Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3310/2004 de 19 de Enero de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 19 de Enero de 2007
  • Núm. Resolución: 00/3310/2004

Resumen

Es correcta la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional que anula el acuerdo denegatorio de aplicación del régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores del Capítulo VIII del Título VIII de la LIS (Ley 43/1995), por falta de motivación y además ordena que se sustituya por otro que se pronuncie motivadamente respecto a la procedencia de la opción, ya que la falta de motivación es una causa de anulabilidad y permite a la Administración tributaria dictar otro acuerdo debidamente motivado.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 19 de enero de 2007 se reúne este Tribunal Económico-Administrativo Central en Sala para fallar el recurso de alzada interpuesto por D. ... en representación de X, S.L., con CIF ... y  domicilio a efectos de notificaciones en ... contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de 5 de febrero de 2004 en el expediente nº ..., relativo al Impuesto sobre Sociedades: Acuerdo de denegación de la opción por el régimen especial  de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores del Capítulo VIII del Título VIII de la Ley 43/95 del Impuesto sobre Sociedades. 

                                                ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO:
El 24 de julio de 2001 la empresa reclamante comunicó, de conformidad con los arts. 110.1 Ley 43/1995 y 47 a 49 de su Reglamento, a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en ... la opción por la aplicación del régimen especial contenido en el Capítulo VIII, Título VIII de la Ley 43/95 del Impuesto sobre Sociedades para la aportación no dineraria de determinados activos que D. ... realizó a X, S.L. con motivo de su constitución (si bien el escrito dice "ampliación de capital"). Como consecuencia de dicha operación el Sr. ... pasó a ostentar la titularidad del 100% del capital social de la entidad (porcentaje  pues superior al 5 % requerido por el art. 108.1.b) de la Ley 43/1995).

El 1-8-01 la Jefa de Sección de Regímenes Especiales solicitó la aportación de los siguientes datos y justificantes: NIF de todas las personas físicas y jurídicas intervinientes en la operación, fecha de la adopción del acuerdo de la operación y justificante de la afectación de los elementos patrimoniales que constituyen la aportación no dineraria.

El 27-9-01 la interesada presentó escrito en el que consignó los NIF requeridos y la fecha del acuerdo (20 de julio de 2001). En cuanto a los activos aportados a la sociedad se pone de manifiesto que son participaciones sociales representativas de al menos el 5% del capital social de una sociedad residente en España y no sometida al régimen de transparencia fiscal, y poseídas de manera ininterrumpida por el aportante durante el año anterior a la fecha de constitución de Y, S.L.

Entre otros documentos, se adjuntó al escrito copia de la escritura pública de constitución de X, S.L. de 20-7-01, y sus Estatutos. En tal escritura consta que X, S.L. se constituye como sociedad unipersonal, siendo socio único D. ... quien suscribe la totalidad del capital social y lo desembolsa mediante la aportación de 146.400 participaciones en Z, S.L. representativas del 5,0005% del capital de ésta y valoradas en 6.651.244,8 €.

El 19-4-02 el Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de ... denegó la opción por el régimen especial "al no cumplir los requisitos a que se refiere el artículo 108.2 de la Ley 43/1995 del Impuesto sobre Sociedades".

SEGUNDO: Contra el citado acuerdo, notificado el 10-6-02, el 21-6-02 se interpuso reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Regional de ... Puesto de manifiesto el expediente para alegaciones, se presentó escrito en donde en síntesis se señalaba: 1) La nulidad del acto impugnado por falta de motivación y, 2) La procedencia de la aplicación del régimen especial del Capítulo VIII, Título VIII de la LIS al cumplirse los requisitos del art. 108.1 de la Ley 43/1995 y no haber acreditado la Administración, en modo alguno, el incumplimiento de estos.

TERCERO: El Tribunal Regional de ..., con fecha 5-2-04 estimó la reclamación, anulando la resolución dictada por la Dependencia de Gestión Tributaria por falta de motivación, estableciendo que "deberá ser sustituida por otra que, en actuación debidamente documentada, se pronuncie motivadamente respecto de la procedencia  de la opción". Dicha resolución fue notificada al reclamante el  14-6-04.

CUARTO: El 1-7-04 se interpone recurso de alzada ante este TEAC considerando improcedente la resolución dictada, ya que el Tribunal debió declarar la nulidad del acuerdo dictado sin conceder a la Administración tributaria la posibilidad de pronunciarse de nuevo sobre la aplicación o no del régimen especial. Se solicita la anulación del acuerdo denegatorio del régimen especial sin ordenar la retroacción de actuaciones administrativas. En apoyo de su solicitud, la recurrente alega:

- Que el acto denegatorio del régimen especial, como reconoció el TEAR, es nulo por absolutamente inmotivado. Es más, dicho acto denegatorio se basó, según sus propios términos en el incumplimiento de los requisitos del art. 108.2 de la Ley 43/1995 (LIS en adelante), apartado éste que se refiere a un supuesto distinto al que se refería la comunicación, que amparaba la aportación no dineraria especial en el apartado 1 de dicho art. 108.

        - "No es procedente ofrecer a la Administración una segunda oportunidad para ver si esta vez acierta. Los órganos de gestión ya tuvieron la oportunidad de dictar un acto administrativo. Si, tras su actuación, el resultado es incorrecto y no ajustado a derecho, como ha sido el caso, la solución jurídicamente correcta no pasa por permitirle que vuelva a reiniciar el procedimiento administrativo para que justifique y dicte una nueva resolución, sino que debe ser anulada sin más".

                                                    FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO:
Concurren los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a tramite del presente recurso de alzada.

SEGUNDO:
Dejando al margen los efectos que derivan de la obligación de comunicar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria el ejercicio de la opción a que se refiere el artículo 110 de la Ley 43/1995 del Impuesto sobre Sociedades y artículos 47 a 49 de su Reglamento, lo cierto es que en el presente caso la Administración ha dictado un acto administrativo en virtud del cual se deniega el ejercicio de la opción. Por tanto, la cuestión que se plantea en el presente caso es la de si el Tribunal Regional debió declarar la nulidad del acto impugnado sin admitir la retroacción de actuaciones o conceder al órgano que dictó el mismo la posibilidad de dictar un nuevo acuerdo motivado.

TERCERO: El Tribunal Regional en su resolución considera el acto dictado anulable por su falta de motivación.

El artículo 54 de la Ley 30/1992 y el artículo 124 de la Ley 230/1963 General Tributaria exigen la motivación de los actos administrativos.

Conforme al artículo 62 de la Ley 30/1992:

        "1. Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes

        a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.  

        b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.  

        c) Los que tengan un contenido imposible.

        d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

        e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

        f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

         g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal".

Por su parte el artículo 63 de la misma Ley regula la anulabilidad de los actos administrativos al indicar que:

"1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo".
        
A la vista de los citados preceptos hay que indicar que la falta de motivación se concibe como un supuesto de anulabilidad en cuanto produce indefensión en el interesado que no conoce las causas de la decisión administrativa, pero no genera un supuesto de nulidad. Tal es el criterio seguido por el Tribunal Regional en su resolución. También este Tribunal al declarar la falta de motivación, por ej. en resolución de 13 de julio de 2005, R.G. 1860/2004, considera que se trata de un supuesto de anulabilidad.

Las consecuencias derivadas de la anulación del acto aparecen recogidas en el artículo 67 de la Ley 30 /1992 al referirse a la convalidación e indicar que:

"1. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

2. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto anteriormente para la retroactividad de los actos administrativos.

        3. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.

        4. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente".

Por tanto, en el caso que nos ocupa, la posibilidad de que  la dependencia de Gestión Tributaria pueda pronunciarse de nuevo motivadamente se ajusta a derecho, debiendo en consecuencia rechazar las alegaciones del reclamante. También éste fue el criterio que sustentó este Tribunal Central en la resolución antes indicada al permitir que la Administración dictase un nuevo acto motivado.

Por cuanto antecede:

EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, en el recurso de alzada interpuesto por X, S.L. contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de 5 de febrero de 2004 en el expediente   nº ..., relativo al Impuesto sobre Sociedades, contra el Acuerdo de denegación de la opción por el régimen especial  de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores  del Capítulo VIII del Título VIII de la Ley 43/95 del Impuesto sobre Sociedades, ACUERDA: Desestimar la alzada confirmando la resolución impugnada.


Sociedad de responsabilidad limitada
Impuesto sobre sociedades
Capital social
Aportaciones de activos
Canje de valores
Aportaciones no dinerarias
Gestión tributaria
Aumento de capital
Elementos patrimoniales
Persona física
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Sociedad Unipersonal
Escritura pública
Único socio
Retroacción de actuaciones administrativas
Indefensión
Motivación de los actos administrativos
Colegiado
Voluntad
Incompetencia manifiesta
Anulabilidad de actos administrativos
Desviación de poder
Actos expresos
Actuación administrativa
Actos anulables
Retroactividad de los actos administrativos

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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