Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2661/2005 de 14 de Junio de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 14 de Junio de 2007
  • Núm. Resolución: 00/2661/2005

Resumen

Operación de escisión total a la que no es aplicable el régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores del Título VIII del Capítulo VIII de la LIS (Ley 43/1995) por no concurrir motivo económico válido, ya que entre otras circunstancias la sociedad que se extingue estaba inactiva. No existía actividad económica y eran inaplicables los coeficientes de depreciación monetaria del artículo 15.11 LIS y el diferimiento por reinversión del artículo 21 LIS. Procedía la imputación temporal de las rentas generadas en la escisión al período impositivo en que ésta se llevó a cabo, que es el de la inscripción en el Registro Mercantil.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 14 de junio de 2007, en las reclamaciones económico-administrativas acumuladas que penden de resolución ante este Tribunal Central, interpuestas por XA, S.L., con CIF: ..., y Z, S.L., con CIF: ..., ambas como sociedades beneficiarias de la escisión total de la sociedad X, S.L., con CIF: ..., y en su nombre y representación por Don A, con domicilio, a efectos de notificaciones, en ..., contra el acuerdo de liquidación dictado en fecha 19 de abril de 2005, y notificado ese mismo día, por la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de ..., sede ..., dimanante del Acta de Inspección A02, número ..., por el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2001, por importe de 5.707.830 euros, y contra el acuerdo de imposición de sanción que deriva de aquél, dictado el 7 de octubre de 2005, y notificado el día 21 de ese mismo mes, por importe de 1.034.714,90 euros.

                                                            ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: X, S.L., fue objeto de actuaciones inspectoras por parte de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de ..., sede ..., en relación con los ejercicios 2000 y 2001 y el Impuesto sobre Sociedades (en los que había tributado en régimen individual), entendiéndose las actuaciones con las entidades XA, S.L., y Z, S.L., beneficiarias de la escisión de la primera, en su condición de sucesoras de todos los derechos y obligaciones de la sociedad escindida. Las actuaciones de comprobación dieron lugar a la incoación, el 18 de febrero de 2005, de Acta de disconformidad, modelo A02, número ..., emitiéndose en igual fecha el preceptivo informe ampliatorio.

La liquidación propuesta en el Acta, determinaba una deuda tributaria a ingresar por importe de 5.735.440,16 euros, que presentaba el siguiente desglose:

                                                                            EUROS

CUOTA                                                          4.866.587,61

RECARGOS                                                                     0

INTERESES DE DEMORA                             868.852,55

DEUDA A INGRESAR/A DEVOLVER      5.735.440,16

SEGUNDO: Presentadas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 56.1 del RD 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Inspección de los Tributos (RGIT), en fechas 8 de marzo de 2005 y 23 de marzo de 2005 las correspondientes alegaciones por la interesada, el Inspector Jefe dictó Acuerdo de liquidación, el día 19 de abril de 2005, confirmando la propuesta de regularización contenida en el acta de referencia, si bien permitiendo la compensación de bases imponibles negativas procedentes de ejercicios anteriores por importe de 86.689,04 euros. El acuerdo fue notificado a la obligada tributaria ese mismo día.

TERCERO:
De las actuaciones practicadas y demás antecedentes resulta que:

1.
Las actuaciones de comprobación e investigación desarrolladas cerca de las sociedades XA, S.L. y Z, S.L., como beneficiarias y sucesoras de la entidad X, S.L., disuelta como consecuencia de su escisión total, se iniciaron mediante comunicación de inicio de actuaciones inspectoras de fecha 20 de abril de 2004, por el concepto Impuesto sobre Sociedades y periodos 2000 y 2001. Posteriormente, el 8 de julio de 2004 se ampliaron actuaciones en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, 2T de 2001, limitándose la comprobación al examen de la operación de escisión total de la sociedad citada en último lugar.

2.
La sociedad X, S.A., se constituye mediante escritura otorgada por el Notario de ... Don ..., con número de su protocolo ..., el 6 de noviembre de 1972.

La actividad desarrollada por la sociedad era, según figura en sus inscripciones registrales, la promoción, adquisición, transmisión, enajenación, urbanización y parcelación de toda clase de inmuebles, terrenos y fincas urbanas, así como la explotación de tales bienes directamente, en arriendo o de cualquier otra forma válida en derecho, ejecución de obras por cuenta propia o ajena y toda clase de operaciones de carácter inmobiliario.

No obstante, los representantes del obligado tributario manifiestan, en comparecencia de 4 de mayo de 2004, que "la sociedad X, S.L., era una sociedad tenedora de solares, no es constructora directamente".

Igualmente, en escrito firmado por Don A, justificando los motivos económicos por los que se lleva a cabo la operación, se reconoce que la sociedad no tenía actividad alguna.

3.
El 20 de septiembre de 2000, mediante Acuerdo de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, la sociedad X, S.A., se transforma en sociedad de responsabilidad limitada y sus acciones se convierten en participaciones sociales. Dicho Acuerdo se eleva a escritura pública por el Notario de ... Don ..., el 16 de octubre de 2000. La inscripción de la transformación en el Registro Mercantil es de fecha 31 de octubre de 2000.

4. El 3 de noviembre de 2000, sólo tres días después de la inscripción en el Registro Mercantil de la transformación en sociedad de responsabilidad limitada, se deposita en el Registro Mercantil el Proyecto de Escisión de la sociedad X, S.L. Tanto el Proyecto como el Informe de los administradores que lo acompaña son de fecha 29 de octubre de 2000.

Finalmente, por Acuerdo de la Junta General Extraordinaria y Universal de socios, el 10 de noviembre de 2000, la sociedad decide escindirse traspasando su patrimonio a otras dos sociedades de responsabilidad limitada: la sociedad de nueva creación Z, S.L. (NIF: ...), y la sociedad ya existente XA, S.L. (NIF: ...).

Esta operación se documentó mediante escritura pública de 27 de diciembre de 2000, otorgada por el notario de ... Don ... con el número de protocolo ...

La fecha de presentación en el Registro Mercantil de la escritura de escisión es el 23 de abril de 2001 y la inscripción de la escisión en el mismo se produce el día 2 de mayo de 2001.

En dicha escritura los comparecientes manifiestan que la operación se acogerá al régimen fiscal especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores regulado en el Título VIII del Capítulo VIII de la Ley 43/1995. La opción por la aplicación de dicho régimen fue comunicada a la Administración Tributaria el día 30 de noviembre de 2000, según documentación incorporada a la propia escritura de escisión.

Como consecuencia de la operación de escisión total, se produce la segregación de la totalidad del patrimonio de la sociedad X, S.L., y la adjudicación de éste a una sociedad de nueva creación (Z, S.L.) y a una sociedad ya existente (XA, S.L.). Se establece asimismo que la fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad escindida habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de las sociedades beneficiarias es, para Z, S.L., la fecha de su constitución y, para XA, S.L., el 1 de octubre de 2000.

5.
En el momento de la escisión, el capital social de X; S.L., se encontraba repartido entre dos socios únicos: Don A (67,70%) y Doña B (32,30%), cónyuge del anterior, que además ostentaban la condición de administradores solidarios de la entidad.

Tras la operación de escisión, los dos socios de X, S.L. siguen participando en las dos sociedades beneficiarias en la misma proporción a la participación que tenían en el capital social de la escindida.

El patrimonio de la sociedad disuelta estaba constituido fundamentalmente por tres inmuebles:

- un solar en la calle Z número ... de ... sobre el que no se halla levantada ninguna edificación.

          - un solar en la calle U numero ... de ... sobre el cual se encuentra una casa en ruinas.

          - unos terrenos sin edificar en ...

La atribución del patrimonio escindido a cada una de las sociedades beneficiarias, se realiza atendiendo a los valores contables de cada elemento patrimonial. En el proyecto de escisión, así como en la escritura pública de escisión, se relacionan los activos y pasivos asignados a cada una de las sociedades beneficiarias junto a su valor contable, atribuyéndose a Z, S.L., sociedad de nueva creación, el primero de los inmuebles anteriormente referenciados así como la Tesorería de la entidad escindida por importe de 300.000 pesetas (1.803,04 €), y a XA, S.L., los dos inmuebles restantes.

6. Durante las actuaciones inspectoras se puso de manifiesto que X, S.L., no realizó actividad alguna desde 1996, así, en las cuentas anuales del citado ejercicio se señalaba que "la actividad empresarial ha estado parada ... no se han producido ingresos de la explotación". Idéntica mención aparece reflejada en los ejercicios económicos correspondientes a los años 1997, 1998, 1999 y 2000.

En ninguno de los ejercicios anteriores, la sociedad cuenta con personal asalariado, ni tiene ninguna persona contratada laboralmente. Los representantes del obligado tributario así lo manifiestan en diligencia número 3, de 24 de julio de 2004. De hecho, la sociedad no ha estado dada de alta nunca en la Seguridad Social y no contabiliza importe alguno en concepto de gastos de personal.

En esa misma comparecencia los representantes manifiestan que la gestión de X, S.L., era llevada a cabo por su administrador, Don A.

7. En cuanto a la primera de las sociedades beneficiarias de la escisión, Z, S.L., su domicilio se encuentra en la calle T, el mismo que tenía la sociedad escindida y el que tiene la otra sociedad beneficiaria de la escisión.

El objeto social de las tres sociedades (escindida y beneficiarias) es también el mismo, "la parcelación, urbanización, construcción, promoción, compraventa y arrendamiento de terrenos y edificaciones".

Sin embargo, no realiza ninguna actividad económica ni está dada de alta en el IAE. Se trata sólo de una sociedad de mera tenencia de bienes, que declara en Régimen de Transparencia Fiscal desde su constitución. De hecho, en las Cuentas Anuales presentadas en el Registro Mercantil declara como actividad "Tenencia de Inmuebles".

Según reconocen los representantes en diligencia extendida el 24 de julio de 2004, la sociedad no tiene personal contratado y la gestión social es desarrollada por Don A.

8. En cuanto a la otra sociedad beneficiaria de XA, S.L., ya existía con anterioridad a la operación de escisión. Fue constituida en 1984.

Como ya se ha indicado, tiene el mismo objeto social que la sociedad escindida (X, S.L.) y que la otra beneficiaria (Z, S.L.) y también comparte domicilio social, los administradores solidarios y los partícipes en el capital social.

Según manifiestan los representantes, en diligencia extendida el 24 de julio de 2004, la gestión de la sociedad también se realiza por Don A y "tiene personal dedicado únicamente a labores administrativas".

Tal y como se puso de manifiesto durante el procedimiento inspector, sobre la finca sita en U de ... se construye un inmueble destinado a establecimiento hotelero. La finalización de las obras se documenta en escritura pública de 1 de marzo de 2004, ante el Notario de ... Don ..., con número de protocolo ... y se inscribe el 25 de marzo de 2004 en el Registro de la Propiedad.

En comparecencia de 28 de septiembre de 2004, los representantes aportan contrato, de 24 de febrero de 2004, relativo a la explotación del hotel en régimen de arrendamiento (páginas 606-613 del expediente administrativo). El contrato de arrendamiento se suscribe entre XS, C.B., y Y, S.L. XS, C.B., es una comunidad de bienes constituida para explotar el inmueble en régimen de arrendamiento e integrada por XA, S.L., y S, S.L. El objeto del contrato es el alquiler del edificio situado en U para destinarlo a hotel.

9. En cuanto a los motivos económicos alegados por los representantes de la entidad durante el procedimiento seguido, los mismos señalaron que "el motivo fue, entre otros, la diversificación de riesgos. Debido a que la intención era efectuar promociones de terrenos, se pensó que resultaba apropiado separar las distintas promociones. En principio, la intención era promover en el terreno de Z una actividad de explotación hotelera y, en otros terrenos, promociones de viviendas".

Los representantes manifestaron que "en un principio, sobre el terreno de la calle Z, ..., estaba previsto construir un hotel con la promotora R. Finalmente, ese hotel se edifica en uno de los terrenos que pertenecen por la escisión a XA, S.L., en la calle ... (U). El promotor es también R. El terreno donde está edificado el hotel sigue siendo de XA, S.L., y otra parte es de R, que era propietaria de un terreno colindante sobre el que también se levanta el hotel. En el terreno de Z se están estudiando algunas posibilidades de construir sobre él, pero todavía no se ha llegado a ningún acuerdo".

La Inspección solicitó en dicho momento que se aclarase si existió algún motivo más en la escisión, ya que la expresión "entre otros" llevaba a deducir que podía existir alguna razón adicional.

En su segunda comparecencia, los representantes manifiestan que XA, S.L., "recibe todos los solares excepto el de la calle Z. En principio se pensaba construir un hotel en la calle Z con R, pero por no ser rentable se decide que el hotel se levante en el terreno de la calle U. En este último terreno se ha edificado el hotel y la explotación se lleva a cabo por otra sociedad, cobrando XA, S.L. un alquiler por dicha explotación. En el terreno de Z, también se esta estudiando la posibilidad de construir y explotar directamente".

Así consideraba que la finalidad de la operación de escisión era la de "la promoción inmobiliaria para su venta y la reserva de determinados solares con mayores posibilidades de revalorización en la propiedad del grupo para su promoción y explotación directa en forma empresarial (Hotel) o en forma de arrendamiento (apartamentos u oficinas)".

- Con este propósito:

a) Los solares de ... y la finca urbana de ... se adjudican en la escisión a la sociedad XA, S.L., sociedad que tiene actividad, experiencia y relaciones con industriales y Administración, idéntico nombre y se ha quedado sin suelo que promover, mientras que X, S.L. tiene suelo, no tiene ni actividad ni la experiencia ni los contactos necesarios y

b) El solar de ... (Z), dado su emplazamiento y posibilidades de revalorización, se escinde y se adjudica a una sociedad beneficiaria de nueva creación Z, S.L. para destinarlo a promoción y explotación en forma de Hotel, Apartahotel u oficina".

CUARTO: Sin embargo, el Acuerdo de liquidación dictado en fecha 19 de abril de 2005 por el Inspector Regional Adjunto en ... de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de ..., consideró que la operación de escisión llevada a cabo por X, SL, no tuvo como finalidad la reestructuración empresarial ni la diversificación de riesgos, sino la segregación de un inmueble de la sociedad escindida para preparar su venta a través de la sociedad beneficiaria titular del mismo (Z, S.L.), no respondiendo por tanto a ningún motivo económico válido.

Asimismo consideró que una vez separado dicho inmueble del resto del patrimonio de la sociedad escindida, mediante su aportación sin coste fiscal alguno a Z, S.L., los socios podrían enajenar el solar, nuevamente sin coste fiscal, al beneficiarse, con una transmisión de participaciones y no directamente de un bien patrimonial, de la no sujeción mediante la aplicación de los coeficientes reductores establecidos para las ganancias patrimoniales derivadas de elementos adquiridos con anterioridad a 31 de diciembre de 1994, recogida en la Disposición Transitoria Novena de la Ley 40/1998, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ya que tales participaciones, en virtud del régimen fiscal especial mantenían la misma antigüedad que tenían las de la sociedad escindida.

La denegación de la aplicación del Régimen Fiscal Especial del Capítulo VIII del Título VIII de la LIS determinaba que la operación realizada quede sujeta al régimen general contemplado en el artículo 15.2.d) de la LIS, el cual obliga a valorar por su valor normal de mercado los elementos patrimoniales transmitidos en virtud de fusión, absorción y escisión total o parcial. En consecuencia, se generaría, en la sociedad en que se produce la escisión, una renta por diferencia entre el valor de mercado de los bienes que se transmiten y su valor neto contable.

A efectos de la determinación del valor de mercado, se requirió al Gabinete Técnico y de Valoraciones de la Delegación Especial de ... la tasación de los inmuebles transmitidos.

Asimismo, el acuerdo de liquidación negó la posibilidad de reducir el beneficio obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.11 de la LIS, por considerar que se trataba de existencias y no de inmovilizado material; la aplicación del tipo impositivo previsto para las empresas de reducida dimensión, por tratarse de una entidad en régimen de transparencia fiscal que no realizaba actividad económica alguna; el acogimiento de la renta obtenida al régimen de exención por reinversión, pues el mismo no se encontraba vigente en el ejercicio 2001; así como la amortización acelerada por no tratarse de elementos del inmovilizado.

QUINTO: Con fecha 7 de octubre de 2005, y previa autorización del Inspector Coordinador de 20 de abril de 2005, se comunica a la obligada tributaria la apertura de expediente sancionador por infracción tributaria en relación con los hechos regularizados en el Acta de referencia. Asimismo, se le comunica la propuesta de resolución, y su derecho a presentar alegaciones a la misma, previa puesta de manifiesto del expediente, dentro del plazo de los quince días siguientes a la fecha de notificación.

En la mencionada propuesta, se consideró, por el actuario encargado de la tramitación del expediente sancionador, que de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la comisión de la infracción tributaria se había producido el hecho de determinar bases imponibles o declarar cantidades a imputar a los socios, por las entidades sometidas al régimen de transparencia fiscal, que no se correspondan con la realidad (artículo 79.e) de la Ley General Tributaria), si bien únicamente en relación a la base imponible derivada de la entrega del solar situado en la avenida Z número ... de ..., que ascendía a 5.949.895,28 euros, determinándose una sanción, de acuerdo con dicha normativa de 1.189.979,06 euros, resultado de aplicar la sanción mínima del 20% de la diferencia entre las cantidades reales a imputar y las declaradas, en la medida en que fueran sancionables (artículo 88.2 de la Ley General Tributaria).

Por su parte, y en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se consideró que de acuerdo con la nueva normativa, se había producido el hecho de dejar de ingresar dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo la totalidad o parte de la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación del tributo (artículo 191.1 de la Ley 58/2003), por la parte de la cuota correspondiente al beneficio obtenido de la entrega del solar situado en Z número ... de ... (2.082.463,35 €), determinándose una sanción de 1.041.231,67 euros, resultado de aplicar la sanción mínima del 50% a las cantidades dejadas de ingresar, por calificarse la infracción como leve, al no existir ocultación.

Por lo tanto, la Inspección entendió que para la infracción que se sanciona, se aplicará la sanción prevista en la Ley 58/2003, al ser más beneficioso para el obligado tributario.

En fecha 7 de octubre de 2005 se dictó, tras la presentación de alegaciones por parte del contribuyente, acuerdo de imposición de sanción modificando la propuesta anteriormente notificada, como consecuencia de las modificaciones efectuadas al acuerdo de liquidación, imponiéndose una sanción de 1.034.714,90 euros, de conformidad, nuevamente, con la Ley 58/2003.

Este acuerdo fue notificado el día 21 de octubre de 2005.

SEXTO:
Disconforme con el acuerdo de liquidación anteriormente mencionado, en fecha 18 de mayo de 2005, la interesada interpuso, en plazo, ante este Tribunal, reclamación económico-administrativa objeto de la presente resolución, referenciada con el número 2661/05, al amparo de lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

        Asimismo, el día 11 de noviembre de 2005, la interesada promovió, en plazo, reclamación económico-administrativa, también objeto de la presente resolución, ante este Tribunal, referenciada con el número 4114/05, frente al reseñado Acuerdo de imposición de sanción. En el propio escrito, la obligada tributaria solicita la acumulación de la misma, para su resolución conjunta, con la reclamación económica administrativa número 2661/05, presentada contra el Acuerdo de liquidación.

En fecha 28 de febrero de 2006, se notificó a la entidad, la puesta de manifiesto del expediente administrativo, presentando, tras la solicitud de prórroga del plazo de alegaciones, con fecha 30 de marzo de 2006 el correspondiente escrito de alegaciones en virtud de lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley 58/2003.

En el mencionado escrito la interesada realizó, en síntesis, las siguientes alegaciones:

        a)         En primer lugar se argumenta por la entidad ampliamente la procedencia de la aplicación del régimen especial del Título VIII del Capítulo VIII de la Ley 43/95, del Impuesto sobre Sociedades, señalando la inseguridad jurídica que produce la regulación que resulta del art. 110.2, en concreto, de la expresión "motivos económicos válidos" necesarios para que sea de aplicación el régimen especial.

Respecto a la prueba, se expresa que se habría de probar por parte de la Inspección que la finalidad de la operación es el fraude o la evasión fiscal, lo cual según su parecer no se ha producido.

En relación con la apreciación por parte de la Inspección de la inactividad de la sociedad escindida, se afirma que Inmobiliaria X, S.L. ha sido una sociedad activa dedicada al arrendamiento y a la gestión urbanística de sus inmuebles. Ni la norma comunitaria ni la nacional establecen requisitos temporales ni dimensión de estructura.

Respecto a la existencia de fraude o evasión, fundada por la Inspección en la falta de actividad de la sociedad escindida, la identidad de los socios y administradores de las sociedades que intervienen en la operación, y la aportación de un solar en la Z para transmitirlo vía venta de participaciones con ahorro fiscal, aboga el recurrente por la efectiva actividad de la sociedad, así como por el hecho de que la falta de construcción del solar en cuatro años nada indica puesto que las decisiones empresariales son libres.

Se argumenta, en definitiva, que la operación se ha fundado en razones urbanísticas, financieras y de prudencia y riesgo empresarial.

        b)         En segundo lugar, la interesada considera que la actuación de la actuaria encargada del procedimiento, que se limitó a incorporar la documentación aportada en la fecha de la firma del Acta, a efectos del trámite de alegaciones posteriores a su incoación, supone una infracción total y absoluta del procedimiento establecido que determina su nulidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992.

Asimismo, considera que se ha infringido el plazo de un mes previsto en el artículo 60.4 del RGIT para dictar acuerdo de liquidación, imputándose incorrectamente al contribuyente asimismo una dilación de 15 días por haber presentado un escrito de alegaciones complementario en fecha 23 de marzo de 2005.

          c) Por otra parte, aduce que los acuerdos dictados por la Dependencia de Inspección son anulables, ya que debieron haberse formalizado actas y acuerdos de liquidación individuales a cada una de las beneficiarias exigiendo a las mismas la responsabilidad, no de forma solidaria, sino de manera proporcional a los activos recibidos.

          d) Considera que se han incorporado por la Inspección nuevas pruebas tras la incoación de las Actas, sin haber dado el preceptivo trámite de audiencia al interesado. Dichos documentos, señala la interesada, son elementos probatorios nuevos aportados por el propio contribuyente en fase de alegaciones, precisamente, para acreditar todo lo contrario.

          e) Alega también el carácter de inmovilizado de los inmuebles transmitidos a las entidades beneficiarias, por lo que sería de aplicación los coeficientes de actualización monetaria del artículo 15.11 de la LIS a las rentas generadas por la entrega de los mismos. Solicita así mismo, que una vez declarado el carácter de inmovilizado de dichos bienes, se permita acoger el beneficio obtenido, al régimen de diferimiento por reinversión regulado en el artículo 21 de la LIS.

           f) También entiende que es de aplicación el tipo reducido de empresa de reducida dimensión.

           g) Por último, en cuanto a las alegaciones relativas al acuerdo de liquidación, argumenta la entidad que en todo caso, el ejercicio que debió ser regularizado fue el ejercicio 2000, y no el 2001, ya que los efectos de la operación de escisión debe entenderse que se inician no con la Inscripción en el Registro Mercantil, sino con la escritura pública otorgada en diciembre de 2000.

           h) En cuanto al expediente sancionador, la entidad considera que no puede existir conducta infractora al no concurrir culpa, dolo o simple negligencia en la conducta de la entidad. Así, señala que su actuación no ha sido negligente y que no ha existido intención fraudulenta ya que su declaración fue veraz, completa, y debidamente comunicada a la Administración.

"Cabe señalar que nuestra representada ha comunicado su acogimiento al régimen especial, ha cumplido todas sus obligaciones contables, mercantiles, y fiscales, declarando conforme a ellas, y por último, colaborando con el actuario, aportando toda la documentación requerida y no requerida, dando todo tipo de facilidades a su labor, y atendiendo con la máxima prontitud todas sus demandas de información. Cabe destacar, como prueba de ello, la ingente información que ha dispuesto la Inspección según consta incorporada en el expediente y, sobre todo,  la ausencia de anomalías en contabilidad, registros y facturas, por lo que como mucho cabría apreciar una diferencia razonable de criterios sobre existencia o no de motivos económicos, conducta susceptible de rectificación, en su caso, no de sanción".

Finalmente, aporta nueva documentación para acreditar la existencia de un motivo económico válido en la operación realizada y solicita a este Tribunal que anule la liquidación y la sanción recurrida.

SÉPTIMO: En las mismas fechas anteriores, se interpusieron igualmente ante este Tribunal dos reclamaciones económico administrativas, referenciadas con los números ... y ..., contra los acuerdos de liquidación e imposición de sanción respectivamente, relativos al Impuesto sobre el Valor Añadido, periodo 2001, 2T, resultantes de las mismas actuaciones inspectoras, que limitaban su objeto, a los efectos de este tributo, a la comprobación y examen de la operación de escisión total.

En fecha ... de 2006, la Sala Segunda de este Tribunal, dictó resolución por la que se desestimaban ambas reclamaciones, confirmando los acuerdos dictados por la Oficina Gestora.

OCTAVO: En fecha 17 de mayo de 2007, XA, S.L. y Z, S.L., presentaron ante este Tribunal documentación complementaria a su escrito de alegaciones de 30 de marzo de 2006, que han sido tenidos en cuenta por esta Sala en el momento de emitir el presente fallo, consistentes en varias contestaciones a consultas por la Dirección General de Tributos, documentación relativa a la ampliación de capital  de la entidad Z, S.L., así como un artículo de prensa.

                                                         FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO:
Concurren en las presentes reclamaciones económico-administrativas, que se resuelven acumuladamente, al concurrir las circunstancias previstas en la letra c) del artículo 230.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para su admisión a trámite por este Tribunal Económico Administrativo Central.

SEGUNDO: Las cuestiones de tipo formal o procedimental planteadas en el expediente se centran en determinar si se ha producido o no la:

           1) Indefensión del sujeto pasivo, como consecuencia de la incorporación de los documentos aportados en la fecha de incoación del Acta, a efectos del trámite de audiencia evacuado con posterioridad a la misma.

           2) Caducidad del procedimiento, por incumplimiento del plazo previsto en el artículo 60.4 del RGIT, así como una incorrecta determinación de una dilación imputable al contribuyente por un plazo de 15 días.

           3) Improcedente formalización de una única Acta y Acuerdo de liquidación, debiendo haberse dictado resoluciones de forma individual para cada una de las beneficiarias, exigiéndose a las mismas la responsabilidad de forma proporcional, y no solidaria, al valor de los activos recibidos de la entidad escindida.

           4) Posible incorporación de nuevos elementos probatorios tras la firma del acta, sin que se haya otorgado al contribuyente nuevo trámite de audiencia.

En cuanto a las cuestiones materiales que se han suscitado por el contribuyente, son las siguientes:

           1) Procedencia de la aplicación del régimen especial del Título VIII Capítulo VIII de la Ley 43/95, del Impuesto sobre Sociedades, y en particular, existencia de motivo económico válido en la operación de escisión objeto de la reclamación.

           2) Determinación del carácter de inmovilizado o existencias de los inmuebles transmitidos a las entidades beneficiarias, a los efectos de la aplicación de los coeficientes de actualización monetaria del artículo 15.11 de la LIS. Aplicación del diferimiento por reinversión previsto en el artículo 21 de la misma norma.

           3) Posible aplicación del tipo impositivo recogido en la normativa del impuesto para las empresas de reducida dimensión.

           4) Imputación temporal de las rentas generadas por la escisión al ejercicio 2000 o 2001.

Por último, respecto al acuerdo sancionador, la interesada alega ausencia de culpabilidad en su conducta, a efectos de la imposición de sanción. 

  

Sociedad de responsabilidad limitada
Registro Mercantil
Escisión de sociedades
Impuesto sobre sociedades
Escritura pública
Solares
Administración Tributaria del Estado
Inscripción registral
Capital social
Actividades económicas
Sucesor
Canje de valores
Obligado tributario
Patrimonio social
Aportaciones de activos
Junta general extraordinaria
Administrador solidario
Diferimiento
Valor contable
Fincas Urbanas
Depreciación monetaria
Impuesto sobre el Valor Añadido
Cuentas anuales
Objeto social
Acta de inspección
Acta de disconformidad
Deuda tributaria
Imputación temporal
Período impositivo
Valor de mercado
Gastos de personal
Compensación de bases imponibles negativas
Participaciones sociales
Expediente sancionador
Inspección tributaria
Ejecuciones de obras
Actividades empresariales
Infracciones tributarias
Ejercicio económico
Impuesto sobre Actividades Económicas

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 40/1998 de 9 de Dic (IRPF y otras Normas Tributarias) DEROGADO PARCIALMENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 295 Fecha de Publicación: 10/12/1998 Fecha de entrada en vigor: 01/01/1999 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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