Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2808/2005 de 07 de Noviembre de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 07 de Noviembre de 2006
  • Núm. Resolución: 00/2808/2005

Resumen

Son recurribles en vía económico-administrativa los actos de notificación y cobro realizados por la AEAT en virtud de asistencia mutua en materia de recaudación efectuada por cuenta de otro Estado de la Unión Europea. El artículo 22 del Real Decreto 704/2002, de 19 de julio, que regula precisamente la asistencia mutua en materia de recaudación somete las actuaciones recaudatorias, entre las que se encuentra la de notificación de la deuda, en virtud de asistencia mutua, al Reglamento General de Recaudación. Por tal razón sus actos son fiscalizables en vía económica-administrativa, cumpliéndo lo dispuesto en el apartado c) del artículo 226 de la LGT (Ley 58/2003). No se ha incumplido el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación (aprobado por Real Decreto 1684/1990), sobre notificaciones, ni el artículo 34 de la LGT (Ley 58/2003), ni se han vulnerado los artículos 2, 6, 14 y 15 del Real Decreto 704/2002.

Descripción

          En la Villa de Madrid, a 7 de noviembre en el  recurso de alzada que pende ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, interpuesto por D. ... con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra la resolución de 2 de mayo de 2005 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., por la que se inadmite a trámite la reclamación económico-administrativa interpuesta contra la notificación de una deuda de la que es acreedor un Estado miembro de la Unión Europea, por importe de 579.391,85 €.

                                                ANTECEDENTES  DE  HECHO

        PRIMERO: Con fecha 23 de julio de 2004 la Administración competente de Portugal solicitó a la Administración española que se efectuase la notificación de la deuda del interesado por importe de 579.391,85 €, a tenor de la normativa vigente en materia de asistencia mutua en materia de recaudación. En su ejecución, se notifica el día 6 de octubre de 2004 al interesado la documentación de la deuda, registrada en la Agencia Tributaria con la identificación ..., expediente de asistencia mutua ..., y en la Administración portuguesa con el nº ...
 
        SEGUNDO: Contra la notificación anterior, el interesado dirige escrito a la Agencia Tributaria de 6 de octubre de 2004, solicitando que se declare la nulidad de la petición del Estado requirente, retrotrayéndose las actuaciones al momento de la recepción de la petición emitida por el mismo, y que se le devuelva en razón de los defectos de que adolece. Como consecuencia de la falta de contestación, el interesado interpone reclamación económico-administrativa ... mediante escrito de 4 de diciembre de 2004.

        TERCERO: El Tribunal Regional dictó resolución de 2 de mayo de 2005, inadmitiendo la reclamación interpuesta por entender que excede del ámbito de las reclamaciones económico-administrativas establecido en el artículo 226 de la Ley 58/2003 General Tributaria.

        CUARTO: Contra la resolución anterior, notificada el día 13 de mayo de 2005, el interesado interpone el presente recurso de alzada mediante escrito del siguiente día 13 de junio, solicitando que se declare la nulidad de la petición formulada por Portugal y con ello la notificación efectuada de la deuda, por entender que la citada petición adolece de los defectos siguientes: 1) Está escrita en idioma portugués; 2) Se vulnera el artículo 103 del Real Decreto 1684/1990; artículo 34 apartados a), f) y k) de la Ley 58/2003; artículos 2, 6, 8, 14 y 15 del Real Decreto 704/2002; las normas detalladas de los procedimientos y modelos establecidos en la Orden HAC 2234/2003, de 31 de julio y lo establecido por la directiva 76/308, de la CEE.

                                                 FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

        PRIMERO
: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite de la reclamación, en la que la cuestión planteada consiste en determinar si la notificación de deuda efectuada por cuenta de un Estado miembro de la Unión Europea es conforme a derecho. 

        SEGUNDO: Antes de entrar en la cuestión de fondo, es necesario referirse a la competencia para entender de ella, tanto en su aspecto material como orgánico. El artículo 226 de la Ley 58/2003 General Tributaria establece el ámbito de aplicación de las reclamaciones económico-administrativas, disponiendo que podrá reclamarse en esta vía en relación con las materias siguientes: "a) La aplicación de los tributos y la imposición de sanciones tributarias que realicen la Administración General del Estado y las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma. b) La aplicación de los tributos cedidos por el Estado a las Comunidades Autónomas o de los recargos establecidos por éstas sobre tributos del Estado y la imposición de sanciones que se deriven de unos y otros. c) Cualquier otra que se establezca por precepto legal expreso".

        TERCERO: La posibilidad de impugnación en vía económico-administrativa de los actos de notificación y cobro realizados por la Agencia Tributaria en favor de los créditos de otros Estados miembros de la Unión Europea viene establecida por el artículo 22 del Real Decreto 704/2002, de 19 de julio, que regula precisamente la asistencia mutua en materia de recaudación. El citado artículo somete las actuaciones recaudatorias, entre las que se encuentra la de notificación de la deuda, al Reglamento General de Recaudación, y por tal razón sus actos son fiscalizables en esta vía, cumpliéndose así lo dispuesto en el apartado c) del artículo 226 de la Ley 58/2003. Una vez establecido lo anterior, hay que analizar si el Tribunal Regional es competente en primera instancia, cuestión a la que hay que responder afirmativamente por cuanto que la notificación le fue encomendada a la Delegación de la Agencia Tributaria en ... por el Departamento de Recaudación, como consta en el expediente. Procedería en consecuencia anular la resolución del Tribunal Regional y devolverle el expediente para que resolviera sobre el fondo de la cuestión planteada, en primera instancia. No obstante, dado que por razón de la cuantía se trata de un supuesto en el que cabe la segunda instancia ante este Tribunal Central, para evitar dilaciones innecesarias y teniendo en cuenta la disposición final segunda de la Ley 1/98, que permite la interposición directa ante este Tribunal Central de asuntos susceptibles de primera instancia ante el Tribunal Regional correspondiente, se procede a continuación a resolver sobre el fondo del asunto.

        CUARTO: Las directivas de la Unión Europea no son de aplicación directa en España; de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, es necesario que tales normas se incorporen al mismo previamente, mediante la aprobación por el legislador de normas al efecto, con el rango que corresponda. Así, en el presente caso rige, además de la normativa tributaria general española en lo que afecte al caso, el Real Decreto 704/2002, de 19 de julio, por el que se incorporan las modificaciones de determinadas directivas comunitarias sobre asistencia mutua en materia de recaudación. El artículo 8 de este Real Decreto dispone que "A las peticiones de asistencia, al título que permita la ejecución del cobro y a los restantes documentos anejos se unirá una traducción en la lengua oficial del Estado requerido". Se trata por tanto de que la ejecución de la asistencia por el Estado requerido se vea facilitada por la traducción, por lo que si éste no la pide no resulta necesaria, no constituyendo su ausencia motivo de anulación de la solicitud de asistencia, salvo en el caso de que siendo requerida no se facilitara. Lo que no puede interpretarse es que el Estado acreedor deba facilitar al contribuyente una traducción a la que no estaría obligado de exigirle el pago de la deuda directamente, como hace con el resto de sus contribuyentes. La correcta interpretación de la normativa de asistencia mutua, que responde a la idea de que "es necesario proteger los intereses financieros comunitario y nacional, cada vez más amenazados por el fraude, a fin de lograr una mayor garantía de competitividad y neutralidad fiscal del mercado interior", no avala la extensión de derechos que se pretende respecto de los deudores que se encuentran en un Estado de la Unión Europea distinto del acreedor; no avala que sea una obligación de la Autoridad requirente dirigirse a sus deudores tributarios en una lengua distinta a la suya nacional.

        QUINTO: El artículo 103 del Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 1684/1990, que asimismo se considera infringido, se refiere a la práctica de las notificaciones. En él se regulan los datos que han de contener y cómo se ha de efectuar. El interesado no especifica en ninguno de sus escritos cuáles son los extremos que considera vulnerados, y de la revisión de los documentos que obran en el expediente que acreditan la notificación el 6 de octubre de 2004 de la deuda, no resulta infringida ninguna norma aplicable. En cuanto al artículo 34 de la Ley 58/2003, hay que decir que no consta en el expediente, ni el interesado acredita en forma alguna, que se le haya negado asistencia o información por parte de la Administración tributaria española (apartado a); ni que los actos que se le han notificado carezcan de la debida identificación de sus autores, ni que se le haya negado información a este respecto (apartado f); ni tampoco que las actuaciones llevadas a cabo por la Administración tributaria española hayan sido efectuadas de manera que se incumpla su obligación de llevarlas a cabo en la forma menos gravosa para el interesado, siempre que sea posible (apartado k).

        SEXTO: Finalmente, el interesado entiende también vulnerados los artículos 2, 6, 14 y 15 del Real Decreto 704/2002, pero se limita a decir que tal vulneración se produce, sin explicar por qué; así, no puede saberse en qué se fundamenta, más allá de la falta de traducción ya tratada en el fundamento cuarto de la presente, para decir que se ha vulnerado el ámbito de aplicación (art. 2), la petición de asistencia (art.6), el procedimiento y requisitos de la notificación de la deuda (art. 14), y el órgano competente (art. 15). Dado que tampoco respecto de estas normas se aprecia por este Tribunal Central incumplimiento alguno por parte de la Administración tributaria española, procede la desestimación de la pretensión del interesado.     

Por lo expuesto,

        ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO
-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en relación con el recurso de alzada planeado ACUERDA: desestimarlo, por ser conforme a derecho el acto impugnado de la Administración tributaria española consistente en la notificación de deuda efectuada por cuenta de un Estado miembro de la Unión Europea.

Estado miembro de la Unión Europea
Cuestiones de fondo
Sanciones tributarias
Fondo del asunto
Fraude
Deudor tributario
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