Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2627/2004 de 23 de Noviembre de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 23 de Noviembre de 2006
  • Núm. Resolución: 00/2627/2004

Resumen

Una entidad que tributa en régimen de transparencia fiscal puede acogerse al beneficio de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), siempre que desarrolle una actividad empresarial. Por tanto, debe anularse la liquidación provisional basada exclusivamente en que se trata de una sociedad en transparencia fiscal y no puede acogerse a la RIC, sin perjuicio de lo que pueda resultar de una posterior comprobación inspectora.

Descripción

          En la Villa de Madrid, a 23 de noviembre de 2006 en reclamación económico-administrativa que, en única instancia (recurso per saltum), pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, promovida por la entidad ..., S.A. (N.I.F.: ...), y en su nombre y representación ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra la Liquidación Provisional de Gestión Tributaria de la Delegación de ... de la AEAT de fecha 29 de abril de 2004 y cuantía de 398.199,85 €.

                                                ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 6 de abril de 2004, se dictó propuesta de liquidación provisional correspondiente al Impuesto sobre Sociedades del periodo 1999, exigiéndose un importe de 54.549.832 pesetas.

SEGUNDO.- En fecha 29 de abril de 2004, el Jefe de la Dependencia de Gestión de la Delegación de ... de la AEAT dictó liquidación provisional correspondiente al Impuesto sobre Sociedades del periodo 1999, exigiéndose un importe de 66.254.881 pesetas, desglosado en una cuota de 54.549.832 pesetas y en unos intereses de demora de 11.705.049 pesetas. En dicha liquidación se hacía constar en síntesis: De acuerdo con la declaración presentada del Impuesto sobre Sociedades, la entidad es una sociedad transparente, derivando que no pueda dotar la RIC. Dicha liquidación fue notificada al interesado en fecha 6 de mayo de 2004.

TERCERO.- En fecha 21 de mayo de 2004, el interesado presentó reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Central, alegando en síntesis: 1º) Falta de competencia del órgano de gestión para anular la dotación a la RIC realizada por la sociedad, ya que la comprobación de si realizaba actividad empresarial o no implica el examen de la documentación contable de la sociedad que no podía ser realizada por Gestión. También alega que nada impide que una sociedad transparente pueda acogerse a dicho beneficio fiscal, teniendo en cuenta la redacción literal del artículo 27 de la Ley 19/1994, con independencia de cual sea su actividad y su régimen de tributación. El término "establecimiento" se refiere a limitar geográficamente la aplicación de la RIC a los beneficios que obtengan las sociedades en sus establecimientos en Canarias. 2º) Inadecuación del procedimiento utilizado pues existe ya una liquidación de la misma Dependencia de Gestión firme en el ejercicio 1999, en la cual la Administración admite la RIC, modificando su importe por entender que existió un error en el cálculo de la dotación. La liquidación provisional que se recurre es nula de pleno derecho pues ya existía una liquidación provisional firme en la cual se admitía la dotación efectuada y la Dependencia de Gestión debió acudir al procedimiento especial de revisión previsto en el artículo 154 de la LGT.

                                                  FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Concurre en el presente expediente el requisito de competencia de este Tribunal Económico-Administrativo Central, por razón de la materia y de la cuantía del acto impugnado, para conocer de la presente reclamación económico-administrativa, habiéndose interpuesto en forma y plazo hábil, por persona con capacidad y legitimación suficientes, siendo la cuestión a resolver si se ajusta a Derecho la citada liquidación provisional por el Impuesto sobre Sociedades del periodo 1999.

SEGUNDO.- El interesado alega la falta de competencia del órgano de Gestión para anular la dotación a la RIC realizada por la sociedad, ya que la comprobación de si realizaba actividad empresarial o no implica el examen de la documentación contable de la sociedad que no podía ser realizado por Gestión.

        El artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, con el título de "Reserva para inversiones en Canarias" dispone que:

        "1. Las sociedades y demás entidades jurídicas sujetas al Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a la reducción en la base imponible de este impuesto de las cantidades que, con relación a sus establecimientos situados en Canarias, destinen de sus beneficios a la reserva para inversiones de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.

        2. La reducción a que se refiere el apartado anterior se aplicará a las dotaciones que en cada período impositivo se hagan a la reserva para inversiones hasta el límite del 90 por 100 de la parte de beneficios obtenidos en el mismo período que no sean objeto de distribución, en cuanto proceda de establecimientos situados en Canarias. En ningún caso la aplicación de la reducción podrá determinar que la base imponible sea negativa.

        A estos efectos se considerarán beneficios no distribuidos los destinados a nutrir las reservas, excluida la de carácter legal. Tampoco tendrá la consideración de beneficio no distribuido el que corresponda a los incrementos de patrimonio afectos a la exención por reinversión a que se refiere el art. 15.8 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

        Las asignaciones a reservas se considerarán disminuidas en el importe que eventualmente se hubiese detraído del conjunto de las mismas, ya en el ejercicio al que la reducción de la base imponible se refiere, ya en el que se adoptara el acuerdo de realizar las mencionadas asignaciones.

        3. La reserva para inversiones deberá figurar en los balances con absoluta separación y título apropiado y será indisponible en tanto que los bienes en que se materializó deban permanecer en la empresa.

        4. Las cantidades destinadas a la reserva para inversiones en Canarias deberán materializarse en el plazo máximo de tres años, contados desde la fecha de devengo del impuesto correspondiente al ejercicio en que se ha dotada la misma...

        8. La disposición de la reserva para inversiones con anterioridad al plazo de mantenimiento de la inversión o para inversiones diferentes a las previstas, así como el incumplimiento de cualquier otro de los requisitos establecidos en este artículo dará lugar a la integración en la base imponible del ejercicio en que ocurrieran estas circunstancias de las cantidades que en su día dieron lugar a la reducción de la misma.

        Sobre la parte de cuota derivada de lo previsto en el párrafo anterior se girará el interés de demora correspondiente calculado desde el último día del plazo de ingreso voluntario de la liquidación en la que se realizó la correspondiente reducción de la base imponible...".

        Este beneficio fiscal, dirigido fundamentalmente a las sociedades, pueden disfrutarlo también determinadas personas físicas, disponiéndose, a tal efecto en el apartado 9 del referido artículo 27 que:

        "Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que determinen sus rendimientos netos mediante el método de estimación directa, tendrán derecho a una deducción en la cuota íntegra por los rendimiento netos de explotación que se destinen a la reserva para inversiones, siempre y cuando éstos provengan de actividades empresariales realizadas mediante establecimientos situados en Canarias.

        La deducción se calculará aplicando el tipo medio de gravamen a las dotaciones anuales a la reserva y tendrá como límite el 80 por 100 de la parte de la cuota íntegra que proporcionalmente corresponda a la cuantía de los rendimientos netos de explotación que provengan de establecimientos situados en Canarias.

        Este beneficio fiscal se aplicará de acuerdo a lo dispuesto en los apartados 3 a 8 de este artículo, en los mismos términos que los exigidos a las sociedades y demás entidades jurídicas".

        Según el reproducido artículo, para disfrutar de este incentivo fiscal deben cumplirse una serie de requisitos contables y materiales, que se proyectan en el espacio canario y en el tiempo.

        Es criterio de este Tribual Central, expresado entre otras, en Resolución de fecha 2 de febrero de 2006 (RG: 450/2004), que el mero hecho de que la sociedad transparente pudiera acogerse a la Reserva para Inversiones en Canarias no la exime de que los beneficios se generen de una actividad constitutiva de empresa a efectos tributarios y no una mera tenencia ajena al incentivo de actividades creadoras de riqueza (tejido empresarial, empleo, ...), que con dicha Reserva se pretende.

        Por otra parte, en la Exposición de Motivos de la Ley 19/1994 queda plasmado el objetivo que se persigue mediante la regulación del régimen especial de la Reserva para Inversiones, que no es otro que el empresario canario acceda a importantes cotas de ahorro fiscal como contrapartida a su esfuerzo inversor con cargo a sus propios recursos, por tanto, la exigencia de que el beneficio proceda del ejercicio de una actividad económica también se desprende de la finalidad del incentivo fiscal.

        En el caso que nos ocupa, la Dependencia de Gestión Tributaria eliminó la dotación a la RIC al ser la entidad recurrente una sociedad transparente.

El artículo 123.2 de la Ley 230/1963, General Tributaria señala: "Para practicar tales liquidaciones la Administración tributaria podrá efectuar las actuaciones de comprobación abreviada que sean necesarias, sin que en ningún caso se puedan extender al examen de la documentación contable de actividades empresariales o profesionales. (...)"

        La motivación que justifica la liquidación provisional girada por la Dependencia de gestión Tributaria no es, a juicio de este Tribunal, conforme a Derecho, por cuanto, el hecho de que la entidad tribute en régimen de transparencia fiscal no es causa que imposibilite poder acogerse al beneficio de la RIC, por cuanto es posible que, aún dándose los requisitos de la transparencia fiscal, la entidad esté desarrollando una actividad empresarial y, por tanto, pueda acogerse a lo previsto en el artículo 27 de la Ley 19/1994.

En consecuencia, resulta obligado anular la liquidación provisional  impugnada, sin perjuicio de lo que resultase de una posterior comprobación inspectora. Este criterio ya ha sido mantenido por este Tribunal Central, entre otras, en Resoluciones de fecha 20 de diciembre de 2004 (RG:7287/2001), de 11 de octubre de 2001 (RG:3912/1998) y de fecha 8 de octubre de 1999 (RG:55/1996).

TERCERO.- En relación al resto de las cuestiones alegadas por el recurrente, una vez que este TEAC ha concluido la procedencia de anular la liquidación provisional impugnada, no estima necesario entrar a juzgarlas.

POR LO EXPUESTO,

        EL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en el recurso de alzada promovido por la entidad ..., S.A. (N.I.F.: ...), y en su nombre y representación ..., contra la Liquidación Provisional de Gestión Tributaria de la Delegación de ... de la AEAT de fecha 29 de abril de 2004 y cuantía de 398.199,85 €, ACUERDA: Estimar la reclamación interpuesta y anular la liquidación provisional impugnada.

Liquidación provisional del impuesto
Impuesto sobre sociedades
Actividades empresariales
Inversiones
Sociedades transparentes
Reserva para Inversiones en Canarias
Falta de competencia
Gestión tributaria
Beneficios fiscales
Intereses de demora
Beneficios no distribuidos
Reducción de la base imponible
Disminución de la base imponible
Inadecuación del procedimiento
Procedimientos especiales de revisión
Régimen fiscal de canarias
Período impositivo
Exención por reinversión
Materialización de las cantidades destinadas a la reserva para inversiones
Devengo del Impuesto
Fecha de devengo
Contribuyentes del IRPF
Estimación directa
Rendimientos netos
Integración de rentas en la base imponible
Persona física
Cuota íntegra
Deducción de la cuota íntegra
Rendimientos netos de explotación
Actividades económicas
Inversor
Actividades empresariales y profesionales
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