclamación económico-administrativa que pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, promovida por Don ..., en nombre y representación de X, S.A. contra la liquidación de la Oficina Liquidadora de ... del ... de ... de 3 mayo de 2005, concepto Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; ACUERDA: estimarla.

Impuesto sobre el Valor Añadido
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Exención del IVA
Escritura pública
Contrato privado
Actividades empresariales
Transmisiones Patrimoniales Onerosas
Perfeccionamiento del contrato
Tributación por IVA
Documento privado
Tradición
Documento público
Condición suspensiva
Voluntad
Documentos aportados
Procedimiento de verificación de datos
Liquidaciones IVA
Liquidación provisional del impuesto
Declaración por escrito
Domicilio fiscal
Actos jurídicos documentados
Motivación de los actos administrativos
IVA repercutido
Obras de urbanización
Opción de compra
Libro registro
Dueño
Liquidaciones tributarias
Suelo urbanizado
Derechos reales
Voluntad de las partes
Empresario individual
Afectación de bienes
Bienes inmuebles
Actividades empresariales y profesionales
Cheque
Objeto del contrato
Concesión de la autorización
Autorización judicial
Hipoteca

Real Decreto 1624/1992 de 29 de Dic (Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido -IVA-) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 314 Fecha de Publicación: 31/12/1992 Fecha de entrada en vigor: 01/01/1993 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

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