Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2886/2006 de 26 de Septiembre de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 26 de Septiembre de 2007
  • Núm. Resolución: 00/2886/2006

Resumen

No se dan en el caso concreto los requisitos para conceder pensión extraordinaria como consecuencia de acto terrorista, pues la organización no figura en el anexo de Personas y Grupos y entidades definidas como terroristas en la Posición Común 2005/725/PESC del Consejo de la Unión Europea y no habiendo ocurrido el secuestro en territorio nacional, donde conforme a la legislación española se definiría, o no, la existencia de un grupo terrorista, no resulta ajustado a Derecho considerar acto de terrorismo el sufrido por el interesado, aún admitiendo como ciertos los hechos y autoría alegados. El principio "in dubio pro beneficiario" aplicable a las pensiones ordinarias de Clases Pasivas debe atemperarse tratándose de pensiones extraordinarias con una legislación específica y más exigente, con otro principio que dice: "privilegia sunt odiosa, odiosa sunt restringenda" "privilegia sunt stricti iuris, nec extendentur", que implica la exigencia de especiales requisitos para el reconocimiento y disfrute de estas pensiones extraordinarias y la vigilancia de su cumplimiento.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 26 de septiembre de 2007, en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, interpuesta por D. ... con domicilio en ..., contra resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 23 de mayo de 2003, denegando la consideración de causada por acto terrorista la incapacidad de servicio que dio lugar a su pensión extraordinaria de jubilación.

                                                     ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: D. ..., nacido el ... de 1958, funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, Escala ..., fue jubilado por incapacidad permanente total para el servicio con efectos de ... de 2003, por acuerdo de la misma fecha de la Dirección de la Policía, que con fecha ... de 2003 le reconoció en Documento J un total de 24 años, 1 mes y 20 días de servicio, en base a lo cual la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por acuerdo de ... de 2003, le reconoció pensión ordinaria de jubilación permanente con efectos de ... de 2003 y cuantía íntegra mensual de 1.671,80 €.

SEGUNDO: Con fecha ... de 2003, D. ... dirigió escrito a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, que decía: "Que le ha sido notificada Resolución de esa Dirección General, donde se le reconoce Pensión Ordinaria de Jubilación por Incapacidad Permanente (Expediente de referencia n° ...). En la citada Resolución, se determina que la pensión es incompatible con la prestación de servicios o la realización de trabajos, por cuenta propia o ajena que den lugar a la inclusión del interesado en cualquier régimen publico de la Seguridad Social, conforme al articulo 5.2 del R.D. 691/1991. El compareciente al formalizar el impreso de Iniciación de oficio del procedimiento de reconocimiento de pensión de jubilación del régimen de Clases Pasivas del Estado, y al cumplimentar los apartados G y J, por error procedió a marcar las casillas correspondientes a la solicitud de aplicación del R.D. 691/1991, así como la que especifica que No desarrollará trabajo activo. Como quiera que quien suscribe, tiene la intención de desarrollar un trabajo compatible con la incapacidad que sufre y que no le incapacita para el ejercicio de toda profesión u oficio, solicita de ese Organismo que proceda a rectificar la citada Resolución, dejando sin computar los años cotizados en el Régimen General de la Seguridad Social y por tanto permitiendo la posibilidad de causar alta en la misma, una vez que inicie una nueva actividad laboral. Que esta petición no causa perjuicio alguno, ni a la sociedad ni a terceras personas, así como sería muy beneficioso para el compareciente, toda vez que el posible trabajo sería muy positivo para su estabilidad tal como informa el Dr. ..., informe que se adjunta como documento n° 1". La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas dictó nuevo acuerdo con fecha de 17 de octubre de 2003, en el que se reconocía al interesado pensión ordinaria de jubilación por incapacidad permanente, con efectos económicos de ... de 2003 y cuantía íntegra mensual de 1.686,99.

TERCERO: Por escrito dirigido al Ilmo. Sr. Director General de la Policía y presentado el ... de 2003 en la Subdelegación del Gobierno de ... D. ... solicitó la incoación del expediente de averiguación de las causas de su incapacidad psicofísica a fin de obtener pensión extraordinaria por incapacidad permanente contraída en acto de servicio y derivada de acto de terrorismo, para lo cual alegaba: "Que las causas de la incapacidad permanente para el servicio, dictaminada por el Tribunal Médico de la Dirección General de la Policía, tienen su origen en la enfermedad ..., a consecuencia de haber sufrido un secuestro de ... de duración  en ... el día ..., siendo enviado en comisión de servicio como miembro del Grupo Especial de Operaciones (GEO), para prestar servicio de seguridad en la embajada de España en aquel país. Que en el mismo, fueron secuestrados ... (se acompañan fotocopias del expediente del Tribunal Médico con número de documento del 2 al 6, así como fotocopias de artículos de prensa de la época en los que se refleja tal acontecimiento, con número de documento del 7 al 21)". El referido expediente concluyó con el informe de 19 de septiembre de 2005 del Secretario de Estado de Seguridad, P.D. el Jefe de la División de Personal, que dice así: "Previa incoación del correspondiente expediente, mediante resolución de la Dirección General de la Policía de fecha ... de 2003, se acuerda el pase a la situación de jubilado por incapacidad permanente para el servicio del ... del Cuerpo Nacional de Policía D. ..., de conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Médico de la Dirección General de la Policía en acta de fecha ... de 2003, que le diagnostica: ... Posteriormente, con fecha ... de 2003, dirige instancia al Director General de la Policía en la que promueve la incoación de un expediente de averiguación de causas de su jubilación, a los efectos previstos en el art. 47 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, que aprueba la Ley de Clases Pasivas del Estado. Argumenta en su instancia, que las causas de la incapacidad permanente para el servicio "tienen su origen en la enfermedad ..., siendo enviado en comisión de servicio como miembro del Grupo Especial de Operaciones (GEO), para prestar servicio de seguridad en la embajada de España en aquel país. Que en el mismo, fueron secuestrados ...". En orden a establecer la necesaria relación causal entre el servicio prestado por el funcionario y la incapacidad invalidante debe estimarse probado que dicha incapacidad tiene su origen en enfermedad psíquica, "transformación persistente de la personalidad tras experiencias catastróficas, atribuible a los padecimientos, vejaciones, amenazas y malos tratos que sufrió con motivo del secuestro del que fue víctima durante ... del año ..., cuando prestaba sus servicios profesionales de seguridad en la embajada de España en ..., como miembro del Cuerpo Nacional de Policía. El Servicio Sanitario Central de la Dirección General de la Policía (Sección de Salud Mental), en la valoración realizada por facultativo psicólogo y facultativo psiquiatra, el ... de 2002, declaran que el funcionario "refiere cansancio, decaimiento, tensión que le produce dolores en la espalda, cervicales..., pesadillas, ...así como quejas del trato recibido por la Corporación tras el secuestro sufrido en ... por un Grupo Terrorista hace ..."; "impresiona de sintomatología principalmente ansiosa, en sujeto con personalidad de base ..., ¿Búsqueda de ganancias secundarias?... sugiere "hipertrofia sintomática". Causó baja laboral el ...  de 2001 con el diagnóstico de "estrés postraumático". Como conclusión no se encuentra en actuaciones impedimento o prueba en contra para estimar que el acontecimiento catastrófico es factor etiológico de suficiente entidad para causar la patología psíquica que le incapacita para el ejercicio de su profesión. Por ello, teniendo en cuenta que el Reglamento General del Mutualismo Administrativo, aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, en su art. 59.1, que define el concepto de accidente de servicio como toda lesión corporal que el mutualista sufra con ocasión o por consecuencia de la prestación de sus servicios a la Administración del Estado, en términos similares a como lo hace el art. 115.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y que los hechos instruidos cumplen las previsiones contenidas en el art. 180 del Reglamento Orgánico de la Policía Gubernativa, aprobado por Decreto 2038/1975, de 17 de julio, se concluye estimando a los efectos previstos en el art. 47 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, que aprueba la Ley de Clases Pasivas del Estado, que "la incapacidad permanente para el servicio determinante de la jubilación de D. ..., tiene su causa u origen en el servicio por él prestado a la Administración".

CUARTO: La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por acuerdo de 13 de febrero de 2006, reconoció al interesado pensión extraordinaria de jubilación por incapacidad en acto de servicio con efectos de ... de 2003 y cuantía íntegra mensual de 3.400,44 €, en base a los siguientes datos:

A.- Servicios efectivos al Estado tomados en consideración en el momento del nacimiento del derecho a la pensión.

        (...)
                                                   
TOTAL                  24        1       19

B.- Historial administrativo tomado en consideración a efectos del cálculo de la pensión desde el nacimiento del derecho conforme al artículo 31 del Texto Refundido de Clases Pasivas del Estado.

        (...)
                                                   
TOTAL                   44       1          4

C.- Cálculo de la pensión en el año 2003.

        (...)
                                                   
TOTAL                         47.606,18

Reguladores de la Ley de Presupuestos de 2003 actualizados conforme a la disposición adicional quinta de la Ley de Presupuestos para el año 2004.

Cuantía anual para 2003: 47.606,18 €

Cuantía mensual para 2003: 3.400,44 €

QUINTO: Contra el anterior acuerdo el interesado interpuso recurso de reposición solicitando que la incapacidad en acto de servicio que dió lugar a su jubilación fuese considerada como consecuencia de acto terrorista, y la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por resolución de ... de 2003, desestimó el recurso confirmando el acuerdo impugnado, en base a los siguientes fundamentos de derecho: "SEGUNDO: Que, la única cuestión planteada en el presente recurso, se circunscribe, exclusivamente, a determinar si procede o no, reconocer pensión extraordinaria de jubilación por incapacidad para el servicio como consecuencia de un acto de terrorismo. TERCERO: Que, el Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo (B.O.E. de 1 de agosto), establece el ámbito subjetivo en su artículo 1: "...Quienes estando incluidos en el ámbito personal de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado, o declarados jubilados o retirados, sean víctimas de un acto de terrorismo, a consecuencia del cual resulten incapacitados para el servicio, queden inutilizados por las lesiones permanentes invalidantes sufridas, o fallezcan, causarán derecho a pensión extraordinaria, en su favor o en el de sus familiares, en los términos que se regulan en el presente título, siempre que no sean responsables de dicho acto terrorista...". Asimismo, el procedimiento para su tramitación, se regula en su artículo 10, que establece la competencia para su tramitación al Ministerio del Interior, al tratarse de un funcionario civil y, en base a las competencias que, en materia de terrorismo, tiene dicho Departamento Ministerial. CUARTO: Que, en base a lo precedente y, antes de entrar en los requisitos exigidos por el artículo 1, se hace preciso valorar si, debe o no, solicitarse la instrucción del expediente de averiguación de causas al Ministerio del Interior (pese a la existencia de un expediente de igual nombre que ha servido para tramitar y conceder la pensión extraordinaria de jubilación por incapacidad ocasionada en acto de servicio). Y, con respecto a ello, es de señalar que, no procede solicitar la incoación referida al Ministerio del Interior, puesto que, al haberse desarrollado el secuestro en territorio extranjero, el Ministerio del Interior, no tiene competencia para realizar la oportuna investigación, al limitarse la misma, al ámbito territorial español. QUINTO: Que, una vez que se descarta en la tramitación la instrucción del expediente de averiguación de causas, se hace preciso analizar si, se dan o no, los requisitos exigidos por el artículo 1 del referido Real Decreto 851/1992: a) Estar incluido en el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas. b) Ser víctima de un acto de terrorismo. c) Que, como consecuencia del acto de terrorismo, se produzca la jubilación por incapacidad para el servicio. En relación con ello, se significa: a) El recurrente, cumple el primer requisito, en tanto que, se encuentra incluido en el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas. b) Calificar el secuestro padecido por el recurrente en ... como acto de terrorismo, ofrece, sin duda alguna, una evidente dificultad. Dicha dificultad deriva de que la legislación sobre Clases Pasivas (Texto Refundido de 1987 y Real Decreto 851/1992, de 10 de julio) no contiene definición alguna al respecto y lo mismo ocurre con el Código Penal, y con la Ley Orgánica 9/1984, de 26 de diciembre, contra la actuación de bandas armadas y elementos terroristas (derogada posteriormente por Ley Orgánica 3/1988, de 25 de mayo, que dió nueva redacción a determinados preceptos del Código Penal). No obstante lo anterior, debe destacarse que el Tribunal Constitucional, en su sentencia 199/1987, de 16 de diciembre, declaró que "el concepto de 'bandas armadas' ha de ser interpretado así restrictivamente y en conexión, en su trascendencia y alcance, con el de 'elementos terroristas' (...) haciendo referencia no sólo a la nota de permanencia y estabilidad del grupo y a su carácter armado (con armas de defensa o de guerra, y también con sustancias o aparatos explosivos), sino también a su entidad suficiente para producir un terror en la sociedad y un rechazo de la colectividad, por su gran incidencia en la seguridad ciudadana, que suponga así también un ataque al conjunto de la sociedad democrática". Esta doctrina ha sido acogida igualmente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias de 25 de enero de 1988 y 12 de marzo de 1992, entre otras), definiendo la última sentencia citada el acto de terrorismo como aquel "cometido contra la seguridad del Estado, o contra el propio sistema social y democrático, ya se deba su ejecución a elementos terroristas o a la participación de una banda armada". Es también destacable la Sentencia de la Audiencia Nacional de 20 de septiembre de 1991 (Repertorio "La Ley", 1991-4, 377), según la cual "la jurisprudencia comprende como grupos o bandas armadas y organizadas a las agrupaciones para la acción armada provistas de una cierta organización de la que nacen vínculos en alguna manera estables o permanentes, presididos por las ideas de jerarquía y disciplina y unos propósitos que se proyectan hacia acciones plurales e indeterminadas, con medios idóneos -armamentos y explosivos- que procura normalmente la organización criminal, sin que pueda comprenderse en tal definición la acción realizada por miembros radicalizados de ciertas organizaciones políticas concertados para llevar a cabo actos de violencia con propósitos vindicativos y provistos de armas y otros heterogéneos elementos ofensivos, por agotarse en dichos actos el acuerdo o concierto de voluntades, de índole o de carácter ocasional con ausencia de todo propósito ulterior o indeterminado de acción armada". Puede observarse, de acuerdo con los argumentos transcritos, que la jurisprudencia acoge un concepto estricto de "terrorismo", caracterizado por ser una actividad dirigida a causar alarma social y a atacar el orden establecido, realizado con medios violentos y a través de una organización criminal estable cuyos fines son precisamente de tal carácter, y evidentemente dirigidos contra la seguridad del Estado Español o para alterar el sistema democrático del mismo. En el sentido precedente, se ha pronunciado la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en Sentencia de 14 de diciembre de 2000 (Sección Séptima, recurso n° 354/1999), con el siguiente tenor literal: "...2) Al aplicar el contenido de los preceptos antes relacionados al caso de autos, en el que la esposa del recurrente y madre de sus referidos hijos menores de edad, Dña........, falleció en la ciudad de Marrakech (Marruecos) el día ... de ............ de 1992, a causa de las heridas de arma de fuego sufridas en atentado terrorista cometido al parecer por súbditos marroquíes en el hotel "..." de dicha población, cuando aquélla se hallaba alojada en tal hotel en compañía de su esposo y de otros familiares, resulta por tanto de modo bien patente en dicho caso que nos ocupa, que no son de aplicación al recurrente y a sus citados hijos los beneficios previstos en el artículo 12, apartado 1, letras a) y b), del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, invocado por tal parte interesada como fundamento y respaldo de sus pretensiones en este pleito, toda vez que el Ministerio del Interior no ha podido instruir en este asunto el preceptivo expediente de averiguación de causas a que alude el artículo 20, apartado 2, párrafo primero, en relación con el artículo 12, apartado 2, ambos del expresado Real Decreto, al no tener dicho Departamento ministerial facultades de actuación fuera del ámbito territorial español, al que por lo mismo se limitan obviamente los efectos derivados del Real Decreto de aplicación en este asunto; y por ello, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda y a la que se alude en el párrafo segundo del artículo 20, apartado 2, antes citado, no ha podido obviamente, y con todo fundamento de causa, reconocer las pensiones extraordinarias de viudedad y orfandad reclamadas insistentemente por la parte ahora demandante, al no poder extenderse los beneficios reconocidos por dicho Real Decreto a los actos de terrorismo ocurridos en el extranjero, en el que claramente no puede tener atribuciones y competencias el Ministerio del Interior, sino a lo sumo el Ministerio de Asuntos Exteriores que en cambio no aparece citado para nada en el Real Decreto de aplicación al presente asunto. 3) Finalmente, y en contra de los argumentos utilizados por la parte recurrente en la fundamentación jurídica de su demanda, es preciso poner bien de relieve el hecho de que el Real Decreto que se viene comentando, sobre concesión de pensiones extraordinarias a consecuencia de actos de terrorismo, no puede tener aplicación a los actos de tal naturaleza desarrollados en el extranjero, habida cuenta de que la razón final determinante de la concesión de tales pensiones a consecuencia de actuaciones terroristas, estriba en la obligación del Estado español de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público dentro del territorio de su soberanía, obligación la indicada que dicho Estado no puede obviamente atender cuando la violencia terrorista se produce fuera de las fronteras españolas, y ello, aunque a consecuencia de tal violencia resultan como víctimas ciudadanos españoles que residen en países extranjeros o que estén visitando los mismos, ya que su seguridad e integridad física han dejado de poder ser dispensadas por el referido Estado, desde el punto y hora en que las expresadas víctimas se encuentren sometidas, no a la soberanía de aquél, sino a las de dichos países extranjeros. CUARTO.- En virtud de todo lo antes razonado, es procedente por tanto la desestimación del presente recurso contencioso-administrativo, con la consiguiente confirmación de la resolución económico-administrativa impugnada en el mismo, al ser plenamente conformes con el Ordenamiento jurídico, como se ha visto mas arriba, los distintos razonamientos y los pronunciamientos contenidos en tal resolución de aquel Tribunal Central...". En su consecuencia, el supuesto del recurrente, no cumple el requisito exigido de ser víctima de un acto de terrorismo, definido en los apartados precedentes, puesto que, en primer lugar, el atentado se produjo en ... y por ciudadanos no españoles y, su finalidad no fue, en absoluto, dirigida a causar alarma social ni atacar el orden establecido del Estado Español, a la vez que, al producirse fuera de las fronteras españolas, la seguridad e integridad física de los españoles no pueden ser dispensadas por el Estado, "...desde el punto y hora en que las expresadas víctimas se encuentran sometidas, no a la soberanía de aquél, sino a la de dichos países extranjeros...': c) Finalmente, es de señalar la evidente falta de inmediatez entre el secuestro padecido en ... (... de ...) y la fecha de jubilación (... de 2003), es decir, transcurridos ... años, por lo que, si bien se acreditó en el expediente de averiguación de causas, la relación causa-efecto entre aquellos hechos y su jubilación por incapacidad para el servicio, ello ha conllevado la concesión de una pensión extraordinaria de jubilación por incapacidad en acto de servicio, pero no se cumple con el requisito tercero exigido de inmediatez, en tanto que, los hechos ocurridos en ... no condujeron a la incapacidad para el servicio, sino sólo, ... años después".

SEXTO: Contra la anterior resolución, que consta notificada el día 8 de junio de 2006 según aviso de Correos, el interesado interpone la presente reclamación mediante escrito presentado el 6 de julio de 2006 en la Delegación de Economía y Hacienda de ..., en el que solicitaba la anulación de la resolución impugnada declarando el derecho del reclamante a pensión por incapacidad permanente como consecuencia de acto de terrorismo, con todas las consecuencias y efectos inherentes a dicha declaración. Para fundar su petición, en esencia, alega: A.- Que fue víctima de un secuestro en ... por parte de la organización terrorista ..., el ..., permaneciendo en dicha situación ... mientras cumplía con su trabajo como miembro del GEO, comisionado por la Dirección General de la Policía para la protección de la sede diplomática de España en ... B.- Que formaba parte de una comisión diplomática, con pasaporte diplomático expedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, con inmunidad diplomática y con la misión de proteger la soberanía española en aquel país, de la que nosotros formamos parte como diplomáticos, atentándose contra la seguridad del Estado Español y el sistema democrático del mismo, ya que la finalidad del secuestro era conseguir que el Gobierno Español liberase a dos terroristas que ya anteriormente sus correligionarios intentaron liberar por medio del secuestro del ... D. ..., y el secuestro de un avión de la compañía ... desviado al aeropuerto de ... en ... del año ..., en el que se pedía la puesta en libertad de varios terroristas ... que se encontraban en la prisión ... de ..., así como la puesta en libertad de los dos terroristas encarcelados en España, lo que demuestra un acto de terrorismo, siendo así contemplado en el expediente de averiguación de causas nº ... incoado por la Dirección General de la Policía. C.- Como consta en el expediente de averiguación de causas padece "trastorno persistente de la personalidad tras experiencia catastrófica" como consecuencia del secuestro de que fuera víctima en ... por la organización terrorista ... y por tanto con derecho a las pensiones extraordinarias amparadas por la legislación vigente". D.- Que acompaña a su reclamación los siguientes documentos: 1º.- Informes de la Psicóloga Sra. ..., haciendo mención que en el segundo existe un error de trascripción en la fecha, y donde dice ..., ... de 2002, debe decir ... de 2003. 2º.- Fundamentos de derecho de expediente de averiguación de causas incoado por la Dirección General de la Policía con el nº ... 3º.- Reportajes periodísticos de la época constando este de 11 documentos numerados.

SÉPTIMO: Constan en el expediente fotocopias de noticias de prensa publicadas en los periódicos de la época acerca del secuestro de D. .... Entre ellas, posiblemente del diario ..., se recoge la siguiente: ..., líder de ... y ... de ..., parece actuar en las conversaciones tendentes a conseguir la liberación de los ... funcionarios al servicio de la Embajada de España en ... de la misma manera que se comportó el pasado mes de ... en las negociaciones sobre la puesta en libertad de ... del avión de ... secuestrado en ...: como mediador y parte implicada..... Achacado al principio a la ausencia del líder de ..., el estancamiento de las conversaciones perdura, a pesar de que 10 días después de su regreso a ..., el pasado miércoles, el embajador de España, ..., fue autorizado por su ministerio ... para entrevistarse por primera vez este año con el mediador ... Nada ha trascendido sobre este encuentro, pero sus resultados no han debido ser excesivamente fructíferos". Concedido plazo para formular alegaciones y proponer pruebas, presentó escrito el 13 de octubre de 2006, en el que vuelve a remitir copia de los documentos expresados en el punto D) del antecedente de hecho precedente.

                                                    FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite de la reclamación, en la que la cuestión planteada consiste en determinar si la jubilación por incapacidad del interesado a consecuencia de acto de servicio lo es por causa de acto terrorista.

SEGUNDO: Siendo la causa de la incapacidad del reclamante una enfermedad del servicio, procede averiguar y pronunciarse sobre si la citada enfermedad, iniciada en ... cuando el interesado fue secuestrado mientras pertenecía al Cuerpo Nacional de Policía, ..., debe considerarse producida por acto terrorista al objeto de que la pensión declarada en 2003, cuando el interesado pertenecía al Cuerpo Nacional de Policía, ..., sea declarada pensión extraordinaria por acto terrorista. La normativa específica para las pensiones extraordinarias de jubilación o retiro por acto terrorista de los funcionarios públicos incluidos en el Régimen de Clases Pasivas del Estado se contiene: A.- en el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, que regula la materia en su Título I, Capítulo IV, artículos 47 a 50, señalándose en su artículo 50 -Régimen de las pensiones extraordinarias-: "1. las pensiones extraordinarias de Clases Pasivas serán incompatibles con las ordinarias que pudieran solicitar sus beneficiarios con base en los mismos hechos causantes, siendo las originadas en acto de terrorismo también incompatibles con las extraordinarias que por los mismos hechos, prescindiendo de su motivación terrorista, pudieran corresponder. 2. Las pensiones extraordinarias originadas en acto de terrorismo no estarán sujetas a las normas limitativas a que se refiere el número 3 del precedente artículo 27.", a su vez el citado número 3 del artículo 27, dice: "3. El importe de las pensiones de clases pasivas se ajustará, en la forma que reglamentariamente se determine, a las normas que sobre limitación en el crecimiento y señalamiento inicial de pensiones, se determinen para cada año en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estados; salvo los supuestos contemplados en el número, 2 del artículo 50 siguiente. Si como consecuencia de ello su importe hubiera de minorarse, esta minoración no supondrá merma alguna de los otros efectos anejos al reconocimiento del derecho pasivo". B.- El Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo, que tiene como objetivo recoger toda la legislación vigente que se ha ido produciendo en pensiones extraordinarias en materia de terrorismo, a fin de plasmar en una misma disposición el disperso marco normativo en la materia dentro del Régimen de Clases Pasivas del Estado, en orden a su racionalización y sistematización, estableciendo, a su vez, las normas de común aplicación cualesquiera que sea la legislación reguladora en cada supuesto (exposición de motivos). El citado Real Decreto dedica el Título I a las pensiones extraordinarias en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, derivadas de actos de terrorismo, y en su artículo 1, ámbito subjetivo, dice: "Quienes estando incluidos en el ámbito personal de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado, o declarados jubilados o retirados, sean víctimas de un acto de terrorismo, a consecuencia del cual resulten incapacitados para el servicio, queden inutilizados por las lesiones permanentes ínvalidantes sufridas, o fallezcan, causarán derecho a pensión extraordinaria, en su favor o en el de sus familiares, en los términos que se regulan en el presente título, siempre que no sean responsables de dicho acto terrorista. Los derechos que pueda causar el personal declarado jubilado o retirado se entenderán con independencia de que ostente o no la condición de pensionista por tal causa". También habría que tener en cuenta la Disposición Transitoria Primera. Aplicación a hechos anteriores, que dice: "1. Las normas contenidas en el Título I de este Real Decreto serán de aplicación a los supuestos producidos con anterioridad a la entrada en vigor del mismo, si bien surtirán efectos económicos desde 1 de enero de 1987, o de la fecha posterior que en cada caso corresponda, sin perjuicio de lo establecido en la anterior disposición adicional primera. A tal fin se revisarán, a instancia de parte, las pensiones ya reconocidas para adecuarlas a lo previsto en la presente disposición transitoria. 2. Asimismo lo dispuesto en el Título II de la presente norma será de aplicación a los supuestos producidos con anterioridad a su entrada en vigor, causando efectos económicos desde 1 de enero de 1992, o desde la fecha posterior que en cada caso proceda. 3. El plazo para solicitar los beneficios contemplados en los dos apartados anteriores será de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto. Quienes no presenten la correspondiente solicitud dentro del plazo indicado no decaerán en su derecho, si bien los efectos económicos surtirán desde el primer día del mes siguiente a la solicitud".

        TERCERO: No hay en la legislación reguladora del Régimen de Clases Pasivas del Estado ninguna definición del acto terrorista o acto de motivación terrorista, por lo que, en cada caso, se hace preciso determinar si nos hallamos, o no, ante un acto de tal naturaleza. En relación con los criterios hermenéuticos aplicables, ha de advertirse que, en términos generales, tratándose de pensiones ordinarias de Clases Pasivas sería de aplicación el principio de "in dubio pro beneficiario" si se tuviesen dudas razonables en puntos concretos de los antecedentes de hecho o de los fundamentos de derecho que condicionan el reconocimiento de una prestación, pero tratándose de pensiones extraordinarias, con bonificación de años de servicio, no limitación de edad de jubilación cuya cuantía es el doble que la de las pensiones ordinarias, y sin estar sometidas a topes máximos de percepción, con una legislación específica y mas exigente, el referido principio debe atemperarse con otro que dice: "privilegia sunt odiosa, odiosa sunt restringenda" "privilegia sunt stricti iuris, nec extendentur" que implica la exigencia de especiales requisitos para el reconocimiento y disfrute de estas pensiones extraordinarias y la vigilancia de su cumplimiento, lo que, en el presente caso, significa que las dudas, que pudieran existir a la hora de decidir si estamos o no, ante una incapacidad para el servicio que, además de ocurrida en tiempo y lugar de servicio, debe ser calificada como causada por acto terrorista, debe interpretarse en el sentido selectivo antes apuntado.

          CUARTO: La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en su Título XXII, delitos contra el orden público, Capítulo V. De la tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos y de los delitos de terrorismo, Sección 2ª -de los delitos de terrorismo, artículos 571 a 580, en sus artículos 571, 572 y 577, dice lo siguiente: "Art. 571. Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas, organizaciones o grupos cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, cometan los delitos de estragos o de incendios tipificados en los artículos 346 y 351, respectivamente, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinte años, sin perjuicio de la pena que les corresponda si se produjera lesión para la vida, integridad física o salud de las personas. Art. 572. 1. Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas descritos en el artículo anterior, atentaren contra las personas, incurrirán: 1º En la pena de prisión de veinte a treinta años si causaran la muerte de una persona. 2° En la pena de prisión de quince a veinte años si causaran lesiones de las previstas en los artículos 149 y 150 o secuestraran a una persona. 3° En la pena de prisión de diez a quince años si causaran cualquier otra lesión o detuvieran ilegalmente, amenazaran o coaccionaran a una persona. 2. Si los hechos se realizaran contra las personas mencionadas en el apartado 2 del artículo 551 o contra miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías de las Comunidades Autónomas o de los Entes locales, se impondrá la pena en su mitad superior. Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas, cometan cualquier otra infracción con alguna de las finalidades expresadas en el artículo 571, serán castigados con la pena señalada al delito o falta ejecutados en su mitad superior". El artículo 577, en su redacción original decía: "los que sin pertenecer a banda armada, organización o grupo terrorista, y con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública, cometieren homicidios, lesiones de las tipificadas en los artículos 149 ó 150, detenciones ilegales, secuestros, amenazas o coacciones contra las personas, o llevaren a cabo cualesquiera delitos de incendios, estragos o tenencia, tráfico y depósitos de armas o municiones, serán castigados con la pena que corresponda al hecho cometido, en su mitad superior". Artículo 577 redactado de conformidad con el artículo primero.octavo de la Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en relación con los delitos de terrorismo, dice: "Los que, sin pertenecer a banda armada, organización o grupo terrorista, y con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública, o la de contribuir a estos fines atemorizando a los habitantes de una población o a los miembros de un colectivo social, político o profesional, cometieron homicidios, lesiones de las tipificadas en los artículos 147 a 150, detenciones ilegales, secuestros, amenazas o coacciones contra las personas, o llevaren a cabo cualesquiera delitos de incendios, estragos, daños de los tipificados en los artículos 263 a 266, 323 ó 560, o tenencia, fabricación, depósito, tráfico, transporte o suministro de armas, municiones o sustancias o aparatos explosivos, inflamables incendiarios o asfixiantes, o de sus componentes, serán castigados con la pena que corresponda al hecho cometido en su mitad superior".
            
QUINTO: Por su parte, la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, BOE del 9, dice así: "Artículo 2. Ámbito de aplicación. 1. Las víctimas de actos de terrorismo o de hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana, tendrán derecho a ser resarcidas por el Estado, que asumirá con carácter extraordinario el abono de las correspondientes indemnizaciones, en concepto de responsabilidad civil y de acuerdo con las previsiones de la presente Ley. 2. Sólo serán indemnizables los daños físicos o psíquicos sufridos por tales víctimas siempre que los actos o hechos causantes hayan acaecido entre el 1 de enero de 1968 y la fecha de entrada en vigor de esta Ley. 3. Las indemnizaciones otorgadas al amparo de esta disposición se concederán por una sola vez y no implican la asunción por el Estado de responsabilidad subsidiaria alguna. Artículo 3. Beneficiarios. Serán beneficiarios de las indemnizaciones previstas en el artículo anterior: 1. Las víctimas de actos de terrorismo o de hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana".

          SEXTO: Admitido que el interesado fue jubilado por incapacidad sufrida en acto de servicio, por lo que le ha sido reconocida pensión extraordinaria, el Centro Gestor funda la denegación de su pretensión de que las lesiones las ha sufrido por actos terroristas en el hecho de que en caso de haber habido tales actos terroristas, los mismos se produjeron fuera del territorio nacional y por ello no sería aplicable el Real Decreto 851/1992, de 10 de julio. A este respecto conviene señalar que la Audiencia Nacional en sentencia de 2 de noviembre de 2004, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra resolución de este Tribunal Central de ... de 2002, R.G. ... y en su fundamento de derecho quinto dice: "QUINTO: Frente a ello no puede válidamente prosperar el argumento esgrimido por la Administración demandada de que, aún admitida la existencia de un acto terrorista, del que fue víctima el marido de la solicitante, el acuerdo inicial además denegaba la pensión en base a que los hechos habían ocurrido fuera del territorio nacional, motivo éste que al no ser impugnado devino firme, por dos motivos: 1.- Porque el reconocimiento de la existencia de acto terrorista por parte del Ministerio del Interior con fecha posterior, engloba indirectamente al segundo motivo de denegación del acuerdo inicial, ya que si con la Ley 32/99, de 8 de octubre, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, cuyo ámbito de aplicación, según el artículo 2, viene referido a las víctimas de actos de terrorismo o de hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados (...), la actora no fue excluida del derecho a la indemnización, por razón del lugar donde el acto terrorista se produjo, en este caso Bayona, no existe ninguna razón objetiva para denegarle la pensión solicitada al amparo del RD 851/92 de 10 de julio, cuyo artículo 12 determina que causarán derecho a las pensiones extraordinarias en los términos y condiciones regulados en este título quienes: a) sufran lesiones permanentes invalidantes o fallezcan como consecuencia de actos de terrorismo cuando no sean responsables de dichos actos, y b) No tengan derecho a prestaciones de la misma naturaleza por idéntica causa en cualquier régimen público de Seguridad Social (...), sin que entre dichas condiciones se contemple la relativa a la exigencia de que los hechos terroristas deban producirse en territorio nacional. 2.- Porque el artículo 8.1 del C.C. determina que las leyes penales, las de policía y las de seguridad pública obligan a todos los que se hallen en territorio español, pero ello nada tiene que ver con el supuesto ahora cuestionado, que consiste en declarar procedente la aplicación de una norma, que tiene básicamente una finalidad asistencial, para la viuda de una víctima del terrorismo, ambos españoles, víctima que no pierde dicha condición por el hecho de que el acto terrorista haya acaecido fuera de nuestras fronteras. Es más, si la Ley hubiera querido limitar el ámbito de aplicación tanto de la Ley 32/99 como del RD 851/92, bien podría haberlo hecho, como ha ocurrido por ejemplo con la limitación temporal establecida por la primera, pero no ha sido así, por lo que ahora no pueden admitirse interpretaciones sesgadas no contempladas por la Ley y que resulten perjudiciales para el administrado", de modo que no es el lugar donde ocurren los actos terroristas quien califica, o no, la naturaleza de los mismos.

          SÉPTIMO: La extensión internacional del fenómeno terrorista ha provocado una normativa internacional, suscrita por España, a fin de determinar qué personas u organizaciones se definen como terroristas a nivel internacional y al respecto hay que tener presente las posiciones comunes adoptadas por la Unión Europea: "A.- Posición Común 2001/931/PESC del Consejo de la Unión Europea, de 27 de diciembre de 2001, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 28 de diciembre de 2001, que esencialmente, dice: "EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular sus artículos 15 y 34, Considerando lo siguiente: (i) En su sesión extraordinaria del 21 de septiembre de 2001, el Consejo Europeo declaró que el terrorismo es un verdadero reto para el mundo y para Europa y que la lucha contra el terrorismo sería un objetivo prioritario de la Unión Europea. (2) El 28 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1373 (2001), que establece una serie de estrategias de amplio alcance para luchar contra el terrorismo y, en particular, contra la financiación del terrorismo. (3) El 8 de octubre de 2001, el Consejo recordó la determinación de la Unión de combatir las fuentes de financiación del terrorismo, en estrecha concertación con los Estados Unidos. (4) El 26 de febrero de 2001, el Consejo adoptó, con arreglo a la Resolución 1333 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Posición común 2001/154/PESC, que establece, entre otras cosas, la congelación de los fondos de Usama Bin Laden y de personas, grupos y entidades asociadas con él. Por consiguiente esas personas, grupos y entidades no son objeto de la presente Posición común. (5) La Unión Europea debería adoptar medidas adicionales a fin de aplicar lo dispuesto en la Resolución 1373 (2001) del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas. (6) Los Estados miembros han enviado a la Unión Europea la información necesaria para aplicar algunas de tales medidas adicionales. (7) Es necesario que la Comunidad actúe con el fin de aplicar algunas de las citadas medidas; la acción de los Estados miembros también es necesaria, en particular cuando se trate de aplicar formas de cooperación policial y judicial en materia penal. HA ADOPTADO LA PRESENTE POSICIÓN COMÚN: Artículo 1. La presente Posición común se aplicará, de conformidad con las disposiciones de los artículos siguientes, a las personas, grupos y entidades que intervengan en actos terroristas que se enumeran en el anexo. 2. A efectos de la presente Posición común, se entenderá por personas, grupos y entidades que intervengan en actos terroristas: - las personas que cometan, o intenten cometer, actos de terrorismo o participen en ellos o faciliten su comisión; - los grupos y entidades que, directa o indirectamente sean propiedad o estén bajo el control de esas personas, y las personas, grupos y entidades que actúen en nombre de esas personas, grupos y entidades o bajo sus órdenes, incluidos los fondos obtenidos o derivados de los bienes que, de forma directa o indirecta, sean propiedad o estén bajo el control de esas personas y de las personas y grupos y entidades asociadas con ellos. 3. A efectos de la presente Posición común se entenderá por acto terrorista el acto intencionado que, por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificado como delito según el Derecho nacional, cometido con el fin de: i) intimidar gravemente a una población; ii) obligar indebidamente a los Gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; iii) o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional: a) atentados contra la vida de una persona que puedan causar la muerte; b) atentados contra la integridad física de una persona; c) secuestro o toma de rehenes; ..... k) participación en las actividades de un grupo terrorista, incluido el suministro de información o medios materiales, o mediante cualquier forma de financiación de sus actividades, con conocimiento de que esa participación contribuirá a las actividades delictivas del grupo. A efectos del presente apartado, se entenderá por grupo terrorista todo grupo estructurado de más de dos personas, establecido durante cierto tiempo, que actúe de manera concertada con el fin de cometer actos terroristas. Por grupo estructurado se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un acto terrorista sin que sea necesario que se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas, ni que haya continuidad en la condición de miembro o una estructura desarrollada. ..... 5. El Consejo garantizara que los nombres, de las personas físicas o jurídicas, los grupos o las entidades que se enumeran en el anexo van acompañados de suficientes detalles complementarios que permitan la identificación efectiva de personas físicas, personas jurídicas, entidades u organismos, y que se facilite, de este modo, la exculpación de quienes tengan nombres iguales o parecidos. B.- Posición Común 2005/725/PESC del Consejo de la Unión Europea, de 17 de octubre de 2005, por la que se actualiza la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo y se deroga la Posición Común 2005/427/PESC, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 18 de octubre de 2005, que dice: "EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular sus artículos 15 y 34, Considerando lo siguiente: (1) El 27 de diciembre de 2001 el Consejo adoptó la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo. (2) El 6 de junio de 2005 el Consejo adoptó la Posición Común 2005/427/PESC que actualizaba la Posición Común 2001/931/PESC. (3) La Posición Común 2001/931/PESC prevé revisiones periódicas. (4) Se ha decidido actualizar el anexo de la Posición Común 2001/931/PESC y derogar la Posición Común 2005/427/PESC. (5) Se ha elaborado una lista conforme a los criterios establecidos en el apartado 4 del artículo 1 de la Posición Común 2001/931/PESC. HA ADOPTADO LA PRESENTE POSICIÓN COMÚN: Artículo 1 La lista de personas, grupos y entidades a los que se aplica la Posición Común 2001/1931/PESC figura en el anexo. Artículo 2 Queda derogada la Posición Común 2005/427/PESC. Artículo 3 La presente Posición Común surtirá efecto el día de su publicación. Artículo 4 La presente Posición Común se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. Hecho en Luxemburgo, el 17 de octubre de 2005. Por el Consejo, La Presidenta, M. BECKETT. Anexo. Lista de personas, grupos y entidades contemplados en el artículo 1º. 2. Grupos y entidades".

        OCTAVO: En el anexo de Personas y Grupos y entidades definidas como terroristas en la Posición Común 2005/725/PESC del Consejo de la Unión Europea no figura, entre las 46 que se reflejan, la organización terrorista ... que el reclamante dice que fue quien le secuestró el ... de ..., durante ..., por lo que atendidas las orientaciones, en la materia, expuestas, resulta que, no habiendo ocurrido el secuestro en territorio nacional, donde conforme a la legislación española se definiría, o no, la existencia de un grupo terrorista, y no figurando entre los Grupos y Entidades considerados terroristas por la Unión Europea la organización ... no resulta ajustado a Derecho considerar acto de terrorismo el sufrido por el interesado, aún admitiendo como ciertos los hechos y autoría alegados por el reclamante. Considerando ciertas las noticias publicadas en la prensa española de la época, que se recoge en el antecedente de hecho séptimo, difícilmente será considerada ... organización terrorista en ... si uno de sus dirigentes era el ... de ese país.

        NOVENO: Por lo expuesto, procede confirmar la resolución del Centro Gestor, denegatoria de la condición de causada por acto terrorista la incapacidad que dio lugar a la pensión extraordinaria de jubilación, si bien por las razones que se exponen en los fundamentos de derecho precedentes.

Por lo expuesto,

EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA,   ACUERDA: Desestimar la reclamación económico-administrativa interpuesta por D. ..., contra resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 23 de mayo de 2003, denegando la consideración de causada en acto terrorista la incapacidad de servicio que dio lugar a su pensión extraordinaria, que se confirma por los fundamentos de la presente.

Terrorismo
Incapacidad
Secuestro
Régimen de Clases Pasivas
Incapacidad permanente
Bandas armadas
Comisiones
Jubilación por incapacidad permanente
Violencia
Seguridad Ciudadana
Responsabilidad
Integridad física
Amenazas
Organización delictiva
Puesta en libertad
Organización criminal
Ciudadanos
Prestación de servicios
Prestación de jubilación
Incapacidad permanente total
Actividad laboral
Años acreditados de cotización
Iniciación de oficio
Régimen General de la Seguridad Social
Relación de causalidad
Malos tratos
Prueba en contrario
Aeronaves
Delito de terrorismo
Accidente
Vejaciones
Causalidad
Baja en la seguridad social
Estragos
Falta de competencia
Voluntad
Inmunidad
Coacciones
Menor de edad
Orfandad

Ley Orgánica 5/2000 de 12 de Ene (Reguladora de la responsabilidad penal de los menores) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 11 Fecha de Publicación: 13/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 13/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 375/2003 de 28 de Mar (Reglamento General del Mutualismo Administrativo) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 87 Fecha de Publicación: 11/04/2003 Fecha de entrada en vigor: 12/04/2003 Órgano Emisor: Ministerio De Administraciones Publicas

Instrum. de ratificación de 29 de Dic de 1992 (Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7/02/1992) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 11 Fecha de Publicación: 13/01/1994 Fecha de entrada en vigor: 01/11/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

RDLeg. 1/1994 de 20 de Jun (TR. de la ley general de la seguridad social) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 154 Fecha de Publicación: 29/06/1994 Fecha de entrada en vigor: 01/09/1994 Órgano Emisor: Ministerio De Trabajo Y Seguridad Social

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