Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3301/2001 de 16 de Noviembre de 2001

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 16 de Noviembre de 2001
  • Núm. Resolución: 00/3301/2001

Resumen

Liquidación de la Tasa por Reserva Dominio Público Radioeléctrico periodo 01-01-2001 a 31-12-2001. La resolución del recurso de reposición no incurre en infracciones del procedimiento al resolver acumuladamente. La liquidación es correcta, aplicando los coeficientes de Ley 13/2000 de Presupuestos Generales del Estado para 2001, la cual entró en vigor el 1 de enero.

Descripción


ANTECEDENTES DE HECHO 


        PRIMERO.- Con fecha        2001 se emitió por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la sociedad de la Información liquidación sucesiva única, notificada el           siguiente, correspondiente a la Tasa de Reserva del Dominio Público Radioeléctrico, correspondiente a la licencia                     y al período         2001 a                  
2001, por importe de 778.179.857 pesetas (4.676.955,13 €). En ella, la cuantificación se concreta teniendo en cuenta el número de URR (20.239.600.000) y un valor de la URR de 0,0384483813.

        SEGUNDO.- Con fecha          de 2001, la interesada interpuso recurso de reposición contra dicha liquidación, alegando, en síntesis, discordancia entre el contenido del acto y su motivación, que debe acarrear la nulidad del acto recurrido por cuanto supone infracción del procedimiento y provoca indefensión, dado que en el dorso del impreso de notificación se dice "que el procedimiento de cálculo de la cantidad de dominio público reservado (N) y el valor de la unidad de reserva radioeléctrica (V) son los establecidos, para el servicio indicado, en la Orden del Ministerio de Fomento de 22 de septiembre de 1998", siendo así que los importes utilizados en la liquidación son resultado de la aplicación de la Ley 13/2000, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, norma que ni siquiera se hallaba en vigor el día 1 de enero de 2001, fecha del devengo del tributo.

        TERCERO.-  Por resolución de            de 2001, notificada el           siguiente, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la sociedad de la Información desestimó el mencionado recurso de reposición. Dicha resolución resuelve acumuladamente los recursos de reposición interpuestos por las entidades                  .En el fundamento de derecho primero de la resolución se expresa que tratándose de expedientes idénticos sustancialmente entre sí y formulándose idénticas alegaciones en todos los recursos formulados, se estima procedente su acumulación.

       En los fundamentos siguientes argumenta la resolución desestimatoria considerando que el carácter anual de los Presupuestos Generales del Estado no ofrece lugar a dudas, a la luz del artículo 134.2 y 4 de la Constitución Española y del artículo 49 de la Ley General Presupuestaria, luego no cabe poner en duda la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado el 1 de enero de cada ejercicio. Y en cuanto a la discordancia entre la motivación del acto y su contenido, se manifiesta que, en efecto, se produjo un error material en la elaboración de los impresos, por cuanto en el reverso informativo se ha omitido la última parte que incorpora la salvedad de las modificaciones de cuantificación de los coeficientes previstas en el artículo 66 de la Ley 13/2000, de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado, insistiendo en el carácter meramente informativo del reverso, que no puede interpretarse como parte de la resolución liquidatoria, habiendo emitido la Subdirección General de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico las correspondientes certificaciones que acreditan que los cálculos efectuados y la tasa resultante son correctos; se añade que, además, en cualquier momento se puede rectificar de oficio los errores materiales o de hecho, y que se evidencia que se trata de un error tosco que se rectificará mediante la impresión del párrafo completo que a continuación trascribe.

        CUARTO.- Con fecha               de 2001, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la sociedad de la Información comunicó a la interesada que se había producido un error material en la elaboración de los impresos modelo 950, de liquidación de la tasa por reserva de dominio público radioeléctrico dado que en el reverso informativo de los mismos, en el párrafo segundo del apartado 1.CALCULO, se había omitido la última parte que incorporaba la salvedad de las modificaciones de cuantificación de los coeficientes previstos en el artículo 66 de la Ley 13/2000, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001. A continuación expresa cómo debe entenderse redactado el párrafo completo en cuestión. Y concluye aclarando que, no obstante, la liquidación que figura en el anverso es la correcta, que se ha efectuado de conformidad con la normativa vigente en el momento del devengo y el importe consignado en ella es el que corresponde al expediente de referencia.

        QUINTO.-  El                 de 2001, la interesada interpuso reclamación económico-administrativa contra la resolución desestimatoria del recurso de reposición, solicitando la puesta de manifiesto del expediente y la anulación de dicha resolución y de la liquidación impugnada.

        SEXTO.- Con fecha             de 2001 se notificó a la interesada la puesta de manifiesto para alegaciones del expediente. El               siguiente se formalizó ante este Tribunal escrito de alegaciones, manifestando, en síntesis: 1) nulidad por defectos en la motivación de la liquidación, reiterando la divergencia entre la cuantía de la liquidación y la motivación del reverso y añadiendo que o bien se ha producido un error aritmético en el cálculo, cuya rectificación de oficio no se ha producido y solicita de este Tribunal que excite, mediante la declaración de nulidad de la liquidación, dicha rectificación; o bien el error se ha producido en la mención de las normas aplicadas, en cuyo caso debe sancionarse con la nulidad del acto dado que la motivación no guarda relación con el contenido de la liquidación. 2) Infracción del procedimiento durante la tramitación del recurso de reposición, dado que se procedió a la acumulación de los recursos presentados por diversas empresas titulares de licencias de LMDS, sin que se acordase de forma expresa y fuese objeto de un pronunciamiento y notificación especial conforme al artículo 73 de la Ley 30/1992, de RJAP y PAC,  sin que procediese la acumulación, y sin que se observase el trámite de audiencia, con contravención del artículo 22 de la Ley de Derechos y Garantías; añade que se ha infringido muy gravemente el sigilo impuesto por el artículo 18 de la misma Ley 1/98, permitiendo saber a cada una de las compañías mencionadas cual es la estrategia procesal de al menos otras cuatro, lo cual le ha generado indefensión, no por ver mermadas las posibilidades de defensa sino por el hecho de haberse vulnerado la esfera de privacidad, un derecho protegido por el Ordenamiento. 3) Anulabilidad de la liquidación por aplicación incorrecta de los parámetros que conforman la cuota al haberse aplicado unos coeficientes  distintos de los que procedían, porque los de la Ley 13/2000 de Presupuestos Generales del Estado para el 2001 no se hallaban vigentes el 1 de enero. Dicha alegación se sustenta en: son los Presupuestos, los estados de ingresos y gastos, los que tienen carácter anual, no la ley que los aprueba; por consiguiente la Ley de Presupuestos es una cosa y el Texto articulado es otra y, en consecuencia, la Ley 13/2000 que aprobó los nuevos coeficientes entraba en vigor en los plazos señalados por el artículo 2 del Código Civil;  es decir, como dicha ley extrañamente no contiene ninguna disposición sobre su entrada en vigor, entró en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE, es decir, el 18 de enero de 2001. Ello no constituye un descuido del legislador, sino que era el único modo de solventar el curioso efecto de que la ley que autoriza la modificación es posterior a la ley que hace uso de ella o, lo que es lo mismo, que hizo uso de una autorización inexistente, por cuanto curiosamente la tramitación parlamentaria de la Ley de Presupuestos fue anterior a la de Medidas, de forma que la primera se aprobó antes que la segunda. No cabe la aplicación retroactiva de los coeficientes aprobados pues el 1 de enero aun estaban en vigor los antiguos, correspondientes al ejercicio 2.000 y debió decirse de forma expresa, lo que no se hizo; a los efectos de sustentar su tesis, para perfilar el alcance de la aplicación retroactiva de las normas fiscales estima trascendentales dos sentencias del Tribunal Constitucional: la nº 126/1987 y la nº 173/1996, que considera  muy próximas a su caso. La primera, ya que se aprobó un tributo- el recargo sobre la Tasa Fiscal del Juego- con la pretensión de exigirlo después de haberse realizado el hecho imponible; a continuación analiza las circunstancias que según la doctrina del Tribunal Constitucional han de concurrir para pronunciarse a favor de la retroactividad, a la vista de las cuales, entiende, ha de concluirse en su caso que las mismas no se dan y consiguientemente, la imposibilidad de que la norma de que aquí se trata  pueda extender su retroactividad hasta el 1 de enero de 2.001. A continuación analiza la segunda de ellas, en la que comienza resaltando que frente a la cuantía relativamente moderada del supuesto de hecho contemplado en la Ley 5/83,  la elevación tributaria contemplada, de 233.250 sobre un total de 375.000, (parece que falta una palabra como "supone") una elevación sustancial, que duda cabe superior al 100% pero muy lejos todavía del 1.300 % experimentado por la Tasa del artículo 73 de la LGTT. A continuación analiza cómo el TC cualifica las circunstancias que concurren en ese caso, que considera de identidad sustancial con el generado por el artículo 66 de la Ley de PPGG para el año 2001, citando textualmente algunos párrafos de la sentencia en los que se resalta que la eficacia retroactiva puede ser cuestionada cuando entra en colisión con otros principios constitucionales como el de seguridad jurídica o el de interdicción de la arbitrariedad; resalta la circunstancia de que el incremento que experimentó la tasa fiscal en el caso analizado en la sentencia se considera por el Tribunal de garantías como de notable importancia, siendo así que es irrisorio comparado con el de la Ley 13/2000. 4) Vulneración por el artículo 66 de la Ley 13/2000 de diversos principios constitucionales. 5) Vulneración de expectativas y traición al principio de confianza legítima, indicando que resultó adjudicataria del concurso convocado por OM de 7 de octubre de 1999, por virtud de lo cual resultó adjudicataria de una licencia individual del tipo C2 para el establecimiento de una red pública fija de acceso a radio en la banda de 3,4  a 3,6 Ghz; resaltando lo que considera el distinto tratamiento que en el pliego de cláusulas se dispensa a la tasa del artículo 73, para la que entiende que parece descartarse cualquier posibilidad de alteración, con relación a la tasa del artículo 71. 6) Violación de normas de Derecho Comunitario y concretamente de la Directiva 1997/13/CE, solicitando que se anule la resolución del recurso de reposición y la liquidación impugnada, que se plantee cuestión prejudicial ante el TJCE, y que, para el caso de que pudiera objetarse el valor probatorio de las copias de las actas del diario de sesiones del Congreso de los Diputados, se ordene por el Secretario de este Tribunal su cotejo con los originales que esa parte no ha podido obtener.

        SEPTIMO.- Obra en el expediente la suspensión automática concedida respecto al importe de la liquidación, por presentación de aval por la cuantía de la misma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 


        PRIMERO.- Concurren en este supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo que son presupuesto para la admisión a trámite de la presente reclamación.

        SEGUNDO.- Sin perjuicio de la relación vertida en los antecedentes fácticos, conviene  comenzar con la síntesis de una serie de hechos previos que encuadran la liquidación y  permiten centrar mejor la cuestión debatida.

        Mediante dos Ordenes del Ministerio de Fomento de 7 de octubre  de 1999 se aprobó el pliego de cláusulas administrativas  particulares y de prescripciones técnicas y se convocó el concurso público para la adjudicación de tres licencias individuales, de tipo C2, para el establecimiento y explotación de redes públicas fijas de acceso a radio en la banda de 3,4 a 3,6  Ghz.

        Por Orden de 8 de marzo de 2000 se llevó a cabo la resolución del concurso y el otorgamiento de la licencia.

        La formalización de la Licencia correspondiente a la reclamante tuvo lugar mediante documento de                de 2000.

        Esta licencia llevaba aparejada la concesión del dominio público radioeléctrico necesario para su prestación, cuyo ámbito se recoge en el Anexo I de dicha licencia. Así, en el punto 2º de dicho Anexo se especifica la reserva de espectro radioeléctrico y la porción de banda de frecuencias en todo el territorio nacional.

        En el  punto 4º del mismo Anexo se especifica el número unidades de reserva radioeléctrica (en adelante URR) que corresponde a la concesión (20.239.600.000). En el mismo  se describe asimismo que el concesionario deberá satisfacer la anualidad correspondiente al año en curso, 2000, según liquidación que le sería practicada oportunamente por la Secretaría General de Comunicaciones, debiendo ser satisfecha en todo caso, previamente a la puesta en servicio del sistema.

         En el segundo párrafo de ese punto 4º se manifiesta que "para sucesivas anualidades, la tasa a aplicar será la resultante de multiplicar el número de URRs indicado anteriormente, o el que en su caso le correspondiese en función de las modificaciones efectuadas en la concesión demanial, por el precio de la URR vigente en el momento de su devengo, según la liquidación que a estos efectos será practicada por la Secretaría General de Comunicaciones."

        TERCERO.- Con fecha            2001 se emitió por la Secretaria General de Telecomunicaciones y para  la sociedad de la Información liquidación sucesiva única,  por la Tasa de Reserva del Dominio Público Radioeléctrico, correspondiente al expediente                  y al período             2001 a           2001, por importe de 778.179.857 pesetas (4.676.955,13 €).
En ella, la cuantificación se concreta teniendo en cuenta el número de URR (20.239.600.000) y un valor de la URR de 0,0384483813.
Valor que es el resultado del producto de los cinco parámetros o coeficientes fijados en el artículo 66, código de modalidad 2243 (que corresponde al servicio 2.2.4  "servicio fijo punto a multipunto/reservas de banda en todo el territorio nacional", y a la frecuencia 3.000- 10.000 Mhz) en la Ley 13/2000, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001; es decir: C1(1,25) . C2(1) . C3(1,15) . C4(1,15) . C5(23,258 10-3). Dicha liquidación constituye el objeto de la reclamación que aquí se resuelve.

        CUARTO.-  Centrado el objeto, es necesario hacer una breve referencia histórica a la regulación de la tasa a fin de determinar el marco normativo en el que se gira la liquidación en cuestión.

        El origen de la tasa, con la denominación de Canon, se remonta a la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (en adelante LOT), en su artículo 7.3 disponía que "La reserva del dominio público radioeléctrico en favor de una o varias personas o entidades distintas de las administraciones públicas se gravará con un canon destinado a la protección, ordenación, gestión y control del espectro radioeléctrico, en los términos previstos en la disposición adicional novena." Esta redacción fue  objeto de nueva redacción por la Ley 32/1992, de  3 de diciembre, simplemente sustituyendo la expresión "reserva del dominio público radioeléctrico" por "reserva de cualquier frecuencia del dominio público radioeléctrico".

        En la mencionada disposición adicional novena se prevé: " 1. El importe de la exacción a que se refiere el artículo 7.3 será el resultado de multiplicar la cantidad de dominio radioeléctrico reservado, expresado  en unidades de reserva radioeléctrica, por el valor que se asigne a la unidad.

        2.Se entiende por unidad de reserva radioeléctrica un patrón convencional de medida, referido a un ancho de banda de un kilohertzio sobre un territorio de un kilómetro cuadrado en el período de un año.

       3. El valor de la unidad de reserva radioeléctrica podrá ser diferente para las distintas bandas y sub-bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, y para los distintos servicios autorizados en cada una de ellas...El valor de esta unidad se fijará en la Ley de Presupuestos de cada ejercicio..."

        En el Anexo a dicha Ley se recoge la definición de dominio público radioeléctrico como "el espacio por el que pueden propagarse las ondas radioeléctricas."
Con ello la norma se hacía eco de lo que con clarividencia había ya apuntado, al hilo de un tema distinto (conflicto de competencia en materia de radiodifusión y radiotelevisión y gestión del servicio) pero trasladable al de las telecomunicaciones que nos ocupa, el Tribunal Constitucional en sentencia de 24 de mayo de 1982, en la que  hace hincapié en la peculiaridad del "medio" espacio radioeléctrico dada su naturaleza de dominio público, al señalar que "la descentralización del servicio público de radiodifusión entraña la utilización por los particulares de un bien de dominio público y de uso limitado y excluyente -el espectro radioeléctrico reservado a la radiodifusión...".

        El Real Decreto 1017/1989, de 28 de julio desarrolló la regulación de la tasa. En el artículo 9 regula la cuantía del canon, siguiendo las pautas de la Ley,  del siguiente modo:
" Cuota tributaria.- 1.La cuantía del canon será el resultado de multiplicar:
N x V
Donde
N es la cantidad de dominio radioeléctrico radioeléctrico reservado, expresado en unidades de reserva radioeléctrica calculadas...,y
V es el valor de la unidad de reserva radioeléctrica que, fijado en la Ley de Presupuestos, según establece la disposición adicional novena.3 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre de Ordenación de las Telecomunicaciones, resulte aplicable en cada ejercicio."

        El artículo 10 regula el devengo, previendo que "el canon se devengará: a) cuando se otorgue la reserva del dominio público radioeléctrico, b) tratándose de autorizaciones o concesiones otorgadas en años anteriores, el día 1 de enero de cada año."

        En esta primera etapa normativa pueden resaltarse los siguientes  datos: primero, que la cuantía de la tasa se fija por la conjunción de dos variables: el número de URR reservadas y el valor atribuido a esa URR; segundo, que se prevé que ese valor puede ser diferente en función de las bandas y sub-bandas de frecuencia y de los servicios implicados, pero no en función de los distintos operadores que presten el servicio; y tercero, que está prevista la variabilidad del valor de la URR, cuya adaptación habrá de hacerse a través de la Ley de Presupuestos de cada ejercicio (Disposición adicional 9.3 de la LOT y art. 9.1 del RD 1017/1989: "el valor "V" -valor de la unidad de reserva radioeléctrica- será el que, fijado en la Ley de Presupuestos, resulte aplicable en cada ejercicio").

        QUINTO.- Siguiendo con la evolución normativa, tras la Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos, de acuerdo con la definición que el artículo 24 establecía,  el canon creado por la LOT quedó alineado entre los precios públicos. Ello conllevó una alteración en el rango normativo de la fijación de su cuantía y de sus variaciones, que pasó a hacerse por Orden del  Ministerio competente. Así, por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de 17 de noviembre de 1992, se fijaron las cuantías del canon por reserva de dominio público radioeléctrico y se adaptó la naturaleza tributaria del citado canon a la figura de precio público. En ese sentido, la disposición segunda de la misma en su punto Uno 1., para determinar la cuantía del canon utiliza la misma fórmula P = N x V, donde P es el precio público que ha de ser abonado en lugar de la tasa.

        En el Anexo  I se contiene la tabla en la que se atribuyen el valor de la URR para los distintos servicios y frecuencias, fijándolo directamente en términos de "pts/URR. La configuración del devengo es la misma que en el RD. 1017/1989, sólo que, por su configuración como precio público se evita utilizar este término, y prevé en la misma disposición segunda en su punto Uno 3. que la obligación de pago nace para las reservas otorgadas en años anteriores, el día 1 de enero de cada año y , para las restantes, cuando se otorgue la reserva correspondiente.

        Posteriormente, la Orden del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, de 10 de octubre de 1994, llevó a cabo nuevamente la cuantificación del canon por reserva de dominio público radioeléctrico, dado que, como explica en su Exposición de Motivos, "el inicio o expansión de nuevos servicios que no habían sido considerados con anterioridad o que su especialización requiere una consideración diferenciada, hacían necesaria la promulgación de una nueva Orden que determinase los precios públicos aplicables." La fórmula de cuantificación es la misma ya descrita en la Orden de 1992 y en el Anexo III se recoge el valor de la URR para los distintos servicios y frecuencias. Los valores ptas/URR para los servicios ya contemplados en la Orden de 1992 son idénticos y  se incluyen novedosamente el valor para el servicio de sistema GSM .

        Tras esta etapa de funcionamiento del Canon como precio público, la sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995 declaró la inconstitucionalidad de los párrafos a) y b) y ciertas expresiones del c), del apartado 1. del artículo 24 de la Ley 8/1989; en lo que aquí interesa, entendía el Alto Tribunal que en el supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público se estaba en presencia de prestaciones patrimoniales de carácter público por lo que su configuración como precio público en la medida en que en esta última figura no se aplicaba el principio de reserva de ley resultaba inconstitucional. En consecuencia estas prestaciones patrimoniales y entre ellas el canon que nos ocupa, hubo de salir de la categoría de los precios públicos para volver a su anterior configuración como tasa.

        Ha de mencionarse que muchas liquidaciones, las no firmes, en tanto que situaciones no consolidadas, se vieron afectadas por la referida sentencia, no solo en relación con el canon por reserva de dominio público radioeléctrico, sino también respecto de otras tasas o cánones. En este sentido resulta de interés traer a colación la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2000, que resalta cómo la incidencia de la sentencia del Tribunal Constitucional constituyó un motivo de estimación sobrevenido distinto del alegado, en un caso en el que la Audiencia Nacional (sentencia de 28 de marzo de 1995 y posteriores de 10 de febrero y 16 de abril de 1998) había desestimado el motivo de impugnación (incidencia de la ley que modificaba el canon en las cláusulas concesionales) invocado por la recurrente  en un tema de revisión del Canon de ocupación del dominio público portuario.

        A fin de evitar el vacío legal que hubiera podido producirse tras la mencionada sentencia, el Decreto-Ley 2/1996 vino a dar con carácter urgente cobertura legal a las situaciones que se veian afectadas por la misma, sin perjuicio del compromiso que en el mismo se asume de tramitar legislativamente la reordenación de las prestaciones afectadas. De este modo, en su artículo 1 dispone que " A partir de la fecha de publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre, tendrán la consideración de prestaciones patrimoniales de carácter público los precios que se relacionen en el Anexo....
Los obligados al pago y los demás elementos que configuran las distintas prestaciones patrimoniales serán los previstos en la normativa vigente el 12 de enero de 1996. Su modificación sólo podrá realizarse por una norma con rango de ley.
La cuantía exigible por dichas prestaciones será la actualmente vigente. Dicha cuantía podrá ser objeto de modificación por Ley de Presupuestos."

        Respecto al que aquí interesa, en el Anexo aparecía entre los del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, los "precios públicos por reserva del dominio público radioeléctrico, regulados en la Orden de 10 de octubre de 1994."

        Ha de destacarse en esta regulación cómo se dota de rango legal a la normativa que regule los elementos esenciales de la prestación patrimonial y en lo relativo a la cuantificación, la posibilidad de hacerlo por Ley de Presupuestos, volviéndose así a la característica de los orígenes que se ha resaltado al exponer la primera etapa normativa.

        SEXTO.- Antes de que la Ley 25/1998, de 13 de julio procediese, en cumplimiento de aquel compromiso asumido en el Decreto-Ley, a la reordenación de las prestaciones patrimoniales afectadas por la sentencia, la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones (en adelante LGTT), en su primitiva redacción, ya derogada por la la ley 14/2000, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, llevó a cabo esa tarea respecto de las existentes en este sector, unificando su régimen en el Titulo VII. Dentro de éste, el artículo 73 se refiere, ahora ya con la denominación de Tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, del siguiente modo (se reproducen sólo los apartados 1 a 3):
"1. La reserva de cualquier frecuencia del dominio público radioeléctrico a favor de una o varias personas o entidades se gravará con una tasa anual en los términos que se establecen en este artículo. El importe de esta tasa estará destinado a financiar la investigación y la formación en materia de telecomunicaciones y el cumplimiento de las obligaciones de este servicio público previstas en los artículos 40 y 42 de esta ley.

        Para la fijación del importe a satisfacer en concepto de esta tasa por los sujetos obligados, se tendrá en cuenta el valor de mercado del uso de la frecuencia reservada y la rentabilidad que de él pudiera obtener el beneficiario.

        Para la determinación del citado valor de mercado y de la posible rentabilidad se tomarán en consideración, entre otros, los siguientes parámetros:
        1º El grado de utilización y congestión de las distintas bandas y en las distintas zonas geográficas.
        2º El tipo de servicio para el que se pretende utilizar la reserva y, en particular, si este lleva aparejadas las obligaciones de servicio público recogidas en el título III.
        3º La banda o sub-banda del espectro que se reserve.
        4º Los equipos y tecnología que se empleen.
        5º El valor económico derivado del uso o aprovechamiento del dominio público reservado.
2. El importe a satisfacer en concepto de esta tasa será el resultado de multiplicar la cantidad de unidades de reserva radioeléctrica del dominio público reservado por el valor que se asigne a la unidad...A los efectos de lo dispuesto en este apartado, se entiende por unidad de reserva radioeléctrica un patrón convencional de medida, referido a la ocupación potencial o real durante el período de un año, de un ancho de banda de un kilohercio sobre un territorio de un kilómetro cuadrado.
3. La cuantificación de los parámetros anteriores se determinará en la Orden ministerial a la que se refiere el artículo 16, salvo cuando exista limitación del número de licencias, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20 y 21. En este caso la cuantificación se establecerá en la Orden ministerial que apruebe el pliego de bases que rija para la correspondiente licitación."

        El Real Decreto 1750/1998, de 31 de julio, por el que se regulan las tasas establecidas en la ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, trató los aspectos relativos a la tasa que nos ocupa en los artículos 13 a 17.
En el artículo 14 se refiere al sujeto pasivo, indicando que  "Serán sujetos pasivos de la tasa por reserva del dominio público radioeléçtrico las personas o entidades en cuyo favor se realice, independientemente de que hagan o no uso de ella."
El artículo 15 se refiere a la cuota tributaria, en los términos de la LGTT.
El artículo 16 delimita el devengo, previendo: "El importe de la tasa habrá de ser satisfecho anualmente en caso de que grave la reserva para uso privativo o con la periodicidad que corresponda, si se grava el uso especial. Se devengará inicialmente el día del otorgamiento del título habilitante para uso del demanio y posteriormente, el 1 de enero de cada año o del año que corresponda una vez que se haya cumplido cada período, contado desde el día 1 de enero siguiente a la fecha de la autorización del uso especial."

        A la vista de estos preceptos, que inauguran la etapa normativa en la que se desarrollan los hechos aquí implicados, destacan los siguientes aspectos:
1) Para la fijación del importe de la tasa se atiende a dos criterios fundamentales: valor de mercado del uso de la frecuencia reservada y rentabilidad que de él pudiera obtener el beneficiario.
2) Para llegar a determinar esos dos valores prevé que se tomen en consideración los cinco parámetros que enumera.
3) Mantiene la fórmula de fijación de la tasa como el producto del  número de URR por el valor que se atribuya a la unidad. Se aclara la definición de esta unidad (URR) como el "patrón convencional de medida, referido a la ocupación potencial o real, durante el período de un año, de un ancho de banda de un kilohercio sobre un territorio de un kilómetro cuadrado".
4) La cuantificación de estos parámetros se remite a dos instrumentos: con carácter general a la Orden que regule las condiciones generales de las licencias; y, en el supuesto de limitación del número de licencias, a la Orden que apruebe el pliego de bases. La primera de ellas fue la Orden del Ministerio de Fomento, de 22 de septiembre de 1998 (en adelante, OLI). Respecto a la segunda, en el caso de telefonía fija, red de acceso a radio en la banda de 3,4 a 3,6 GHz, aquí implicada, la OM de 7-10-1999, que aprobó el pliego, no fijó los parámetros sino que, a su vez, se remitió a la OLI. Esta doble remisión a órdenes ministeriales fue posteriormente sustituida por la remisión unificada a la Ley de Presupuestos en la nueva redacción del artículo 73.3 de la LGTT dada por la Ley 14/2000.
5) La tasa tiene carácter anual y se devenga en consecuencia el 1 de enero de cada año, excepto en el año inicial en el que se formaliza la concesión.

        SEPTIMO.- Antes de seguir adelante en la exposición de este marco normativo, han de deslindarse dos aspectos: el administrativo delimitador de los títulos habilitantes, en su doble faceta -para la prestación de los servicios y el establecimiento y explotación de las redes de telecomunicaciones y para el uso del dominio público radioeléctrico-, y el tributario regulador de la tasa. En efecto la LGTT lleva a cabo una reforma general del sector de las telecomunicaciones y no sólo en el aspecto tributario. Una buena comprensión del problema planteado exige conocer cómo ambos se incardinan. Por ello si hasta ahora en esta evolución legal se ha hecho referencia unicamente a los preceptos estrictamente tributarios, a continuación se van a hacer alusiones a ambos, en la medida en que afecten al caso aquí planteado.

        La LGTT establece, como explica su Exposición de Motivos, "un sistema de autorizaciones generales y de licencias individuales para la prestación de los servicios y la instalación o explotación de redes de telecomunicaciones (título II) por el que se adapta el esquema tradicional en nuestro Derecho, de concesiones y autorizaciones administrativas, al régimen para el otorgamiento de títulos habilitantes, impuesto por las Directivas Comunitarias." En este sentido, y en lo que aquí interesa, se regulan en el capítulo III las licencias individuales. En el artículo 16, entre otras cuestiones, se prevé el otorgamiento de las mismas mediante Orden del Ministro de Fomento. En el artículo 20 se contempla el supuesto especial de limitación del número de licencias. En estos casos el procedimiento para el otorgamiento presenta unas características peculiares, recogidas en el artículo 21, entre las que cabe destacar la tramitación de un procedimiento de licitación y la aprobación por Orden ministerial del pliego de bases correspondiente a la categoría de los servicios o las redes cuya prestación, instalación o explotación se sujeta a limitación.
 
        El régimen aplicable a las licencias individuales para servicios y redes de telecomunicaciones y las condiciones que deben cumplirse por sus titulares fue establecido por la Orden de 22 de septiembre de 1998 (OLI). En su artículo 2 se recogen las diversas categorías de licencias individuales, entre las que se encuentra la C2, obtenida por la reclamante. En este caso concreto habilita a ésta para la prestación del servicio telefónico fijo disponible al público, para el establecimiento y explotación de redes públicas fijas de acceso a radio en la banda de 3,4 a 3,6 Ghz, de ámbito nacional, pero no habilita para la prestación del servicio telefónico disponible al público.
Los artículos 9 a 11 desarrollan la regulación del supuesto de licencias individuales con limitación de su número, conforme al artículo 20 de la LGTT. Sistema éste que es el seguido en el caso que nos ocupa, tal como se expone en  la Orden de 7 de octubre de 1999, por la que se aprueba el pliego de cláusulas para la adjudicación de tres licencias individuales C2 antes descritas.
        
        El artículo 6 de esta OLI aborda las Tasas en materia de telecomunicaciones, recordando que "los titulares de licencias individuales deberán satisfacer las correspondientes tasas a las que resulten sujetos, conforme a los artículos 71 a 74 de la LGTT y su normativa de desarrollo." A continuación, en cumplimiento de la remisión del artículo 73.3 de la LGTT, desarrolla el aspecto de cuantificación de la tasa que nos ocupa, al disponer que "La cuantificación de los parámetros de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 73 de la citada Ley, es la que se contiene en el Anexo II de esta Orden."
En dicho Anexo se recoge la tradicional fórmula de cuantificación de la tasa:
        T = N . V = S . B . F . (C1,C2,C3,C4,C5)
        En donde : N es el número de unidades de reserva radioeléctrica (URR) que se calcula como el producto de S . B, es decir, superficie en kilómetros cuadrados de la zona de servicio, por ancho de banda expresado en kiloherzios.
                             V  es el valor de la URR que viene determinado en función de los cinco coeficientes, C1 a C5, previstos en el artículo 73 de la LGTT;  dado que F es la función que relaciona estos coeficientes, equivale al producto de los cinco, por lo que la Orden sintetiza la fórmula en :
        T = N . V =  S . B . ( C1 C2 C3 C4 C5).

          Esta Orden, por una parte, prevé los márgenes de valoración de cada uno de los cinco coeficientes (C1,C2,C3 y C4 podrían oscilar entre 1 y 2 ; y C5 sería en todo caso superior a 0) y, por otra, especifica los factores de ponderación de cada uno de ellos. A continuación, va cuantificándolos en unas tablas de valoración, según una clasificación por modalidades de servicios. En la categoría 2.2.4. recoge el servicio de telefonía fija punto a multipunto/reservas de banda en todo el territorio nacional y dentro de ésta, varias modalidades, según un abanico de frecuencias, entre las que se encuentra la de referencia aquí:  2.2.4.: entre 3.000-10.000 MHz.  

        Continuando con el análisis de la OLI, ha de destacarse la Disposición final relativa a la entrada en vigor, en la que se preveía que la Orden entraría en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (27 de septiembre de 1998), con excepción precisamente del anexo II, que lo haría el 1 de enero de 1999; lo cual tenía sentido para no injerir en el período en curso e iniciar la aplicación a la tasa anual del ejercicio siguiente, 1999, que se devengaba el 1 de enero. A la vista de esta posposición de la entrada en vigor  de los parámetros  de cuantificación de la tasa, la disposición transitoria sexta de la Orden previó que "hasta la entrada en vigor del anexo II de esta orden, de acuerdo con

Dominio público radioeléctrico
Presupuestos generales del Estado
Reserva de dominio
Precios públicos
Secretarías de Estado
Error material
Indefensión
Principios constitucionales
Obras públicas
Concurso público
Error aritmético
Cuestiones prejudiciales
Fuerza probatoria
Aval
Cuota tributaria
Adjudicataria
Seguridad jurídica
Rentabilidad
Adjudicataria del concurso
Derecho Comunitario
Violación
Valor de mercado
Concesionaria
Pliego de cláusulas administrativas
Otorgamiento de la licencia
Concesiones demaniales
Bienes de dominio público
Conflictos de competencia
Servicio público de radiodifusión
Operadores
Principio de reserva de ley
Ocupación del dominio público
Dominio público portuario
Cumplimiento de las obligaciones
Autorizaciones administrativas

Ley 47/2003 de 26 de Nov (General presupuestaria) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 284 Fecha de Publicación: 27/11/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2005 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 13/2000 de 28 de Dic (Presupuestos Generales del Estado para el año 2001) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 312 Fecha de Publicación: 29/12/2000 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 25/1998 de 13 de Jul (Modificacion del Regimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y Reordenacion de las Prestaciones Patrimoniales de Caracter Publico) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 167 Fecha de Publicación: 14/07/1998 Fecha de entrada en vigor: 15/07/1998 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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